Protección contra Director Regional del Servicio de Impuestos Internos de Coyhaique

Coyhaique, a veintinueve de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En autos rol de esta Corte N°173-2026, en lo principal de presentación de fecha 22 de julio de 2026, comparece don Eduardo Salomón Lillo, abogado, en representación de la Sociedad Hermanos nombre reservado SpA., de su único representante y socio don nombre reservado y del Gerente General don nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Director Regional del Servicio de Impuestos Internos de Coyhaique, don nombre reservado, empleado público, domiciliado en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en emitir 19 giros de impuestos con fecha 21 de julio de 2026, por un monto nominal de $441.281.407, no obstante encontrarse pendiente de resolución un nombre reservado administrativo, todo lo cual vulnera las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19° N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, pidiendo, en definitiva:

“1. Tener por interpuesto recurso de protección en contra del Director Regional del SII Coyhaique don nombre reservado.

2. Declarar ilegal y arbitraria la emisión de los 19 giros tributarios de fecha 21 de julio de 2026.

3. Ordenar dejar sin efecto dichos giros mientras se encuentre pendiente la reposición ante el Director Nacional.

4. Ordenar al SII abstenerse de emitir nuevos giros o actos derivados de la Resolución Exenta Nº 216 mientras no se resuelva el recurso pendiente.

5. Restablecer el imperio del derecho.. (sic)”.

Con fecha 7 de agosto de 2026, nombre reservado, Director Regional (S) de la XI Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, evacuó el informe requerido.

Con fecha 21 de septiembre de 2026, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista de la causa el 23 del mes y año en curso, con la comparecencia de manera remota del abogado recurrente don Eduardo Salomón Lillo; y, contra el recurso, de manera presencial, el abogado don Sergio Caro Flores; tras lo cual la causa quedó en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente fundamenta su recurso señalando que, con fecha 18 de diciembre de 2025, la Dirección Regional Coyhaique del Servicio de Impuestos Internos dictó la Resolución Exenta N° 216, mediante la cual declaró “no fidedignos” los documentos aportados por la Sociedad recurrente para acreditar operaciones realizadas entre los años 2020 y 2023 con los proveedores nombre reservado Carlesi Barría y Sociedad Al Alcance de Todos SPA, frente a la cual se interpusieron, dentro de plazo los recursos administrativos pertinentes.

En lo pertinente, refiere que con fecha 19 de mayo de 2026, mediante Resolución Exenta N° 2432, el Director Regional rechazó el recurso jerárquico, razón por la que interpuso nombre reservado ante el Director Nacional del Servicio, conforme a los artículos 8° bis del Código Tributario y 59 y siguientes de la Ley N° 19.880, habiéndose informado con fecha 17 de junio de 2026, que dicho recurso habría sido canalizado a la Oficina del Director Nacional para su conocimiento y tramitación, lo que a su criterio resulta relevante, pues activa la suspensión del procedimiento e impide legalmente la dictación de actos definitivos.

Sin embargo, reclama que, pese a la pendencia del recurso, el 21 de julio de 2026, el Director Regional de Aysén emitió 19 giros tributarios por un monto de $441.281.407, todos derivados de la fiscalización iniciada por la Resolución Exenta N° 216.

Sostiene que la emisión de dichos giros es ilegal y arbitraria, por cuanto se dictaron durante la suspensión del procedimiento sin esperar la decisión del Director Nacional, pese a encontrarse en conocimiento de dicha circunstancia y a la normativa legal.

Afirma que el actuar del Servicio recurrido infringe el artículo 57 inciso 2° de la Ley N° 19.880, el principio de juridicidad contenido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, el debido proceso administrativo consagrado en el artículo 8 bis del Código Tributario, así como las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad.

SEGUNDO: Que, nombre reservado, Director Regional (S) de la XI Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, solicita el rechazo de la acción, con costas.

Después de referirse a los antecedentes del recurso, indica que con fecha 7 de mayo de 2025, el Servicio de Impuestos Internos interpuso una querella por delito tributario ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, en contra de don nombre reservado y don nombre reservado, vinculados a la sociedad Hermanos nombre reservado Spa., por hechos constitutivos de delitos tributarios, relacionados con la emisión de facturas electrónicas falsas, para aumentar de manera indebida créditos fiscales a su favor, los que fueron pagados durante los años tributarios 2021, 2022 y 2023 por la Tesorería General de la República.

Explica que se realizó un proceso de fiscalización, que tuvo como origen la revisión del crédito fiscal IVA respecto de determinados proveedores, no pudiendo acreditarse el pago con los antecedentes presentados, lo que dio lugar a una fiscalización más amplia en el marco del programa denominado "Auditoría al Crédito Fiscal en Proveedores de la Construcción", en la que tampoco se acreditó el pago de las facturas en cuestión, ni la efectividad material de las operaciones celebradas con los proveedores cuestionados, concluyéndose finalmente que los pagos realizados no cumplían con los requisitos del artículo 23 Nº 5 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios.

Señala que, por lo anterior, mediante Resolución N.º 216, de 18 de diciembre de 2025, se declararon no fidedignos los antecedentes aportados por el contribuyente para acreditar las operaciones y los pagos asociados a las facturas cuestionadas y que, en consecuencia, se practicaron las correspondientes liquidaciones de impuestos, las que posteriormente dieron origen a la emisión de los giros tributarios reprochados.

Reclama la improcedencia del recurso de protección, ya que los artículos 155 y siguientes del Código Tributario establecen un procedimiento especial de reclamo por vulneración de derechos del contribuyente, respecto de todos aquellos actos u omisiones ilegales o arbitrarios no comprendidos en el artículo 124 del Código Tributario, lo que viene a constituir una norma de carácter especial que prevalece por sobre la general, debiendo presentarse el reclamo correspondiente ante el Tribunal Tributario y Aduanero. Agrega que, si lo pretendido es cuestionar la emisión de los giros, el Código Tributario contiene procedimientos específicos, como el procedimiento de nombre reservado del artículo 123 bis del Código Tributario, en sede administrativa o bien, a través del Procedimiento General de Reclamación Tributaria del artículo 123 y siguientes del Código Tributario.

Por otro lado, descarta la existencia de actuaciones ilegales y arbitrarias, en tal sentido, relata que con fecha 17 de enero de 2026, la recurrente presentó una Solicitud de Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF), respecto de la Resolución Exenta N° 216, y que, analizados los antecedentes, mediante Resolución Exenta N° 260795, de 7 de abril de 2026, se habría resuelto no ha lugar.

Que, se dedujo un Recurso de Resguardo en contra de la Resolución Exenta N° 260795, el que fuere conocido y resuelto mediante Resolución Exenta N° 77326144238, de 27 de abril de 2026, en la que el Director Regional rechazó las alegaciones.

Añade que, paralelamente, con fecha 17 de enero de 2026 también se habría presentado una nombre reservado (RAV), la que fue resuelta a través de Resolución Exenta N.° 260791, de 20 de abril de 2026, que resolvió no ha lugar.

Que pese a encontrarse resueltos ambos procedimientos, menciona que se habrían realizado nuevas presentaciones administrativas, deduciéndose un Recurso Jerárquico, el que nuevamente impugnó la Resolución Exenta N° 260795, a pesar de que dicho acto no contempla dicha vía recursiva, desestimándose por la Dirección Nacional de Servicio mediante Resolución Exenta SII N° 2432, respecto de la cual, con fecha 23 de mayo de 2026, se presentó nombre reservado, dirigido al Director Nacional del Servicio, razón por la cual fue derivado para su correspondiente tramitación administrativa.

Adiciona que, a raíz de las sucesivas presentaciones y diversos procedimientos administrativos respecto de una misma materia, incluso por vías que no resultaban procedentes, se solicitó una reunión con el representante de la empresa a fin de explicar cada procedimiento y sus alcances, además de informársele al mandatario el estado de los mismos.

En otro ámbito, sostiene que el Servicio se encontraba legalmente facultado para emitir los giros, pues no existía actuación pendiente dentro del procedimiento de determinación administrativa de los impuestos que impidiera el ejercicio de las facultades conferidas por ley, ello de conformidad con el artículo 24 del Código Tributario.

Hace presente que, a la fecha de la emisión de los giros, esto es, el 21 de julio de 2026, se encontraba vencido el término legal para interponer la reclamación tributaria del artículo 124 del Código Tributario; que respecto de la reposición interpuesta con fecha 23 de mayo de 2026 y la presunta suspensión del acto de conformidad al artículo 57 de la Ley 19.880, precisa que dicha norma es de carácter supletorio, habiendo el legislador contemplado procedimientos administrativos especiales en la materia.

Añade que en el artículo 57 la regla general es que la interposición de recursos administrativos no suspende la ejecución del acto impugnado, señalando, en cambio, que puede suspenderse la ejecución por la autoridad llamada a resolver el asunto previa petición del interesado, refiriendo que en el caso del nombre reservado interpuesto no se solicitó la suspensión de la ejecución del acto impugnado.

Por lo antes expuesto, descarta la afectación de garantías fundamentales o de los derechos reconocidos en el artículo 8 bis del Código Tributario.

TERCERO: Que, en esta materia, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, en criterio que este Tribunal comparte, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo, ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo se afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

Igualmente, este remedio institucional sólo tiene por objeto proteger derechos indubitados, no una esperanza o mera expectativa de constituir alguno de ellos, pues no se trata de un juicio declarativo de los mismos.

SEXTO: Que, en síntesis, el recurrente hace consistir el acto arbitrario e ilegal en la emisión de 19 giros de impuestos por la recurrida, con fecha 21 de julio de 2026, por un monto de $441.281.407, no obstante encontrarse pendiente de resolución, según sostiene, un nombre reservado administrativo, todo lo cual vulnera las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19° N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes incorporados a la causa, aparece que mediante Resolución Exenta SII N.º 3673, de 13 de agosto de 2026, se declaró inadmisible el nombre reservado deducido en contra de la Resolución Exenta N.º 2432, de 19 de mayo del mismo año. De este modo, la circunstancia que servía de fundamento inmediato a la tutela solicitada, esto es, la pendencia de dicho recurso administrativo, cesó durante la tramitación de la presente acción.

OCTAVO: Que, en efecto, la recurrente solicitó dejar sin efecto los giros cuestionados mientras se encontrara pendiente la reposición ante el Director Nacional y ordenar al Servicio abstenerse de emitir nuevos actos, en tanto aquella no fuese resuelta. Habiéndose producido durante la tramitación de este recurso el pronunciamiento de la autoridad administrativa, ha desaparecido el presupuesto sobre cuya subsistencia descansaban las medidas cautelares específicamente requeridas, de modo que esta Corte carece actualmente de una providencia útil que adoptar en los términos solicitados para restablecer el imperio del derecho, por lo que el recurso ha perdido oportunidad, resultando por ende inoficioso analizar la efectividad de alguna vulneración de garantías fundamentales.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20, de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, cuyo texto refundido se encuentra en el Acta Número 94, del año 2015, se resuelve:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Eduardo Salomón Lillo, abogado, en representación de la Sociedad Hermanos nombre reservado SpA., de su único representante y socio don nombre reservado y del Gerente General don nombre reservado, en contra del Director Regional del Servicio de Impuestos Internos de Coyhaique, don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Sr. Ministro Titular, don José Ignacio Mora Trujillo.

Rol N° 173-2026 (Protección).