nombre reservado con DE EXTRANJERIA Y MIGRACION DEL MINISTERIO DE SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

Coyhaique, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós.

VISTOS:

Con fecha diez de febrero de dos mil veintidós, comparece don Joaquín Bizama Tinado, abogado, en favor de doña nombre reservado, ciudadana venezolana, quien interpone recurso de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representada por su Director Nacional Álvaro Bellolio Avaria, por cuanto estima vulneradas sus garantías constitucionales, referentes a la integridad psíquica y a la igualdad ante la ley, establecidas en el artículo 19 N° 1 y 2 de la Constitución Política de la República, solicitando se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la omisión consistente en la falta de resolución dentro de los plazos legales de la solicitud de permanencia definitiva realizada por doña nombre reservado, con fecha 23 de noviembre de 2020, sin que haya habido hasta la fecha, un acto administrativo terminal del procedimiento que resuelva la petición indicada; se declaren vulnerados los derechos que le amparan, consagrados en el artículo 19 N° 1 y 2 de la Constitución Política de la República; se ordene a la administración, resolver la solicitud de permanencia definitiva, en un plazo de quince días desde que el fallo de la presente acción constitucional se encuentre firme y ejecutoriado, teniendo presente que la afectada cumple con todos los requisitos para que se le otorgue la permanencia definitiva y que, además, cuenta con un importante arraigo laboral en Chile; se impartan instrucciones al recurrido, a fin de que tanto sus protocolos de actuación, como sus actuaciones se adecuen a lo establecido en las leyes, en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales de derechos humanos; se ordene al recurrido que instruya las investigaciones y/o sumarios internos respectivos que permitan dilucidar las responsabilidades administrativas involucradas y adoptar las medidas necesarias para impedir que se repitan actos que importen atentados a la igualdad ante la ley y la integridad psíquica; se adopte todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del Derecho y asegurar la tutela de todos los derechos fundamentales violados, poniendo fin a los actos y omisiones arbitrarios e ilegales descritos con antelación respecto de la afectada.

Con fecha 14 de febrero de dos mil veintidós, se declaró admisible el recurso deducido y se pidió informe al recurrido.

Con fecha 18 de marzo de dos mil veintidós, don Francisco Javier Errázuriz Quiroz, abogado del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en representación de la recurrida, evacua el informe solicitado y requiere el rechazo del recurso en todas sus partes.

Con fecha 26 de marzo de dos mil veintidós, se trajeron los autos en relación, y con fecha 29 de marzo de dos mil veintidós, se llevó a cabo la vista de la causa, compareciendo a estrados la abogada Pamela Morales Rubilar, por el recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente arguye que al ingresar a Chile en marzo de 2019, se le otorga visa provisional en febrero de 2020, realizando antes de que venciera, con fecha 23 de noviembre del año 2020, la solicitud de permanencia definitiva, ante el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), dependiente de la Subsecretaria del Interior, bajo el número de ingreso 14918787, con el fin de obtener su permanencia definitiva, sin que hasta el día de hoy exista resolución. Acota que al efectuar seguimiento virtual de su solicitud, arroja un avance de un 53% y en estado de “Análisis avanzado”.

Manifiesta que al no contar con su permanencia definitiva se ha visto impedida de renovar su cédula de identidad, y con ello de realizar las diligencias para las cuales dicho documento es imprescindible.

Sostiene que, el acto recurrido infringe la ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado (LBPA), particularmente, los principios señalados en su Capítulo I, como el principio de celeridad, el principio conclusivo y el principio de inexcusabilidad, los cuales dicen relación con no impulsar de oficio la resolución de la solicitud interpuesta por la recurrente, no dictar el acto decisivo acerca de su solicitud de permanencia definitiva y no estar facultada la administración del Estado para omitir su pronunciamiento sobre la solicitud realizada, respectivamente.

Agrega que, en este sentido el artículo 23 de dicho cuerpo normativo impone a la administración la obligación del cumplimiento de los plazos, refiriendo: “ Los términos y plazos establecidos en esta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de la Administración en la tramitación de los asuntos, así como los interesados en los mismos".

Por su parte, el párrafo 1° del Capítulo II de la Ley, que se refiere precisamente a las normas básicas de los procedimientos administrativos, establece los plazos que deberán observarse en todo procedimiento administrativo. En particular el artículo 24 de la Ley, indica que:” El funcionario del organismo al que corresponda resolver, que reciba una solicitud, documento o expediente, deberá hacerlo llegar a la oficina correspondiente a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a su recepción.

Las providencias de mero trámite deberán dictarse por quien deba hacerlo, dentro del plazo de 48 horas contado desde la recepción de la solicitud, documento o expediente.

Los informes, dictámenes u otras actuaciones similares, deberán evacuarse dentro del plazo de 10 días, contado desde la petición de la diligencia.

Las decisiones definitivas deberán expedirse dentro de los 20 días siguientes, contados desde que, a petición del interesado, se certifique que el acto se encuentra en estado de resolverse. La prolongación injustificada de la certificación dará origen a responsabilidad administrativa" A su vez, indica que, el artículo 27 de la misma ley señala: "Artículo 27. Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final" Esgrime que se ha generado una vulneración al debido proceso, ya que doña nombre reservado solicita la permanencia definitiva con fecha 23 de noviembre de 2020, habiendo transcurrido a la fecha casi quince meses sin pronunciamiento del Estado de Chile, manteniendo de manera prolongada e injustificada, una respuesta pendiente que genera incertidumbre para la afectada, al impedirle renovar su cédula de identidad y los trámites que requieren dicho documento.

Afirma además que, de acuerdo a los estándares internacionales, la protección efectiva de los derechos humanos de las personas migrantes durante la emergencia sanitaria, requiere de la adopción de medidas especiales que les permitan ejercerlos plenamente, en consideración a su situación de vulnerabilidad que acentúa los problemas para acceder a los sistemas de atención de salud y seguridad social, en eventuales condiciones de pobreza y precariedad económica.

Finalmente, estima como garantías conculcadas, el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución, al estimar que se le ha brindado un tratamiento diferenciado en relación a otras personas que, en situación jurídica equivalente, han visto tramitadas sus solicitudes a la administración sin entorpecimientos ni dilaciones como la de este caso; así también estima vulnerado el derecho a la integridad psíquica, consagrado en el artículo 19 N° 1, de la Constitución Política de la República, toda vez que el acto recurrido la mantiene en una situación de constante incertidumbre, pues no tiene conocimiento efectivo sobre el estado de su solicitud, situación ésta que, afecta su vida familiar y le causa serias perturbaciones, toda vez que se trata de una persona que cuenta con arraigo familiar y laboral en nuestro país.

SEGUNDO: Que, con fecha treinta de diciembre de dos mil veintiuno, don Francisco Javier Errázuriz Quiroz, abogado del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en representación de la recurrida, evacuando el informe requerido, solicita el rechazo del presente recurso, señalando que, con fecha 23 de noviembre de 2021, el recurrente ingresó solicitud de permiso de permanencia definitiva, contra la cual se extendió Certificado de Permiso de Permanencia Definitiva en trámite N° 14918787, el que acredita la residencia regular de recurrente en el territorio nacional, pudiendo requerir prórroga de dicho documento, ingresando con su clave única al portal señalado, siendo de su responsabilidad mantener la vigencia de dicho documento.

Sostiene que, mediante Comunicación Electrónica N° 22970339, de fecha 17 de marzo de 2022, se informó a la recurrente que su solicitud de permiso de permanencia definitiva avanzaba a etapa de análisis, señalando las instrucciones para el pago de los derechos de la misma, conforme lo dispuesto en el artículo 133 del Reglamento de Extranjería.

Advierte que el artículo 27 de la Ley 19.880, establece que el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial y el estado de emergencia en el cual se encuentra nuestro país, estimando además que, es un hecho pacífico que se ha dado tramitación legal a la solicitud, dándole curso progresivo, y poniendo a disposición del recurrente el respectivo comprobante que acredita su residencia legal en el país, más aún cuando el procedimiento cuenta con 8 meses de tramitación.

Concluye sosteniendo que, otorgar o no un permiso de residencia es una facultad discrecional de esta autoridad y al momento de solicitarla se accede a una “mera expectativa” y no a un derecho indubitado.

TERCERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, conforme los antecedentes existentes en la presente causa, debe consignarse, que en la acción constitucional materia del presente arbitrio, el conflicto de marras radica en el hecho que la recurrente con fecha 23 de noviembre del año 2020, remitió en tiempo y forma su solicitud de permanencia definitiva al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sin que a la fecha de interposición del recurso, esto es, el día 10 de febrero de 2022, se haya resuelto, lo que ha provocado serias afectaciones al ejercicio de sus derechos fundamentales, al impedirle renovar su cédula de identidad, privándola de aquellas diligencias para las cuales dicho documento es imprescindible, como obtener licencia de conducir, realizar trámites bancarios y ante el Servicio de Impuestos Internos, celebrar actos y contratos, entre ellos de prestación de servicios y de trabajo, al no tener su situación migratoria regularizada.

SÉPTIMO: Que, para la resolución del presente conflicto, resulta importante tener presente las normas previstas en los artículos 7° y 8° de la ley N°19.880, que imponen a la Administración la obligación de actuar por iniciativa propia al dar curso al procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión; así como de dictar un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, comunicándola en tiempo razonable, dando así estricto cumplimiento al principio de celeridad y al principio conclusivo, debiendo, además, observar en dicho procedimiento los principios de eficiencia, eficacia, simplificación y rapidez a que se refieren los artículos 3°, 5°, inciso primero y 8°, inciso primero de la ley N°18.575; obligaciones que a juicio de este Tribunal de Alzada, se encuentran insatisfechas, toda vez que desde la época de presentación de la solicitud de permanencia definitiva, del 23 de noviembre del año 2020, hasta la fecha de interposición del presente recurso el día 10 de febrero de 2022, ha transcurrido un año, con dos meses, y dieciséis días, excediendo con creces los seis meses el procedimiento administrativo desde su iniciación para pronunciarse sobre la materia de autos, no pudiendo estimarse razonable la alegación de la recurrida consistente en el amparo de la excepción estatuida en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, que establece una hipótesis de excepción, en los siguientes términos: “salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”.

OCTAVO: Que, conforme lo razonado en los considerandos anteriores, se debe tener presente que el procedimiento administrativo en comento, más allá del estado actual en que se encuentra, según lo indicado por la recurrida en su informe, ha incurrido en demoras excesivas que pugnan con la razón, y con los principios que informan los actos procesales de la administración, omisión que, además, se estima innecesaria e injustificada, lo que la torna arbitraria e ilegal, configurando una infracción grave al deber que impone a la Administración la ley vigente y los principios citados.

A mayor abundamiento, de la lectura del informe evacuado por la recurrida, se desprende que las razones que ésta esgrime para justificar la omisión denunciada, resultan ser insuficientes, genéricas y poco razonables atendido el lapso transcurrido entre la solicitud de permanencia definitiva y la fecha de presentación del presente recurso, ya que la observancia del principio de celeridad obliga a la Administración en favor del administrado, compeliéndola a pronunciar el acto administrativo conclusivo, lo que no ocurre en la especie ni se condice con el deber de celeridad y de eficiencia, eficacia, simplificación y rapidez que deben dirigir los actos administrativos.

NOVENO: Que la omisión en que incurrió la recurrida, es calificable de arbitraria e ilegal, de conformidad a los antecedentes establecidos, y a la normativa legal aplicable, lo que además, vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, en tanto implica una discriminación arbitraria en contra de la recurrente, y que se manifiesta en el trato diferenciado en relación a otros solicitantes que, en estado y condiciones jurídicas similares, han podido tramitar debidamente sus solicitudes de permanencia definitiva, obteniendo un pronunciamiento administrativo terminal acerca de la solicitud efectuada, obteniendo una resolución fundada y oportunamente notificada en la que se contienen las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente, permitiendo de este modo, a esos otros administrados, requerir, de ser ello procedente, la revisión jurisdiccional del acto respectivo.

DÉCIMO: Que, es preciso por esta Corte, atender a los estipulado en el documento acompañado por la recurrida, conforme al cual con fecha 17 de marzo de 2022, el Servicio Nacional de Migraciones, informa a la recurrente que la solicitud de permanencia definitiva 14918787, “Avanza a etapa de análisis”, debiendo la actora, en esta etapa, pagar los derechos correspondientes al trámite solicitado para así darle continuidad, a fin de obtener un pronunciamiento terminal de la recurrida.

Que, si bien es cierto, la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente, se encuentra en la etapa de análisis, y ahora es ella quien debe diligenciar el pago de los derechos correspondientes al trámite para obtener un pronunciamiento administrativo terminal del asunto, aquello en nada altera o modifica lo razonado por este Tribunal de Alzada, toda vez que la demora y la omisión en el pronunciamiento acerca de dicha petición, cuyo lapso excede en demasía los referidos seis meses, han sido responsabilidad del Servicio y no de la recurrente, pues su carga de pago de los derechos correspondientes, se le comunicó el 17 de marzo del presente año, no siéndole imputable a ésta, el retardo en el cumplimiento de los plazos de tramitación de los actos administrativos.

UNDÉCIMO: Que, respecto de la vulneración a las garantía fundamental establecida en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, consistente en la eventual afectación a la integridad psíquica de la recurrente, esta Corte no advierte que la situación de incertidumbre, acerca del conocimiento efectivo del estado de su solicitud le ocasione un agravio cuyas proporciones puedan lesionar o quebrantar efectivamente el derecho a la integridad psíquica de la recurrente, ya que las perturbaciones alegadas por la actora dicen relación con las limitaciones propias en el desarrollo de una vida laboral y ciudadana a consecuencia de una situación migratoria irregular.

DUODÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo consignado anteriormente, no corresponde a esta Corte pronunciarse sobre otros aspectos del fondo del asunto, como lo pretende la actora, esto es, resolver la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente; disponer un término de quince días para su resolución; impartir instrucciones; ordenar instruir investigaciones y/o sumarios internos u otro tipo de medidas a la recurrida, todo lo cual excede el margen de conocimiento del presente arbitrio constitucional, debiendo esta Corte, limitarse a ordenar a la recurrida disponga las providencias necesarias para dar continuidad al proceso por el cual se tramita la respectiva solicitud, a objeto de otorgar la debida protección a las garantías fundamentales vulneradas, restableciendo, de este modo, el imperio del derecho, para finalmente compeler a la recurrida a modificar su actuar, y una vez enmendado, se proceda como en derecho corresponda a fin de obtener un pronunciamiento terminal oportuno por parte del Servicio recurrido sobre la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente.

Que, sin embargo en atención a los argumentos planteados en los considerandos previos, el presente recurso de protección habrá de prosperar, y consecuentemente, se acogerá en los términos que se consignarán en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE RESUELVE:

Que SE ACOGE, sin costas, la acción de protección deducida por don Joaquín Bizama Tinado, abogado, en favor de doña nombre reservado, por vulneración en el legítimo ejercicio del derecho y garantía establecido en el artículo 19, número 2º de la Carta Fundamental, debiendo en consecuencia, pronunciarse el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile sobre las solicitudes de permanencia definitiva de la recurrente, dentro de un plazo de 60 días contados desde la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Anótese, notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro Titular, doña Natalia Marcela Rencoret Oliva, quien no firma por encontrarse haciendo uso de permiso administrativo.

Rol Corte Nº 20-2022 (Protección).