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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 206-20185 oct 2018

nombre reservado con RADIODIFUSORA SUAREZ Y nombre reservado LTDA.

Fecha
5 de octubre de 2018
Corte
Corte de Apelaciones de Coyhaique
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Coyhaique, Rol N° 206-2018, sentencia de 5 de octubre de 2018

Resumen

Se rechaza el recurso de protección de la recurrente contra un periodista y una radioemisora, por no acreditarse el hecho base imputado a los recurridos y faltar la ilegalidad o arbitrariedad del acto denunciado.

Texto íntegro

Coyhaique, cinco de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Con fecha 20 de julio de 2018, comparece doña nombre reservado, funcionario público, domiciliada en domicilio reservado. Simpson N° 1703, comuna de Coyhaique, quien, en lo principal, deduce recurso de protección en contra de don nombre reservado, periodista, con domicilio en domicilio reservado y contra de la Radiodifusora Suarez y nombre reservado Ltda., nombre de fantasía “nombre reservado”, con domicilio domicilio reservado, cuyo representante legal es don nombre reservado, por cuanto estima que los recurridos han cometido un acto ilegal y arbitrario consistente en la formulación de acusaciones públicas en su contra mediante la publicación en redes sociales indicando su nombre completo como autora de actuar negligente en el cumplimiento de sus funciones laborales, atentando contra las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2, 3, 4 y 12, de la Constitución Política de la República; solicitando, se ordene a los recurridos efectuar las disculpas públicas pertinentes al caso, las cuales deberán ser difundidas por todos los medios de los cuales los recurrentes dispongan, principalmente en el caso del Sr. nombre reservado, en su calidad de conductor radial y usuario activo de los medios de comunicación social y eliminar toda información pública que hubieren publicado al respecto y que signifique una denostación gratuita a su persona. En subsidio, solicita que esta Ilustrísima Corte arbitre las medidas necesarias que, con mejor conocimiento de los hechos, estime pertinentes para restablecer el estado de derecho y otorgar la debida protección a su persona.

Que, la recurrente fundamenta su recurso, en lo relativo al acto que la agravia, en que el día 21 de junio de 2018, en nombre reservado de la Ciudad de Coyhaique, durante el Programa “Palabra de Radio” conducido por el periodista don nombre reservado, fue emitida a las diecisiete horas con siete minutos, una entrevista al actual Seremi de Educación el Sr. nombre reservado, en la cual se le acusó injustamente de un actuar negligente en su calidad de funcionaria de Mineduc, acusación emitida al aire y además difundida por las redes sociales relacionadas con dicho medio, tales como Facebook Live, en formato de video streaming y Twitter, llegando a una gran cantidad de hogares y personas en donde su nombre y honra se vieron manifiestamente dañadas. Agrega que, en dicha entrevista, el periodista dio a conocer un correo electrónico por el cual se le acusa de haber realizado una mala atención a un usuario, además de haberse negado a realizar la gestión de apostilla de documentos. Ante ese reclamo, el referido periodista la acusó de no poseer competencia técnica, ni la pericia necesaria para el desempeño de su labor, e insistentemente le pregunta al Seremi y lo insta a reconocer este hecho como una negligencia de su parte.

Señala que, existiendo un conocimiento previo del reclamo, por parte del periodista, debió recurrir primeramente a la fuente para corroborar la información, más aún si ésta es falsa, antes de lanzarla de manera irresponsable al aire, sabiendo que su nombre es de público conocimiento y enlodando no solo éste sino también su calidad profesional al ni siquiera tener claridad de cómo sucedieron los hechos.

Indica que, cuando un usuario no está conforme con su gestión y/o atención puede estampar el reclamo correspondiente y no figura ningún registro en su contra por parte del reclamante, desconociendo los motivos de por qué en Argentina le fueron rechazados los documentos apostillados, los cuales han sido recepcionados en diferentes países adscritos al convenio y también en Argentina, solamente con este reclamante se presentó la problemática. Añade que, se encuentra debidamente capacitada para operar el sistema, por lo que le parece grosero recibir por parte del reclamante este trato indigno y más aún que un medio de comunicación a través de un periodista, se presten para ello en completo desconocimiento de los hechos, y el total desventaja de su parte puesto que en ningún momento recibió un llamado para cotejar esta acusación por parte del conductor del programa radial, se le trató injustamente de negligente, ignorante, poco profesional, repitiendo al aire, las calificaciones hacia su persona que utilizara el reclamante en su mail cuando se refería a ella. Agrega que, el profesional de las comunicaciones no se detuvo un momento siquiera para considerar su hoja de vida y desempeño intachable en estos 4 años de servicio, estando siempre calificada en lista 1, y siendo felicitada incluso muy poco tiempo antes de este hecho.

Alude que, su postura en ningún momento es estar en contra de la libre expresión, pero esta debe ejercerse en un marco de responsabilidad, donde el profesionalismo impere y no que se trate como en este caso de un linchamiento hacia su persona, dando a conocer una información completamente falsa. Agrega que, aún existen las publicaciones en diferentes medios sociales sobre esta noticia, donde su nombre y apellido se vinculan a palabras como “negligencia” y “sumario” a que se hagan una imagen equivocada de su persona y también de su calidad funcionaria sin siquiera conocerla.

Indica que, por otra parte le ha solicitado a su jefatura que se realice una investigación al interior de su oficina, para poder esclarecer esta situación también ante sus compañeros de trabajo. Por ello desea que su honra y capacidades, hoy mancilladas, sean reparadas al menos medianamente de forma ejemplar por parte del o los autores de los actos ilegales arbitrarios, de forma tal que se restablezca el imperio del derecho.

Concluye que, la acción arbitraria e ilegal corresponden a la denuncia hecha pública por un particular en su contra, instalándose a proferir juicios y calificativos referidos a su desempeño, hechos que no son veraces, agravándose la vulneración de sus derechos ante el carácter público de la entrevista y el uso de redes social para difundir la falsa información sindicándola con nombre y apellido en la información compartida en tales redes por los recurridos. Lo señalado ocurre con fecha 21 de junio de 2018 y en el caso de las publicaciones en redes sociales, estas se mantienen hasta la fecha, estando por tanto dentro del plazo establecido por el legislador para recurrir.

De las garantías y derechos constitucionales vulnerados: Precisa que se ha vulnerado el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, toda vez que los recurridos se arrogaron privilegios y atribuciones propias de la función jurisdiccional, sin antecedente que avale tal creencia, profieren dichos y emiten juicios en su contra, atribuciones que en la especie carecen de toda legalidad y fundamento que lo avale máxime cuando un elemento principal del derecho de igualdad en nuestra constitución, es el que todas y cada una de las personas se encuentra compelida a cumplir con la ley en igualdad de condiciones, sin excepción.

En cuanto a la vulneración del artículo 19 N° 3 de nuestra Carta Fundamental, esto es, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, sostiene que en la entrevista conducida por el periodista recurrido, el derecho a defensa le fue negado de forma ilegal y arbitraria. Agrega que, el referido precepto señala que “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales”, sin embargo, cual comisión especial, el Sr. nombre reservado efectuó el conocimiento y fallo de los hechos que se le arrogan, de forma pública, en un medio comunicacional, actuar que raya en la ilegalidad en atención a que durante una entrevista radial se le acusa, juzga y falla sin fórmula de juicio alguna, haciendo público el fallo por medio de la redes sociales, faltando a las normas del debido proceso.

En lo que respecta a la vulneración al artículo 19 N° 4, a saber, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales, refiere que los recurridos vulneraron su honra, la que además se ve mancillada ante el hecho de publicitar lo expuesto, más aún cuando se enteró de los hechos expuesto por medio de amistades y familiares que vieron o escucharon la transmisión del programa, o bien vieron replicada la información vía Twitter del conductor de la entrevista y Twitter de nombre reservado, entendiendo que son medios de comunicación masiva con un alto impacto en los usuarios.

Asimismo, indica que se vulnera el artículo 19 N°12, esto es, la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio.

Finalmente expuso que, se vulneran los derechos contenidos en el Código de Ética Colegio de Periodistas, precisamente los artículos 1, 2 y 6 de dicho cuerpo legal, desde que el actuar del recurrido no se ajusta a una práctica permanente y obligatoria de normas conductuales, valóricas y de procedimiento, lo que conlleva sin duda alguna a que los hechos denunciados, cuyo autor es el conductor del programa radial, no corresponden a un actuar profesionalmente correcto ni menos aún de valor social.

En lo principal de su presentación de fecha 26 de julio de 2018, el recurrido, don nombre reservado, informa el recurso de protección, solicitando se tenga por evacuado el informe requerido, y se rechace el recurso interpuesto, con costas.

Fundamenta su petición en que el día 21 de junio de 2018, se emitió el Programa “Palabra de Radio”, que fue conducido por el recurrido teniendo en aquella oportunidad como invitado al Sr. nombre reservado, Seremi de Educación de la Región de Aysén, que durante el programa radial recibió un mensaje de un auditor, quien le solicita hacer una consulta al Secretario Ministerial sobre un reclamo presentado ante la Seremi, sobre un problema de tramitación de antecedentes de estudios y que al parecer no se habría procedido correctamente por parte de un funcionario de la Seremi de Educación. Agrega que, al tener a la vista antecedentes, habiendo corroborado por lo menos que era efectivo el reclamo, con el único objetivo periodístico de obtener información y dar respuesta a la consulta del usuario, ahora si al aire, este recurrido hizo lectura de parte del reclamo para preguntarle al Seremi, si la situación era efectiva, ante lo cual el Seremi responde que efectivamente el usuario había efectuado un reclamo, que él conocía los antecedentes y que se había ordenado una investigación al respecto, además, de haberle respondido al usuario, esas afirmaciones fueron hechas por la autoridad de educación, ante una denuncia de un tercero, nunca la radio hizo alguna denuncia o imputación contra la persona de nombre reservado.

Señala que, en forma posterior, utilizando los medios de difusión que ocupa la Radio para todas las noticias que se trabajan en este programa y otros, como por ejemplo, Twitter, se comenzó a difundir la misma información que en resumen expresaba “Seremi de Educación nombre reservado, confirma una investigación interna que podría configurarse como negligencia por la funcionaria nombre reservado”.

Señala que, no existen ilegalidades o arbitrariedades, ya que no son efectivos los argumentos expuestos por la recurrente de autos no pudiendo constituir dichos fundamentos base para acreditar actos arbitrarios o ilegales, atendido que en dicha presentación la recurrente, expone que al parecer los antecedentes vertidos en el programa de la nombre reservado, provenían de un reclamo que habría presentado el padre y la madre de un alumno, menor de edad al parecer, usuario de la Secretaría Ministerial de Educación, por lo que, estaríamos en la situación fáctica de otro tipo de reclamo efectuada contra la misma recurrente, en su calidad de funcionaria de la Seremi de Educación, según ella misma argumenta en su presentación, ya que, por indagaciones efectuadas por el propio recurrido de autos, de profesión como ya se dijo “Periodista”, el reclamo que se ventiló el 21 de junio de 2018, en el programa de radio, fue efectuado por el Sr. nombre reservado, quien es mayor de edad, no tiene contacto con su padre hace 20 años y su madre se encuentra fallecida, por ello, los argumentos que plantean la recurrente no corresponden a la situación ocurrida con fecha 21 de junio de 2018, debiendo por esta situación fáctica e incongruencia de sus fundamentos, rechazarse el presente recurso sin mayor análisis de otros argumentos.

Por otra parte, señala que no es efectivo, que el recurrido, informante de autos, haya cometido algún acto ilegal o arbitrario en contra de la recurrente, ya que, que en el improbable caso que esta Corte no considere los hechos expuesto anteriormente, y que según lo dispuesto en la Ley 19.733, la labor efectuada por este recurrido, en el ejercicio de su profesión de periodista, y en el contexto de la difusión del programa Radial “Palabra de Radio”, que lleva más de 5 años de existencia, al entrevistar el día 21 de junio de 2018, al Sr. nombre reservado, Seremi de Educación, habiendo surgido una inquietud de un auditor sobre un reclamo que se habría efectuado ante éste, solo cuando se tuvieron los antecedentes del reclamo, a saber, correos electrónicos intercambiados entre el usuario-auditor de la radio y el Sr. Seremi de Educación, de fechas 25 de mayo de 2018 -solo en ese momento-, se consultó al aire, sobre la tramitación del reclamo, información que incluso corrobora inmediatamente la autoridad, diciendo que es efectivo el reclamo y que ordenó una investigación interna.

Aclara que, nunca el conductor del programa y recurrido en estos autos, efectuó acusación alguna contra la recurrente, que pudieran afectarla, la acción que efectuó en la entrevista el periodista, fue efectuar consultas y desarrollar el trabajo de intentar obtener una respuesta a la consulta del auditor, por lo que no es efectivo que el recurrido haya cometido actos arbitrarios e ilegales, lo único que se efectuó es publicar la información para cumplir con el artículo 15 de la Ley 19.733, y además, del artículo 16 de dicha Ley, es decir, poder dar la posibilidad a que las personas que se sintieran ofendidas podrían efectuar sus aclaraciones o rectificaciones, lo que en el caso que nos ocupa ocurrió, ya que, en más de una oportunidad se tuvo comunicación con la recurrente quién no manifestó interés en ir a la Radio y al programa Palabra de Radio para que efectué la presentación de su versión, aclaración o rectificación de los hechos.

Respecto a las garantías y derechos constitucionales vulnerados, señala que no es efectivo que éstas se hayan vulnerado, ya que, con todos los argumentos expresados anteriormente, no existen fundamentos fácticos que permitan atribuir a este recurrido que hubiere vulnerado el artículo 19 N°2,3,4 y 12 de la Constitución, atendido que el recurrido no actuó ni arbitraria ni ilegalmente contra la recurrente, ya que, siempre se consideró a la recurrente igual ante la ley, se protegieron su derechos, su honra personal y familiar, además, de no censurar, ya que, como se dijo se reunieron todos los antecedentes previos para efectuar los comentarios en el programa de radio aludido, no se efectuó acusación alguna contra la recurrente, nunca se le pusieron trabas para efectuar sus descargos, rectificaciones, y aclaraciones en el mismo programa y emisora, pero la persona nunca solicitó esa instancia, por el contrario, el hecho de que esta persona ahora recurra a los Tribunales Superiores, si atenta con los principios Constitucionales, ya que, se estaría afectando seriamente la libre expresión, ejercicio del periodismo y la emisión de opiniones de la ciudadanía, consagrados celosamente en la Constitución Política de la República.

Finalmente expuso que, respecto a la vulneración del Código de Ética del Colegio de Periodistas, que acusa la recurrente, de parte del profesional nombre reservado, conductor del programa Palabra de Radio, nunca hubo el día 21 de junio de 2018 o fechas posteriores, la omisión, manipulación o falseamiento de información, ya que, como se ha dicho latamente, el recurrido se dedicó a efectuar una entrevista y preguntas al Seremi de Educación, quien verazmente afirmo que existía un reclamo e investigación en curso, que él había solicitado, dichos que estaban refrendados por los antecedentes hechos llegar vía mail.

Con fecha 26 de julio de 2018, se agregó el informe evacuado por don nombre reservado, quien solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto, con costas.

Con fecha 28 de septiembre de 2018, se prescinde del informe ordenado a la recurrida Radiodifusora Suárez y nombre reservado Ltda., representada por nombre reservado.

Con fecha 01 de octubre de 2018, se ordenó traer los autos en relación.

Con fecha 03 de octubre de 2018, se procedió a la vista de la causa, sin que las partes se hayan presentado a efectuar alegatos, quedando ésta en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en lo principal de la presentación de fecha 20 de julio de 2018, doña nombre reservado, deduce recurso de protección en contra de don nombre reservado, periodista, y contra de la Radiodifusora Suarez y nombre reservado Ltda., nombre de fantasía “nombre reservado”, cuyo representante legal es don nombre reservado, solicitando, se ordene a los recurridos efectuar las disculpas públicas pertinentes al caso, las cuales deberán ser difundidas por todos los medios de los cuales los recurrentes dispongan, principalmente en el caso del Sr. nombre reservado, en su calidad de conductor radial y usuario activo de los medios de comunicación social y eliminar toda información pública que hubieren publicado al respecto y que signifique una denostación gratuita a su persona, por cuanto estima que los recurridos han cometido un acto ilegal y arbitrario consistente en la formulación de acusaciones públicas en su contra mediante la publicación en redes sociales indicando su nombre completo como autora de actuar negligente en el cumplimiento de sus funciones laborales, atentando contra las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2, 3, 4 y 12, de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, en lo principal de su presentación de fecha 26 de julio de 2018, el recurrido, don nombre reservado, informa el recurso de protección, solicitando se tenga por evacuado el informe requerido, y se rechace el recurso interpuesto, con costas; por estimar que no es efectivo, que el recurrido informante, haya cometido algún acto ilegal o arbitrario en contra de la recurrente, ni se han vulnerado los derechos que invoca la recurrente.

TERCERO: Que, el recurso de protección fue concebido para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente cuando éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de algunas de las Garantías Constitucionales contempladas en el artículo 19, de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, la recurrente ha sostenido, en síntesis, que el hecho base, que constituye el acto ilegal y/o arbitrario cometido por los recurridos, corresponde expresamente a “la formulación de acusaciones públicas en mi contra mediante la publicación en redes sociales indicando mi nombre completo como autora de actuar negligente en el cumplimiento de mis funciones laborales.”, o en otras palabras “ a la denuncia hecha pública por un particular en mi contra, instalándose a proferir juicios y calificativos referidos a mi desempeño, hechos que no son veraces, agravándose la vulneración de mis derechos ante el carácter público de la entrevista y el uso de redes social para difundir la falsa información sindicándola con nombre y apellido en la información compartida en tales redes por los recurridos. Lo señalado ocurre con fecha 21 de junio de 2018, y en el caso de las publicaciones de redes sociales, estas se mantienen hasta la fecha,”.

QUINTO: Que, son hechos de la causa los siguientes:

1.- Que, el día 21 de junio de 2018, el periodista recurrido, don nombre reservado, durante la emisión de su programa radial “Palabra de Radio”, con ocasión de una entrevista realizada en vivo a don nombre reservado, Seremi de Educación de la Región de Aysén, dio a conocer el contenido de un correo electrónico que se le envió, solicitando a dicha autoridad que prestara atención, sobre una denuncia efectuada por un auditor, don nombre reservado, leyendo parte de dicha denuncia, en los siguientes términos: “Desde el mes de noviembre de 2017, comenzó el trámite de convalidación de estudios de enseñanza media en Argentina, para continuación de estudios, para lo cual concurrió a la oficina del Ministerio de Educación de Coyhaique, dirigiéndose a la unidad respectiva en calle Baquedano, en dicha oficina, además de obtener los certificados de estudios, hizo el trámite de apostille, con la funcionaria nombre reservado, quien desde un inicio fue agreste en su atención ante sus consultas, y luego de retirar los documentos, los remitió a la ciudad de Buenos Aires en Argentina, lo que tiene un costo considerable”.

A continuación, agrega como comentario que: “haciendo un resumen, lo que finalmente aquí ocurrió es que, aparentemente, esta funcionaria, que está identificada que se llama nombre reservado, no sabía, no tenía el conocimiento técnico, dice este ciudadano, para darle información válida y poder convalidar sus certificados de estudios para obtener el título de abogado en Argentina donde estudió, porque finalmente dice, esta señora nombre reservado, que además se burló de este ciudadano, él le dice que logró llegar con la receta, con la documentación y con la “formula”, para obtener esto, y lo logró él de manera particular. Finalmente el 29 de marzo de 2018, estuvo dos años o un año en esta cuestión, obtuvo los documentos extendidos correctamente y recién el 19 de mayo de 2018, en siete meses, logra obtener la convalidación, pero de manera externa, por fuera, no logrando la atención de una funcionaria, que debería tener la expertiz, el conocimiento, para eso está. ¿Qué ocurre en este tipo de casos Seremi de Educación?”.

Por su parte, don nombre reservado, Seremi de Educación de la Región de Aysén, en la referida entrevista expuso que: “efectivamente la carta que usted me menciona, me la hizo llegar a la oficina, y yo se la respondí y la derivé al jefe de personal nuestro, y le pedí que invitara a que traiga más antecedentes, para que nosotros iniciemos una investigación al respecto. Mire nosotros, nada más lejos, como Secretaría Ministerial y además por instructivo de nuestras autoridades, del Presidente de la República para abajo, tener cercanía con la gente, eso nos han pedido, ser resolutivos, de hecho nosotros le pedimos a él que nos aporte, él nos contestó que se alegraba ya porque le daban una respuesta, pero más allá de eso, se le dijo que él se podía acercar para iniciar un proceso de investigación, porque no corresponde que un servicio que está a disposición, al servicio de la gente, valga la redundancia, tramite a las personas, porque efectivamente, una persona que va a viajar al extranjero, que tuvo que hacerlo fuera, de manera particular y el servicio que está, no lo resolvió, efectivamente hubo un proceso de negligencia”. Luego el periodista interviene y pregunta si él considera que hubo negligencia, para responder el referido Seremi que: “Yo considero que si una persona no fue bien atendida, e hizo el trabajo no en el Servicio que correspondía, obviamente que no hubo una atención que corresponde, una atención adecuada, algo pasó ahí, y ese algo se debe investigar”.

Que, este hecho se encuentre acreditado con archivo de audio y video que contiene entrevista efectuada por el recurrido en autos con fecha 21 de junio de 2018, las cuales se le dará valor, de conformidad a las reglas de la sana crítica, por ser graves y precisas al efecto y al haber sido acompañadas por ambas partes.

2.- Que, con fecha 21 de junio de 2018, se publicó en la red social Twitter del usuario “Palabra de Radio”, textualmente que: “#Ahora Seremi de Educación nombre reservado, CONFIRMA una investigación interna que podría configurarse como negligencia por funcionaria nombre reservado en la @mineducaysen @RadioGenialFM @mauriciomnoz”.

El hecho antes descrito, ha sido justificado con la documental, consistente en impresiones de publicación efectuada en red social Twitter, por el usuario, Palabra de Radio, las cuales se le dará valor, de conformidad a las reglas de la sana crítica, por ser graves y precisas al efecto, al haber sido acompañadas por ambas partes.

3.- Que, con fecha 25 de mayo de 2018, don nombre reservado, efectuó un reclamo dirigido a don nombre reservado, en su calidad de Secretario Ministerial de Educación, dando a conocer los inconvenientes que sufrió al efectuar un trámite de apostille para la convalidación de estudios de enseñanza media en Argentina, realizado ante la oficina del Ministerio de Educación de Coyhaique, indicando que fue atendido por funcionarios del referido servicio, individualizando a doña nombre reservado, como encargada del trámite de apostille, coincidiendo en términos generales con lo expresado en el hecho establecido con el N°1.

Hecho este que se encuentra probado con copia impresa de Correo Electrónico de fecha 25 de mayo de 2018, de nombre reservado, dirigido a don nombre reservado, Secretaria Ministerial de Educación, documental a la cual se le dará valor, de conformidad a las reglas de la sana crítica, por ser grave y precisa al efecto, al haber sido acompañadas por ambas partes.

SEXTO: Que, en consecuencia se encuentra justificado que los recurridos se limitaron, en una entrevista radial, a leer una carta reclamo elaborada por un auditor y presentada ante la Seremi de Educación, que imputa a la recurrente una mala atención e ignorancia en el desempeño de sus funciones, habiendo previamente, el periodista recurrido, individualizado a dicho auditor y recabado los antecedentes necesarios, los cuales fueron confirmados por dicha autoridad en la misma entrevista, en términos de corroborar que efectivamente se presentó tal carta y que se haría una investigación al respecto, de lo cual se advierte claramente que los recurridos no incurrieron en un acto ilegal, ya que obraron de conformidad a la Ley 19.733, sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, sin que tampoco aparezca un actuar arbitrario, desde que la entrevista se basó en antecedentes fundados y corroborados por la autoridad respectiva, sin que se visualice un ánimo de perjudicar a la recurrente o que aquella entrevista tenga alguna connotación política, como lo sugiere esta última, de modo que su actuar no aparece desprovisto de razón o justificación.

SÉPTIMO: Que, en este orden de ideas, no se encuentra acreditado el hecho base que constituye el acto arbitrario e ilegal, esgrimido por la recurrente, a saber, acusaciones públicas en su contra profiriendo juicios y calificativos que no son veraces, de acuerdo a lo asentado en el considerando Cuarto, desde que solamente se ha procedido a una denuncia o carta reclamo por parte de un auditor, que se individualiza y que a su respecto no se ha recurrido de protección, en tanto los recurridos no han formulado una acusación en contra de la funcionaria pública recurrente.

OCTAVO: Que, de otra parte el periodista recurrido no ha direccionado intencionalmente la entrevista al Seremi de Educación para afectar a la recurrente, como sostiene ésta última en su recurso, ya que las preguntas formuladas en la entrevista fueron motivadas por la consulta del auditor a que antes se ha hecho referencia, en el contexto de las funciones que ejerce el entrevistado, según el hecho asentado en el N°1 del motivo Quinto que antecede.

NOVENO: Que, tampoco de los hechos establecidos, aparece que el periodista acuse a la recurrente de no poseer competencia técnica ni la experticia necesaria para el desempeño de su labor, como también sostiene la recurrente, dado que el entrevistador se refiere a lo que dice el auditor en su reclamo, precisando que “aparentemente” la recurrente no tenía conocimiento técnico.

DÉCIMO: Que, del mismo modo, se desestimará la propuesta fáctica del recurrente en orden a que el periodista recurrido haya instado a la autoridad entrevistada a reconocer una supuesta negligencia de aquella, con motivo de los hechos de la carta reclamo, ya que, a juicio de esta Corte, el Seremi de Educación, después de reconocer que había tomado conocimiento del texto de aquel documento, señaló espontáneamente en su entrevista que “efectivamente hubo un proceso de negligencia” y solo después de esta declaración, el periodista le pregunta si considera que hubo negligencia, respondiendo dicha autoridad que consideraba que sí, ya que no hubo una atención adecuada por lo que se debe investigar, de acuerdo al hecho asentado en el N°1 del motivo Quinto que antecede.

UNDÉCIMO: Que, finalmente no se advierte, de los antecedentes, que la recurrente haya hecho uso de su derecho de aclaración y de rectificación; como tampoco que haya ejercido las acciones penales por algún supuesto delito de injuria con publicidad, que contempla la posibilidad de discutir la veracidad de los cargos tratándose de funcionarios públicos, de conformidad a los artículos 16 al 21 y artículo 29 y 30 de la Ley 19.733, sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia no habiéndose justificado el hecho base que la recurrente imputa a los recurridos, no puede configurarse el acto arbitrario o ilegal que motiva la presente acción, por lo que será rechazado el recurso de protección que se conoce, sin que se advierta una vulneración del artículo 19, de la Constitución Política, en sus números 2, 3, 4 y 12, cuyo análisis pormenorizado de éstos resulta inoficioso al faltar un requisito previo de procedencia de la acción, como lo es, la ilegalidad y/o arbitrariedad del acto denunciado, según ya se indicó.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de don nombre reservado y de la Radiodifusora Suarez y nombre reservado Ltda., nombre de fantasía “nombre reservado”, cuyo representante legal es don nombre reservado, sin costas, por haber tenido motivo plausible para accionar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo.

Rol N° 206-2018 (Protección).