INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMA NOS con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Coyhaique, a tres de febrero del año dos mil veintitrés.

VISTOS:

Con fecha 30 de noviembre de 2022, comparecen don Joaquín Bizama Tinado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en favor de doña nombre reservado y doña nombre reservado, ambas ciudadanas colombianas, con residencia temporal en Chile, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado legalmente por don nombre reservado, por cuanto estima que la recurrida ha vulnerado los derecho constitucionales de sus representadas, especialmente las garantías establecidas en el artículo 19 N°1 y 2 de la Constitución Política de la República, referidos a la integridad psíquica y a la igualdad ante la ley, respectivamente, en razón de no haberse resuelto a la fecha de interposición del recurso, las solicitudes de permanencia definitiva realizadas con fecha 23 y 24 de junio de 2022, solicitando, en definitiva, se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la omisión referida; se declaren vulnerados los derechos a la integridad psíquica y la igualdad ante la ley; ordenando a la administración resolver la solicitud de permanencia definitiva, en un plazo de quince días desde que el fallo se encuentre firme; asimismo, se impartan instrucciones al recurrido, a fin de que tanto sus protocolos de actuación, como sus actuaciones se adecuen a lo establecido en las leyes, en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales de derechos humanos; y finalmente, solicita se ordene al recurrido que instruya las investigaciones y/o sumarios internos respectivos que permitan dilucidar las responsabilidades administrativas involucradas y adoptar las medidas necesarias para impedir que se repitan actos que importen atentados a las garantías indicadas.

Con fecha 07 de diciembre de 2022, se declaró admisible el recurso de protección interpuesto y se pidió informe a la recurrida.

Con fecha 26 de diciembre de 2022, don Israel Villavicencio Chávez, abogado, en representación de la Dirección Regional de Aysén del Servicio Nacional de Migraciones, evacua el informe requerido, y solicita el rechazo del recurso en todas sus partes.

Con fecha 30 de enero de 2023, se trajeron los autos en relación, y con fecha 01 de febrero de 2023, se llevó a cabo la vista de la causa, con la comparecencia de la abogado de la recurrida, doña Patricia Acuña Garabito.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente, al fundamentar su petición, señalan que, se ha tomado conocimiento de una situación que vulnera los derechos fundamentales de familia migrante compuesta por doña nombre reservado y su hija nombre reservado.

Agrega que, doña nombre reservado, ingresa a Chile el 29 de marzo de 2019, mientras su hija nombre reservado, ingresa a Chile el 20 de febrero de 2020. Así, ante de que sus visas temporarias vencieran el 20 de agosto de 2021, con fecha 23 y 24 de junio de 2021, realizan la solicitud de permanencia definitiva, ante el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) bajo el número de ingreso 23433569 (nombre reservado) y 26316076 (nombre reservado), con el fin de obtener su permanencia definitiva en nuestro país.

Así, alega que hasta el día de hoy, transcurrido un año y cinco meses de haber realizado la solicitud de permanencia definitiva, no han obtenido ninguna respuesta, y al realizar seguimiento virtual de su solicitud, ésta aparece con un avance de un 32 % desde hace 6 meses a la fecha.

Señala que, han intentado tener respuesta por parte de la Oficina Regional de Aysén del Servicio Nacional de Migraciones, quienes han indicado que tal situación se encuentra fuera de sus alcances, pues dicha solicitud se realiza vía on-line a nivel central, escapando del marco de sus atribuciones.

Manifiesta que todo lo anterior, se le ha impedido poder renovar su cédula de identidad, por no contar con su permanencia definitiva, privándole de aquellas diligencias para las cuales dicho documento es imprescindible.

Sostiene que, el acto recurrido es la omisión de resolución de la solicitud de permanencia definitiva de doña nombre reservado y su hija nombre reservado, la cual fue realizada por las propias amparadas con fecha 23 y 24 de junio de 2021, sin que a la fecha exista un pronunciamiento por parte de la autoridad.

Alega que de este modo se infringe la ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado (LBPA), particularmente, los principios señalados en el Capítulo I de la Ley N° 19.880, como el principio de celeridad, el principio conclusivo y el principio de inexcusabilidad, los cuales dicen relación con no impulsar de oficio la resolución de la solicitud interpuesta por la recurrente, no dictar el acto decisivo acerca de su solicitud de permanencia definitiva y no estar facultada la administración del Estado para omitir su pronunciamiento sobre la solicitud realizada, respectivamente.

Agrega que, el artículo 23 de la Ley señala que existe una obligación en los plazos, al señalar que:

"Artículo 23. Obligación de cumplimiento de los plazos. Los términos y plazos establecidos en esta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de la Administración en la tramitación de los asuntos, así como los interesados en los mismos".

Y al respecto, el párrafo 1° del Capítulo II de la Ley, que se refiere precisamente a las normas básicas de los procedimientos administrativos, establece los plazos que deberán observarse en todo procedimiento administrativo. En particular el artículo 24 de la Ley, señala que:

"Artículo 24. El funcionario del organismo al que corresponda resolver, que reciba una solicitud, documento o expediente, deberá hacerlo llegar a la oficina correspondiente a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a su recepción.

Las providencias de mero trámite deberán dictarse por quien deba hacerlo, dentro del plazo de 48 horas contado desde la recepción de la solicitud, documento o expediente.

Los informes, dictámenes u otras actuaciones similares, deberán evacuarse dentro del plazo de 10 días, contado desde la petición de la diligencia.

Las decisiones definitivas deberán expedirse dentro de los 20 días siguientes, contados desde que, a petición del interesado, se certifique que el acto se encuentra en estado de resolverse. La prolongación injustificada de la certificación dará origen a responsabilidad administrativa" A su vez, indica que, el artículo 27 de la misma ley señala: "Artículo 27. Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final." Sostiene que, en el caso de doña nombre reservado y de su hija nombre reservado, el procedimiento claramente ha excedido los plazos señalados en la Ley, toda vez que solicitaron la permanencia definitiva en junio del año 2021, y habiendo transcurrido casi un año y medio, a la fecha aún no tiene respuesta de su solicitud, excediendo ampliamente el plazo señalado en el artículo 27 de la Ley N° 19.880.

Esgrime que, en el caso concreto, evidentemente se ha generado una vulneración al debido proceso, ya que como fue señalado precedentemente, las recurridas mantienen de manera prolongada e injustificada, una respuesta pendiente que no solo genera incertidumbre para las afectada, sino que además, no le permite renovar su cédula de identidad con lo que se ve impedida de ejercer ciertos derechos.

Finalmente, estima como garantías conculcadas, el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2, de la Constitución, al estimar que se le ha brindado un tratamiento diferenciado en relación a otras personas que, en situación jurídica equivalente, han visto tramitadas sus solicitudes a la administración sin entorpecimientos ni dilaciones como la de este caso; así también estima vulnerado el derecho a la integridad psíquica, consagrado en el artículo 19 N° 1, de la Constitución Política de la República, toda vez que el acto recurrido las mantiene en una situación de constante incertidumbre, pues no tiene conocimiento efectivo sobre el estado de su solicitud, situación ésta que, afecta su vida familiar y le causa serias perturbaciones, toda vez que se trata de una persona que cuenta con arraigo familiar y laboral en nuestro país.

SEGUNDO: Que, don Israel Villavicencio Chávez, abogado, en representación de la Dirección Regional de Aysén del Servicio Nacional de Migraciones, evacuando el informe requerido, solicita el rechazo en todas sus partes del presente recurso señalando que, en primer lugar respecto de doña nombre reservado que, ésta ingresó por primera vez al país con fecha 27 de marzo de 2019 por paso fronterizo carretera Chacalluta, por motivos de trabajo.

A su vez señala que, con fecha 10 de mayo de 2019, la referida solicitó por primera vez visa sujeta a contrato la cual fue otorgada mediante resolución exenta número 684 de fecha 28 de junio de 2019 por la Gobernación Provincial de Coyhaique, con vigencia de un año a contar del 09 de agosto de 2019.

Así, con fecha 27 de abril de 2020, solicitó prórroga de su visa sujeta a contrato la cual le fue otorgada mediante resolución 572 de fecha 07 de agosto de 2020 por el periodo de un año a contar del 20 de agosto de 2020.

De este modo con fecha 27 de abril de 2020, solicitó prórroga de su visa sujeta a contrato la cual le fue otorgada mediante resolución 572 de fecha 07 de agosto de 2020 por el periodo de un año a contar del 20 de agosto de 2020.

Por otra parte, en lo que respecta a la recurrida doña nombre reservado, señala que ingresó por primera vez al país con fecha 20 de febrero de 2020 por paso fronterizo Aeropuerto Internacional nombre reservado, por motivos no especificados.

Luego, con fecha 27 de abril de 2020, solicitó por primera vez visa temporaria la cual fue otorgada mediante resolución 573 de fecha 07 de agosto de 2020 por la Gobernación Provincial de Coyhaique, con vigencia de un año a contar del 15 de septiembre de 2020.

Así, con fecha 24 de junio de 2021, solicitó el beneficio de permanencia definitiva la que a la fecha de este informe presenta un estado de avance del 32% en la etapa de ‘evaluación intermedia’ en los términos de la Circular Nº 12 del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 24 de noviembre de 2021.

En lo concerniente a los antecedentes de derecho, señala que el artículo 41 del Decreto Ley N°1.094 de 1975, Ley de Extranjería, señala: “La permanencia definitiva es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier clase de actividades”. Norma que se encontraba reproducida en idénticos términos en el artículo 80 del Decreto Supremo N°597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería.

Agrega que, el artículo 125 del Decreto Supremo N°597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería, señala: “Las solicitudes de ampliaciones y prórrogas del permiso de turismo, visaciones, cambio y prórrogas de las mismas, autorizaciones de trabajo para turistas o estudiantes y permanencia definitiva, se harán efectivas a través de formularios proporcionados gratuitamente por la Autoridad respectiva…”.

Así entonces, respecto de la situación migratoria actual, manifiesta que, la solicitud de permanencia definitiva del recurrente se encuentra actualmente en trámite, pudiendo acceder el extranjero a un certificado que acredita tal situación, en virtud de ello, el recurrente mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, pudiendo hacer ingreso y egreso del país sin limitaciones y transitar libremente por éste, dicha regularidad tiene como fundamento los artículos 38 y 45, este último en relación con el artículo 43, todos de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería.

Sostiene que, en el caso de autos, el recurrente posee la cédula de identidad para extranjeros y que si bien, se encontraría vencida a la fecha de este informe, el documento se encuentra plenamente vigente en virtud del inciso final del artículo 43 de la Ley 21.325.

Así las cosas, sostiene que, al tener el recurrente acceso a un certificado de permanencia definitiva en trámite, su cédula de identidad se encuentra vigente y es también un documento suficiente para acreditar su situación migratoria regular.

Finalmente, respecto al tiempo de tramitación, indica que, según lo señalado en el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial que afectó y afecta nuestro país, lo que distorsionó los tiempos normales de tramitación de los procedimientos administrativos durante los años 2020 y 2021, atendidos los aislamientos, cuarentenas y restricciones de movilidad decretados por la autoridad sanitaria, agregando que el plazo establecido para dar resolución a un procedimiento administrativo no corresponde a un plazo fatal para la Administración.

Indica que, el plazo establecido en el artículo 27 de la ley N° 19.880, es un plazo que entra en la categoría de “no fatales”, debido a que la ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza, como tampoco existe alguna sanción de caducidad asociada al transcurso del plazo, siendo un plazo referencial para la administración, no perentorio y posible de ser prorrogado, citando jurisprudencia al efecto.

Señala que, la tramitación de la solicitud del recurrente sigue la misma tramitación legal y reglamentaria que cualquier otro extranjero, no existiendo ninguna diferencia arbitraria ni ilegal, y por lo demás, mientras se mantenga en tramitación la solicitud, las personas no tienen limitaciones para salir e ingresar al país sin más limitaciones que las que establece la ley, así como plena libertad de desarrollar actividades remuneradas lícitas, y en general, adquirir todo derecho u obligación civil conforme lo establecido en el artículo 57 del Código Civil.

Esgrime que, la vía idónea para alegar una falta de respuesta de la administración es la figura del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 del mismo cuerpo normativo. Dicho silencio, constituye una garantía para los ciudadanos de que, si han transcurrido los plazos legales sin que la administración resuelva el procedimiento, este puede tener efectos estimatorios (silencio positivo) o desestimatorios (silencio negativo). Agregando que al no ser un plazo de carácter fatal y no tener una sanción de caducidad asociada de forma expresa en la ley, el incumplimiento de dicho plazo por parte de la Administración tiene por único efecto la presunción de los efectos del acto administrativo.

Asimismo, entiende que el mecanismo de silencio administrativo aplicable al caso concreto es el del silencio administrativo negativo, establecido en el artículo 65 de la Ley N° 19.880, debido a que la solicitud planteada por el recurrente tiene por objeto la concesión de un permiso de residencia, el cual por regla general e imperativa se encuentra sujeto al pago de derechos, cuyo monto es determinado a través de los mecanismos establecidos por el artículo 40 de la Ley N° 21.325. En consecuencia, la solicitud de la contraparte afecta el patrimonio público, en concreto, el patrimonio de la autoridad migratoria y hace solamente aplicable a los permisos migratorios la institución del silencio administrativo negativo.

Por otra parte señala que, la vía judicial ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley de los demás solicitantes de permisos de residencia, pues existen actualmente más de trece mil recursos de protección y amparo presentados entre el año 2021 y 2022 en contra de este Servicio, donde más del 80% corresponden a denuncias por el tiempo de tramitación de solicitudes de permisos de residencia.

Añade que la consecuencia directa de lo anterior es la urgencia aplicada a este reducido universo de casos en cumplir los requerimientos judiciales, dando prioridad a esos recurrente en desmedro de las más de 500.000 solicitudes de residencia que tramita la autoridad recurrida. Así, es un grupo reducido, pero que a la vez se ha constituido en un grupo privilegiado en cuanto a la resolución de sus solicitudes, circunstancia que pugna con la garantía de la igualdad ante la ley.

Finalmente, considera relevante reflexionar que en forma previa a disponer cualquier medida cautelar o de tutela de derechos, el órgano jurisdiccional debe realizar siempre la ponderación de idoneidad, necesariedad y proporcionalidad de aquellas que le son requeridas o de las que oficiosamente puedan ordenarse. Así, estima que es necesario concluir los procedimientos administrativos en la forma prevista por la Ley N° 19.880, esto es, a través de un acto de autoridad, salvaguardando así las garantías de la igualdad ante la ley, evitando la creación de grupos privilegiados de extranjeros que ven sus solicitudes resueltas en un menor tiempo respecto de aquellos que han realizado una solicitud de igual naturaleza en igual tiempo o, incluso, con anterioridad a aquellos.

En conclusión, señala que, no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 19, de la Constitución Política de la República, y no existe por tanto perturbación alguna en los derechos del extranjero, toda vez que la solicitud del recurrente se encuentra actualmente en tramitación y su situación migratoria es regular.

TERCERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, conforme los antecedentes existentes en la presente causa, debe consignarse, que en la acción constitucional materia del presente arbitrio, el conflicto de marras radica en el hecho que las recurrentes doña nombre reservado y doña nombre reservado, con fecha 23 y 24 de junio de 2021, respectivamente, remitieron en tiempo y forma sus solicitudes de permanencia definitiva ante el entonces Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, hoy Servicio Nacional de Migraciones, sin que a la fecha de interposición del recurso, esto es el día 30 de noviembre de 2022, se haya resuelto sobre ésta, lo que configura una omisión ilegal y arbitraria en la emisión de resolución exenta que pone fin al procedimiento administrativo, y lo mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite demorado.

SÉPTIMO: Que, para la resolución del presente conflicto, resulta importante tener presente lo previsto en los artículos 7° y 8° de la ley N°19.880, el cual impone a la Administración la obligación de actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión; así como de dictar un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, comunicándola en tiempo razonable, dando así estricto cumplimiento al principio de celeridad y del principio conclusivo, debiendo, además, observar en dicho procedimiento los principios de eficiencia, eficacia, simplificación y rapidez a que se refieren los artículos 3°, 5°, inciso primero y 8°, inciso primero de la ley N°18.575; obligaciones que a juicio de este Tribunal de Alzada, se encuentran insatisfechas, toda vez que desde la iniciación de los trámites, esto es, la solicitud de permanencia definitiva de doña nombre reservado y doña nombre reservado, con fecha 23 y 24 de junio de 2021, respectivamente, hasta la fecha de interposición del presente recurso el día 24 de diciembre de 2022, se ha excediendo con creces los seis meses el procedimiento administrativo desde su iniciación para pronunciarse sobre la materia de autos, no pudiendo estimarse razonable la alegación de la recurrida consistente en el amparo de la excepción estatuida en el artículo 27 de la Ley N° 19880, la cual señala que, “salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”, sobre todo teniendo presente que el estado de excepción constitucional que regía en nuestro país, cesó el día 30 de septiembre de 2021.

OCTAVO: Que, conforme lo razonado en los considerandos anteriores, se debe tener presente que el procedimiento administrativo en comento, más allá del estado actual en que se encuentra, según lo informado por la recurrida en su informe, ha incurrido en demoras excesivas que pugnan con la razón, y se oponen de manera hostil a los principios referidos en la presente sentencia, omisión que, además, se estima innecesaria e injustificada, lo que la torna arbitraria e ilegal. Tal irregularidad, como se señaló, constituye una infracción grave al deber que impone a la Administración la ley vigente y los principios citados.

A mayor abundamiento, de la lectura del informe evacuado por la recurrida, se desprende que las razones que ésta esgrime para justificar la omisión denunciada, resultan ser impertinentes, genéricas y poco razonables para el lapso habido entre la solicitud de permanencia definitiva y la fecha de presentación del presente recurso, ya que la observancia del principio de celeridad que debe regir a la Administración, está dirigido en beneficio del administrado, lo que conlleva estimar que la omisión en el pronunciamiento de un acto administrativo conclusivo, no se condice con el deber de celeridad y de eficiencia, eficacia, simplificación y rapidez que deben dirigir los actos administrativos.

NOVENO: Que la omisión en que incurrió la recurrida, es calificable de arbitraria e ilegal, de conformidad a los antecedentes establecidos, y a la normativa legal aplicable, lo que además, vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, en tanto implica una discriminación arbitraria en contra de las recurrentes, y que se manifiesta en el trato diferenciado en relación a otros solicitantes que, en estado y condiciones jurídicas similares, han podido tramitar debidamente sus solicitudes de permanencia definitiva, obteniendo un pronunciamiento administrativo terminal acerca de las solicitudes efectuadas, obteniendo las recurrente una resolución fundada y oportunamente notificada en la que se contienen las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente, permitiendo de este modo, a esos otros administrados, requerir, de ser ello procedente, la revisión jurisdiccional del acto respectivo.

DÉCIMO: Que, es preciso por esta nombre reservado, atender a lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones, en cuanto a que el trámite de las recurrentes se encuentra en la etapa de "Evaluación intermedia".

Que, si bien es cierto, la tramitación de este tipo de documentación es regida por un procedimiento establecido, tal y como expresa la resolución referida, implica un análisis documental que implica validación de forma, vigencia y legalización -si fuese necesario-, además de la petición de información a instituciones externas, específicamente a las policías y Servicio Registro Civil e Identificación, sobre la existencia o no de antecedentes delictuales; y la evaluación analítica de documentos electrónicos o en papel, legalizados o Apostillados, según corresponda, todos ellos, aspectos de forma que en nada altera o modifica lo razonado por este Tribunal de Alzada, toda vez que la demora y la omisión en el pronunciamiento acerca de la solicitud efectuada, cuyo lapso excede en demasía los referidos 6 meses, siendo la demora de completa responsabilidad del Servicio, pues no se advierte que exista alguna actuación pendiente del recurrente, por lo que no le es imputable a éste, la irregularidad en el cumplimiento de los plazos y observancia de los principios que rigen la tramitación de los actos administrativos.

UNDÉCIMO: Que, resulta útil indicar que esta nombre reservado ha de limitarse a disponer de las providencias necesarias para dar continuidad al proceso por el cual se tramita la respectiva solicitud, a objeto de otorgar la debida protección a las garantías fundamentales vulneradas, restableciendo, de este modo, el imperio del derecho, para finalmente compeler a la recurrida a modificar su actuar, y una vez enmendado, se proceda como en derecho corresponda a fin de obtener un pronunciamiento terminal oportuno por parte del Servicio recurrido sobre la solicitud de permanencia definitiva del recurrente, por lo que el presente recurso de protección habrá de prosperar, y consecuentemente, se acogerá en los términos que se consignarán en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las garantías constitucionales de la Excma. Corte Suprema, se declara:

Que, SE ACOGE, sin costas, la acción de protección deducida por don Joaquín Bizama Tinado, abogado, en favor de doña nombre reservado y doña nombre reservado, debiendo en consecuencia, pronunciarse el Servicio Nacional de Migraciones, perteneciente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, sobre la solicitud de permanencia definitiva de las recurrentes, dentro de un plazo de 60 días contados desde la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Anótese, notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del señor Fiscal nombre reservado, don nombre reservado Nº 2032-2022 (Protección).