nombre reservado con POLICIA DE INVESTIGACIONES SECCION INTERNACIONAL

Coyhaique, diecinueve de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Con fecha 03 de septiembre de 2024, comparece don Andrés Sebastián Almonacid Subiabre, abogado, en representación de don nombre reservado, Subprefecto (R) de la PDI, domiciliado en domicilio reservado, y doña nombre reservado, nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, quienes recurren de protección en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, a cargo del Prefecto Inspector don nombre reservado, Jefe de la Jefatura Nacional de Administración y nombre reservado (JENAPERS), con domicilio en domicilio reservado, en razón de que la recurrida habría privado y/o perturbado, en forma ilegal y arbitraria los derechos de los recurrentes garantizados en el artículo 19 N° 24 y 2 de la Constitución Política de la República, solicitando en definitiva “(1). Acoger a tramitación la presente acción constitucional y (2). Requerir Informe a la recurrida; o bien esta se disponga a allanarse al recurso regularizando a la brevedad el pago de los montos adeudados.”. (sic)

Que, con fecha 01 de octubre de 2024, evacuando el informe requerido comparece don Omar Alonso Castro Torres, abogado, en representación de don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

Con fecha 10 de octubre de 2024, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 14 del mismo mes y año.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en síntesis, los recurrentes manifiestan que les fue pagada la asignación de remuneración reclamada en forma incompleta durante el ejercicio de sus funciones, pues si bien, en el mes de mayo de 2019 se pagó íntegramente la asignación de grado efectivo, al mes siguiente fue suspendido por la propia PDI, saldo adeudado que se devenga mes a mes y que no ha sido regularizado por parte de la recurrida.

Sostienen que, desde el egreso de la Escuela de Investigaciones asumiendo el cargo de detective, se genera un “derecho a percibir la asignación de grado efectivo”, la que tiene un incremento cuando algún funcionario se desempeñe en regiones con derecho a asignación de zona, ya sea en Arica (40%), en Coquimbo (15%), en Coyhaique (105%).

Relatan que en el mes de mayo de 2019, la recurrida informó a la totalidad del personal que “habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo” (sic), según Radiograma N° 225, del 30 de mayo de 2019 de la JENAPERS, lo que implicó que ese mes se cancelara de manera íntegra dicha asignación. No obstante, en junio de 2019 el monto íntegro se dejó de pagar a aquellos funcionarios que tenían dicho derecho, según Radiograma N°285 de fecha 2 de julio de 2019, por cuanto el pago efectuado en el mes de mayo de 2019 había sido sometido al pronunciamiento del órgano contralor.

Así las cosas, el pago íntegro fue suspendido en el mes de junio de 2019. Posteriormente con fecha 26 de abril de 2021 la Contraloría emitió respuesta al pronunciamiento evacuando Dictamen N° E98928/2021, señalando que la forma de pago efectuada en el mes de mayo de 2019 se había hecho de forma correcta.

Indica que, en virtud de la dictación de la causa Rol N°12.008-2022, la recurrida agilizó los procesos para pagar la remuneración reclamada de forma íntegra, lo que se materializa entre los meses de diciembre del año 2022 para los funcionarios activos y en el mes de enero del año 2023 para los funcionarios en retiro, sin perjuicio de ello, la regularización del pago es parcial, toda vez que la recurrida mal interpretó el Dictamen del ente Contralor, estimando que desde la emisión de dicho documento marca la fecha que genera el derecho por considerar la palabra “actualmente”, cancelando así, sólo el período desde el 26 de abril de 2021 a lo futuro, sin embargo, ello fue clarificado en virtud del fallo de la Excelentísima Corte Suprema Rol N°147.027-2023, que recae sobre el mismo objeto litigioso, resolviendo la ambigua interpretación contenida en el Dictamen mencionado, estimando que debía pagarse igualmente desde el ingreso a la Institución hasta el 26 de abril de 2021.

Invocan las recurrentes como garantías constitucionales conculcadas las consagradas en el artículo 19 N°2 y 24 de la Carta Fundamental, esto es, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, detentando en consecuencia dos derechos de conformidad al Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones, a saber, el derecho a las remuneraciones por los servicios prestados consagrado en el artículo 97 que confirma esa calidad de derecho indubitado; y, por el artículo 98 se establece el derecho a percibir la integridad de las remuneraciones.

SEGUNDO: Que, la recurrida evacuando el informe requerido por intermedio del abogado, don Omar Alonso Castro Torres, en representación de don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, señala que en lo relativo a la asignación de especialidad al grado efectivo, de conformidad al texto original del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 1968 no estaba contemplado como beneficio, sin embargo, el artículo 41 del Decreto Ley Nº 3.551, de 1980, estableció un beneficio denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, en favor del personal que indica, entre ellos, el de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, cuyos montos serían los que allí se expresan, añadiendo en su inciso final, que el reseñado estipendio no debía ser considerado para los efectos de la asignación de zona.

Añade que, a través del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1998, del Ministerio de Defensa Nacional, se sustituyó el artículo 46 del citado decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros, estableciéndose un nuevo beneficio, también denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, cuyo monto en moneda nacional y reajustado en conformidad a la ley, se fijará de acuerdo con el grado jerárquico o de encasillamiento respectivo, en conformidad al decreto ley N° 3.551, de 1980, y sus modificaciones.

Indica que, en armonía con el criterio sostenido en los dictámenes 38.004 de 2005 y 57.527 del año 2015, el establecimiento del beneficio ya señalado, importó respecto de los servidores de Carabineros y de Investigaciones, la derogación tácita del estipendio de similar denominación concedido originalmente por el artículo 41 del citado decreto ley N°3.551, de 1980, con excepción de la regulación relativa a montos.

Agrega que en abril de 2021 y tras los cambios normativos, la Contraloría General de la República, se pronunció sobre la incorporación de la citada asignación de especialidad en la base de cálculo de la gratificación de zona.

Sostiene que, la gratificación de zona para el personal de la Policía de Investigaciones de Chile se encuentra regulado en el artículo 3°, letra d), del D.S. N°135 de 2009, del Ministerio de Defensa Nacional y respecto del Dictamen N° E98928, de 2021, de la Contraloría General de la República, refiere que este pronunciamiento no tuvo en ningún caso efecto retroactivo, acotando que la locución “actualmente”, contenida en dicho pronunciamiento, significa “en el tiempo actual”.

Agrega que, respecto a la recurrente doña nombre reservado, la institución procedió al pago por el monto de $1.411.424, según consta en liquidación de sueldo del mes de diciembre de 2022. En cuanto al recurrente don nombre reservado, no se procedió con el pago, toda vez que se fue a retiro absoluto en conformidad al artículo 92 del DFL N°1 que establece el Estatuto Personal de la Policía de Investigaciones de Chile.

De este modo, la recurrida sostiene que ha procedido con el pago que correspondía lo que desvirtúa un actuar ilegal o arbitrario de la Policía de Investigaciones de Chile, pues ha obrado conforme lo dictamina la Contraloría General de la República.

TERCERO: Que, cabe señalar que con fecha 8 de octubre del presente, la recurrida solicitó tener presente que el recurrente nombre reservado, ya había presentado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago recurso de protección sobre la misma pretensión de la presente acción constitucional, ingresada bajo el Rol nº 111.646-2022, siendo tal acción rechazada en sentencia de fecha 24 de agosto del 2023, confirmada por la Excelentísima Corte Suprema, manifestando que respecto de su recurso existiría cosa juzgada.

CUARTO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

QUINTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEXTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SÉPTIMO: Que, los recurrentes han hecho consistir el acto arbitrario e ilegal en privar a los actores sin expresión de causa del pago íntegro de la “Asignación de especialidad al grado efectivo”, estipendio que debía aplicarse al cálculo de la “Gratificación de Zona”, que tiene el carácter de remuneración y como tal ingresó a sus patrimonios; vulnerando así, sus garantías constitucionales reconocidas en los n° 2 y 24, de la Constitución Política de la República.

OCTAVO: Que, de los antecedentes allegados durante la tramitación de la presente acción, los que fueron apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se pueden dar por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que, con fecha 30 de mayo de 2019 mediante Radiograma N° 225 de la JENAPERS de la Policía de Investigaciones, se informa al personal que habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo.

2.- Que, con fecha 02 de julio de 2019 mediante Radiograma N° 285 de la JENAPRES de la Policía de Investigaciones, se informa que las remuneraciones con asignación de zona continuarán cancelándose utilizando la base de cálculo original hasta recibida la respuesta del Ente Contralor, solicitándose al personal mantenerse a la espera.

3.- Que, con fecha 26 de abril de 2021 la Contraloría General de la República, emitió respuesta al pronunciamiento de la PDI evacuando Dictamen N° E98928 / 2021, en el que se dispone que la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe el personal de la Policía de Investigaciones de Chile, debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio.

EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA:

NOVENO: Que, no obstante lo anterior, de la revisión de los antecedentes acompañados en la presente causa, consta que con fecha 24 de agosto de 2023, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago rechazó recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, seguido bajo el Rol N° Protección 111.646-2022, deducido en contra la Policía de Investigaciones de Chile, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en privarle, sin expresión de causa, del pago íntegro de la “asignación de especialidad al grado efectivo”, estipendio al que debía aplicarse el cálculo de la “Gratificación de Zona”, decisión que además fue confirmada por la Excelentísima Corte Suprema, con fecha 12 de septiembre de 2023, encontrándose ejecutoriada.

DÉCIMO: Que, en relación a la excepción deducida, si bien, se ha resuelto que las sentencias dictadas en estos procesos de orden cautelar, sólo producen cosa juzgada en su aspecto formal, mas no material, lo que dice relación con la posibilidad de plantear la misma discusión en un procedimiento declaratorio posterior, desde que las resoluciones judiciales dictadas tienen como fin adoptar medidas urgentes, esencialmente provisionales, careciendo de la inmutabilidad que caracteriza a la institución en análisis, lo que no significa la posibilidad de discutir una misma cuestión una y otra vez por la misma vía cautelar, para pretender ventilar nuevamente los antecedentes y que a través de un nuevo conocimiento de un Tribunal de Alzada, se logre una resolución que sí disponga las medidas solicitadas por el recurrente.

UNDÉCIMO: Que, dicho lo anterior, es dable colegir que, existiendo identidad legal de las partes, del objeto solicitado y de la causa de pedir entre lo pretendido en esta causa y lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol N°111646-2022, es procedente acoger la excepción planteada, en los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, en tanto la cuestión controvertida ya fue resuelta -desestimándose por razones de fondo indicadas en la sentencia señalada-, lo que lleva a desechar el recurso respecto de don nombre reservado, como se dirá en lo resolutivo de la presente sentencia.

EN CUANTO A LA nombre reservado.

DUODÉCIMO: Que, en lo concerniente a doña nombre reservado, para un mejor acierto de lo que se resolverá, cabe destacar que entre las funciones de la Contraloría General de la República, como ente fiscalizador, está la de velar por la legalidad de los actos de los organismos administrativos, mediante la emisión de informes y dictámenes, de naturaleza declarativa e interpretativa sobre cuestiones cuyo pronunciamiento se requiera. Es dable señalar, además, que en atención a que dichos actos se entienden incorporados a las leyes o reglamentos interpretados, no rige para ellos la prohibición de retroactividad.

Dicho esto, la solicitud efectuada por la JENAPERS, por intermedio del Radiograma N° 285, del 2 de julio del año 2019, a la Contraloría General de la República, con el objeto de que aclare la manera en que debe conformarse la base de cálculo para el pago de la gratificación de zona, y que fue respondida por el órgano contralor, mediante el Dictamen E98928, de 26 de Abril de 2021, constituye una aclaración en relación a la manera en que deben efectuarse lo cálculos relativos a la gratificación de zona, lo que, a su vez, dista de ser un acto constitutivo de derechos, que implique el nacimiento de estos para las partes a contar de tal Dictamen, desde que sólo aclara y explica los derechos que ya existían a la fecha de realizarse la consulta por parte de la JENAPERS. En consecuencia, no se trata de una aplicación retroactiva de las normas sobre la materia, sino la explicitación de lo ya existente.

DÉCIMO TERCERO: Que, asentado lo anterior, cabe señalar que no resulta atendible lo alegado por la recurrida en su informe evacuado, y que dice relación con la fecha del Dictamen de la Contraloría General de la República, que vino en zanjar la forma de pago, lo que resulta ser una interpretación errada de lo señalado por el ente contralor, atendido lo indicado en el considerando precedente, pues dicha fecha de pronunciamiento no representa el nacimiento de los derechos de los recurrentes, sino que corresponde a una resolución consultiva sobre la materia.

DÉCIMO CUARTO: Que, en este estadio, estos sentenciadores estiman que la recurrida Policía de Investigaciones de Chile, actuó de forma arbitraria, desde que a través de una interpretación errada de lo señalado por Contraloría, ha configurado una excusa artificiosa para no disponer el pago de una asignación que forma parte integrante de las remuneraciones a que tiene derecho la nombre reservado, y respecto de la cual ostenta un derecho de carácter indubitado y preexistente, por lo que no resulta procedente que la actora no reciba durante todo este tiempo, parte de su remuneración por hechos u omisiones de la administración, que no le son atribuibles, verificándose así, la afectación a su garantía constitucional consagrada en el artículo 19, en su numeral 24, de la Constitución Política de la República, esto es, su derecho de propiedad, desde que se le ha privado de los emolumentos correspondientes a la asignación discutida, y a los cuales tenía derecho, ingresen a su patrimonio.

Que, asimismo, el actuar arbitrario de la recurrida ha significado la afectación del derecho a la igualdad ante la ley que tiene la recurrente, reconocido en el artículo 19 N°2, de la Constitución Política de la República, pues de los hechos asentado se desprende que se le ha discriminado de forma arbitraria, en relación a los demás funcionarios, que en semejantes circunstancias han podido gozar de la señalada asignación de especialidad del grado efectivo.

DÉCIMO QUINTO: Que, así las cosas, y habiendo incurrido la Policía de Investigaciones, en un actuar arbitrario e ilegal que priva a la recurrente de las garantías constitucionales referidas, cabe a esta Corte acoger el presente recurso de protección deducido por nombre reservado, de la manera en que se dirá.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, SE HACE LUGAR a la excepción de cosa juzgada planteada por la recurrida Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile.

II.- Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado, don Andrés Sebastián Almonacid Subiabre, en favor de don nombre reservado, en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile.

III.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado, don Andrés Sebastián Almonacid Subiabre, en favor de doña nombre reservado, en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, la que deberá adoptar todas las providencias que sean necesarias para disponer el pago de las sumas adeudadas a la actora y que son motivo de la presente causa.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro Titular, doña Natalia Marcela Rencoret Oliva.

Rol Corte N° 189-2024. (Protección).-