nombre reservado CONTRA nombre reservado

En Coyhaique, a siete de Diciembre del año dos mil dieciséis.

VISTOS:

Con fecha 17 de Octubre del año 2016, comparece doña nombre reservado, docente, domiciliada en esta ciudad domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de doña nombre reservado, sostenedora del Colegio El Camino (Sociedad Educacional Santa Elena), con domicilio en domicilio reservado, por afectarle, el actuar de la recurrida, la garantía consagrada en el artículo 19 número 1, de la Constitución Política de la República, por los hechos que indicó, solicitando, en definitiva, que este Ilustrísimo Tribunal, “ordene el restablecimiento del imperio del derecho y declare, haciendo lugar al presente recurso, lo siguiente: 1.- La inmediata reincorporación a mis funciones como docente del Colegio El Camino a la Fuente, dejando sin efecto todas las actuaciones de la recurrida que importen la suspensión de mis funciones. 2.- Abstenerse el empleador, en lo sucesivo, a acciones que importen vulneración de derechos fundamentales en la relación laboral. 3.- Que se condena en costas a la recurrida.” (SIC).

De fojas 1 a 15, la recurrente acompaña antecedentes que indican en el cuerpo de su presentación, como asimismo, con fecha 5 de Diciembre del presente año, se tuvieron por acompañados otros antecedentes documentales de esta parte.

Con fecha 16 de Noviembre del año 2016, se tuvo presente el informe de la recurrida, quien terminó solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas. Asimismo, se tuvieron los documentos que acompañó a su presentación.

Con fecha 2 de Diciembre del año 2016, se dictó la providencia Autos en Relación.

A estrado, por la recurrente alegó el abogado don Tristán Sade Sandoval y por la recurrida, don nombre reservado

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, fundamentando el recurso, la recurrente manifestó, sucintamente, que en el año 2013, en el Colegio El Camino de la Fuente, donde se desempeña hace trece años, se creó el Sindicato de Trabajadores El Camino, siendo elegida como su presidente, lo que motivo dificultades en la relación entre trabajadores y empleadora, doña nombre reservado, dificultades que le trajeron daños en su salud emocional y física, enfermedad de carácter laboral a consecuencia de aumento de horas de trabajo, hostigamiento laboral, agresiones verbales, que motivo en Septiembre del año 2015, licencias médicas (tres), por tres meses, seguido de tratamiento médico por otros tres meses más.

Actualmente, dice, ha sido víctima de acoso laboral, a propósito de la contratación de doña nombre reservado, gestora de personal en el colegio, por cuyos actos ha sido amonestada en tres oportunidades en el período de 30 días, por actos que dice no son legítimos, y faltan a la verdad, amonestaciones del 31 de Agosto, 28 de Septiembre y 29 de Septiembre; además, que la señora nombre reservado le provoca con comentarios o le amedrenta y le evita el saludo en una actitud hostil.

De otra parte, manifestó que fue suspendida de sus funciones, en forma arbitraria e ilegal, a partir del 4 de Octubre, por medio de resolución de la sostenedora, en circunstancias que siempre se ha desempeñado en forma seria y responsable, habiendo sido nombrada como docente destacada según se puede apreciar en la página web del colegio. Por ello está nuevamente en consulta médica en una situación de estrés en evolución.

Sostuvo, que lo descrito son acciones arbitrarias e ilegales que vulneran su integridad física y psíquica, habiéndosele afectado, también, su dignidad, protegido por el artículo 19 número 1, de la Constitución Política del Estado, y que prefirió el ejercicio de la acción de protección por ser un medio más eficaz, haciendo presente que la medida –aparentemente de suspensión de funciones-, es ilegal –no aparece en el reglamento Interno-, y no aparece suficientemente justificada como lo exige la norma laboral.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe solicitado, la recurrida, manifestó, resumidamente, respecto de los actos de acoso, hostigamiento y maltrato denunciado en el año 2015, las que no precisa, omitiendo indicar que en la denuncia por práctica antisindical deducida en contra del Colegio, la Dirección del Trabajo informó que “Materia Fiscalizada: vulneración de Derechos Fundamentales: no detecta Infracción”. De manera que no existieron los actos denunciados y que habrían provocado la licencia de tres meses, la que fuere rechazada por la mutual de seguridad a la que se encuentra afiliada la empleadora, aduciendo improcedencia porque no había sido víctima de actos de acoso laboral.

Respecto de las tres cartas de amonestación del año 2016, se sustentan en actos y acciones de doña nombre reservado, caretas que la recurrente no acompaña a su presentación y que esta parte acompaña a su informe y que tuvieron su origen en faltas o incumplimientos por parte de la recurrente a sus obligaciones docentes y laborales, consignadas en el respectivo contrato de trabajo y en el Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad vigente, referido al horario de trabajo, citando la dispositiva que lo rige en relación al contrato de trabajo de la recurrente, respecto de la primera carta de amonestación. Lo propio relata con la segunda carta de amonestación, también por problema horario. La tercera carta de amonestación referida a un incumplimiento reiterado con su obligación de Coordinadora de Centros de Recursos de Aprendizaje, que desarrolla en la Biblioteca del Colegio, en cuanto a su deber de permanecer en dichas dependencias, lo que motiva, nuevamente, una infracción al horario de trabajo.

Hace presente que tales amonestaciones obedecen a la expresión legítima de acciones de carácter administrativo y disciplinario, adoptadas por la empleadora dentro de sus facultades tendientes a corregir una conducta contraria al ordenamiento vigente y a los deberes docentes y laborales establecidos en el contrato de trabajo y al reglamento Interno, cuya fiscalización corresponde, precisamente, a doña nombre reservado, quien ha actuado correctamente en el desempeño de su cargo.

En cuanto a la suspensión de funciones de la recurrente, ocurrida entre el 3 de Octubre y el día 2 de Noviembre de 2016, medida adoptada en resguardo de la integridad y salud física y psicológica de la Directora del establecimiento doña nombre reservado, quien fue agredida verbalmente y en forma injuriosa por la recurrida el día 31 de Agosto del año 2016, debiendo aquella hacer uso de licencia médica y que presentó denuncia por acoso y maltrato en contra de la actora doña nombre reservado, la suspensión operó de manera de resguardo y prevención, con goce total de remuneraciones, medida que reconoce fue un error de procedimiento ya que no se encuentra establecida en el Reglamento Interno del Colegio, sin perjuicio de que la afectada goza de fuero por su carácter de dirigente sindical, de manera que la recurrida, con fecha 2 de Noviembre del año 2016 notificó el término de la suspensión de funciones, y su reincorporación, lo que no ocurrió ya que la recurrente presentó licencia médica de carácter psiquiátrico hasta el día 16 de Noviembre del año 2016, de manera que ha cesado y se ha puesto término a la supuesta vulneración y amenaza de derechos fundamentales de la recurrente. Hizo presente, además, que el hecho de dejar sin efecto la medida de suspensión ocurrió un día antes de la notificación del presente recurso de protección y que la nueva licencia fue expedida por un médico general, sin especialidad en psiquiatría, el mismo que en el pasado otorgó otras tres licencias médicas, que fueron rechazadas por la Isapre y por la Mutual de Seguridad, al igual con la expedida el 2 de Noviembre del año 2016.

Alegaciones que el abogado de la recurrida, reitera en estrado.

TERCERO : Que, de la relación de las alegaciones descritas en los motivos Primero y Segundo, se tiene que, lo que se estima como ilegal y arbitrario por parte de la recurrente, y que determina la controversia y objeto del recurso, son presuntos actos de acoso laboral: Los primeros, ocurridos durante el año 2015, no precisados en cuanto a su contenido; los segundos, por tres cartas de amonestación cursadas por la empleadora el 31 de Agosto, 26 de Septiembre y 30 de Septiembre, todas del año 2016; y en tercer lugar, por la suspensión de funciones de la recurrente a contar desde el 3 de Octubre y hasta el 2 de Noviembre del año 2016.

CUARTO: Que, primeramente cabe hacer presente lo genérico, innominado, carentes de fechas y hechos concretos, respecto del primer capítulo de acoso, acaecido durante el año 2015, lo que de por sí ya aparecen como extemporáneos a la luz del Auto Acordado que regula la presente acción Constitucional, de manera que el recurso de protección intentado, con base a este primer hecho denunciado, habrá de ser rechazado y así se declarará.

QUINTO: Que, en consecuencia, de conformidad a los antecedentes acompañados por la recurrente y recurrida, analizados y ponderados de acuerdos a las normas de la sana crítica, según prescribe el número 5, del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección del año 1992 y sus modificaciones, aparece que, la recurrente, doña nombre reservado, se desempeña como docente en el Colegio El Camino a la Fuente, quien se desempeña como presidente del Sindicato de Trabajadores El Camino de dicho colegio, quien ha presentado licencias médicas, por tres meses en el año 2015, por situaciones de estrés laboral, más otra en el año 2016, derivado de iguales circunstancias, que ella denomina como acoso laboral y que el recurrido justifica en la aplicación de las normas estatutarias internas del colegio, con la salvedad de que reconoce un error en la medida de suspensión de función laboral, con goce completo de remuneraciones, la que fue solucionada, previo a la notificación de la presente acción tutelar.

Que, conforme las alegaciones de las partes no se controvirtió el hecho de que las licencias médicas presentadas por la recurrente le fueron rechazadas por la autoridad competente, en atención a que el facultativo que las expidió no ostentaba la calidad de médico psiquiatra.

Asimismo, también consta que en forma previa a la presentación del recurso, la recurrente fue objeto de tres cartas de amonestación por incumplimientos horarios de conformidad a lo dispuesto en su contrato de trabajo y Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad, en los meses de Agosto y Septiembre del año 2016, como asimismo, a contar del 3 de Octubre del año 2016, se le suspendió de sus funciones, con goce completo de remuneraciones, medida que fue dejada sin efecto el día 2 de Noviembre del año 2016, presentando, acto seguido la recurrente, licencia médica a contar de la misma fecha y hasta el día 16 de Noviembre del año 2016.

SEXTO: Que, se ha sostenido, reiteradamente, que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SÉPTIMO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil-, o arbitrario, - o sea, producto del mero capricho de quien lo comete-, y que, como consecuencia de él o los mismos, afecte una o más de los derechos o las garantías preexistentes protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el Tribunal ante el cual se interpone.

OCTAVO: Que, entonces, de lo razonado anteriormente, se tiene que el recurso de protección es una acción tutelar, que permite a las Cortes de Apelaciones y eventualmente, a la Excma. Corte Suprema, examinar, sin forma de juicio y por vía solamente indagatoria, si se ha producido una privación, perturbación o amenaza del legitimo ejercicio de los derechos y garantías que consagra el artículo 20, en relación al artículo 19, ambos de la Constitución Política de la República; por lo que la interposición de este recurso, y por los hechos descritos en el libelo pretensor de fojas 16 a 22, no se observa la vulneración del derecho a que alude la recurrente, ni tampoco un actuar arbitrario o ilegal de parte de la autoridad administrativa, toda vez que lo obrado obedece al cumplimiento de la normativa vigente que les rige, en lo que a las cartas de amonestación se refiere, segundo capítulo de alegación de afectación de la garantía de la recurrente.

Por lo que, no siendo la tramitación y fallo de un recurso de protección, propio de un juicio declarativo, no es posible usar el recurso de protección como medio de sustitución de las acciones ordinarias que permitan el debate de las diferencias jurídicas con plenitud de igualdades procesales, que debe brindar un debido proceso, por lo que, necesariamente, éste deberá ser rechazado, también en este segundo capítulo, y así se declarará.

NOVENO: Que, sin perjuicio de lo razonado precedentemente, habrá de tenerse presente que la recurrente, como objeto de su recurso, pretendió que se ordene por este Ilustrísimo Tribunal: “La inmediata reincorporación a sus funciones como docente del Colegio El Camino a la Fuente, dejando sin efecto todas las actuaciones de la recurrida que importen la suspensión de sus funciones.

Materia, que, como se anticipó, ya ha sido resuelta, al menos en lo mediático, y que, si lo que se pretende es impugnar los procesos administrativos que devinieron en la situación que motivó el reclamo, o bien, acerca de la legitimidad de la medida impuesta, señalada como tercer capítulo de afectación de su garantía, habrá de concluirse, necesariamente, que tales circunstancias son, necesariamente, motivo de otro proceso o procedimiento, circunstancias no admisibles de ser discutidas en esta excepcional sede de cautela de garantías, como ya se expresó, puesto que la normativa legal y reglamentaria que la rigen, establecen y determinan que la recurrida, en su carácter de Sostenedora del citado Colegio, se encuentra suficientemente revestida de la potestad disciplinaria necesaria y suficiente como para, en cada caso, adoptar las medidas de advertencia por incumplimientos laborales y de eventual resguardo de la integridad de todos los funcionarios.

Además, y sin perjuicio de lo anterior, el mal que motivó el presente recurso en cuestión, ha sido dejado sin efecto por la misma autoridad que lo motivó, de manera que el principal objetivo de esta acción cautelar, ya no tiene objeto, puesto que no existe mal al que se debe poner pronto remedio.

DÉCIMO: Que, en efecto, los hechos descritos por la recurrente y de acuerdo a sus pretensiones concretas, de acuerdo a los antecedentes acompañados, primeramente, no resultan fehacientemente acreditados, toda vez que la presunta afectación psicológica ha sido diagnosticada por quien no se encuentra suficientemente calificado para hacerlo y cuyo resultado, acertado o deficiente, no es ni puede ser de la competencia de este Ilustrísimo Tribunal, de manera que, inevitablemente, habrá de reiterarse la decisión de rechazo del recurso intentado.

UNDÉCIMO: Que, además, habría de considerarse, las mismas disposiciones citadas, tanto de las recurrentes, cuanto de la recurrida, en orden a que la competencia de este Ilustrísimo Tribunal se ve limitada, ya que si los actos denunciados, que originaron la presente acción cautelar, se encuadrarían, eventualmente, en actos que deben ser, como lo están siendo actualmente, motivos de Investigaciones y Fiscalizaciones de parte de la Inspección del Trabajo, a quien se le ha remitido, también, cada una de las amonestaciones, como de otras imputaciones que la recurrida efectuó a la recurrente con motivo de denuncia por acoso laboral de ésta para con la Directora del Colegio, los que bien podrían ser, también, eventualmente, actos constitutivos que determinen una acción de tipo y materia laboral, ello exigirá un tipo de procedimiento que escapa y es ajeno a la acción que se pretendió.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Garantías Constitucionales, y sus modificaciones, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido de fojas 16 a 22, por doña nombre reservado, ya individualizada, en contra de la Sostenedora del Colegio El Camino a la Fuente, doña nombre reservado, ya individualizada.

Redactado por el Ministro Titular, don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°: 176-2016.-