SALMONES HUMBOLDT LIMITADA CONTRA INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE nombre reservado

Coyhaique, dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis.

VISTOS:

De fojas 15 a 21, comparece don Alejandro González del Riego García, abogado, cédula de identidad N° RUT reservado, en representación de Salmones Humboldt Limitada, sociedad del giro acuícola, rol único tributario N° 76.175.118-2, ambos con domicilio en domicilio reservado, quién de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, deduce recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, representada por don nombre reservado, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, por actos ilegales y arbitrarios, cometidos en contra de su representada, relacionados con la dictación, por parte de la recurrida, del Ordinario N° 392 y Resolución 060 ambos de 2016 que, señala, deben ser dejados sin efecto, ordenándose a la recurrida que debe acoger a tramitación los recursos de reconsideración administrativa interpuestos por la recurrente con fecha 30 de junio de 2016, en contra de la resolución de multa N°1273/16/15 de fecha 18 de mayo de 2016, notificada mediante carta certificada el día 27 de mayo de 2016, en razón de haberse deducido dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde su notificación, sin perjuicio de que se adopten las demás medidas que la Corte estime procedentes para restablecer el imperio del derecho, todo ello con expresa condenación en costas a la contraria.

A fojas 23, se declaró admisible y se pidió informe a la recurrida.

A fojas 46 y siguientes, corre informe evacuado por la recurrida, solicitando se rechace en todas sus partes el recurso de protección, por carecer de fundamentos jurídicos al no existir una acción ilegal o arbitraria que lo haga procedente, con expresa condenación en costas.

A fojas 55, se trajeron los autos en relación.

A fojas 60, consta certificación del señor relator de esta Corte que deja constancia que la presente causa quedó en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de fojas 15 a 21, comparece don Alejandro González del Riego García, abogado, en representación de Salmones Humboldt Limitada, ambos ya individualizados, quién de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, deduce recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, representada por don nombre reservado, por actos ilegales y arbitrarios, cometidos en contra de su representada, relacionados con la dictación, por parte de la recurrida, del Ordinario N° 392 y Resolución 060 ambos de 2016 que, señala, deben ser dejados sin efecto, ordenándose a la recurrida que debe acoger a tramitación los recursos de reconsideración administrativa interpuestos por la recurrente con fecha 30 de junio de 2016, en contra de la resolución de multa N°1273/16/15 de fecha 18 de mayo de 2016, notificada mediante carta certificada el día 27 de mayo de 2016, en razón de haberse deducido dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde su notificación, sin perjuicio de que se adopten las demás medidas que la Corte estime procedentes para restablecer el imperio del derecho, todo ello con expresa condenación en costas a la contraria.

SEGUNDO: Que, fundamentando su recurso, expone el recurrente, en cuanto al plazo de Interposición de la presente acción constitucional: 1) Que, el auto acordado de la Excma Corte Suprema de Justicia señala que el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos; 2) Que, su representada ha tomado conocimiento de dicho acto mediante notificación efectuada con fecha 27 de septiembre de 2016 en lo referente al ordinario N° 392 y Resolución 060 ambas del año 2016. Lo anterior según da cuenta certificado de entrega emitido por Correos de Chile.

En cuanto a las circunstancias de hechos de derecho que motivan el recurso, señala:

1) Que, como consta de los documentos que acompaña, su parte presentó Reconsideración Administrativa ante la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto nombre reservado amparada en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, en contra de la resolución de multa N°1273/16/15 de fecha 18 de mayo de 2016, notificada mediante carta certificada el día 27 de mayo de 2016, aplicada por el fiscalizador don nombre reservado, dependiente de la Dirección del Trabajo de Puerto nombre reservado;

2) Que, con posterioridad a ello, con fecha 30 de Junio de 2016 su representada interpone Reconsideración Administrativa en contra de dicha resolución, amparado en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo y, en dicha presentación, se solicitaba la rebaja del 50% de la multa N°1273/16/15-2 y N°1273/16/15-3 y se solicitaba asimismo dejar sin efecto la multa N°1273/16/15-l por existir en su fundamento un error de hecho;

3) Que, con fecha 14 de septiembre de 2016, esa parte fue notificada de la resolución 52 de fecha 8 de agosto de 2016, por medio de la cual se accedía a la solicitud de rebaja del 50% de las multas N° 1273/16/15-2 y N°1273/16/15-3 y se confirmaba la multa N°1273/16/15-l;

4) Que, con fecha 27 de septiembre de 2016, esa parte fue notificada del ordinario N° 392 del año 2016 y de la Resolución 060 de 20 de septiembre de 2016 mediante las cuales se deja sin efecto la resolución 52 y se tiene por no presentada la reconsideración administrativa por extemporánea, en ese sentido el señor nombre reservado dispuso lo siguiente: "Que se verificó que la presentación del recurso de reconsideración administrativa del empleador fue efectuada con fecha 30.06.2016, siendo entonces presentada fuera del plazo de 30 días corridos desde la notificación de la multa la cual fue depositada en correos de chile con fecha 19.05.2016 entendiéndose notificada con fecha 27.05.2016 conforme al artículo 508 del Código del Trabajo por lo que dicha solicitud debe declararse inadmisible por extemporánea.";

5) Que, como explica, el ordinario N° 392 del año 2016 y Resolución 060 de 20 de septiembre de 2016 mediante las cuales se deja sin efecto la resolución 52 resultan ser absolutamente arbitrarios e ilegales;

6) Que, es ilegal en cuanto infringe el artículo 512 del Código del Trabajo, y el artículo 25 de la ley 19.880 que precisamente establece las bases que rigen los procedimientos administrativos, ya que el artículo 512 del Código del Trabajo establece que la reconsideración debe ser presentada "dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa y, en ninguna parte indica que dicho plazo debe ser de días corridos;

7) Que, guardando estricta relación con lo anterior, le es dable mencionar que dicho plazo es de días hábiles y no corridos, ya que lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo debe ser interpretado en forma armónica con lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 19.880 sobre bases del procedimiento administrativo, norma que en la especie se aplica supletoriamente en atención al artículo 1° del mismo cuerpo legal, artículo que expresamente establece que los plazos de los procedimientos administrativos sólo comprenden los días hábiles, entendiéndose inhábiles los sábados, domingos y festivos;

8) Que, es indiscutible que el procedimiento a que se somete un Recurso de Reconsideración de resolución de multa interpuesta ante la Dirección del Trabajo es un proceso de naturaleza administrativa sujeto a las disposiciones de la Ley 19.880, por lo cual el plazo de 30 días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles y no de días corridos;

9) Que, en la especie, habiéndose notificado a su parte de las multas administrativas señaladas el día 27 de Mayo de 2016, y habiéndose solicitado reconsideración administrativa en base a los artículo 511 y 512 del Código del Trabajo con fecha 30 de junio de 2016, entonces sin duda se interpuso dentro del término legal de los treinta días hábiles;

10) Que, en consecuencia, tanto el Ordinario N° 392 del año 2016 como la Resolución 060 de 20 de septiembre de 2016, ambos dictados por la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto nombre reservado, resultan del todo ilegales y arbitrarios;

11) Que, los actos recurridos (ordinario N° 392 y Resolución 060) son además arbitrarios por cuanto no existe ningún sustento racional que justifique no haber acogido a tramitación el Recurso de Reconsideración Administrativa interpuestos por su parte con fecha 30 de junio de 2016 y haber dejado sin efecto la resolución 52 que había acogido parcialmente su reconsideración, en circunstancias que la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 2 garantiza a todas las personas la igualdad ante la ley, prohibiendo a la autoridad realizar discriminaciones arbitrarias y, como lo ha venido señalando, en la especie, dicha garantía constitucional fue vulnerada al no haberse acogido a tramitación ambas reconsideraciones administrativas, sin justificación racional ni sustento normativo;

12) Que, además, el acto recurrido importa una amenaza a la garantía de Derecho de Propiedad establecido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, porque al negarse infundadamente a tramitar la solicitud de reconsideración deja a su parte en la obligación de pagar el monto de la multa impugnada, no obstante ésta había sido rebajada por la resolución N° 52 del mismo recurrido;

13) Que, lo que ha expuesto se encuentra plenamente reconocido por la jurisprudencia, incluso la de esta Corte de Apelaciones, a saber:

"Primero: Que por la presente acción cautelar la parte recurrente redama de la decisión que estima arbitraria e ilegal de la Inspección Comunal del Trabajo recurrida que rechazó la solicitud de reconsideración administrativa que dedujo respecto de la multa que le fuera cursada por dicha institución, por haber sido presentada ésta en forma extemporánea. Segundo: Que como ya lo ha resuelto esta Corte, el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos. En efecto, se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el referido Código, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, toda vez que al existir un plazo especial como es el contenido en la Ley N° 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil". Excma Corte Suprema de Justicia, 04 de Marzo de 2015, Rol 704-2015.

Segundo: Que como ya lo ha resuelto esta Corte, el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos. En efecto, se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el referido Código, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que alude a días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos. En consecuencia, existiendo regulación expresa acerca del cómputo de los plazos en los procedimientos administrativos, esta modalidad prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.

Tercero: Que el recurso de reconsideración fue presentado el día 14 de noviembre de 2015, esto es, conforme con lo razonado, dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde la notificación que fue practicada el día 15 de octubre de 2014.

Cuarto: Que, de lo anterior, fluye que la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal en tanto se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo, afectando la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, lo que corresponde sea enmendado por esta vía. Excma Corte Suprema de Justicia, 28 de Abrí/ de 2015, Rol 4015-2015.

"SEGUNDO: Que, esta Corte y la Excma. Corte Suprema, se han pronunciado en forma reiterada sobre la materia que motiva e! presente recurso, y la jurisprudencia indica que el plazo de 30 días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo, para presentar la solicitud de reconsideración ante la Inspección del Trabajo, no es de días corridos, como lo entiende la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y Festivos. Se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa y al no existir norma expresa que establezca lo contrario, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880, se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que seña la que éstos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos". Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, 11 de Diciembre de 2014, Rol 3775-2014 "QUINTO: Que, sobre el particular cabe hacer presente que, como lo ha resuelto ya reiteradamente nuestra Excma. Corte Suprema, el plazo de 30 días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo, no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos, dado que se trata de un recurso presentado en la etapa de tramitación en sede administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el referido Código, ha de aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos, toda vez que al ser un plazo "especial" como es el contenido en la Ley 19.880 respecto de los procedimientos administrativos, prima por sobre las normas de carácter general contenidas en el Código Civil" Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, 08 de Enero de 2015, Rol 77647-2014.

"OCTAVO: Que no existen dudas respecto del carácter supletorio de los dos textos normativos en competencia para resolver el problema recién expresado. Así se desprende del artículo 4o del Código Civil y del artículo 1° de la ley 19.880, ya transcritos. Sin embargo, mientras este último lo es específicamente de los procedimientos administrativos, el primero lo es de la generalidad del ordenamiento jurídico chileno. Por otra parte, la solicitud de reconsideración de una multa aplicada por la Dirección del Trabajo constituye un procedimiento administrativo mientras el mismo no pase a la fase judicial que el artículo 12 del Código del Trabajo contempla. Por tanto, y en aplicación del principio de especialidad como criterio para resolver las antinomias que presente el ordenamiento jurídico, en el presente caso debe prevalecer la supletoriedad de la ley 19.880por sobre el Código Civil.

A este argumento de interpretación sistemática se debe añadir que esta Corte ha sostenido esta misma interpretación en causas anteriores, como por ejemplo en la recaída en la causa rol 263/2014, de 7 de marzo de 2014, por lo que se cuenta también con una argumentación basada en el precedente.

De acuerdo con lo expresado, y en carácter de ratio decidendi, esta Corte sostiene que el cómputo de los treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo debe hacerse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 18.880, debiendo, por tanto, suspenderse los días sábados, domingos y festivos.

De este modo, la solicitud de reconsideración interpuesta por el recurrente ha sido presentada dentro de plazo legal ante la Inspección recurrida.

NOVENO: Que al haber declarado que la solicitud de reconsideración de la multa aplicada ha sido presentada por el recurrente fuera de plazo legal, fundado en una interpretación diversa de la señalada precedentemente, la Inspección del Trabajo ha incurrido en una acción ilegal.

DÉCIMO: Que la resolución contra la cual se recurre de protección afecta de manera evidente el derecho de propiedad, desde que establece una restricción a las facultades esenciales del dominio, como son las de usar, gozar y disponer de los montos incluidos en la multa aplicada.

UNDÉCIMO: Que lo expresado en los considerandos anteriores permite concluir que la resolución que se impugna es ilegal y que ha sido dictada con infracción del derecho constitucional de propiedad estatuido en el artículo 19, número 24, de la Constitución, por lo que el recurso de protección deberá ser acogido". Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, 12 de Junio de 2015, Rol 1859-2015.

"OCTAVO: Que, tratándose la acción intentada por el recurrente, ante la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, de Reclamación de Multas Administrativas ante el Director del Trabajo, o ante quien le hubiere delegado las facultades de resolución, en este caso, la citada Inspección, en base a lo dispuesto en los artículos 512 y 511, ambos del Código del Trabajo, se trata de un procedimiento de naturaleza eminentemente administrativa, en consecuencia, sujeto a las normas de la Ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado.

NOVENO: Que, en consecuencia, si el artículo 512 del Código del Trabajo simplemente determina que la solicitud escrita del interesado debe presentarse dentro del plazo de 30 días de notificada la resolución, sin expresión acerca de si dicho plazo es de días corridos o continuos o de días hábiles o discontinuo, para su adecuada inteligencia habrá de estarse a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley 19.880, aplicable en la especie por lo dispuesto en el artículo primero del mismo cuerpo legal, debiendo, entonces, concluirse con que el plazo establecido en el citado artículo 512 es un plazo de días hábiles o discontinuo, debiendo descontarse de su cómputo los días sábados, domingos y festivos, los que deben ser considerados como inhábiles, de acuerdo a la Ley 19.880, norma que debe primar, por su especialidad, respecto de la de carácter general, contenida en el artículo 50 del Código Civil." Iltrma. Corte de Apelaciones de Coyhaique, 15 de septiembre del 2015, Rol 116-2015.

Por todo lo anterior, pide el recurrente a esta Corte tener por interpuesto Recurso de Protección de Garantías constitucionales a favor de su representada Salmones Humboldt Limitada, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto nombre reservado representada por don nombre reservado , ya individualizado (o por quien detente dicho cargo en ese momento) a fin de que tras ser declarado admisible, sea acogido en todas sus partes declarando que el ordinario N° 392 y la Resolución 060 ambos del 2016 emanados de la recurrida, y notificado a su parte con fecha 27 de septiembre de 2016, son actos arbitrarios e ilegales que deben ser dejados sin efecto, ordenándose a la recurrida que debe acoger a tramitación los recursos de reconsideración administrativa interpuestos por su parte con fecha 30 de junio de 2016, en contra de la resolución de multa N°1273/16/15 de fecha 18 de mayo de 2016, notificada mediante carta certificada el día 27 de mayo de 2016, en razón de haberse deducido dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde su notificación, sin perjuicio de que se adopten las demás medidas que la Corte estime procedentes para restablecer el imperio del derecho, todo ello con expresa condenación en costas a la contraria.

TERCERO: Que, de fojas 46 a 53 vuelta, informa el recurso doña Cristina Vidal Araya, abogada de la Dirección del Trabajo, Región de nombre reservado, en representación de don nombre reservado, Inspector Provincial del Trabajo de nombre reservado, según Resolución Exenta N° 2157 de 29.09.2014 del Director del Trabajo, quién solicita a esta Corte tener por informado el recurso de protección interpuesto, rechazándolo en todas sus partes, por carecer de fundamentos jurídicos, al no existir una acción ilegal o arbitraria que lo haga procedente, con expresa condenación en costas.

En su informe, expone respecto al recurso de protección deducido que se hace parte del mismo, de conformidad a la Ley y al Autoacordado sobre interposición, tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales de la Excma. Corte Suprema de fecha 24 de Julio de 1992, y sus modificaciones posteriores y, en cuanto a los hechos del mismo, sostiene que:

1) Con fecha 10.05.2016, en virtud del Programa de Fiscalización al Sector Acuícola, se dispone fiscalizar a la empresa Salmones Humboldt S.A., respecto de las siguientes materias: Jornada y descansos: No cumplir con las disposiciones jornada de trabajo; contrato de trabajo: no contener estipulaciones mínimas; remuneraciones: no pagar/en forma íntegra y/o correctamente; y otras materias. La presente comisión se asignó al fiscalizador dependiente de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, don nombre reservado, bajo el N° 1102/2016/260;

2) En el curso de la fiscalización realizada a la empresa recurrente, y una vez informada ésta del inicio de la fiscalización a través del Jefe de Centro - Sr. nombre reservado, el fiscalizador del Servicio pudo constatar en el ejercicio de sus funciones tres infracciones, por las cuales cursó sanción administrativa N° 1273/2016/15- 1-2-3 de fecha 18.05.2016, la que se notificó de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo, depositando dicha resolución de multa en oficina de correos de Chile el día 19.05.2016, entendiéndose notificada el día 27.05.2016, por "Mantener excluido de la limitación de jornada ordinaria de 45 horas semanales, al trabajador don nombre reservado, no obstante que se ejerce supervisión o control funcional y directo sobre la forma y oportunidad en que se desarrollan sus funciones, entendiéndose que posee jefatura superior en el centro de cultivo ejercida por el jefe de centro don nombre reservado, debiendo cumplir las tareas de mantención o mecánicas que encomiende o solicite el jefe de centro. Se observa la siguiente prohibición en el contrato de trabajo: VIII. Prohibiciones 3. Abandonar su lugar de trabajo sin contar con autorización de su jefe/'; por "No consignar por escrito en el contrato de trabajo o en documento anexo la modificación de la estipulación referida a la distribución de la jornada de trabajo respecto de los trabajadores: 1. nombre reservado 2. nombre reservado 3. nombre reservado 4. nombre reservado 5. nombre reservado 6. nombre reservado. Contratos de trabajo no especifican ni detallan que los trabajadores están afectos a jornada excepcional 14 x 7 autorizada por resolución N° 206 del 04/12/2014 de acuerdo a lo revisado en registro control de asistencia"; y finalmente, por "No llevar correctamente el registro de asistencia y de horas trabajadas al no consignar la hora de entrada y salida jornada tarde trabajador nombre reservado periodo 06/04/2016 al 18/04/2016 pagina 35. No consignar la firma el día 04/05/2016 trabajador nombre reservado página 32. No consignar la hora de ingreso y salida de labores el día 04/05/2016 trabajador nombre reservado, pagina 31. No consignar la hora de ingreso a labores el día 10/05/2016 trabajador nombre reservado página 23";

3) Que, la empresa dedujo reconsideración de multa administrativa el día 30.06.2016, ante la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt, recepcionado dicho recurso en la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado el día 11.07.2016, solicitando dejar sin efecto la primera sanción, dejar sin efecto o rebajar la segunda y rebajar la tercera, basada en su argumentación y en los antecedentes que acompañó a su solicitud;

4) Que, a través de la Resolución N° 52 de fecha 08.08.2016 del Inspector Provincial del Trabajo de nombre reservado, se resolvió el recurso administrativo, depositándose con fecha 06.09.2016 en correos de chile, entendiéndose notificada por aplicación del artículo 508 del Código del Trabajo, el día 14.09.2016;

5) Que, a través de la Resolución N° 60 de fecha 20.09.2016 del Inspector Provincial del Trabajo de nombre reservado, se resolvió que habiéndose verificado fehacientemente que la presentación del recurso de reconsideración administrativa del empleador fue efectuada con fecha 30.06.2016, siendo entonces presentada fuera del plazo de 30 días corridos desde la notificación de la multa, la cual fue depositada en correos de Chile con fecha 19.05.2016, entendiéndose notificada con fecha 27.05.2016, conforme al artículo 508 del Código del Trabajo, por lo que dicha solicitud debía declararse inadmisible por extemporánea, se resolvió dejar sin efecto la Resolución N° 52 de fecha 08.08,2016, por contener un vicio de procedimiento al momento de ser pronunciada, atendido las instrucciones contenidas en la Circular N° 46 de fecha 02.05.2008, ya que la presentación del recurso de reconsideración administrativa fue presentado fuera del plazo de 30 días corridos desde notificada la multa administrativa. Dicha Resolución fue depositada en Correos de Chile con fecha 22.09.2016, entendiéndose notificada con fecha 30.09.2016;

6) Que, a través de Ord. N° 392 de fecha 21.09.2016 del Inspector Provincial del Trabajo de nombre reservado, don nombre reservado, se informó a la recurrente sobre la inadmisibilidad de la solicitud de reconsideración administrativa presentada, puesto que: "no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos,, contados desde su notificación";

7) Con fecha 25.10.2016, la empresa interpone recurso protección en contra del Ordinario N° 392 de fecha 21.09.2016 y la Resolución N° 60 de fecha 20.09.2016, ambos del Inspector Provincial del Trabajo de nombre reservado, don nombre reservado;

8) Que, revisado el expediente de fiscalización N° 1102/2016/260; la resolución de multa N° 1273/2016/15-1-2-3 y su respectiva acta de notificación enviada al empleador; la guía de despacho de correspondencia certificada, con timbre de Correos de Chile oficina Coyhaique de fecha 19.05.2016; registro informático de la Dirección del Trabajo respecto de la multa N° 1273/2016/15-1-2-3; consta que, la resolución de multa N° 1273/2016/15-1-2-3 fue depositada en oficina de Correos de Chile de Puerto nombre reservado el día 19.05.2016 y este evento fue ingresado a los registros informáticos de la Dirección del Trabajo respecto de esta multa, en consecuencia, de acuerdo a dichos registros el plazo 30 días corridos para presentar recurso administrativo respecto de la multa 7645/2014/6-1 vencía el día 26.06.2016, puesto que al ser notificada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo, la resolución de multa se entendía notificada al sexto día hábil, esto es, el día 27.05.2014.

En cuanto al derecho y, en particular, respecto a la procedencia de la acción de protección., sostiene que previo a informar la acción constitucional intentada en contra de lo resuelto por ese servicio respecto de la solicitud de reconsideración administrativa presentada por Salmones Humboldt Ltda., debe tenerse presente que la misma debe ser rechazada por el sólo hecho de desconocer el recurrente los mecanismos de impugnación concedidos por el propio Código del Trabajo, en específico, la jurisdicción ordinaria.

Señala, que el Código del Trabajo dispone en su artículo 512: "El Director del Trabajo hará uso de esta facultad [reconsideración de multas administrativas de conformidad a lo que dispone el artículo 511 del Código del Trabajo] mediante resolución fundada; a solicitud escrita del interesado; la que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa.

Esta resolución será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo dentro de quince días de notificada v en conformidad al artículo 474 de este Código." Y, agrega, la recurrente, que tal como ha señalado, el recurrente hizo uso del recurso administrativo que establece el artículo 511 del Código del Trabajo; pero en contra de lo resuelto por ese servicio, que le fue informado mediante Ordinario N° 392 de fecha 21 de septiembre de 2016, no recurrió ante el Juzgado del Trabajo, como indica expresamente el artículo 512 del texto legal ya señalado, sino que decidió recurrir a la jurisdicción cautelar de garantías constitucionales, para revisar una actuación administrativa para la cual la propia norma legal establece un procedimiento de impugnación jurisdiccional específico, por lo que claramente este procedimiento es improcedente.

Y, en cuanto a la reconsideración administrativa y la naturaleza del plazo de 30 días, sostiene, también, que el artículo 50 del Código Civil, indica que: "En los plazos que se señalaren en las leyes, o en los decretos del Presidente de la República, o de los Tribunales o Juzgados, se comprenderán aún los días feriados; a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así, pues en tal caso no se contarán los feriados".

Y, al efecto, sostiene, que de la disposición legal señalada se infiere, que por regla general los plazos comprenden los días feriados, a menos que expresamente se señale que el plazo es de días útiles o días hábiles, en cuyo evento, los días feriados no se contarán para el cómputo de aquél. Señala, además, que el inciso 1° del artículo 512 del Código del Trabajo al establecer el plazo de 30 días que en el mismo se contiene, no señaló expresamente que este plazo es de días útiles, por lo que no cabe sino concluir que dicho plazo es de días corridos y, por ende, para su cómputo debe considerarse aún los días feriados. Además, debe tenerse presente, a fin de realizar una interpretación armónica de las normas del Código del Trabajo, que el inciso 3° del artículo 435 del Código del Trabajo señala "Los términos de días que establece este Título [Título I del Libro V] se entenderán suspendidos durante los feriados", lo anterior, claramente excluye al plazo del artículo 512, el cual se encuentra ubicado en el Título Final del Libro V del Código del Trabajo.

En cuanto a la doctrina del Dirección del Trabajo y dictámenes de la Contraloria General de la República, refiere, la informante, que la doctrina vigente en el Servicio hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado, era la contenida en Dictamen N° 290/17 de 11.01.1996, que establecía:

" (...) Precisado lo anterior y con el objeto de determinar la forma como debe computarse el plazo de 30 días en estudio, debemos recurrir a las normas generales sobre la materia contenidas en el Código Civil, específicamente aquella que se establece en el artículo 50 del Código Civil, el que al efecto prescribe: "En los plazos que se señalaren en las leyes, o en los decretos del Presidente de la República, o de los Tribunales o Juzgados, se comprenderán aún los días feriados; a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así, pues en tal caso no se contarán los feriados".

Y, sostiene, que de la disposición legal preinserta se infiere, que por regla general los plazos comprenden los días feriados, a menos que expresamente se señale que el plazo es de días útiles, en cuyo evento, los días feriados no se contarán para el cómputo de aquél. En otros términos, de acuerdo a la norma en análisis, por regla general, no existiendo norma expresa que señale lo contrario, el plazo corre sin interrupción durante los días feriados, es decir, para su cómputo se considerarán aún dichos días y, al respecto, agrega que la norma antes transcrita y comentada, consigna los plazos que la doctrina ha denominado continuos y que se oponen a los plazos discontinuos que son aquellos que sufren suspensión durante los días feriados, esto es, para su cómputo no se considerarán tales días.

Analizada la situación en consulta, a la luz de la norma prevista en el artículo 50 del Código del Trabajo, y teniendo presente que el inciso 1° del artículo 482 del Código del Trabajo [actual artículo 512], al establecer el plazo de 30 días que en el mismo se contiene, no señaló expresamente que éste es de días útiles, no cabe sino concluir que dicho plazo es de días corridos y, por ende, para su cómputo debe considerarse aún los días feriados:

Cabe hacer presente, a la informante, que la conclusión anterior no puede verse desvirtuada por lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 429 del Código del Trabajo, precepto conforme al cual "los términos de días que establece este título se entenderán suspendidos durante los días feriados salvo que el Tribunal, por motivos justificados y en resolución fundada, haya dispuesto expresamente lo contrario" [respecto de este punto, el artículo 435 inciso 3° del Código del Trabajo señala "Los términos de días que establece este Título se entenderán suspendidos durante los feriados"], puesto que dicho artículo por expresa disposición de la ley, sólo resulta aplicable a los plazos previstos en el Título I del Libro V del Código del Trabajo [el artículo 435 se encuentra ubicado en el Libro V del Título I del Código del Trabajo], no es el caso de aquél que establece el artículo 482 [actual artículo 512], del mismo Código, el cual se encuentra inserto en el Título Final del citado Libro V. [el artículo 512 se encuentra ubicado en el Libro V del Título Final del Código del Trabajo].

En consecuencia, sobre la base de las disposiciones legales citadas, y consideraciones formuladas, cúmpleme informar a Ud. que el plazo para solicitar reconsideración de las multas aplicadas por infracción a la legislación y de seguridad social, previsto en el inciso 1° del artículo 482 [actual artículo 512], del Código del Trabajo, es de 30 días corridos" Sostiene, la informante, que a partir de la Ley 19.880, se dispuso mediante circulares internas de ese Servicio, que el plazo en referencia sería de días hábiles, dictándose las Circulares N° 96 del 23.09.2009 y N° 18 del 19.02.2010 y anexo 10. Sin embargo, a fines de 2009 la Contraloría General de la República emitió un pronunciamiento al respecto, señalando en el Dictamen N° 64.985 de 20.11.2009, cuya copia se acompaña en otrosí de su presentación, lo siguiente:

"Como puede advertirse, la norma recién transcrita no señala expresamente si el término que establece es de días corridos o de días hábiles.

Pues bien para dilucidar la cuestión consultada es necesario considerar; en primer término, el tratamiento que el Código del Trabajo -cuerpo específico de normas relativo a asuntos laborales en que se encuentra la disposición en comento- ha dado a la materia.

En este orden de ideas, debe destacarse que del estudio de las disposiciones de dicho Código que conciernen a plazos se advierte que, por regla general, cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente, siguiendo de este modo la norma del artículo 50 del Código Civil, en cuya virtud "en los plazos que se señalaren en las leyes, o en los decretos del Presidente de la República, o de los Tribunales o Juzgados, se comprenderán aún los días feriados; a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así, pues en tal caso no se contarán los feriados.

Lo anterior sucede, entre otros, con los plazos establecidos en los artículos 162, incisos segundo y séptimo; 168, inciso primero; 171, inciso primero; 201, inciso cuarto; 223, inciso cuarto; 282, incisos primero y cuarto, y 503, inciso tercero, -esta última sobre reclamación judicial de la misma multa en que incide la reclamación administrativa prevista en la norma cuya interpretación se solicita- en los cuales se señala expresamente que son de días hábiles.

De acuerdo con el predicamento expuesto, como el precepto en examen no hace tal mención, corresponde entender que el plazo que contempla es de días corridos.

Por consiguiente, esta Contraloría General, concordando con lo concluido por esa Dirección, en su oficio N° 2.882, de 2008, mediante el cual informó acerca de la presentación de la recurrente, cumple con expresar que el plazo para reclamar de las multas administrativas cursadas por los inspectores del trabajo, que prevé el artículo 512 del Código antedicho, es de días corridos Para dar cumplimiento a lo señalado por el ente de Control, mediante Pase N° 376 de 09 de diciembre de 2009 de la Oficina de Contraloría Interna de la Dirección del Trabajo, se remite el mencionado Dictamen N° 64.985. Posteriormente, mediante Circular N° 73 de 08 de junio de 2010, que modifica instrucciones sobre montos de multas, recursos administrativos, plazo para solicitarlos y criterios para resolverlos, se establece que el plazo para la reconsideración administrativa se modifica de 30 días hábiles, a 30 días corridos.

Lo anterior viene a reafirmar la doctrina contenida en Dictamen N° 49.126 de 20 de octubre de 2008 de la Contraloría General de la República, cuya copia se acompaña en otrosí de esta presentación, que señala: "El Plazo de treinta días corridos establecido en el Código del Trabajo para solicitudes de reconsideración de la multa administrativa y otros trámites establecidos en dicho código, vence necesariamente el último día de dicho término, a la hora de cese de atención de público en las oficinas de la Dirección del Trabajo, por aplicación de las normas del Código Civil relativas a los plazos, en armonía con los preceptos de derecho administrativo relativos al funcionamiento de las oficinas de la Administración. Extender plazos al día siguiente significaría prorrogar un plazo vencido sin facultad alguna para ello.' Expone, la informante, que a raíz de los conflictos de interpretación respecto del plazo del artículo 512 del Código del Trabajo, ese Servicio solicitó a la Contraloría General de la República la reconsideración del Dictamen N° 64.985 del 20 de noviembre de 2009; y ese ente de Control, mediante Dictamen N° 17.344 del 10 de marzo de 2014, cuya copia se acompaña, desestimó la reconsideración solicitada y mantuvo lo indicado en el Dictamen del año 2009, esto es, que el plazo del artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos.

En relación al dictamen de la Contraloría General de la República, referente a la aplicación artículo 25 de la ley N° 19.880, sostiene, la informante, que el artículo 25 de la Ley 19.980, efectivamente se refiere al cómputo de los plazos en los procedimientos administrativos, pero no se debe olvidar que el artículo 1° de ese mismo texto legal reconoce el carácter supletorio de dicha ley, en el caso de que otra ley establezca procedimientos especiales. Lo anterior significa que en lo no regulado por la Ley especial, se aplicará lo dispuesto en la Ley 19.980 y, en este caso, señala que el Código del Trabajo establece un procedimiento especial en el artículo 511, y en el artículo 512 indica el plazo en que el solicitante deberá presentar dicha solicitud, no indicando que éste tiene el carácter de días hábiles o útiles, por lo que tal como señaló anteriormente, para dar una interpretación armónica a las normas del Código del Trabajo no debe olvidarse lo que establece el inciso 3° del artículo 435 del mismo texto legal, el cual permite concluir, que este plazo es de días corridos. Además de lo anterior, también debe tenerse presente, tal como ya señaló, que la Contraloría General de la República ha señalado expresamente que el plazo del artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos, por lo que el dictamen citado, referente a la aplicación del artículo 25 de la Ley N° 19.880, claramente no es aplicable en este caso particular.

En cuanto a la jurisprudencia judicial mencionada por la reclamante, añada, la informante, que como bien sabemos, la Corte Suprema ha manifestado, en varias ocasiones, un criterio distinto al de la Contraloría General de la República, respecto del plazo del artículo 512 del Código del Trabajo, aplicando supletoriamente el artículo 25 de la ley 19.880. Sin embargo, conforme establece el inciso 29 del artículo 3 del Código Civil, tales resoluciones obedecen al efecto relativo de toda sentencia, no logrando desvirtuar la doctrina vigente y, conforme a este efecto relativo, ese Servicio, también cuenta con jurisprudencia reciente que apoya tal interpretación, tales como:

La causa Rol N° 58-2011, Corte de Apelaciones de Antofagasta, caratulada "EMPRESA DE TRANSPORTE RURALES TUR-BUS LTDA. con INSPECCIÓN DEL TRABAJO DEL LOA-CALAMA", de 18 de mayo de 2011 que señala:

"SEPTIMO: Que el juez a quo ha razonado en el considerando quinto latamente en torno al problema de los plazos, y que estos sentenciadores no pueden sino estar de acuerdo con las argumentaciones jurídicas esgrimidas y el razonamiento aquí vertido. Sin perjuicio que las circulares de la Dirección del Trabajo no son obligatorias para los tribunales, especialmente la N° 96 del 23 de Septiembre de 2009 que modificó la circular 88 de 5 de Julio de 2001, en el sentido inverso al sostenido en esta causa, ya que ninguna circular puede desconocer el método sistemático de interpretación de la ley y el razonamiento efectuado en orden a los fines del legislador en el Título Final del Libro V del Código del Trabajo. Además de este fallo se recurrió de unificación de jurisprudencia ante la Corte Suprema Rol N° 7104-2011, el cual fue rechazado con fecha 25.08.2011.

La causa Rol N° 1832-2010, Corte de Apelaciones de Santiago, caratulada "CÓNDOR BUS LTDA. con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO", de 14 de julio de 2011, que señala:

"SEGUNDO: Que el punto central a dilucidar responde a si el plazo de 30 días que dispone el artículo 512 del Código del Trabajo para deducir el recurso de reconsideración administrativa, responde a días hábiles administrativos basándose al efecto por la aplicación supletoria del artículo 25 de la ley N° 19.880, o, son de carácter corridos estándose a la regla general del artículo 50 del Código Civil.

En este contexto, es dable precisar que el argumento de supletoriedad de la norma que se alega por la recurrente, resulta inconducente para resolver la temática anunciada, toda vez que tal concepto se aplica cuando existe un vacío de la ley y, además, que la disposición del artículo 25 anunciado sea compatible con el procedimiento de multa, lo que evidentemente no ocurre, pues existe regulación sobre la materia en el actual caso; más aún, lo oscuro de la ley necesariamente conduce a la interpretación de ella, lo que es igual a la interpretación de la norma, pero en ningún contexto por la aplicación supletoria que se anuncia.

En el caso actual, no existe un vacío que debe ser suplido." La causa Rol N° 953-2011, Corte de Apelaciones de Santiago, caratulada "ARCOS DORADOS RESTAURANTES DE CHILE LTDA. con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO", de 12 de marzo de 2012:

"11°) Que de lo anterior resulta que el recurrente ha reclamado y obrado conforme al procedimiento establecido en el artículo 512, en relación con el artículo 511 del Código del Trabajo y no respecto del procedimiento establecido en la ley 19.980. En consecuencia le son aplicables las normas de los plazos establecidas en los artículos 512 y 435 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 64 del Código de Procedimiento Civil, 48 y 49 del Código Civil y no la norma del artículo 25 de la ley 19.980.

12°) Que de lo anterior fluye necesariamente que, para presentar la solicitud escrita a que se refiere el artículo 512, la recurrente tenía todo el período que media entre la fecha de notificación de la resolución hasta la medianoche de día que expira el plazo; esto es, el día 5 de Marzo de 2011.

13°) Que lo expresado anteriormente, no se ve afectado por el hecho que por razones de orden administrativo la Inspección Comunal del Trabajo Oriente no atienda los días sábados, ni tampoco cambia la naturaleza jurídica del plazo, ni hace aplicable la ley 19.980. Por ello, es que el recurrente tuvo en la práctica todo el tiempo que media entre la fecha de la notificación de la multa, hasta el día hábil de atención inmediatamente anterior al vencimiento del plazo ocurrido el sábado 5 de marzo de 2011.

14°) Que así las cosas, la Inspección Comunal del Trabajo Oriente ha obrado conforme a derecho respecto que la solicitud escrita presentada por su representada el día lunes 7 de marzo de 2011, era extemporánea La causa RIT I-3-2012, Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, caratulado "nombre reservado CON nombre reservado", sentencia de 14 de mayo de 2012, ejecutoriada, dispone:

"OCTAVO: Que en la especie, el art. 512 en relación a lo dispuesto en el art. 511 del Código del Trabajo, establece que el Director del Trabajo hará uso de la facultad de reconsiderar las multas administrativas impuestas por funcionarios de su dependencia, disponiendo que la solicitud respectiva "deberá presentarse dentro del plazo de 30 días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa " En tal sentido, cabe hacer presente que efectivamente tanto la autoridad administrativa como la jurisdiccional ha sostenido en el tiempo, diversas interpretaciones de la norma referida en cuanto a si los 30 días de plazo para ejercer la facultad de solicitar reconsideración administrativa es de días corridos o hábiles, por lo que la actividad jurisdiccional laboral en relación con el presente conflicto debe asumir la responsabilidad de interpretar la norma agregándole sentido a la misma, a la luz de los principios que sostienen no solo el Derecho sustantivo del Trabajo, o las normas comunes de procedimiento sino que ha de preferirse una interpretación integradora, coherente y universal del derecho chileno ante una norma que solo en apariencia puede resultar incompleta. Al respecto, sin perjuicio de las diversas interpretaciones que tanto las entidades administrativas y la autoridad jurisdiccional han sostenido; es del parecer de esta sentenciadora que son las normas legales las que resultan vinculantes a las personas y que por tanto deben ser correctamente cumplidas. Así, la regulación de la forma de contar los plazos que establece el inc.3ro. del art 435 del Código del Trabajo; se refiere de manera expresa y clara a aquellos plazos establecidos en el Título I del Libro V del referido código por lo que no le es aplicable al plazo regulado por el art 512, ubicado en el Titulo Final del código del ramo, haciendo presente que cuando la ley ha establecido plazos de días hábiles, lo ha dispuesto en forma expresa, en concordancia con lo dispuesto en el art. 50 del Código Civil que dispone en términos generales respecto del Derecho, más allá del Derecho Común que: "En los plazos que se señalaren en las leyes o en los Decretos del Presidente de la República o de los Tribunales o Juzgados, se comprenderán aún los días feriados: a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así, pues en tal caso no se contarán los días feriados". tal como lo dispone en forma coherente el art 66 del Código del Procedimiento Civil respecto de los plazos que se establecen para el ejercicio de las acciones y facultades establecidas en dicho cuerpo legal. En la especie la norma contenida en el art 512 del Código del Trabajo no expresa que el plazo de 30 días establecido para el ejercicio de la facultad de solicitud de reconsideración administrativa, sea de días útiles o que a su respecto no se cuenten los feriados, por lo que prefiriendo esta sentenciadora una interpretación que otorgue sentido coherente en integrador al Derecho positivo, cabe sostener que el plazo de 30 días establecido para el ejercicio de la facultad de solicitud de reconsideración administrativa en el inc. 1ro. del art. 512 del Código del Trabajo es de días corridos, y en él se comprenden aún los feriados, por lo que la reclamante tenía plazo hasta el día 20 de enero de 2012 para la interposición de solicitud de reconsideración administrativa y, en consecuencia, su presentación efectuada el día 23 de enero de 2012, es extemporánea, debiendo rechazarse lo reclamación interpuesta Sin perjuicio de los argumentos anteriormente expuestos, le es menester recordar a la informante, que para esa repartición la Doctrina Institucional vigente y los Dictámenes de la Contraloría General de la República son vinculantes, aun cuando éstas colisionen con la Jurisprudencia Judicial reciente y mayoritaria, tal como lo indica también la Orden de Servicio N° 2 del 28 de marzo del 2012, que Establece y Actualiza Criterios e Instrucciones en Materia de Defensa Judicial de la Dirección del Trabajo. En razón de lo anterior, no se puede desconocer la obligatoriedad, que como Órgano de la Administración del Estado que es la Dirección del Trabajo, que respecto de ella tienen los pronunciamientos de la Contraloría General; razón por la cual no se puede actuar en contrario.

En cuanto a la ausencia de los presupuestos del recurso de protección, sostiene la informante, que como ya sabemos, el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que establece el Recurso de Protección, dispone:

"Ei que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1°, 2°, 3° inciso quinto, 4°, 5°, 6°, 9° inciso final, 11°,12°, 13°, 15°, 16° en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19°, 21°, 22°, 23°, 24° y 25° podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva (...)".

De lo anterior, se colige que para que proceda este recurso, es necesario que el acto u omisión contra el cual se entabla, sea arbitrario o ilegal y que vulnere alguno de los derechos o garantías que indica la norma señalada [siendo estos requisitos copulativos].

Añade, que en este caso particular, la recurrente indica que ese Servicio al declarar inadmisible su solicitud de reconsideraciones administrativas habría vulnerado lo dispuesto en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República [igualdad ante la ley]. Lo anterior, no es efectivo, por cuanto el Ordinario N° 392 de fecha 21 de Septiembre de 2016 y la Resolución N° 60 del 20 de septiembre de 2016, actos contra los cuales se entabla el Recurso de Protección por la empresa Salmones Humboldt Ltda., no son ni arbitrarios, ni ilegales y no vulneran la garantía del artículo 19 N° 2 de nuestra Constitución Política de la República.

En relación a una ausencia de arbitrariedad en la actuación de la Inspección del Trabajo de nombre reservado, sostiene, la informante, que la arbitrariedad implica: carencia de razonabilidad en el actuar u omitir; falta de proporción entre los medios y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener o una inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar y, lo anterior no ha tenido lugar en este caso, por cuanto el servicio se ha limitado a actuar conforme a la doctrina e instrucciones vigentes de ese Servicio y de la Contraloría General de la República, en la materia especifica de que se trata. Tanto el Servicio como la Contraloría General de la República han realizado diversos análisis a fin de dilucidar el tipo de plazo a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo, pudiéndose estar o no de acuerdo con la interpretación realizada, y que por ser vinculante para el servicio fue aplicada en este caso, pero eso no significa que al resolver de la manera en que se hizo hicimos al dictar el Ordinario N° 392 y la Resolución N° 60 de fecha 21 y 20 de septiembre de 2016 respectivamente, se haya actuado de forma arbitraria como dice el recurrente.

En lo que dice relación a una ausencia de ilegalidad en la actuación de la Inspección del Trabajo de nombre reservado, informa que un acto ilegal es aquél que: no se atiende a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley y, el hecho de que su servicio, así como la Contraloría General de la República, sostengan que el plazo a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos y no de días hábiles, como indica alguna jurisprudencia judicial, no significa que su actuación sea ilegal, señalando que lo anterior llevaría al absurdo de que cada vez que ese servicio interpretara y/o aplicara una norma laboral de manera distinta a la que la interpretan y/o aplican los Tribunales de Justicia actuaría ilegalmente; además muchas veces han tenido distintas interpretaciones de la normativa laboral y de la aplicación de ciertos principios que regulan la relación laboral, algunas de las cuales se han mantenido en el tiempo, pero en otras se ha unificado criterios, y las doctrinas una vez minoritarias se han vuelto mayoritarias, lo que no podría llevarse a cabo si se sigue la tesis de la recurrente.

En cuanto a una ausencia de vulneración de la garantía constitucional protegida, artículo 19 N° 2 "La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias Señala, a este respecto, que el recurrente en su presentación indica que la decisión de ese servicio, plasmada en el Ordinario N° 392 y la Resolución N° 60 de fecha 21 y 20 de septiembre de 2016 respectivamente, ha vulnerado la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 2, transcrito anteriormente, señalando que la actuación de ese Servicio habría vulnerado dicha garantía, al no haberse acogido a tramitación ambas reconsideraciones administrativas sin justificación racional ni sustento normativo, realizando de esta manera un trato discriminatorio. Señala, que esto no es así, puesto que el Servicio otorga el mismo tratamiento a todas las reconsideraciones administrativas que se encuentran en la misma situación en la que se encontraba la Reconsideración de la recurrente, situación por la que tuvo que notificarse la Resolución N° 60 una vez que se advirtió el error cometido, puesto que no se puede tramitar y resolver algunas reconsideraciones que sean presentadas fuera de plazo y otras no, porque eso resultaría precisamente discriminatorio. A la presentación de la recurrente se le otorgó el mismo tratamiento que se le otorga a todas las reconsideraciones que se encuentran en la misma situación, por lo que no hay discriminación a su respecto.

Sin perjuicio de lo anterior, señala que el Servicio que representa en ningún caso ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley ni ha establecido diferencias arbitrarias, sino que, tal como ha señalado en diversas ocasiones, ha aplicado a este caso concreto tanto la interpretación realizada por el servicio como por la Contraloría General de la República, respecto del plazo del artículo 512 del Código del Trabajo, interpretación que aplica a todas las reconsideraciones que son presentadas en el servicio, y que no solamente se ha aplicado a la recurrente.

En cuanto al artículo 19 N° 24 "El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, señala la informante que el recurrente en su presentación indica que la decisión del Servicio, plasmada en el Ordinario N° 392 y la Resolución N° 60 de fecha 21 y 20 de septiembre de 2016 respectivamente, además habría vulnerado la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24, transcrito anteriormente, en atención a que eventualmente él se vería obligado a cancelar el importe de las multas que reclamaba mediante las reconsideraciones administrativas a las que no se le dio curso y, aquí tampoco ha habido una vulneración de esa garantía por parte del actuar del Servicio, por cuanto, la recurrente siempre ha tenido la vía judicial ordinaria para reclamar de la decisión plasmada en el ordinario o Resolución del Servicio, y aún no se ha visto obligada a efectuar ningún desembolso, por lo que es una mera expectativa de vulneración, lo cual no está protegido ni consagrado en la Constitución.

En síntesis, recalca que la supuesta vulneración a la garantía de igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República) ni el derecho de propiedad (artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República) alegados por la recurrente, se cae por el hecho de que el servicio aplica este criterio a todas las reconsideraciones que son presentadas por los empleadores y que estén en la misma situación y no es un criterio que solamente se haya aplicado en este caso. Tampoco se ha visto obligada a efectuar ningún desembolso patrimonial que pueda significar una vulneración del artículo 19 N° 24.

En definitiva, concluye que la Inspección del Trabajo de nombre reservado ha actuado conforme a las instrucciones vigentes de ese servicio y a los dictámenes de la Contraloría General de la República, que le son vinculantes, sin que se haya incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno que prive, perturbe o amenace alguna garantía constitucional, de aquellas protegidas por este arbitrio.

Por todo lo anterior, solicita a esta Corte tener por informado el recurso de protección interpuesto, rechazándolo en todas sus partes, por carecer de fundamentos jurídicos, al no existir una acción ilegal o arbitraria que lo haga procedente, con expresa condenación en costas.

CUARTO: Que, durante la vista de la causa, en la audiencia celebrada el día 15 de noviembre de 2016, comparecieron, en representación de la parte recurrente el abogado don Eloy Torres Arangua, quién reiteró los mismos planteamientos vertidos en el recurso, pidiendo, en consecuencia, que sea acogido el recurso de protección, con costas, toda vez que el recurso de reconsideración administrativa se encuentra interpuesto, por su parte, dentro de plazo legal. A su vez, el abogado don Christian Aros Troncoso, alegó contra el recurso, reproduciendo los mismos argumentos contenidos en el informe evacuado por la parte recurrida, pidiendo, en definitiva que sea rechazado el recurso de protección por ser improcedente ya que el recurrente tenía otra vía administrativa para el reclamo, y porque además, la reconsideración fue deducida fuera de plazo legal, conforme a la doctrina resuelta por la Contraloría General de la República y que para ellos les resulta obligatoria aplicarla.

QUINTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Que, por consiguiente, siendo el recurso de protección una solución eficaz para prestar inmediato amparo al afectado, cada vez que una garantía de libertad o un derecho fundamental esté o pueda estar amenazado, restringido o coartado por actos u omisiones ilegales o arbitrarias de un órgano del Estado o de un particular, tal solución es, en tanto sea posible y efectiva, la restauración del derecho agraviado, puesto que si no hay agravio carecería de objeto la acción de protección, que busca precisamente que sea posible el restablecimiento del “statu quo” vigente al momento en que se produjo el acto lesivo al ejercicio de un derecho amparado por el artículo 20.

SEXTO: Que, de otro lado, como la protección fue concebida para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente si éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales, preciso es consignar que la arbitrariedad necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de actuares u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que debe regirse por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones, y en ningún caso por el mero capricho o veleidad.

Asimismo, la existencia de ilegalidad conjuga tanto la idea de lo contrario a derecho, y también, en forma más técnica, el no respeto o infringimiento de una norma jurídica.

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes precedentemente expuestos se concluye que el acto que motiva el recurso de protección, y que se denuncia como ilegal y arbitrario, por parte de la empresa Salmones Humboldt Limitada, es el Ordinario N° 392 de 2016 y la Resolución 060 de 20 de septiembre de 2016, de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, mediante las cuales se dejó sin efecto la resolución N° 52 de fecha 08 de agosto de 2016, por medio de la cual se acogía el recurso de reconsideración de la recurrente y se accedía a la solicitud de rebaja del 50% de las multas impuestas en las resoluciones 1.273/16/15-2 y 1.273/16/15-3, y confirmaba la multa N° 1.273/16/15-1 y, junto con ello, se resolvió tener por no presentado el recurso de reconsideración administrativa, por extemporáneo, toda vez que la Inspección del Trabajo verificó, con posterioridad a la fecha en que se resolvió la reconsideración administrativa, que la presentación del recurso fue efectuado el 30 de junio de 2016, esto es, fuera del plazo de treinta días corridos desde la fecha de la notificación de la multa, notificación que fue depositada en Correos de Chile con fecha 19 de mayo de 2016, entendiéndose notificada con fecha 27 de ese mes y año, conforme al artículo 508 del Código del Trabajo, por lo que dicha solicitud de reconsideración debe declararse inadmisible por extemporánea.

Que, dichos hechos deben tenerse por asentados, firmes y ciertos y que no han sido objeto de discusión por las partes de este recurso, quienes discrepan sobre una materia de interpretación de la norma del artículo 512 del Código del Trabajo.

OCTAVO: Que, primeramente, este Tribunal habrá de hacerse cargo de la alegación de inadmisibilidad del recurso, alegada por la parte recurrida, en atención a que la recurrente disponía de otros medios de impugnación, como lo es la situación contemplada en el inciso final del artículo 512 del Código del Trabajo, esto es, reclamación ante el Juez de Letras del Trabajo, dentro de los 15 días de notificada, lo que no habría ejecutado el recurrente, optando por esta vía que resulta improcedente.

NOVENO: Que, a este respecto, ha de tenerse presente lo dispuesto por el artículo 20, inciso primero, de la Constitución Política de la República, en cuanto el presente recurso de cautela de derechos y garantías constitucionalmente reconocidas, procede, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer el afectado, ante la autoridad o los tribunales correspondientes, de manera que dicha alegación habrá de rechazarse.

DÉCIMO: Que, tratándose la acción intentada por el recurrente, ante la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, de Reclamación de Multas Administrativas ante el Director del Trabajo, o ante quien le hubiere delegado las facultades de resolución, en este caso, la citada Inspección, en base a lo dispuesto en los artículos 512 y 511, ambos del Código del Trabajo, se trata de un procedimiento de naturaleza eminentemente administrativa, en consecuencia, sujeto a las normas de la Ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado.

DÉCIMO PRIMERO: Que, resuelto lo anterior, cabe entrar al análisis del fondo del asunto, esto es, si el Ordinario 392 de 2016 y la resolución 060 del 20 de septiembre de 2016, de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, mediante las cuales se dejó sin efceto la resolución 052 de la misma institución, resultan ser arbitrarias e ilegales al haber contabilizado el plazo del artículo 512 del Código del Trabajo como de días corridos, en circunstancias que debió efectuarse dicho computo como de días hábiles, según lo sostiene la tesis del recurrente.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, sobre el particular, cabe hacer presente, que como lo ha resuelto ya reiteradamente nuestra Excma. Corte Suprema, el plazo de 30 días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración, no es de días corridos, como lo sostiene la Inspección del Trabajo, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos, dado que se trata de un recurso presentado en la etapa de tramitación en sede administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el referido Código, ha de aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos, toda vez que al ser un plazo “especial” como es el contenido en la Ley 19.880 respecto de los procedimientos administrativos, prima por sobre las normas de carácter general contenidas en el Código Civil.

DÉCIMO TERCERO: Que, según aparece, de los antecedentes que se conocen, no está controvertido que el recurso de reconsideración que presentó Salmones Humboldt Limitada, fue presentado con fecha 30 de junio de 2016, fecha que fue verificada por la propia recurrida según consta del informe de ésta última, por lo que conforme se ha razonado precedentemente, ello ocurrió dentro del plazo de treinta días hábiles, contados desde la notificación de la resolución que le impuso la multa, toda vez que la propia recurrida informa que se entendió notificada dicha empresa, de la multa impuesta, con fecha 27 de mayo de 2016.

DÉCIMO CUARTO: Que, así las cosas, la actuación de la recurrida deviene en un acto ilegal y arbitrario pues por ella se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley que fue interpuesto dentro de plazo, afectando de esta forma la garantía constitucional de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, en tanto la autoridad recurrida ha desconocido el término en toda su extensión y, ha dado un trato discriminatorio que no procede que sea aceptado.

DÉCIMO QUINTO: Que, respecto a la vulneración de la garantía del derecho de propiedad establecida en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado que, también, se denuncia como vulnerada en el recurso de protección, es lo cierto que la negativa infundada a tramitar la solicitud de reconsideración obligaba al recurrente a pagar el monto de las multas impugnadas, cuestión que ésta Corte corregirá por la vía de la acción constitucional y, si se tiene presente que el derecho de propiedad implica un derecho real que la persona tiene sobre una cosa corporal o incorporal, para usar, gozar y disponer de ella según lo resuelva el dueño, teniendo como límite la ley o el derecho ajeno, y por consiguiente se trata de un derecho real absoluto, perpetuo e inviolable, que convierte a la persona en titular del mismo, cuestión que no ocurre en el presente caso, por cuanto la negativa infundada de la recurrida a tramitar la reconsideración del recurrente, no constituye un acto que signifique un derecho de propiedad respecto del cual deba protegerse constitucionalmente, desde que dicha negativa no ha conducido al desembolso de las multas impugnadas y, por tanto, solo se trata de la amenaza de una garantía constitucional denunciada respecto de la cual no procede acogerse.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República y lo preceptuado en el Auto Acordado, de 24 de junio de 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y sus modificaciones, se declara:

I.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por la empresa Salmones Humboldt Limitada en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, solo por lo que respecta a la vulneración del derecho de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República y, en consecuencia, se dejan sin efecto el Ordinario N° 392 de 2016 y la Resolución 060 de 20 de septiembre de 2016, de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, mediante las cuales se dejó, a su vez, sin efecto la resolución N° 52 de fecha 08 de agosto de 2016, que acogía recurso de reconsideración deducido por la recurrente y accedía a la solicitud de rebaja del 50% de las multas impuestas en las resoluciones 1.273/16/15-2 y 1.273/16/15-3, y confirmaba la multa N° 1.273/16/15-1, por ser ellas ilegales y arbitrarias, quedando, en consecuencia, vigente y a firme, la citada Resolución N° 052, del 8 de agosto del año 2016.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular don Luis Daniel Sepúlveda Coronado.

Rol 182-2016.

Se deja constancia que no firma la Señora Ministro Titular doña Alicia Araneda Espinoza, pese a haber concurrido a la vista y acuerdo de esta causa, por encontrarse ausente