SINDICATO NACIONAL DE OFICINAS DE EMPRESA FUNDACION INTEGRA con FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO

Coyhaique, cuatro de Junio de dos mil veinte.

VISTOS:

Con fecha 22 de Abril de 2020, se presenta don nombre reservado, Presidente del Sindicato Nacional de Oficinas de Empresa Fundación Integra, también denominado SINOF, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez (en adelante Integra), Región de Aysén, representada por su Directora Regional Isabel Aminta Roncallo Fandiño, ambos con domicilio en domicilio reservado, señalando que recurre en favor de nueve trabajadores que individualiza, los que se desempeñan en la Oficina Regional de la recurrida, por haberse atentado contra su integridad física al no cumplir obligaciones sanitarias en relación a la pandemia por Corona Virus, produciéndose una discriminación arbitraria, solicitando se ordene a la recurrida que no permita distinciones entre trabajadores, que mientras no proporcione condiciones de trabajo seguras, la elaboración de un protocolo de resguardo, con desplazamiento seguro en el trayecto desde y hacia el puesto de trabajo, distanciamiento y ventilación suficientes, sanitización permanente, mascarilla, guantes, elementos de desinfección y/o control a la puerta para impedir el acceso de posibles contagiados, pueden acogerse al artículo 184 bis del Código del Trabajo, y cualquiera otra medida que se estime pertinente, con costas en beneficio del Sindicato.

Funda su libelo, en síntesis, en que la Fundación Integra es una persona jurídica de derecho privado y sus trabajadores se vinculan por contrato de trabajo, por lo que no son funcionarios públicos. Refiere que deduce el recurso en favor de 9 trabajadores, los que individualiza, y que se desempeñan en la Oficina Regional.

Luego de mencionar antecedentes de contexto, señala que su empleador tiene la obligación moral y según el artículo 184 del Código del Trabajo, de velar por la salud de los trabajadores. Integra tomo las medidas para el resguardo de los niños, suprimiendo las actividades, pero no así de su personal que trabaja en las oficinas regionales, quienes igualmente tienen entre sus familiares a personas de grupos vulnerables. La mayor parte se moviliza en locomoción colectiva, interactúa con los demás y varios viajan diariamente desde otras comunas.

Refiere que, actualmente, la Oficina Regional de Integra está desarrollando turnos éticos, los que se hacen insostenibles por el aumento de casos y mayor riesgo de contagio; deben usar el transporte público; y la Oficina no ingresa en primer lugar el personal de aseo, ni están todos los implementos de limpieza necesarios.

Agrega, que en la Oficina Regional hay dos categorías de trabajadores, los que trabajan remotamente y los que no. Entre ellos están los conductores, auxiliares de servicio y otros administrativos, por el sólo hecho de hallarse en la Oficina, se ven amenazados, ya que se instruyó que se dejen de pagar las asignaciones de colación a los trabajadores que efectúan menos de 4 horas de trabajo, vía remota o presencial, y ellos son los más vulnerables por los niveles de sueldo. En dichas orientaciones, se permite el pago de colación del teletrabajo, lo que se torna arbitrario, porque no tiene las herramientas para monitorear remotamente el tiempo que requieren las tareas.

Además, señala, no se proporcionan mascarillas, guantes, alcohol gel, o hacer sanitización permanente a espacios comunes, y controlar la temperatura de trabajadores y público. No se aplican las medidas que recomienda la OMS, las que enumera.

Expresa que el 18 de Marzo de 2020, se envió un correo electrónico al Director Ejecutivo, pidiéndole la suspensión de actividades, haciendo uso de la facultad del artículo 184 bis del Código del Trabajo, pero no han recibido respuesta.

En cuanto al Derecho, específicamente las garantías constitucionales, estima vulneradas las contenidas en el artículo 19 N° 1 y 2 de la Carta Fundamental, esto es, el derecho a la vida e integridad física, ello relacionado también con la aplicación de los artículos 184 y siguientes del Código del Trabajo, sobre el deber del empleador de prestar protección eficaz a la vida y salud de los trabajadores; y el derecho a no discriminación como expresión de la igualdad ante la ley.

Concluye, solicitando se ordene a la recurrida que no permita distinciones entre trabajadores, que mientras no proporcione condiciones de trabajo seguras, la elaboración de un protocolo de resguardo, con desplazamiento seguro en el trayecto desde y hacia el puesto de trabajo, distanciamiento y ventilación suficientes, sanitización permanente, mascarilla, guantes, elementos de desinfección y/o control a la puerta para impedir el acceso de posibles contagiados, pueden acogerse al artículo 184 bis del Código del Trabajo, y cualquiera otra medida que se estime pertinente, con costas en beneficio del Sindicato.

Con fecha 8 de Mayo de 2020, informa el recurso doña Colomba Belén Barrios Barría, abogada, en representación de Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez (también denominada Fundación Integra, o simplemente Integra), solicitando que el recurso sea rechazado, con costas.

Funda su petición, en síntesis, en que luego de referirse al contenido de la acción presentada en su contra y a la naturaleza jurídica, propósito y organización de la institución recurrida, que el presente recurso de protección es improcedente, porque no se verifican sus presupuestos. Al invocar los recurrentes el artículo 184 bis del Código del Trabajo, se reconoce que se trata de una facultad en favor de cualquier trabajador que estime que corresponde activarla. Dicha facultad nunca ha sido cuestionada por la recurrida.

Agrega, que Integra ha cumplido estrictamente el artículo 184, adoptando medidas de organización del trabajo y teletrabajo, equipos mínimos presenciales, cumpliendo las medidas sanitarias recomendadas por la autoridad de salud.

En cuanto a la alegación de falta de legitimidad activa, el recurso de protección no es una acción popular, y se ha interpuesto en beneficio de los trabajadores de la Oficina Regional de Integra, pero no aclara los actos u omisiones concretos por los que recurre, ni el modo en que éstos afectan los derechos invocados a cada una de las personas en cuyo favor comparece, especificando sus situaciones particulares. Ello se manifiesta en el correo electrónico del recurrente a Directores Regionales en contra los que interpuso el recurso, en que dice que “fue interpuesto en todas las Regiones y no a título personal por parte de un trabajador en particular…”; y cita jurisprudencia al efecto.

En cuanto a las garantías conculcadas, la amenaza debe ser cierta, actual, precisa y concreta, lo que no se cumple en este caso. Las actuaciones de Integra se han ajustado a las medidas que ha dispuesto la autoridad nacional. Los Tribunales no pueden pronunciarse sobre la suficiencia, oportunidad o congruencia de las medidas adoptadas, pues corresponden a otro poder del Estado.

Tampoco, agrega, ha habido actuación discriminatoria, ya que han sido orientadas por la autoridad administrativa competente. Por ello, en algunos casos, se ha dispuesto el teletrabajo, y en otros, esporádicamente, la asistencia a la Oficina Regional o Nacional para labores precisas; y en otros, derechamente la liberación de la asistencia. Pero en todos los casos se mantienen sus remuneraciones.

Respecto a la petición concreta del recurso, se desprende que ha deducido una acción popular, atribuyéndose la representación de todos los trabajadores de Integra. El recurso de protección no puede constituirse en instancia declarativa de derechos, lo que corresponde a Juzgados de Letras del Trabajo, según el artículo 420 del Código del ramo.

En cuanto a la actuación de la Fundación Integra, ésta se ha ajustado a derecho, y enumera las medidas adoptadas por la Dirección de Personas de la Fundación, sobre población de riesgo, teletrabajo, reuniones, higiene, vacunación, en caso de contagio, funcionamiento de casino, horarios de ingreso y salida diferidos. A continuación enumera las medidas adoptadas en la Región de Aysén:

· Un dispensador de alcohol gel y pulverizador de alcohol desinfectante, en 1° y 2° piso, y caja de guantes desechables.

· Entrega de mascarillas reutilizables certificadas.

· Instalación de 4 dispensadores de pared de alcohol gel.

· Sanitización de Oficina Regional a cargo de empresa.

· Implementación de test de temperatura a funcionarios.

· Aseo y desinfección diario de todas las superficies de uso frecuente, 2 veces al día.

· Ventilación diaria de cada oficina.

· Implementación de señalética e instrucciones.

· Instructivo preventivo de atención de personas.

· Difusión de correo electrónico sobre recomendaciones sanitarias.

· Reducción de horario de atención de público.

· Implementación de turnos de trabajo.

· Instauración de teletrabajo.

· Restricción de trabajadores en Oficina Regional (15 personas máximo).

Finalmente, y luego de referirse a situaciones particulares de algunos trabajadores, señala que los 9 trabajadores en favor de quienes se recurre, sólo a 4 de ellos y de manera rotativa, han debido acudir a las oficinas a prestar funciones.

En relación al supuesto no pago del beneficio de alimentación, refiere que la Oficina Regional ha pagado en Marzo y Abril a todos los trabajadores la asignación por colación, sin distinción.

Con fecha 30 de Mayo de 2020 se trajeron los autos en relación.

Con fecha 2 de Junio recién pasado tuvo lugar la audiencia para la vista de la causa, mediante sistema de videoconferencia, en la que se recibieron alegatos del apoderado de la parte recurrente Pedro Cristobal Ibarra Sánchez y la abogado de la parte recurrida, doña Colomba Barrios Barría, quien instó por el rechazo de la acción de protección.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

SEGUNDO: Que, primeramente, la parte recurrida alegó falta de legitimación activa del recurrente, fundada en que la acción deducida en autos no aclara los actos u omisiones concretos por los que recurre, ni el modo en que éstos afectan los derechos invocados a cada una de las personas en cuyo favor comparece, especificando sus situaciones particulares, por lo que estaríamos en presencia de una acción popular, según la jurisprudencia que cita; alegación ésta que será desestimada, puesto la acción popular supone un reclamo de un interés colectivo o difuso, lo que no ocurre en el presente caso en que el ejercicio de la acción constitucional se personalizó en los que sufrieron privación, perturbación o amenaza en sus derechos, compareciendo un tercero determinadamente en su favor, por lo que existe legitimación activa del recurrente, en atención a que del libelo recursivo aparece claramente que nombre reservado, Presidente del Sindicato Nacional de Oficinas de Empresa Fundación Integra, deduce el recurso de protección en favor de nueve trabajadores que individualiza concretamente, por haberse afectado su integridad física, produciéndose una discriminación arbitraria, de modo que estamos frente a accionantes o lesionados específicos o concretos, sin que la aclaración de actos u omisiones en sus situaciones particulares afecten la legitimidad activa sino más bien dicen relación con el fondo del asunto a resolver, como tampoco incide lo expuesto en el correo electrónico del recurrente a Directores Regionales en contra los que interpuso el recurso, en que dice, según la recurrida, que “fue interpuesto en todas las Regiones y no a título personal por parte de un trabajador en particular…”, ya que el claro tenor del recurso permite sostener lo contrario a lo que dice el citado correo.

TERCERO: Que, en segundo lugar, se deberá tener presente que el recurrente en la vista de la causa se ha desistido del recurso de protección solo en cuanto a la afectación de la garantía establecida en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física, por estimar que la recurrida ha adoptado las medidas que apuntan a los aspectos reclamados por la recurrente de orden sanitario, de organización del trabajo, de información, etc., y la aplicación del artículo 184 bis del Código del Trabajo, desistimiento que fue aceptado por la parte recurrida en la misma oportunidad procesal, por lo que esta Corte acogerá tal solicitud y tendrá por desistido al recurrente de la presente acción constitucional, en lo que atañe a la garantía establecida en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, de este modo, en cuanto al fondo, el presente recurso finalmente ha quedado circunscrito, en lo que atañe al acto arbitrario o ilegal, a las orientaciones que impartió la recurrida para que se dejase de pagar la asignación de colación a aquellos trabajadores que efectúen menos de cuatro horas de trabajo, vía remota o presencial, lo que, a juicio del recurrente, resulta una discriminación arbitraria desde que se permite el pago de colación de teletrabajo, sin posibilidad de monitoriarlo, a diferencia del personal con trabajo presencial que está sujeta al registro de asistencia, que representa mayor riesgo que los demás, por lo que se vulnera el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, según lo expuesto en el recurso que se conoce, las argumentaciones respecto al acto arbitrario e ilegal son planteadas de modo genérico, sin precisar, de una manera concreta, la forma en que tal actuación de la recurrida haya afectado específicamente a cada uno de los trabajadores a cuyo favor se recurre y sus circunstancias individuales; dado que el recurso no precisa si los recurrentes se encuentran afectos a esas eventuales orientaciones que supuestamente impartió la recurrida, ni que todos éstos sean trabajadores presenciales perjudicados en relación a los trabajadores que realizan el trabajo vía remota, a cuyo respecto se permite el pago de colación, sin posibilidad de monitoriarlo, a diferencia del personal con trabajo presencial que está sujeto al registro de asistencia, de tal modo que esta imprecisión impide determinar una vulneración concreta y específica de los recurrente y por tal circunstancia debe desestimarse el presente recurso.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, el supuesto actuar arbitrario o ilegal de la recurrida, esto es, las eventuales orientaciones que impartió la recurrida para que se dejase de pagar la asignación de colación del modo expuesto por los recurrentes, no se encuentra acreditado, sin perjuicio que la discriminación arbitraria descansa en la distinción de trabajadores remotos y presenciales, en desmedro de estos últimos, sin probarse que todos los recurrentes detenten esta última calidad, máxime si la recurrida sostiene que solo cuatro de los nueve recurrentes se encuentran en forma rotativa en esta situación e incluso acreditó mediante correo electrónico de 23 de marzo de 2020, que se informó que la oficina regional de la recurrida se encuentra cerrada debido a la contingencia por la que atraviesa el país, señalando que habrá un funcionario –turno ético-, para trámites impostergables.

Más aún el recurrente en su alegato en estrados no controvirtió lo expuesto por la recurrida en su informe en cuanto a que dichos emolumentos de colación han sido pagados en los meses de Marzo y Abril del presente año, sin distinciones entre los trabajadores, sin que se advierta un acto arbitrario e ilegal de la recurrida que constituya una vulneración al derecho fundamental de la igualdad ante la ley en los términos narrados en el recurso que se conoce.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, dada la imprecisión del recurso y no habiéndose justificado el hecho base que la recurrente imputa a la recurrida, no puede configurarse el acto arbitrario o ilegal que motiva la presente acción, por lo que será rechazado el recurso de protección que se conoce, sin que se advierta una vulneración a la garantía de igualdad ante la ley, prevista en el artículo 19 n°2 de la Constitución Política de la República, cuyo análisis pormenorizado de éstos resulta inoficioso al faltar un requisito previo de procedencia de la acción, como lo es, la ilegalidad y/o arbitrariedad del acto denunciado, según ya se indicó.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio de 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE DECLARA:

I.- Que SE RECHAZA la falta de legitimidad activa alegada por la recurrida.

II.- Que SE TIENE POR DESISTIDO a la parte recurrente del recurso de protección deducido en lo principal del escrito de fecha 22 de Abril de 2020, por don nombre reservado, Presidente del Sindicato Nacional de Oficinas de Empresa Fundación Integra, en favor de nueve trabajadores que individualiza, y en contra de Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez, solo en cuanto a la afectación de la garantía establecida en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física.

III.- Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en lo principal del escrito de fecha 22 de Abril de 2020, por don nombre reservado, Presidente del Sindicato Nacional de Oficinas de Empresa Fundación Integra, en favor de nueve trabajadores que individualiza, y en contra de Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez, en cuanto a la afectación de la garantía establecida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por el Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo.

Rol N° 170-2020 (Protección).