nombre reservado CONTRA SERVIU

Coyhaique, diecisiete de agosto de dos mil diez.

VISTOS:

De fojas 31 a 36, comparece don nombre reservado, trabajador agrícola, domiciliado en domicilio reservado de la ciudad de Chile Chico quién, en lo principal, deduce recurso de protección en contra del Serviu nombre reservado, representado legalmente por don nombre reservado, arquitecto, ambos domiciliados en domicilio reservado, por habérsele vulnerado la garantía prevista en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, relativa al derecho de propiedad, pidiendo que se deje sin efecto la resolución que concede a título gratuito la totalidad del predio solicitado por doña nombre reservado, ordenándose la cancelación de la correspondiente inscripción de dominio a su nombre en el Registro del Conservador de Bienes Raíces de Chile Chico, retrotrayéndose el procedimiento administrativo señalado a la etapa de subdivisión del predio en cuestión, para la posterior tasación y venta de los lotes resultantes a cada uno de los solicitantes.

A fojas 38, se declaró admisible el recurso deducido.

A fojas 39 se tuvo por deducido el recurso de protección y se pidió informe a la recurrida.

De fojas 40 a 46, don nombre reservado, chileno, casado, arquitecto, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, comparece en nombre y representación del Servicio de Vivienda y Urbanismo nombre reservado, institución autónoma de derecho público, Rut N° RUT reservado, informando el recurso deducido y solicitando su rechazo con expresa condenación en costas, por ser éste extemporáneo y sin fundamentos, acompañando diversa documentación que se ordenó agregar a los autos, en cuaderno separado.

A fojas 66 se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de fojas 31 a 36, comparece don nombre reservado, trabajador agrícola, quién en lo principal deduce recurso de protección en contra del Serviu nombre reservado, representado legalmente por don nombre reservado, arquitecto, por habérsele vulnerado la garantía prevista en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, relativa al derecho de propiedad, pidiendo que se deje sin efecto la resolución que concede a título gratuito la totalidad del predio solicitada por doña nombre reservado, ordenándose la cancelación de la correspondiente inscripción de dominio a su nombre en el Registro del Conservador de Bienes Raíces de Chile Chico, retrotrayéndose el procedimiento administrativo señalado a la etapa de subdivisión del predio en cuestión, para la posterior tasación y venta de los lotes resultantes a cada uno de los solicitantes.

Funda su petición en que desde el año 1980 habita domicilio reservado metros cuadrados, el cual fue adquirido por su madre nombre reservado en el año 1953 a un señor de apellido nombre reservado. Que, en esa época, no había Notaría ni Conservador de Bienes Raíces en esa Provincia o Departamento razón por la cual el contrato de compraventa se redactó en escritura privada y no se inscribió en el Registro de Propiedad de algún Conservador de Bienes Raíces y, posteriormente, tampoco se pudo hacer dicho trámite, por la muerte del señor nombre reservado en el año 1954. Que su madre ocupó dicho inmueble junto a sus seis hijos, todos de apellidos nombre reservado, entre los que se cuenta el recurrente. Que, además, en aquella época su padre se encontraba fallecido, y había dejado como herencia un predio de 700 hectáreas ubicado en el sector de Puerto Sánchez, bien del cual su madre obtuvo el dinero para comprar de contado el inmueble que ocupan en la ciudad de Chile Chico y, en el cual, vivió su madre hasta la fecha de su fallecimiento en el año 1992. Que, luego de ocupar el referido inmueble, su madre mantuvo una relación sentimental con el señor nombre reservado, con quién tuvo cinco hijos.

Agrega que, luego del fallecimiento de su madre, se reunieron todos los hermanos que se encontraban con vida, y en esa reunión se decidió que el recurrente siguiera ocupando el inmueble en razón de haberlo hecho ya, junto a su madre, desde el año 1980, lo cual les pareció de toda lógica y justicia.

Añade que, a fines del año 1995, y con el objeto de regularizar la posesión o tenencia de la casa que ocupa actualmente, se dirigió al Serviu para solicitar la concesión del inmueble a título gratuito, en razón de que éste pertenecía a dicho servicio y, luego de formular la solicitud, recibió de parte del Serviu los ordinarios N° 280 y 285 de 02 de febrero de 1996 y 30 de enero de 1997, respectivamente, señalando que en éste último oficio se le informó que el sitio del inmueble era de propiedad del Serviu y que respecto de éste existía otra solicitante, doña nombre reservado, quién es su media hermana; que se le informó, además, que el Serviu decidió realizar una subdivisión de la propiedad, de la cual se obtendrían dos lotes para vender a cada uno de los solicitantes, para lo cual debía realizarse previamente una tasación comercial del terreno. Posteriormente, el recurrente se dirigió al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, quién a través de su jefa de gabinete doña nombre reservado, respondió por medio de Ordinario N° 2406, en los mismos términos que el Serviu nombre reservado lo había hecho. Refiere que insistió en dos ocasiones más, recibiendo sendos Ordinarios N° 5929 de 26 de septiembre de 1996 y N° 923 de 31 de marzo de 2008 de la jefa de gabinete ya indicada y del señor Ministro de Vivienda, en los cuales se reiteró lo manifestado en Oficio N° 285 de 1997 por el señor Director del Serviu nombre reservado, en orden a la subdivisión del predio para la posterior entrega de los lotes resultantes, a título oneroso, a cada uno de los interesados, manteniéndose inalterable esta idea, según consta de los Ordinarios N° 4321 y 2186 del jefe de gabinete del Ministro de Vivienda, lo cual también se comunicó a doña nombre reservado, mediante oficio N° 363 del Serviu nombre reservado.

Conforme a lo anterior, y mediante oficio N° 2280 del Director Regional del Serviu, de fecha 04 de octubre de 2007, se le indicó que la modalidad de transferencia del predio era la ya señalada y se le manifestó textualmente que “tramitada la subdivisión ante la D.O.M de Chile Chico como del Conservador de esa localidad se procederá a tasar y notificar a Ud., de su valor y forma de pago”, lo cual fue suscrito por don nombre reservado, en su calidad de Director del Serviu nombre reservado. De esta manera, obtenida la misma respuesta, el recurrente quedó en esperar el trámite de subdivisión, pero refiere que, el día 12 de mayo de 2010, concurrió al oficio del señor nombre reservado y Conservador de Bienes Raíces para hacer entrega del plano y memoria de subdivisión del predio, que el mismo recurrente diligenció ante la inactividad del Serviu, encontrándose éste con la sorpresa que dicha propiedad fue inscrita en su totalidad a nombre de la otra solicitante nombre reservado y, que además, ella le fue concedida por el propio Serviu a título gratuito, sin informarle y contraviniendo todas las instrucciones e informaciones que se le comunicaron durante años.

A consecuencia de lo anterior, agrega el recurrente, se dirigió al Serviu a requerir una respuesta, entrevistándose con un abogado de dicho servicio, quién le manifestó que el trámite estaba terminado, no había nada más que pudiera hacer al respecto salvo hacer abandono del inmueble o entrega de las llaves a su hermana en el evento que aquella lo demande y obtenga de los tribunales su desalojo.

Sostiene el recurrente, que ha sido perjudicado por la tramitación irregular de un procedimiento administrativo por parte del Serviu Undécima nombre reservado, lo cual atenta contra su derecho de propiedad, que señala el artículo 19 N° 24 de nuestra Carta Fundamental, sosteniendo su derecho de propiedad inmaterial sobre la justa aspiración, más bien, el derecho que tiene toda persona a obtener un procedimiento administrativo, correcta y legalmente tramitado, concordando ello con la Ley N° 19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Organos de la Administración del Estado, pues estima que el procedimiento administrativo que desembocó en la concesión del título gratuito a su hermana atenta contra los principios de contradictoriedad, imparcialidad, transparencia y publicidad consagrados en la referida ley.

Finaliza el recurrente, que interpone el presente recurso de protección en contra del Serviu por afectar su derecho de propiedad, y por tener el carácter de ilegal al atentar contra los principios de la Ley N° 19.880, como el de publicidad, al no informársele el cambio de opinión; el principio de transparencia, al haberse enterado de la conclusión del asunto al efectuar otro trámite en el Conservador de Bienes Raíces de Chile Chico; el principio de contradictoriedad, al no permitírsele impugnar administrativamente la nueva decisión y; el principio de imparcialidad, al haberse decidido por uno de los interesados en términos más favorables que los manifestados por el Servicio en reiteradas ocasiones, refiriendo en definitiva, que el acto administrativo es arbitrario, pues no existe razón lógica que sustente un cambio tan radical en el sentido de otorgar a título gratuito el inmueble en cuestión, a uno solo de los solicitantes en desmedro de la legítima pretensión del otro.

SEGUNDO: Que, de fojas 40 a 46, don nombre reservado, en nombre y representación del Servicio de Vivienda y Urbanismo nombre reservado, informa el recurso deducido solicitando su rechazo, con expresa condenación en costas, por ser éste extemporáneo y sin fundamentos.

Argumenta, como una primera cuestión a considerar y como hechos verdaderos del caso, que el Serviu nombre reservado es dueño de un predio ubicado en la localidad de Chile Chico, de 37,84 hectáreas en origen, individualizado en el plano N° 61.363, cuyo título se encuentra inscrito a favor del Serviu nombre reservado a fojas 9 N° 13 del año 1980, en el Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Chile Chico, el cual adquirió dicho Servicio, por transferencia gratuita de Bienes Nacionales a través del decreto N° 84, de fecha 30 de enero de 1979, que ordena al Serviu regularizar la situación de los colonos de esa localidad y que de hecho ocupan inmuebles en Chile Chico y que, uno de los lotes comprendidos en la señalada inscripción, es el lote 8-A de la manzana N° 12 de Chile Chico, el cual tiene una superficie de 625 metros cuadrados y cuyo Rol de Avalúo del Servicio de Impuestos Internos es el N° 88-6, que se encuentra ubicado en calle nombre reservado de esa ciudad.

Por otra parte, expresa la recurrida, que en el año 1961, mediante Decreto N° 612, de fecha 19 de abril de 1961, el Fisco de Chile, concedió el inmueble a nombre reservado donde construyó una vivienda que habitó con su familia hasta la fecha de su muerte, sin practicar la inscripción del dominio, ya que Bienes Nacionales transfirió el poblado en la forma ya explicada al Serviu nombre reservado, incluyendo el lote sublite, agregando que la cónyuge del señor nombre reservado, doña nombre reservado, también falleció, y sus hijos siguieron viviendo en el terreno objeto del recurso. Que el año 1995, la Sra. nombre reservado, hija de nombre reservado, quién vivió muchos años junto a sus padres en el inmueble disputado, mediante carta dirigida al Serviu, solicitó se le regularizara a su nombre el terreno en comento y, lo propio realizó el recurrente nombre reservado, el año 1996, aduciendo que creció junto a la familia nombre reservado, remitiéndose toda esta documentación al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual instruyó la subdivisión del inmueble para entregarle un lote a cada beneficiario, alternativa que no prosperó.

Sostiene que, el procedimiento de transferencia de los Servicios de Vivienda y Urbanismo, se realiza de acuerdo al D.S. N° 315/1979 que Aprueba el Reglamento para la Asignación y Otorgamiento de Títulos de Dominio en Loteos o Poblaciones Fiscales traspasados a los Servicios de Vivienda y Urbanismo por el Ministerio de Tierras y Colonización, por lo que, en consecuencia, y de forma previa a cualquier regularización, se visita el terreno a transferir, con la finalidad de verificar si la persona tiene domicilio y ocupa efectivamente el terreno e inmueble que solicita y, además, se verifica si el solicitante ha adquirido inmuebles fiscales o subsidios habitacionales.

En estas circunstancias, refiere que el día 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2009, la Unidad de Títulos del Serviu, visitó la vivienda sublite, la cual se encontraba sin moradores y con el portón cerrado, lo cual fue verificado, de hecho, en varias oportunidades y siempre con el mismo resultado en los últimos dos años.

Agrega, que el recurrente fue beneficiado a través del Fisco de Chile, con un predio en la localidad de Puerto Sánchez, de una superficie de 223 hectáreas 68 áreas aproximadas, cuyo dominio fue adquirido por la aplicación del Decreto Ley N° 2.695 y, se inscribió a nombre del recurrente a fojas 63 vuelta, N° 94 del año 1989, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Chile Chico, propiedad que posteriormente, enajenó a título oneroso lo que se demuestra con los documentos que acompaña.

De lo anterior, la recurrida concluye que existen tres razones por las cuales se hacía imposible transferir al recurrente el inmueble sublite: 1) El recurrente ya había recibido un beneficio estatal anterior, consistente en el predio ya señalado, lo cual le impide obtener otro beneficio análogo vía Serviu en Chile Chico, a través de otro procedimiento de regularización de propiedad raíz; 2) Se corroboró en terreno que el recurrente no tiene domicilio actual en Chile Chico, en el inmueble objeto de la litis y la documentación enviada a dicho domicilio fue devuelta por Correos de Chile al Serviu; 3) En dichas condiciones, y teniendo presente la legislación del Serviu, existía una solicitante de mejor derecho, que fue la opción que el Serviu fundadamente escogió para regularizar la propiedad del inmueble.

Continuando con su defensa, el representante de la recurrida expresa que, con fecha 14 de diciembre de 2009, la Unidad de Títulos del Serviu, revisa las solicitudes en terreno y le informa en su calidad de Director lo ya explicado, razón por la que decidió transferir a título gratuito el inmueble, con fecha 28 de diciembre de 2009, a la señora nombre reservado. Por lo anterior, con fecha 4 de enero de 2010 y mediante oficio N° 1, se solicitó al señor Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo su autorización para enajenar el lote 8-A a la señora nombre reservado, otorgando su autorización dicho Seremi, mediante oficio N° 33 de 15 de enero de 2010. Posteriormente, el 11 de marzo de 2010, mediante oficio N° 485, el Serviu remite a la Seremi del Minvu nombre reservado la ficha de enajenación para la firma del señor Seremi la cual es devuelta por esa Secretaría, según oficio N° 296, de 23 de marzo del mismo año. Consecuencialmente, por Resolución Exenta N° 536, de 1 de abril de 2010, el Serviu ordenó transferir a título gratuito a la señora nombre reservado el lote 8-A ya individualizado y finalmente, por escritura de 3 de mayo de 2010, se realizó la transferencia gratuita ya referida, la que fue protocolizada con el N° 96 e inscrita a fojas 142 vuelta, N° 137 del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Chile Chico del año 2010.

Como segundo argumento de su defensa, la recurrida alega la extemporaneidad del recurso deducido, y al efecto sostiene que su contraparte, de hace larga data, conocía el procedimiento de transferencia a favor de doña nombre reservado, en atención a que mediante oficio N° 552, de 22 de marzo de 2010, se le informó acerca de la decisión de no transferirle el inmueble sitio 8-A de la manzana 12 de Chile Chico, ya que no habitaba el sitio solicitado, agregando también, que la inscripción de dominio a nombre de doña nombre reservado, data de 05 de mayo de 2010 y, el recurso, recién se interpuso el 11 de junio del mismo año, considerando además, que el título traslaticio de dominio es aún anterior y, por su parte, el procedimiento administrativo de transferencia se documenta desde el año 2009, todos ellos, actos que califica de públicos y en conocimiento del recurrente.

Finalmente, la recurrida, como una tercera cuestión a considerar en su defensa, refiere que no existe garantía constitucional vulnerada al recurrente, ello en razón de que su parte no ha realizado ninguna acción u omisión arbitraria o ilegal, que signifique una privación, perturbación o amenaza de ningún derecho o garantía constitucional del recurrente, agregando que lo que expresa el recurrente, en orden a que ha sido perjudicado con la tramitación irregular de un procedimiento que atenta contra su derecho de propiedad, se aprecia a simple vista que el recurrente confunde una aspiración o expectativa con el derecho de propiedad, tal como está definido en el artículo 582 del Código Civil, siendo claro también, que reconoce el dominio del Serviu nombre reservado sobre el inmueble sublite. Asimismo, que el Serviu solo se limitó a aplicar lo prescrito en el artículo 3° del D.S. N° 315 de 31 de julio de 1979 y, en caso de existir conflicto entre dos o más ocupantes que invocan mejor derecho, el Serviu resolverá evaluando las circunstancias que permitan establecer el mejor derecho para ocupar el sitio y, de esta manera, teniendo presente que los dos solicitantes invocaron antecedentes de ocupación del sitio, el conflicto fue resuelto por el Serviu enmarcándose dentro de la legalidad y de las normas constitucionales.

TERCERO: Que el recurso de protección fue concebido para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente cuando éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de algunas de las Garantías Constitucionales contempladas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que la arbitrariedad necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de actuares u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

Por su parte la existencia de ilegalidad conjuga tanto la idea de lo contrario a derecho, o, más técnicamente, el no respetarse o infringirse una norma jurídica.

QUINTO: Que, en la especie y acorde con los documentos incorporados de fojas 1 a 30 y fojas 50 a 55, el recurrente hace consistir la vulneración de las garantías constitucionales, en una serie de actos realizados por el Serviu nombre reservado, sobre un inmueble respecto del cual habría solicitado, para sí, su adjudicación a título gratuito y, que culminaron con la adjudicación del mismo a una tercera persona y bajo la misma modalidad, los que serían ilegales y arbitrarios pues vulnerarían gravemente el derecho de propiedad que le asiste, consagrado en la Constitución Política del Estado, específicamente artículo 19 N° 24. Expresa, que ello atenta contra su derecho de propiedad inmaterial sobre la justa aspiración, más bien, el derecho que tiene toda persona a obtener un procedimiento administrativo, correcta y legalmente tramitado, concordando ello con la Ley N° 19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, estimando que el procedimiento administrativo, que desembocó en la concesión del título gratuito a su hermana, atenta contra los principios de contradictoriedad, imparcialidad, transparencia y publicidad consagrados en la referida ley, al no informársele el cambio de opinión del Serviu; haberse enterado de la conclusión del asunto al efectuar otro trámite; no permitírsele impugnar administrativamente la nueva decisión y; haberse decidido por uno de los interesados en términos más favorables que los manifestados por el Servicio en reiteradas ocasiones y que el acto administrativo es arbitrario, pues no existe razón lógica que sustente un cambio tan radical en el sentido de otorgar a título gratuito el inmueble en cuestión, a uno solo de los solicitantes en desmedro de la legítima pretensión del otro.

SEXTO. Que, respecto a lo señalado precedentemente cabe señalar los siguientes hechos acreditados en estos autos:

a) Que, según consta de inscripción de dominio, agregada a fojas 1 del cuaderno separado de documentos, el Servicio de Vivienda y Urbanismo, es dueño de los terrenos fiscales de una superficie de 37 hectáreas y 84 áreas, individualizados en el plano que se acompaña, los que adquirió por transferencia gratuita que le hizo el Fisco, según consta de escritura pública de 18 de junio de 1979 y que le fuera otorgada por Resolución N° 84 del Ministerio de Tierras y Colonización, según aparece a fojas 2 y 3 del mismo cuaderno;

b) Que por Resolución Exenta N° 536, de 1 de abril de 2010, del Servicio de Vivienda y Urbanismo nombre reservado, según aparece de fojas 5 a 6 del cuaderno de documentos, y teniendo presente el Decreto Supremo N° 315 de Vivienda y Urbanismo, de 1979, que Aprueba el Reglamento para el Otorgamiento de Títulos de Dominio de los Sitios, Loteos y Poblaciones Traspasadas a los Serviu, el Servicio de esta nombre reservado, procedió a transferir, a título gratuito, a doña nombre reservado, el sitio N° 8-A de la manzana 12 de la localidad de Chile Chico, de una superficie de 625 metros cuadrados; lote que se encuentra incorporado al catastro de Bienes Inmuebles Serviu nombre reservado;

c) Que con fecha 3 de mayo de 2010, a fojas 7 y 8, se materializó, mediante la respectiva escritura pública, firmada ante el Notario y Conservador Interino de Chile Chico, la transferencia a título gratuito efectuada por el Servicio de Vivienda y Urbanización de la nombre reservado a doña nombre reservado, respecto del sitio anteriormente señalado, Rol de Avalúo N° 000088-0006, siendo sus deslindes particulares; NORTE, el sitio N° 6 en 25 metros; SUR, con sitio N° 8-B en 25 metros; ESTE, con calle nombre reservado en 25 metros y OESTE, el sitio N° 7 en 25 metros; habiéndose protocolizado el documento anterior en el registro de Instrumentos Públicos de la Notaría de Chile Chico, con el N° 96 y anotado el título en el Repertorio con el N° 280 e inscrito el dominio a fojas 142 vuelta, N° 137 en el Registro de Propiedad respectivo;

d) Que, la transferencia de la propiedad singularizada por parte del Serviu a doña nombre reservado, se originó previa solicitud de ésta a la anterior, y de acuerdo al procedimiento establecido en el Decreto Supremo N° 315 de 31 de julio de 1979, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que “Aprobó el Reglamento para la Asignación y el Otorgamiento de Títulos de Dominio de Sitios en Loteos o Poblaciones Fiscales traspasados a los Serviu por el Ministerio de Tierras y Colonización“, e) Que el mencionado decreto, faculta al Serviu para asignar los sitios y otorgar títulos gratuitos de dominio a los pobladores, previo reconocimiento como ocupante, a la persona que, con anterioridad a la fecha del traspaso de la respectiva población, hubiere obtenido del Ministerio de Tierras y Colonización un acta de radicación o un título provisorio o un permiso de ocupación, o a la persona a quién alguno de los ocupantes antes señalado le hubiere transferido su derecho a ocupar el sitio, por vía de cesión u otro medio, debidamente acreditado;

f) Que el mismo Decreto entrega también al Serviu, la prerrogativa o facultad, en caso de promoverse un conflicto entre dos o más ocupantes que invoquen mejor derecho para su reconocimiento, previa evaluación de las circunstancias que permitan establecer el mejor derecho para ocupar el sitio, para resolver sobre la situación anterior, que fue precisamente lo que ocurrió mediante el procedimiento efectuado, habiendo optado dicho Servicio por realizar la transferencia a doña nombre reservado, y no al recurrente, en razón de haber éste último recibido un beneficio estatal anterior respecto de un predio en Puerto Sánchez, mediante un procedimiento de regularización de propiedad raíz, lo que le impide obtener otro beneficio análogo, vía Serviu en Chile Chico y, haber corroborado, en terreno, que el recurrente no tiene domicilio actual en la localidad anterior.

SEPTIMO: Que, en consecuencia, de acuerdo a lo expresado con anterioridad, no cabe sino desestimar el recurso de protección planteado por la recurrente, fundado en una eventual vulneración del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, relativo al derecho de propiedad que invoca, puesto que aparece como un hecho cierto e indubitado que, el bien raíz cuya propiedad reclama, se encuentra ya transferido e inscrito el dominio a favor de la recurrida doña nombre reservado, según consta de los documentos acompañados, constituyendo la pretensión de quién recurre, una simple expectativa, una posibilidad, ahora frustrada, que no le otorga ningún derecho que deba ser amparado por esta vía constitucional.

Que, en cuanto a lo argumentado por el recurrente, relativo que la actuación del recurrido es ilegal y arbitraria puesto que la concesión a título gratuito a la recurrida, del predio respecto del cual tenía una justa aspiración, se efectuó mediante un procedimiento administrativo que desconoce, irregular en su tramitación, carente de transparencia, contradictoriedad, imparcialidad y publicidad; dicha alegación debe ser también desestimada, en razón que el Serviu, para actuar y resolver en la forma que lo hizo, se asiló en el Decreto Supremo 315, ya referido, que otorga a éste la facultad para decidir en esta materia, dictaminando sobre el mejor derecho que asistía a la interesada solicitante nombre reservado para ocupar el sitio que se discute, basándose para ello, de acuerdo al procedimiento tramitado, que ésta era hija legítima de don nombre reservado a quién en el año 1961, mediante Decreto N° 612 de 19 de abril de 1961, le fue entregado por el Fisco de Chile, el sitio N° 8-A de la manzana 12, habiendo presentado al señalada nombre reservado, poderes de cesión de derechos sobre el bien raíz mencionado, de parte de sus hermanos, y que, por su parte, el recurrente nombre reservado, le fue entregado ya un predio, mediante el Decreto Ley N° 2.695 en el lugar de Puerto Sánchez, donde vive y trabaja junto a su familia, todo lo cual consta de minuta agregada en el cuaderno de documentos a fojas 26, encontrándose, por tanto, su proceder, legitimado expresamente por la ley, habiendo actuado, en el caso que se conoce, dentro del ámbito de las prerrogativas y facultades que la ley y la reglamentación vigente le otorga; motivos por los cuales el recurso de protección planteado por la recurrente no puede prosperar y debe ser rechazado, como se declarará.

OCTAVO: Que, aparte de lo señalado precedentemente, es útil dejar consignado que, como ya se ha establecido reiteradamente, el recurso de protección no tiene como finalidad subsanar controversias que deben ser objeto de un juicio de lato conocimiento o bien especial, establecido por las leyes para resolver los mismos, habiendo el recurrente, en el presente caso, invocado una situación o controversia que dice relación con cuestiones relativas a un derecho de propiedad y de dominio de un predio, que dice ostentar, lo que fue controvertido por la contraria, por lo que la vía del recurso de protección no es la idónea para resolver lo planteado, sin perjuicio que, como ya se dijo, tampoco se encuentra establecido que la recurrida, Serviu, al actuar en la forma que lo hizo, haya vulnerado garantías constitucionales, sino por el contrario su conducta se enmarcó dentro de las facultades que le entrega la normativa legal y reglamentaria vigente, no divisándose un ejercicio ilegal o arbitrario de las mismas.

NOVENO: Que, no obstante lo señalado precedentemente, cabe indicar que la parte recurrida solicitó también que el recurso presentado fuera declarado extemporáneo, por haberse deducido fuera del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto ya que la compareciente y recurrente conocía el procedimiento de transferencia desde larga data y se le informó la decisión de no transferir el inmueble sublite, con fecha 22 de marzo del año 2010, a la vez que la inscripción de dominio a nombre de doña nombre reservado, es de fecha 5 de mayo de 2010, siendo el recurso interpuesto tan solo el 11 de junio del mismo año; alegación ésta que será desestimada por cuanto no consta fehacientemente en los autos, la fecha en que efectivamente la recurrente tuvo conocimiento de la transferencia del título de dominio y, en tales condiciones, al no existir certeza de lo señalado precedentemente, debe concluirse que el recurso fue presentado dentro de plazo legal, por haber tomado el recurrente conocimiento del acto el día 12 de mayo de 2010, al concurrir al oficio del Notario y Conservador de Bienes Raíces de Chile Chico a efectuar gestiones atingentes al caso, según éste lo señala.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de junio de 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en lo principal del escrito de fojas treinta y uno, por don nombre reservado, en contra del Servicio de Vivienda y Urbanismo nombre reservado, representada por nombre reservado; todo ello sin perjuicio de otras acciones o derechos que le puedan asistir.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por el señor Ministro Titular don Sergio Fernando Mora Vallejos.

Rol 20-2010.

No firma la Sra. nombre reservado doña nombre reservado, pese a haber concurrido a la vista y acuerdo del fallo, por encontrarse ausente, en cometido funcionario.

PRONUNCIADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE SUBROGANTE DON nombre reservado, LOS SEÑORES MINISTROS TITULARES DON nombre reservado Y DON nombre reservado. AUTORIZA DON nombre reservado, SECRETARIO TITULAR.