nombre reservado con SERVICIO DE SALUD AYSEN - HOSPITAL REG. COYHAIQUE

En Coyhaique, a dos de octubre del año dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Aceptada la competencia del recurso con fecha 28 de agosto del año 2024, comparece don Pablo Ignacio Jara Arriagada, abogado, en favor de doña nombre reservado, trabajadora, ambos domiciliados para estos efectos, en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio de Salud de Aysén, representada legalmente por don nombre reservado o por quien haga sus veces y en derecho corresponda, ambos domiciliados en domicilio reservado, por omisiones y actuaciones ilegales y arbitrarias incurridas por éste, que vulnerarían sus derechos establecidos en los numerales 1 y 2, del artículo 19, de la Constitución Política de la República; solicitando, en definitiva, que se disponga el traslado de la recurrente al Hospital de Coyhaique o a cualquiera otro establecimiento de salud dependiente del Servicio de Salud Puerto Aysén, tales como CESFAM o CESCOP de Coyhaique; disponer el traslado de la recurrente a otro hospital y/o centro de salud asistencial distinto al de Puerto Aysén; ordenar a la recurrida tomar todas las medidas correctivas y/o preventivas, ordenando el cambio de unidad de la recurrente; ordenar a la recurrida a resolver en el plazo más pronto posible el sumario denunciado por la recurrente; ordenar las medidas y/o sanciones que correspondan o juzguen necesarias a fin de restablecer el imperio del derecho, una petición en subsidio de la otra, con costas.

Fundando su acción cautelar y, refiriéndose a su carrera funcionaria, destaca que inicialmente fue contratada para un reemplazo, pero en 2017 logró obtener un contrato indefinido en el Hospital de Puerto Aysén tras ganar un concurso público. A lo largo de los años, la enfermera trabajó en distintas unidades dentro del hospital, incluyendo la Unidad de Psiquiatría Infanto Juvenil y la Unidad de Hospitalización Domiciliaria. Tras regresar de su postnatal, fue informada de que no continuaría en la unidad en la que estaba trabajando y fue trasladada primero al Policlínico de Especialidades y posteriormente, en 2022, a la Unidad de Pabellón.

Desde el inicio de su permanencia en el hospital, es decir, desde el año 2017, la recurrente experimentó hostigamiento y acoso laboral por parte de compañeros de la misma jerarquía y de sus supervisores directos. Dichos actos parecían estar orientados a perjudicar su reputación y provocar su desvinculación del hospital. Un ejemplo relevante de esta situación ocurrió en 2022 cuando su jefa, la Sra. nombre reservado, le ordenó administrar un medicamento a un paciente cuya identidad y función del tratamiento no estaban claros. Ante su negativa, fue amenazada con ser reportada por no cumplir órdenes, lo cual la vulneró profundamente.

La situación de acoso y hostigamiento también incluyó episodios previos. En 2017, cuando ganó el concurso público para un puesto permanente, estaba cerca de dar a luz, lo que generó críticas duras por parte de sus compañeros de trabajo. En particular, uno de estos episodios involucró una denuncia falsa de violencia intrafamiliar presentada por una colega en contra de su pareja y padre de sus hijos, lo cual tuvo que enfrentar por su cuenta para evitar problemas mayores.

Durante 2018, mientras se desempeñaba en la Unidad de Psiquiatría Infanto Juvenil, se encontró con una estructura jerárquica desorganizada. La jefa designada no quería asumir sus responsabilidades y los protocolos e informes estaban incompletos. Así la recurrente rechazó el cargo de jefatura debido al impacto negativo que la responsabilidad adicional tendría sobre su salud mental, afectada por el constante hostigamiento que sufría de sus superiores y compañeros.

El hostigamiento se extendió a su vida personal y familiar. En un período en el que tenía a su hijo pequeño, se le solicitó frecuentemente realizar turnos extras y cubrir horarios que interferían con sus periodos de lactancia, indicándole que no se respetarían dichos turnos si no renunciaba a su fuero maternal. Esto la habría llevado a buscar ayuda médica y en 2019 acudió al psiquiatra nombre reservado, quien le diagnosticó un trastorno depresivo debido al hostigamiento laboral. El médico sugirió un traslado a otro hospital de la región para mejorar su situación.

Además, durante este periodo, sufrió acoso adicional por parte del jefe de nombre reservado del Hospital de Aysén, nombre reservado, quien cuestionaba públicamente su desempeño y citaba a la enfermera a múltiples entrevistas, además de poner en duda las recomendaciones de su médico tratante.

En el año 2021, comenzó a ser hostigada por la Dra. Bravo, quien creó un ambiente hostil entre la recurrente y sus colegas a través de grupos de WhatsApp, lo que afectó también sus oportunidades para postularse a puestos titulares en el Hospital de Puerto Aysén.

En respuesta a estos continuos episodios de acoso, en 2023 la recurrente presentó una denuncia formal y solicitó un sumario administrativo para que se investigaran los hechos. Sin embargo, hasta la fecha, no ha recibido una respuesta oportuna. Las investigaciones realizadas han sido parciales, encargadas a nombre reservado, odontólogo del hospital y colega de la enfermera, quien muestra una animadversión evidente hacia ella, según se indica.

Ante la falta de respuesta interna, la situación fue escalada al Ministerio de Salud, a través del reclamo ingresado con el código 2178954 el 28 de septiembre de 2023. El Ministerio indicó que los antecedentes serían derivados al Encargado de Relaciones Laborales del Servicio de Salud Aysén, pero casi once meses después, no se ha tomado ninguna medida correctiva ni se ha emitido un pronunciamiento al respecto. Además, se presentó una solicitud a la Contraloría General de la República, que, mediante la Resolución N°R4312/2023, dispuso remitir la denuncia nuevamente al Servicio de Salud Aysén para determinar si los hechos denunciados eran constitutivos de acoso laboral. No obstante, hasta el momento, la recurrente tampoco ha recibido respuesta respecto a esta denuncia.

Tras referirse a la acción de protección, señala que se cumple el presupuesto establecido por la norma, toda vez que la recurrida injustificadamente, no ha tomado medida correctiva alguna a fin de solucionar la vulneración denunciada, ni mucho menos ha resuelto en un plazo prudente el sumario denunciado, decisión la cual provoca un grave atentado al libre y legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales.

Respecto de la prohibición de discriminaciones arbitrarias, manifiesta que la arbitraria demora en la resolución del sumario, se ha extendido hasta la fecha de presentación del recurso, no tomando la recurrida medidas correctivas alguna, lo que representa un trato diferenciado respecto de otros solicitantes y/o denunciantes quienes se han encontrado en circunstancias similares respecto de los cuales la autoridad ha considerado emitir una respuesta rápida, lo que no ha sucedido en este caso.

Cita al respecto el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República y el artículo 7, 23 y 24 de la Ley 19.880. Asimismo, acusa infraccionado el artículo 19 N° 1 de la Carta Política, referido a la protección a la integridad física y psíquica, agregando que el delicado estado de salud en el cual se encuentra la recurrente, se vería beneficiado por la solución a su problemática, ya sea resolviendo el sumario y/o disponiéndose el traslado a otro Hospital o CESFAM de la Región, acompañando al respecto informe psicológico de los Psiquiatras, nombre reservado y nombre reservado.

Con fecha 13 de septiembre de 2024, se evacuó el informe de la recurrida, solicitando se rechace el recurso en virtud de los argumentos expuestos en él.

Funda su petición, refiriendo que existe un procedimiento administrativo disciplinario a raíz de una denuncia de la recurrente, - el que no siguió el conducto regular MALS, y respecto del cual, el Servicio adoptó la medida de esclarecer los hechos y verificar la existencia o no de responsabilidades administrativas comprometidas -, el que fue incoado a través de Resolución Exenta N°2134 de fecha 19 de abril de 2023, y respecto del cual se puso término y se sobreseyó a través de la Resolución Exenta N°4086 de fecha 31 de julio de 2023, es decir, hace más de un año a la fecha del informe.

Agrega que, no hay certificación de alguna solicitud de traslado y no existe antecedente de que la recurrente haya solicitado conocer el estado del Procedimiento Administrativo Disciplinario.

Sobre el supuesto rechazo del traslado solicitado, manifiesta que, no queda clara su verdadera pretensión, toda vez que en principio funda su recurso en el traslado de la recurrente a ejercer sus funciones al Hospital Coyhaique y luego reafirma su solicitud en un traslado no solo al Hospital, sino que, a cualquier establecimiento de la red asistencial del Servicio de Salud Aysén en la comuna de Coyhaique y no queda claro qué autoridad le manifestó el supuesto “rechazo de traslado”, que por lo demás, nunca acredita.

Tras referirse a las distintas hipótesis de traslados de los funcionarios, reitera que no existe certificación de solicitud alguna para el traslado alegado, lo que resulta importante desde que, con fecha 5 de septiembre del corriente, y previo a que esta Iltma. Corte se pronuncie sobre la contienda, la recurrente a través de correo personal, no institucional, se dirige al nombre reservado como al Director de Servicio, aludiendo a una serie de antecedentes solicitando –a 1 mes y 4 días después de presentada su acción cautelar- el cambio de localidad laboral a la ciudad de Coyhaique, como permuta o como la autoridad lo estime pertinente (sic.) quedando de manifiesto que jamás realizó una solicitud formal de traslado de dependencias.

Respecto de la omisión arbitraria e ilegal consistente en no dar respuesta al sumario solicitado por la recurrente en el año 2023, manifiesta que, con fecha 19 de abril del año 2023, y mediante Resolución Exenta N°2134 de esta Dirección de Servicio, se dispone instruir sumario administrativo, con objeto de determinar eventuales responsabilidades administrativas comprometidas, en relación a antecedentes enviados a Contraloría Regional de Aysén.

Agrega que el Servicio de Salud cuenta con un protocolo para las denuncias de maltrato/acoso laboral y sexual, materializado en la Resolución Exenta N°787/2018.

Arguye que, con fecha 31 de julio del año 2023 (es decir, hace más de un año de esta presentación), el Sumario Administrativo, motivo de cuestión de la presente contienda, fue aprobado y sobreseído, los cuáles da cuenta tanto la vista fiscal, el informe previo de legalidad y la Resolución Exenta 4086/2023 del Servicio de Salud Aysén, en razón de que no se encontraron evidencias que permitan calificar los hechos denunciados como acoso laboral; que la funcionaria denunciante no individualiza personas específicas que ejercieran el supuesto acoso laboral; que no se hizo la respectiva denuncia en oficina MAL de acuerdo al procedimiento establecido por el Servicio de Salud Aysén para este tipo de situaciones; y, que no se dirige la denuncia contra ningún funcionario o grupo de funcionarios en específico, requisito fundamental para configurar la figura de acoso laboral.

Llama la atención que la recurrente no haya agotado todas las vías/instancias para tener acceso al expediente sumarial, en desmedro de otros funcionarios que sí lo han solicitado por la vía idónea.

Finalmente, manifiesta que no existe infracción al artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, desde que se obró conforme a derecho, dictando una acto administrativo de inicio, de término, no hubo aspectos de forma que pudiesen da cuenta de alguna inconsistencia, tramitándose dentro de un plazo prudente, no habiéndose conferido ningún derecho de traslado que permita devolver el derecho a su estadio primitivo.

Asimismo, tampoco se ha vulnerado el artículo 19 N°2 de la referida Carta Fundamental, referido a que cualesquiera otro trabajador de la Administración del Estado, recibe respuesta a las denuncias en plazo mucho más breve que la recurrente, pues no se coteja tal denuncia con otra situación de otro funcionario y en definitiva no se explica de qué forma y cómo se le estaría tratando de manera desigual respecto de otro funcionario o caso, en específico.

Con fecha 17 de septiembre de 2024, se trajeron los autos en relación y con fecha 30 del mismo mes y año, se procedió a la vista de la causa, se anunció y alegó por el recurso el abogado, don Pablo Jara Arriagada, y contra el recurso, el abogado, don Francisco Fernández Elgueta, quedando la presente causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

SEGUNDO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

TERCERO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

CUARTO: Que, la recurrente, en síntesis, y en forma difusa ha dirigido la presente acción cautelar por la actuación de la recurrida, consistente en rechazar el traslado solicitado por la misma para ejercer sus funciones en el Hospital de Coyhaique o en algún establecimiento de salud dependiente del Servicio de Salud de Aysén, en la comuna de Coyhaique; y, asimismo, configura la interposición del presente recurso en la omisión arbitraria y/o ilegal, por parte de la recurrida para pronunciarse sobre el sumario administrativo iniciado a través de una denuncia de la actora, en respuesta a los continuos episodios de acoso de los cuales era víctima, el que supuestamente permanece hasta la fecha de presentación del recurso, sin la dictación de un acto administrativo terminal.

Todo lo cual habría conculcado las garantías previstas en los números 1, 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, pidiendo concretamente que se disponga el traslado de la recurrente al Hospital de Coyhaique o a cualquiera otro establecimiento de salud dependiente del Servicio de Salud Puerto Aysén, tales como CESFAM o CESCOP de Coyhaique; disponer el traslado de la recurrente a otro hospital y/o centro de salud asistencial distinto al de Puerto Aysén; ordenar a la recurrida tomar todas las medidas correctivas y/o preventivas, ordenando el cambio de unidad de la recurrente; ordenar a la recurrida a resolver en el plazo más pronto posible el sumario denunciado por la recurrente; ordenar las medidas y/o sanciones que correspondan o juzguen necesarias a fin de restablecer el imperio del derecho, una petición en subsidio de la otra, con costas.

QUINTO: Que, respecto de la primera hipótesis que configura el recurso, esto es, el eventual rechazo del traslado solicitado por la recurrente para ejercer sus funciones en el Hospital de Coyhaique o en algún establecimiento de salud dependiente del Servicio de Salud de Aysén, en la comuna de Coyhaique, deberá ser desestimada pues tal alegación, no se condice con la realidad de los hechos, desde que no se acompañaron antecedentes que permitan verificar ante este Tribunal acerca de la existencia de una solicitud formal para que el Servicio recurrido disponga el traslado de la recurrente, elemento basal para el análisis de tal alegación.

Que, en el mismo orden, y según se desprende de lo informado por la recurrida, se verificó que sólo con posterioridad al ingreso del presente recurso, específicamente con fecha 5 de septiembre del año en curso, la recurrente a través de su correo electrónico personal se dirige al nombre reservado y al Director del Servicio de Salud, solicitando el cambio de localidad laboral a la ciudad de Coyhaique, como permuta o como la autoridad lo estime pertinente (sic).

Que, así las cosas, no es efectivo que éste haya rechazado con anterioridad a la presentación del recurso solicitud de traslado alguna presentada por la recurrente y en consecuencia, cabe concluir que no existe acto ilegal y arbitrario atribuible al Servicio recurrido en este capítulo.

SEXTO: Que, respecto de la segunda alegación de la recurrente, consistente en la omisión arbitraria y/o ilegal, por parte de la recurrida para pronunciarse sobre el sumario administrativo iniciado a través de una denuncia de la actora, atendido el estudio de los antecedentes, y especialmente, de lo informado por el servicio recurrido, se desprende que con fecha 19 de abril de 2023, mediante Resolución Exenta N°2134 se dispuso instruir sumario administrativo a objeto de determinar eventuales responsabilidades en relación a antecedentes enviados mediante Oficio Folio E326591/2023 de la Contraloría Regional de Aysén dirigido al Director del Servicio de Salud Aysén, en relación con los reclamos R007394 y R007792, ambos del año 2022, realizados por la funcionaria ante la Contraloría General de la República, relativos a eventuales hechos de acoso laboral.

Que, tal sumario administrativo fue resuelto mediante Resolución Exenta N°4086, de fecha 31 de Julio del año 2023, sobreseyendo de responsabilidad administrativa el sumario administrativo instruido por la referida Resolución Exenta N°2134, por no haberse establecido responsabilidades funcionarias que afecten a servidores públicos dependientes de este Servicio.

SÉPTIMO: Que, conforme el mérito de los antecedentes, lo expuesto, y en especial, la Resolución Exenta N°4086, es posible colegir que lo reprochado en el recurso impetrado no se advierte actualmente, desde que el sumario administrativo sustanciado fue resuelto mediante un acto administrativo terminal que declaró el sobreseimiento de la responsabilidad administrativa, por no establecerse responsabilidades funcionarias que afecten a servidores públicos dependientes del Servicio y así se encuentra informado en el recurso con fecha 13 de septiembre del presente, encargándose su agregación al expediente del sumario administrativo y remitir copia de la resolución a la Unidad de Protección de derechos funcionarios de la Contraloría General de la República para su conocimiento y fines.

OCTAVO: Que, en consecuencia, en consideración a los motivos anteriormente indicados, no se verifica la existencia de actos ni omisiones que revistan el carácter de arbitrarias o contrarias a derecho por parte del Servicio de Salud Aysén, por lo que no cabe sino desestimar el recurso deducido en estos autos, sin que se advierta una vulneración del artículo 19, de la Constitución Política, en sus números 1 y 2, cuyo análisis pormenorizado de éstos resulta inoficioso, al faltar un requisito previo de procedencia de la acción, como lo es, la ilegalidad y/o arbitrariedad de las omisiones denunciadas, según ya se indicó.

Con lo expuesto, mérito de autos y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de 24 de Junio de 1992, de la Excma. Corte Suprema de Justicia, sobre Tramitación y Fallo del Recurso sobre Garantías Constitucionales, y sus modificaciones, se resuelve que:

I. Que, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por don Pablo Ignacio Jara Arriagada, en favor de doña nombre reservado, en contra del Servicio de Salud Aysén.

II. Que, no condena en costas a la recurrente, por haber tenido motivos plausibles para recurrir.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Señor Ministro Titular, don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Rol N°: 182-2024.- (Protección).-