nombre reservado con DIRECCCION GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE

Coyhaique, a diecisiete de abril de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En lo principal de presentación de fecha 17 de enero de 2025, comparece don Luis Alejandro Parra Muñoz, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, Sargento 2º de Carabineros, de dotación del Retén Puerto Chacabuco, dependiente 2ª Comisaría de nombre reservado y de su cónyuge Doña nombre reservado, Sargento 2º de Carabineros que presta sus servicios en la 2º Comisaría de nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, nombre reservado; quien deduce recurso de protección en contra de la Dirección General de Carabineros, representada legalmente por su General Director nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto u omisión arbitrario o ilegal, consistente en el Documento Electrónico Ordinario N.C.U. 220777472 y en el Documento Electrónico Ordinario N.C.U 220797692, ambos de fecha 27 de diciembre de 2024, de la 4ta. Comisaría Victoria, Retén Selva Oscura, afectando la garantía contenida en el artículo 19 N°1 y 2 de la Carta Fundamental, esto es, derecho de los recurrentes a la vida y a la integridad física y psíquica y la igualdad ante la ley, solicitando, en definitiva: “Que, se ordene a la recurrida dejar sin efecto el traslado de los recurrentes, Sargento 2º nombre reservado y de Sargento 2º nombre reservado, disponiendo que continúen cumpliendo sus funciones y obligaciones en las misma dotación en que actualmente se encuentran o en su defecto sean trasladados a cualquier Unidad Policial de las Prefecturas de Villarrica o Malleco..”.

Con fecha 19 de febrero de 2025, don nombre reservado, General de Carabineros, incorporó el informe requerido.

Con fecha 04 de abril de 2025, se ordenó traer los autos en relación.

Con fecha 15 de abril de 2025, se procede a la vista del recurso, alegando contra éste, el abogado don Federico Schwerter Villarroel, quedando la presente causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, los recurrentes exponen que forman un matrimonio, cuya familia está compuesta por su hija Elif nombre reservado, de 9 años, siendo ambos recurrentes son funcionarios activos de la Institución de Carabineros, ejerciendo sus funciones, doña nombre reservado en la 2º Comisaría nombre reservado, y don nombre reservado en el Retén Puerto Chacabuco.

Indica que con fecha 23 de septiembre de 2024, se dicta la Orden nº125, de la Dirección Nacional de Personal, que ordena el traslado del Sargento 2º don nombre reservado desde el Retén Puerto Chacabuco a la 26º Comisaría de la Prefectura Santiago Occidente, y por otra parte, se ordena el traslado de la Sargento 2º doña nombre reservado desde la 2º Comisaría Prefectura Aysén a la 22º Comisaría de la Prefectura Santiago Occidente, donde ambos, una vez notificados del acto administrativo antes mencionado y considerando que esta situación causa un grave daño a estos funcionarios, como a todo su grupo familiar, se manifestaron no conforme y ejercen su derecho a reponer tal determinación, en virtud de lo contemplado en el artículo 59 de la Ley Orgánica Constitucional nº19.880, expresando en esta instancia a su mando en detalle las perniciosas consecuencias que ocasionaría este movimiento, en especial el daño consecuencial que este traslado generaría a su hija Elif Ivania, de nueve años de edad, quien actualmente se encuentra en tratamiento médico en la ciudad de Temuco, debido a que está diagnosticada de hipermetropía, endotropia acomodativa, debiendo asistir periódicamente a controles, como también, el daño que se visualiza en el área escolar de esta menor, ya que la menor Elif actualmente se encuentra matriculada para el período académico escolar año 2025 en el Colegio Sagrada Familia de Puerto Aysén, escenario que provoca incertidumbre a todo este grupo familiar, ya que, dadas las nuevas exigencias impuestas por el “Sistema de Admisión Escolar (SAE)”, el plazo para postular a algún colegio en la ciudad de Santiago ha terminado.

Agrega que, la Institución se encuentra en conocimiento de la situación particular del recurrente, esto es, el grave perjuicio a la integridad física y psíquica que ocasionará el traslado para los padres de los recurrentes, específicamente el padre de la recurrente, don nombre reservado quien con 68 años de edad padece de diversas enfermedades, entre ellas, cardíacas, fibrilación atrial persistente, insuficiencia cardíaca, disfunción sistólica moderada, problemas a la próstata, siendo a causa de sus problemas cardíacos intervenido quirúrgicamente dos veces, todo ello le ha ocasionado un progresivo deterioro o menoscabo en su habilidad motriz y una evidente disminución de su capacidad para su desarrollo como persona, lo que necesariamente exige que su hija y recurrente de autos esté junto a él supliendo y apoyándolo en todo.

Por otra parte, existe otro factor, del cual también tiene conocimiento la recurrida, esto es, la situación de los padres del recurrente nombre reservado, quienes residen en una zona rural de la comuna de Victoria catalogada actualmente “Zona Roja”, quienes están en constante riesgo de ser atacados por grupos violentistas del sector, lo que manifiesta el riesgo de afectación de la integridad física de los padres del recurrente.

Añade que, al ser los recurrentes la red de apoyo de sus familiares frente a dichas contingencias, antes de ser dispuesto el traslado del matrimonio a la ciudad de Santiago, ejercieron su derecho a ser considerados en el “Plan Anual de Traslados de Carabineros”, oportunidad en que expusieron estas situaciones familiares y solicitaron ser trasladados a la comuna de Victoria, sin embargo, no recibieron respuesta alguna respecto de dicha postulación, por el contrario, se dictó la Orden N° 125 que dispuso el traslado de autos, sin considerar las circunstancias familiares expuestas, estas son, la red de apoyo, relativa a la condición de su hija de 9 años, quien requiere del cuidado de un adulto para su desempeño óptimo y, lo relativo a la situación económica de los recurrentes, quienes deberán enfrentar nuevos gastos y costos, como son el arriendo de una casa habitación, como también el pago de quien pueda brindar cuidado a la hija de los recurrentes, todo lo que pondría en riesgo la estabilidad económica del grupo familiar.

Por otra parte, sostiene que según se advierte de las actas de notificación de fecha 27 de diciembre de 2024, mediante las que se notifica a ambos recurrentes lo resuelto en relación a los recursos de reposición interpuestos, tanto por el Sargento 1° nombre reservado , así como por su cónyuge la Sargento 2º nombre reservado, es nítido observar que ambos documentos carecen de motivación suficiente y además conculcan el derecho de los recurrentes a ser tratados con igualdad ante la ley, por cuanto la Institución recurrida no se hizo cargo de ninguno de los fundamentos expresados y que dicen relación con situaciones que afectan la familia, lo que devenga en un acto arbitrario y caprichoso.

Manifiesta que, no se discute la facultad legal de la Institución de Carabineros de Chile para trasladar a su personal, sin embargo, la recurrida debe ceñirse estrictamente a su reglamentación y a los mecanismos que ha establecido para no caer en arbitrariedades, y en lo que respecta a los traslados, estos están establecidos en el Manual de Traslados del Personal de Carabineros, aprobado mediante la Orden General N°2707 del 13 de noviembre de 2019.

Dicho Manual se ciñe a la Constitución Política de la República, la Ley 18.575, la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo y la Ley 19.889, además de la normativa, se afirma en el Manual que se basa en los principios de “Continuidad de la función pública”, “Transparencia y Publicidad” y autoproclama el principio de “Interdicción de la arbitrariedad” tomando como referencia el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, indicando Carabineros a través de dicho Manual que es "El Instrumento oficial a través del cual, la institución define su proceder en cuanto a la destinación específica de su capital humano"(cita textual, pág. 6 del citado Manual), agregando que "Se actúa bajo criterios de igualdad, equidad y objetividad por medio de la utilización de variables técnicas enmarcadas en la legislación y reglamentación vigente, de manera de asegurar la igualdad ante la ley" (cita textual, pág. 7 del citado Manual).

Agrega que, en el Capítulo II, el rubro denominado "Consideraciones especiales para la toma de decisiones", en el apartado del numeral 2.4 denominado "Consideraciones del Recurso Humano", desarrollando en el numeral 2.4.2 los "Aspectos Personales" refiriéndose a este numeral, señala que: “Corresponden a aquellos aspectos que, sin constituir elementos que incidan directamente en el desempeño laboral del personal, pudiesen afectar, indirectamente, su productividad e interés de cumplir con sus obligaciones, tales como: a. Trabajo y/o estudios del cónyuge o conviviente civil, además del estudio del personal o de sus hijos, y otras debidamente calificadas" (cita textual pág. 15 del Manual). b. Salud del personal o de los miembros de su grupo familiar, fundamentalmente en caso de que alguno de ellos requiera atención profesional especializada o, por indicación médica, demande una especial permanencia física en algún lugar determinado, o fuera de este.".

Siendo justamente estas consideraciones personales las que fueron omitidas y no consideradas por Carabineros, conteniéndose en dicho manual elementos que posibilitan la consideración a situaciones “especiales” como las que se presentan en autos, y que se refieren a una situación familiar, lo que fue debidamente expuesto a sus mandos en el recurso de reposición interpuesto, sin embargo, no ha sido consideradas, pese que el propio Servicio Social de la Prefectura de Aysén mediante Informe N° 83, ha sugerido reconsiderar este traslado a la Región Metropolitana pidiendo que se evalúe un traslado para este matrimonio a la Región de la Araucanía, todo lo cual también es corroborado en Informe Social N° 01 de fecha 5 de enero de 2025, Elaborado por profesional de la Ilustre Loncoche.

Sostiene que, a nivel doctrinario, legislativo y Constitucional, la Institución de la familia ha tomado una especial consideración y protección en el ordenamiento jurídico que abarca diversas ramas del derecho. En este orden de ideas, el artículo 1º inciso 2 de la Constitución Política de la República, refiere que “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad” y es deber del Estado dar protección y propender a su fortalecimiento, incluso el constituyente va más allá y le impone una obligación a los Órganos del Estado en el sentido de propender a su mayor realización espiritual y material posible.

Por otra parte, la protección de la familia en el ámbito internacional está dado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos , la que en su artículo 16.3, sostiene "La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.”, así las cosas, el deber de protección de la familia es un imperativo que no puede renunciarse, ni afectarse en la más mínima intensidad, ni por el Estado, ni por los Órganos que la integran como ocurrió en la especie con Carabineros de Chile respecto de la familia nombre reservado-nombre reservado, constituida por un matrimonio de dos funcionarios de Carabineros y una hija menor de edad.

Señala que el acto administrativo recurrido, vulnera el derecho a la integridad física y psíquica de los recurrentes y consecuencialmente, también afecta la integridad psíquica de su hija menor de edad quien debido a este traslado y la falta de apoyo familiar en la Región Metropolitana necesariamente deberán quedar al cuidado de una tercera persona desconocida, de la misma manera, se afecta la integridad psíquica de los recurrentes, al no encontrarse cercanos a sus padres quienes son completamente dependientes de ambos, requiriendo del constante cuidado y asistencia de ellos, ya sea, por no poder subsistir por sí solos debido a sus complicaciones de salud y a su avanzada edad, así como, específicamente respecto a los padres de don nombre reservado, por padecer de depresión y por estar en un constante peligro inminente de ser agredidos por grupos violentos.

Agrega que, de igual modo se afecta su derecho de igualdad ante la ley, pues se ve conculcado ante la acción arbitraria e ilegal, cuando la institución policial uniformada no ha considerado las circunstancias personales y familiares de los recurrentes, lesionando así el legítimo ejercicio del derecho a la Igualdad ante la Ley, que consiste en tratar de manera distinta a quienes se encuentran en situaciones distintas, siendo una distinción razonable.

SEGUNDO: Que, informando el recurso el Jefe de Zona, General de Carabineros, don nombre reservado, señala que el recurrente, don nombre reservado, Sargento 1°, ingresó a la institución el 16 de noviembre de 2005, como Carabinero Alumno, desde su nombramiento se desempeñó en el Retén Pintué, de la Subcomisaría de Paine, la 30° Comisaría de Radiopatrullas e Intervención Policial, en la 32° Comisaría del Tránsito, para luego prestar servicio en la 28° Comisaría de Fuerzas Especiales, en la 4° Comisaría Victoria, luego es destino a la 3° Comisaría Fuerzas Especiales Malleco, a la 2° Comisaría Fuerzas Especiales Pailahueque, para finalmente ser destinado al Retén de Puerto Chacabuco, dependiente de la 2° Comisaría de Aysén. Respecto de la recurrente doña nombre reservado, Sargento 2°, ingresó a la Institución el 01 de junio de 2010, como Carabinero Alumno, desde su nombramiento se desempeñó en la 4° Comisaría Victoria y en la 2° Comisaría Aysén, la cual fuere su última destinación, hasta antes del traslado.

Agrega que, mediante Orden de Traslado N°125 de fecha 23 de septiembre de 2024, de la Dirección Nacional de Personal, se dispuso el traslado de los recurrentes, lo que se notificó personalmente por sus respectivos mandos.

Así, con fecha 07 de octubre de 2024, mediante Documento Electrónico N.C.U. 215794416 y 215803715, de la Prefectura de Aysén, se remiten al Departamento de Personal de Nombramiento Institucional para conocimiento del Director Nacional de Personal los recursos de reconsideración interpuestos por los recurrentes.

Señala que, con fecha 26 de diciembre de 2024, el Departamento Personal de Nombramiento Institucional, en lo que respecta al recurrente nombre reservado, resolvió solicitud de reconsideración, mediante documento electrónico N.C.U. 220797692, por medio de la cual no accede a lo requerido, toda vez que, el traslado obedece a razones de mejor servicio, de conformidad a su grado y déficit de unidades de acuerdo a un modelo de jerarquización de demanda de recursos humanos, como así mismo, las vacantes disponibles en la prefectura solicitada. Por su parte, en lo que respecta a la recurrente doña nombre reservado, se resolvió solicitud de reconsideración, mediante documento electrónico N.C.U. 220777472, por medio de la cual no accede a lo requerido, argumentando en igual sentido, que su destinación es motivada por razones de mejor servicio.

Indica que los citados funcionarios no han sido despachados a su nueva dotación, por encontrarse en uso de licencia médica.

Señala que, la facultad de trasladar al Personal Institucional y los derechos que de ella emanan, se encuentran regulados por la legislación, reglamentación y normativa interna de Carabineros de Chile, es así como el artículo 31 de la Ley 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, establece que: “corresponde sólo a la autoridad respectiva de Carabineros, destinar al personal en los diversos cargos y empleos, según los requerimientos de la función policial”.

Indica que, el Manual de Traslados para el Personal de Carabineros de Chile, definió, ordenó, reguló, coordino y resolvió la ejecución e implementación del proceso anual de traslado para todo el personal de los distintos escalafones institucionales, disponiendo los procedimientos de rigor.

Cita amplia jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, en la cual se señala que, esta institución, por razones de buen servicio, se encuentra facultada para destinar a sus funcionarios a las diversas localidades del país, sin que esta atribución pueda verse reducida o limitada por objetivos personales de quienes son trasladados, ya que, el fin perseguido por esta medida es lograr optimizar las funciones asignadas por la Constitución y leyes a Carabineros de Chile. En esta directriz, es la autoridad competente la que evalúa y determina la oportunidad y utilidad de la medida adoptada, debiendo primar, en el ejercicio de esa facultad, el interés público por sobre el interés particular del servidor.

Posteriormente, señala que, la atribución institucional en materia de traslado, responde a un proceso de responsabilidad de la Dirección Nacional de Personal, previa identificación de las competencias, habilidades y aptitudes del recurso humano, tomando en consideración variables de carácter profesional y excepcionalmente, aspectos personales del funcionario.

Cita el Capítulo II, numeral 2.1, del mismo cuerpo instructivo, el cual señala que, todo miembro de Carabineros, cualquier sea su grado y escalafón, por el sólo hecho de ingresar a sus filas, se compromete a prestar servicios en la guarnición que se estime necesaria, configurándose el deber de desempeñar sus obligaciones profesionales en forma eficiente en todo el territorio nacional, respondiendo con ello, a la misión constitucional asignada a la Institución, la que no puede quedar supeditada ni sometida a la convivencia de los funcionarios policiales.

Por otra parte, el Manual de Traslados, en su párrafo 1.3., letra a), contempla como uno de los aspectos básicos que ha de considerar la Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile para la ejecución del Proceso Anual de Traslados del Personal de Nombramiento Superior e Institucional, la identificación de los cargos vacantes y la necesidad de cubrirlos a consecuencia de la demanda de recursos humanos, evidenciada por las metodologías institucionales vigentes y aquellas que surjan de situaciones especiales que deban ser analizadas por el Mando respectivo, citando a su vez, la letra b).

Sostiene que, la decisión tuvo por fundamento los grados que ostentan, las necesidades institucionales y el déficit de personal que mantienen las unidades a las que fueron destinados, consideraciones objetivas que, tal como se expuso en el título que antecede son abarcadas por el Manual de Traslados y, por tanto, excluye toda posibilidad de arbitrariedad o trato discriminatorio.

Así, luego de un proceso de evaluación de la situación fáctica institucional, de las necesidades que como consecuencia de ello podían generar, y con miras a garantizar la presencia nacional, a fin de velar por la seguridad y el orden público dentro del territorio, adoptó la decisión de trasladar a los recurrentes, configurándose tal determinación en una cuestión de mérito propia de la esfera institucional y de su prerrogativa otorgada por ley. Todo ello en atención que, los funcionarios al integrarse voluntariamente a Carabineros de Chile, asumen un compromiso de prestar servicio en cualquier cargo o destinación.

Agrega que la Orden N°125 de 23 de septiembre de 2024, dispuso dentro del Plan Anual de Traslado, el traslado de 83 funcionarios, dentro de los cuales están contemplados el Sargento 1° nombre reservado y la Sargento 2° nombre reservado.

Sostiene que, su actuar es plenamente concordante con las observaciones dispuestas por la Contraloría General de la República, al refrendar la imposibilidad de pronunciarse sobre aquellos hechos que justifican la decisión adoptada, en armonía con ello, la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General, contenida en los Dictámenes N° 40.453, de 2015, 35.593, de 2016, 23.550, de 2017 y 3.503, de 2020, entre otros, precisó que por razones del servicio, se encuentra facultada para destinar a sus funcionarios a distintas localidades del país, atribución que no puede verse limitada por la conveniencia personal de quienes son trasladados, debiendo primar el interés público.

Indica que, la decisión adoptada se fundó en requerimientos propios de la labor institucional, en términos generales, con miras a satisfacer los intereses institucionales como es la finalidad de garantizar la presencia nacional, la seguridad y el orden público dentro del territorio nacional.

Sostiene que no se han infringido las garantías constitucionales alegadas por el recurrente, encontrándose ajustado a derecho el actuar de la Institución.

Finalmente, señala que no existe derecho indubitado, y la decisión se adoptó con sujeción a la normativa, sin advertirse ilegalidad o arbitrariedad en su dictación.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley- o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 del texto constitucional, entre las cuales se encuentra las invocadas por la recurrente previstas en el artículo 19 números 1 y 2, de la Constitución Política de la República. Además, debe señalarse que el recurso de cautela de derechos constitucionales, constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, sin que pueda llegar a constituirse en una instancia de declaración de tales derechos, puesto que no se está en presencia de la vía del juicio de lato conocimiento, que otorga a las partes en conflicto la posibilidad de discutir, formular alegaciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean del caso.

QUINTO: Que, la esencia de la controversia que por esta vía se reclama, consiste en la dictación de los actos administrativos D/E N.C.U. Nro. 220777472, de fecha 26 de diciembre de 2024, emanado de la Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile, que dispone el traslado de la recurrente, doña nombre reservado, desde la dotación de la 2° Comisaría de nombre reservado, a la 22º Comisaría de la Prefectura Santiago Occidente; y el D/E N.C.U. Nro. 220797692, de fecha 26 de diciembre de 2024, emanado de la Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile, que dispone el traslado del recurrente, don nombre reservado, desde el Retén Puerto Chacabuco de la 2° Comisaría, a la 26° Comisaría de la Prefectura de Santiago Occidente, siendo notificados el día 27 de diciembre de 2024, por estimar que tales actos administrativos, no sólo fueron dictados en contravención a las disposiciones legales vigentes, especialmente a lo establecido en el Manual de Traslados de la Institución, sino que además disgrega su núcleo familiar, conformado por ambos recurrentes, su hija de 9 años de edad y los padres de ambos funcionarios, quienes se encuentran a su cuidado y dependencia. Todo lo cual vulnera sus garantías constitucionales de los números 1 y 2, del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que, de los antecedentes que obran en autos es un hecho inconcuso que, con fecha 23 de septiembre de 2024, se dicta la Orden de Traslado N° 125, la Subdirección General, Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile, dispuso el traslado, entre otros, a la Sargento 2°, nombre reservado, nombre reservado (C.F. N°986147-J), desde la 2° Comisaría, a la 22° Comisaría de la Prefectura de Santiago Occidente; y al Sargento 2°, nombre reservado, nombre reservado (C.F. N°972095-k), desde el Retén Puerto Chacabuco de la 2° Comisaría, a la 26° Comisaría de la Prefectura Santiago Occidente, con los derechos reglamentarios.

SÉPTIMO: Que, resultando también inconcuso que este acto administrativo fue impugnado vía recurso de reconsideración por los recurrentes y rechazado por la autoridad, mediante los documentos electrónicos N.C.U. 220777472 y N.C.U. 220797692, notificado con fecha 27 de diciembre de 2024, argumentando que dichos movimientos se dispusieron por razones de mejor servicio, en conformidad a sus grados y al déficit de unidades de acuerdo a un modelo de jerarquización de demanda de recursos humanos y que en estas materias debe primar el interés general de la administración por sobre el particular del funcionario.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento y sin perjuicio de lo que se resolverá, cabe tener presente, que el artículo 31 de la Ley n° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, reza como sigue: “Artículo 31.- Corresponde sólo a la autoridad respectiva de Carabineros destinar al personal en los diversos cargos y empleos según los requerimientos de la función policial”.

Que, asimismo, a nivel reglamentario, el artículo 10, del Reglamento de Feriados, Permisos, Licencias y otros Beneficios, N°9, aprobado por el Decreto N°625, de 02.04.1964, del Ministerio del Interior, señala: “Artículo 10º.- Los traslados del personal de la Institución serán dispuestos por el General Director. Los que conciernan a Oficiales y Personal de Nombramiento Supremo se efectuarán a través de la Dirección del Personal, y los del Personal a Contrata, lo serán por la Dirección del Personal, por los Jefes de Zonas de Inspección y por los Prefectos, según corresponda. En todo caso, los movimientos correspondientes se harán con sujeción a las normas que en la materia contengan las leyes y reglamentos.”

NOVENO: Que, de lo expuesto por los motivos que preceden se infiere que el traslado de los recurrentes ha sido decidido en debido y oportuno uso de las facultades legales de las que es titular la Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile, en mérito de la norma precedentemente transcrita, como asimismo de la Orden General N° 2.707 de fecha 13 de noviembre de 2019, de fecha 13 de noviembre de 2019, que aprueba el Manual de Traslados para el Personal de Carabineros de Chile, cuya finalidad es “(...) definir, ordenar, regular, coordinar y resolver la ejecución e implementación del Proceso Anual de Traslados para todo el personal de la planta institucional (...)”.

Que, a su vez, se ha dado cumplimiento a lo consignado en el Manual de Usuario del “Sistema Automatizado de Gestión de Traslados S.A.T. para el P.N.S.” cuya utilización fue formalizada y aprobada mediante la Orden General N°2.854, de 12.07.2021, de la Dirección Nacional de Personal.

DÉCIMO: Que, de la normativa precitada, aplicable al caso en estudio y a la que se encuentran sujetos los recurrentes en su calidad funcionarios de Carabineros de Chile, sumado a los motivos esgrimidos por la recurrida para resolver el traslado de aquellos, no se vislumbra la existencia de un acto ilegal o arbitrario que pueda ser subsanado a través de esta acción cautelar, o las medidas correctivas que pueda adoptar esta Corte, pues la decisión fue adoptada por la autoridad competente en el marco de sus atribuciones, por lo que deberá desestimarse la presente acción cautelar.

En efecto, conforme aparece de lo informado por la recurrida Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile, la decisión adoptada es efectivamente una de aquellas previstas en la reglamentación respectiva, y fundada en las necesidades propias de la institución, lo que descarta la presencia de los vicios de ilegalidad y arbitrariedad denunciados por la recurrente, quien además no ha comprobado ser titular de un derecho indubitado, que se haya visto afectado por el actuar de la autoridad recurrida.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y de acuerdo a lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se RECHAZA, sin costas, la acción cautelar deducida por don Luis Alejandro Parra Muñoz, abogado, en favor de don nombre reservado, funcionario de Carabineros y doña nombre reservado, funcionaria de Carabineros, en contra de la Dirección General de Carabineros de Chile, representada legalmente por su General Director, don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción de la Ministro Titular, doña Natalia Marcela Rencoret Oliva, quien no firma al encontrarse haciendo uso de permiso administrativo contemplado en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol Corte N° 20-2025. (Protección)