nombre reservado con SECCION DE REMUNERACIONES POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Coyhaique, treinta de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

A folio 1 de autos, comparece la abogada Natalia Andrea Aguilar Rodríguez, en representación de los funcionarios en retiro de la nombre reservado, Rut: RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado y, nombre reservado, Rut: RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, representada legalmente por don nombre reservado, Jefe de la Jefatura Nacional de Administración y nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en razón de que la recurrida habría privado y/o perturbado, en forma ilegal y arbitraria los derechos de los recurrentes garantizados en el artículo 19 números 24 y 2, de la Constitución Política de la República, solicitando en definitiva “se sirva adoptar de inmediato todas las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del recurrente, ordenando a la recurrida que proceda a cancelar todos los montos adeudados que fueron pagados parcialmente, debido a que no deben soportar un perjuicio en su patrimonio, producto de la poca diligencia e inactividad de la recurrida en el cumplimiento de sus obligaciones.”. (sic)

Con fecha 01 de octubre de 2024, la abogada doña María Teresa Moraga Cabrera, en representación de don nombre reservado, Prefecto Inspector, Jefe Nacional de Administración y nombre reservado de la Policía de Investigaciones de Chile, incorporó el informe requerido.

Con fecha 22 de octubre de 2024 se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 24 del presente mes y año.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente sostiene en el presente arbitrio, que don nombre reservado, ingreso a la Institución el 19 nombre reservado de 1996, y se acogió a retiro temporal en el grado de Subprefecto, materializando su retiro efectivo el 27 de Agosto de 2024 y, nombre reservado ingresó a la Institución el 01 de Enero de 1995 y se acogió a retiro en el grado de Comisario el día 02 de agosto de 2017.

Precisa que la asignación de grado efectivo, código H0050, constituye remuneración y se paga a la planta de oficiales desde el grado de Detective y sucesivamente en los demás cargos superiores. Que, desde el ingreso al cargo de Detective, se le generó el derecho a percibir la “Asignación de Grado Efectivo”, la que tiene incremento por asignación de zona que en Coyhaique equivale a un 105%.

Refiere que, en el mes de mayo de 2019, la PDI informó a la totalidad del personal que “habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo”, lo cual fue comunicado mediante Radiograma N°225 del 30 de mayo de 2019 de la JENAPERS, por lo que ese mes se cancelará de manera íntegra dicha asignación. No obstante, en junio de 2019 el monto íntegro de dicha remuneración se dejó de pagar para aquellos funcionarios que tenían del derecho al incremento conforme a la zona, mediante Radiograma N°285 de fecha 02 de julio de 2019, por cuanto el pago efectuado en el mes de mayo de 2019 había sido sometido al pronunciamiento del órgano contralor.

En consecuencia, el pago íntegro fue suspendido en junio del año 2019, posteriormente con fecha 26 de abril de 2021 la Contraloría General de la República, emitió respuesta al pronunciamiento evacuando el Dictamen N°E98928/2021 que, en síntesis, señalando que la forma de pago efectuada en el mes de mayo de 2019 se había hecho de forma correcta.

Indica que, en virtud de la dictación de la causa Rol N°12.008-2022, la recurrida agilizó los procesos para pagar la remuneración reclamada de forma íntegra, lo que se materializa entre los meses de diciembre del año 2022 para los funcionarios activos y en el mes de enero del año 2023 para los funcionarios en retiro, sin perjuicio de ello, la regularización del pago es parcial, toda vez que la recurrida malinterpretó el Dictamen del ente Contralor, estimando que desde la emisión de dicho documento marca la fecha que genera el derecho por considerar la palabra “actualmente”, cancelando así, sólo el período desde el 26 de abril de 2021 a lo futuro, sin embargo, ello fue clarificado en virtud del fallo de la Excelentísima Corte Suprema Rol N°147.027-2023, que recae sobre el mismo objeto litigioso, resolviendo la ambigua interpretación contenida en el Dictamen mencionado, estimando que debía pagarse igualmente desde el ingreso a la Institución hasta el 26 de abril de 2021.

En cuanto a las garantías conculcadas, refiere primeramente la igualdad ante la ley, respecto de otros funcionarios que sí recibieron el pago, y, en segundo lugar, el derecho de propiedad, citando los artículos 97 y 98 del DFL 1 de 1980 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones que consagran el derecho a las remuneraciones por los servicios prestados, desde que asumen el cargo, y el derecho a percibir la integridad de las remuneraciones.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida señala que la asignación de especialidad al grado efectivo en el texto original del Decreto con Fuerza de Ley N.º 2 de 1968 no estaba contemplado como beneficio, sin embargo, el artículo 41 del Decreto Ley N.º 3.551, de 1980, estableció un beneficio denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, en favor del personal que indica, entre ellos, el de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, cuyos montos serían los que allí se expresan, añadiendo en su inciso final, que el reseñado estipendio no debía ser considerado para los efectos de la asignación de zona.

Destaca que, a través del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1998, del Ministerio de Defensa Nacional, se sustituyó el artículo 46 del citado decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros, estableciéndose un nuevo beneficio, también denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, cuyo monto en moneda nacional y reajustado en conformidad a la ley, se fijará de acuerdo con el grado jerárquico o de encasillamiento respectivo, en conformidad al Decreto Ley N° 3.551, de 1980, y sus modificaciones.

Sostiene que, en armonía con el criterio sostenido en los dictámenes 38.004 de 2005 y 57.527 de 2015, el establecimiento del beneficio señalado, importó respecto de los servidores de Carabineros y de Investigaciones, la derogación tácita del estipendio de similar denominación concedido originalmente por el artículo 41 del citado decreto ley N°3.551, de 1980, con excepción de la regulación relativa a montos.

Agrega que, en abril de 2021, y tras los cambios normativos, la Contraloría General de la República, se pronunció sobre la incorporación de la citada asignación de especialidad en la base de cálculo de la gratificación de zona, cuyo criterio adoptado dio lugar a diferencias en las sumas a ser enteradas al personal con derecho a la gratificación.

Indica que, la gratificación de zona para el personal de la Policía de Investigaciones de Chile se encuentra regulado en el artículo 3°, letra d), del D.S. N°135, de 2009, del Ministerio de Defensa Nacional y respecto del Dictamen N° E98928, de 2021, de la Contraloría General de la República, refiere que, este pronunciamiento no tuvo en ningún caso efecto retroactivo, acotando que la locución “actualmente”, contenida en dicho pronunciamiento, significa “en el tiempo actual”.

Finalmente, indica que, no ha existido actuar ilegal o arbitrario de la Policía de Investigaciones de Chile, pues se ha procedido conforme lo señala la Contraloría General de la República y, en conclusión, niega que se atente en contra de los derechos fundamentales de los recurrentes, negando que el dictamen tenga efecto retroactivo, expresando que respecto de don nombre reservado en el mes de Diciembre de 2022, se efectuó el pago, correspondiente a la gratificación de zona por la suma de $ 951.714 (novecientos cincuenta y un mil setecientos catorce pesos) y, respecto de don nombre reservado, no procedió con el pago al recurrente en razón a que a la fecha de dicho dictamen el recurrente se encontraba en situación de retiro, desde el año 2017.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de la acción cautelar formulada, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo se afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en privarlo, sin expresión de causa, del pago íntegro de la “Asignación de especialidad al grado efectivo”, estipendio que debía aplicarse el cálculo de la “Gratificación de Zona”, el cual tiene el carácter de remuneración y como tal ingresó a su patrimonio, vulnerando así, sus garantías constitucionales reconocidas en los N° 2 y N° 24, de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, de los elementos allegados durante la tramitación de la presente acción, los que fueron apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se pueden dar por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que, don nombre reservado, ingreso a la Institución el 19 nombre reservado de 1996, y se acogió a retiro temporal en el grado de Subprefecto, materializando su retiro efectivo el 27 de Agosto de 2024 y don nombre reservado ingresó a la Institución el 01 de Enero de 1995 y se acogió a retiro en el grado de Comisario el día 02 del mes de Agosto de 2017.

2.- Que, mediante Radiograma N°225 del 30 de mayo de 2019 de la JENAPERS, se informa al personal que para los trabajadores de la Policía de Investigaciones habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo.

3.- Que, con fecha 02 de julio de 2019 mediante Radiograma N°285 se informa que las remuneraciones con asignación de zona continuarán cancelándose utilizando la base de cálculo original hasta recibida la respuesta del ente Contralor, solicitándose al personal mantenerse a la espera.

4.- Que, con fecha 26 de abril de 2021 la Contraloría General de la República, emitió respuesta al pronunciamiento de la PDI, evacuando el Dictamen N° E98928 / 2021, en el que se dispone que la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe el personal de la Policía de Investigaciones de Chile, debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio.

OCTAVO: Que, para un mejor acierto de lo que se resolverá, cabe destacar que, entre las funciones de la Contraloría General de la República, como ente fiscalizador, está la de velar por la legalidad de los actos de los organismos administrativos. De este modo, para cumplir dicha labor, dicha entidad puede emitir informes y dictámenes, de naturaleza declarativa e interpretativa sobre cuestiones cuyo pronunciamiento se requiera. Es dable señalar, además, que en atención a que dichos actos se entienden incorporados a las leyes o reglamentos interpretados, no rige para ellos la prohibición de retroactividad.

Dicho esto, la solicitud efectuada por la JENAPERS, por intermedio del Radiograma N° 285 del 2 de julio del año 2019, a la Contraloría General de la República, con el objeto de que aclare la manera en que debe conformarse la base de cálculo para el pago de la gratificación de zona, la cual fue respondida por el órgano contralor, mediante el Dictamen E98928, de 26 de abril de 2021, la cual constituye una aclaración en relación a la manera en que deben efectuarse lo cálculos relativos a la gratificación de zona, lo que, a su vez, dista de ser un acto constitutivo de derechos, que implique el nacimiento de estos para las partes a contar de tal Dictamen, desde que sólo aclara y explica los derechos que ya existían a la fecha de realizarse la consulta por parte de la JENAPERS. En consecuencia, no se trata de una aplicación retroactiva de las normas sobre la materia, sino la explicitación de lo ya existente.

NOVENO: Que, asentado lo anterior, cabe señalar que no resulta atendible lo alegado por la recurrida en cuanto con la fecha del Dictamen de la Contraloría General de la República, que vino en zanjar la forma de pago, lo que resulta ser una interpretación errada de lo señalado por el ente contralor, atendido lo indicado en el considerando precedente, pues dicha data de pronunciamiento no representa el nacimiento de los derechos de los recurrentes, sino que corresponde a una resolución consultiva sobre la materia.

DÉCIMO: Que, en este estadio, estos sentenciadores estiman que la recurrida Policía de Investigaciones de Chile, actuó de forma arbitraria, desde que a través de una interpretación errada de lo señalado por Contraloría, ha configurado una excusa artificiosa para no disponer el pago de una asignación que forma parte integrante de las remuneraciones a que tienen derecho los recurrente de autos, y respecto de las cuales ostentan un derecho de carácter indubitado y preexistente, por lo que no resulta procedente, en consecuencia, que los actores no reciban durante todo este tiempo, parte de sus remuneraciones por hechos u omisiones de la administración, que no le son atribuibles, verificándose así, la afectación a su garantía constitucional consagrada en el artículo 19, en su numeral 24, de la Constitución Política de la República, esto es, su derecho de propiedad, desde que se le ha privado de que los emolumentos correspondientes a la asignación discutida, y a los cuales tenía derecho, ingresen a su patrimonio.

Que, asimismo, el actuar arbitrario de la recurrida ha significado la afectación del derecho a la igualdad ante la ley que tienen los recurrentes, reconocido en el artículo 19 N°2, de la Constitución Política de la República, pues de los hechos asentado se desprende que se les ha discriminado de forma arbitraria, en relación a los demás funcionarios, que en semejantes circunstancias han podido gozar de la asignación de la señalada asignación de especialidad del grado efectivo.

UNDÉCIMO: Que, así las cosas, y habiendo incurrido la Policía de Investigaciones, en un actuar arbitrario e ilegal que priva a los recurrentes de las garantías constitucionales referidas, cabe a esta Corte acoger el presente recurso de protección de la manera en que se dirá.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por la abogada doña Natalia Andrea Aguilar Rodríguez, en favor de don nombre reservado y don nombre reservado, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, la que deberá adoptar todas las providencias que sean necesarias para disponer el pago de las sumas adeudadas a los recurrentes que son motivo de la presente causa, durante el período en que se encontraban efectivamente destinados en la ciudad de Coyhaique.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por la Ministra Sra. Natalia Marcela Rencoret Oliva.

No firman los Ministros Titulares don nombre reservado y don nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse, ambos, haciendo uso de permiso administrativo.

Rol 184 – 2024 Protección.