Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Coyhaique, veinticuatro de Marzo del año dos mil veintiuno.

VISTOS:

Que, con fecha 20 de Febrero de 2021, comparece doña nombre reservado, cédula nacional de identidad NUM000, de profesión administradora pública, domiciliada en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, RUT RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, ignora cédula de identidad, profesión u oficio, o por quien haga las veces de tal, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por vulnerar de forma ilegal y arbitraria sus derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N° 1 y 3, de la Constitución Política de la República, referidos al derecho a la vida y al debido proceso, en la dictación de la resolución Exenta N° NUM003, de fecha 21 de Enero del año 2021, que rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución Exenta NUM004, de Octubre del año 2020, solicitando, en definitiva, se "acoja íntegramente declarando que el actuar del recurrido ha sido arbitrario e ilegal, provocando con ello la privación y perturbación grave en el ejercicio de mis derechos fundamentales y sirva V.S.I ordenar al recurrido, encargar nuevos exámenes e informes médicos acerca de la efectividad de la procedencia de declarar enfermedad laboral Neurosis Laboral y Dificultades relacionadas con problemas en entorno laboral"., acompañando diversa documentación.

Con fecha 23 de Febrero de 2021, se declaró admisible el recurso de protección y se ordenó pedir informe al recurrido.

Con fecha 11 de Marzo de 2021, el abogado don Francisco Ortega Bello, en representación de la recurrida, informando el recurso, en lo principal, solicita el rechazo de la acción de protección por haber sido ejercitada de forma extemporánea, con costas; por el primer otrosí, en subsidio, pide se declare la improcedencia del recurso, en atención a que su materia se encuentra relacionada con una garantía constitucional, que no se encuentra protegida por la acción interpuesta, con expresa condenación en costas y, por el segundo otrosí, en subsidio de las alegaciones anteriores, informando el fondo del asunto, solicita sea desestimada en todas sus partes, con costas, acompañando, además, diversa documentación.

Con fecha 19 de Marzo de 2021, se trajo los autos en relación.

En audiencia de 22 de Marzo de 2021, se efectuaron los alegatos, compareciendo por modalidad de videoconferencia el abogado don Pablo Arias Andrade, por el recurso, y el abogado don Francisco Ortega Bello, por el recurrido, contra el recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente de protección, refiere que tal como consta en Resolución Exenta Nº NUM003, de fecha 21 de Enero del año 2021, que acompaña a esta, la SUCESO (sic) rechaza el recurso de reposición que fue interpuesto por su persona en contra de la Resolución Exenta NUM004, de octubre del año 2020, resolución que resulta ilegal y arbitraria y atenta directamente contra su derecho a la vida y su derecho al debido proceso.

Al respecto expresa que la calificación de una enfermedad como profesional, contempla un procedimiento y protocolo conforme al que se debe realizar una evaluación de las condiciones de trabajo cuyo objetivo es determinar la existencia o no de exposición de riesgo en el lugar de trabajo, que hayan originado una patología de salud mental de origen laboral, para lo cual deberá realizarse una evaluación clínica, que comprenda la evaluación médica y psicológica; y, la evaluación de condiciones de trabajo, a través de la solicitud de información de condiciones generales de trabajo y empleo, el estudio de puesto de trabajo para patología de salud mental, debiendo tenerse presente que las patologías diagnosticadas por el personal médico y avalada por la psicóloga, a saber, trastorno adaptativo y depresión mayor, es de aquellas que se halla en el listado a las que se aplica el presente protocolo, Código CIE-10 F43.2, por lo que cumple con el primer requisito para ser calificada como de origen profesional, es decir, la patología diagnosticada cumple absolutamente con este primer criterio de evaluación, sin embargo, el acápite relativo a los principales hallazgos señala expresamente que "De acuerdo a los antecedentes evaluados, no se verifica exposición a factores de riesgo de tensión psíquica en el ejercicio del trabajo, por un tiempo e intensidad suficiente como para causar los diagnósticos enunciados.", lo que se contradice totalmente con la normativa vigente, pues el trastorno adaptativo es perfectamente compatible con el origen laboral de dicha patología, por lo que dicha argumentación resulta totalmente ilegal y arbitraria y debe ser totalmente rechazada, ya que atenta directamente con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesional, y que dispone: "es enfermedad profesional la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte".

Indica que resulta del todo ilegal y arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, señalar que no sufre de una enfermedad profesional, en atención a que con fecha 27 de junio del año 2019, ella presentó un Episodio Depresivo no Especificado, diagnóstico realizado por la Dra. Amara, psiquiatra, quien le extendió licencia por 30 días, a partir del 27 de junio de 2019, siendo del caso señalar que dicha profesional señaló que la licencia emanaba de una enfermedad profesional y, posteriormente, el 3 de Julio de 2019, realizó Denuncia Individual de Enfermedad Profesional (DIEP) ante el ISL, debido a que presentaba síntomas como irritabilidad, dolores musculares, cefalea, insomnio, urticaria crónica, llanto fácil, inseguridad, desconcentración y ansiedad para alimentarse, los que se originan, a su juicio, en la sobrecarga psicológica que le provoca su labor, debido a la precaria situación de convivencia de la unidad en que se desempeña y los constantes conflictos que deben enfrentar.

Refiere que, en dicho contexto, fue diagnosticada con un trastorno de adaptación junto al episodio depresivo no especificado ya reseñado, debido a lo que la doctora tratante Amara, le extendió una nueva licencia médica con fecha 25 de julio de 2019, indicando nuevamente un tipo de licencia por enfermedad profesional, a lo que se suma el informe médico protocolizado emitido por dicha profesional, con fecha 29 de Julio de 2019, que señala como Neurosis Laboral y Dificultades relacionadas con problemas en entorno laboral, y que el informe sobre los fundamentos de calificación enfermedad salud mental de la resolución impugnada señala que: "De acuerdo a los antecedentes evaluados, no se verifica exposición a factores de riesgo de tensión psíquica en el ejercicio del trabajo, por un tiempo e intensidad suficiente como para causar los diagnósticos enunciados." Manifiesta que dicha resolución es ilegal y arbitraria y atenta directamente contra su derecho a la vida y a su integridad física y psíquica, toda vez que la enfermedad que sufre se encuentra evidentemente relacionada a las condiciones de trabajo que le mantienen expuesta constantemente a situaciones de riesgo psicosocial, tales como, excesiva carga de trabajo, debido al poco personal de la sucursal (3 personas), alta ausencia de los funcionarios, debiendo desempeñar funciones de Jefa de CGR, de Jefa de Sucursal y Ejecutiva de Salud, circunstancias todas que debieron haberse determinado en un adecuado estudio de puesto de trabajo (EPT), agregando que resulta a todas luces ilegal y arbitrario que tanto psicóloga como siquiatra establezcan que padece una enfermedad de tipo profesional, mientras que SUCESO (sic) establece que no hay factores estresores, toda vez que al momento de realizar visita a su lugar de trabajo se realizó entrevista a sus factores estresores y quienes han causado su enfermedad laboral.

Señala que se hace necesario interponer la acción de protección toda vez que su vida se ha desmoronado, no puede dormir, el estrés ha sido constante, que esta misma Corte ya ha conocido de actos ilegales y arbitrarios por parte de su empleador tal como consta en sentencia en causa rol Corte 528-2020, siendo necesario tomar cartas en el asunto toda vez que su salud se deteriora día a día y el organismo a cargo de velar por su integridad, la Superintendencia de Seguridad Social, solo ha cometido actos ilegales y arbitrarios al momento de no llevar a cabo los procedimientos adecuados, no siendo comprensible como se entrevista a sus agentes estresores a fin de diagnosticar si existen agentes estresores en su lugar de trabajo, por lo que se hace necesario que esta Corte restablezca el imperio del derecho y, en consecuencia, la conducta del organismo no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer su condición actual de salud.

SEGUNDO: Que, el abogado don Francisco Ortega Bello, en representación de la recurrida, informando el recurso, en lo principal, solicita se declare la extemporaneidad del recurso, con costas, por haber sido deducido una vez vencido el plazo fatal de 30 días corridos previsto para hacer valer esta excepcional acción de rango constitucional.

Al respecto refiere que como consta de autos, la presente acción fue interpuesta con fecha 20 de Febrero de 2021, en circunstancia que la recurrente se presenta, por primera vez, mediante presentación de fecha 20 de agosto de 2020, reclamando en contra del Instituto de Seguridad Laboral, que estimó como de origen común la patología de salud mental que presentó en julio de 2019, calificación de la cual discrepa y, en razón de lo anterior, su representada, Superintendencia de Seguridad Social, en virtud de los de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, concluyó que la afección que presentó la trabajadora, por lo cual se emitió DIEP el 03-07-2019, es de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7° de la Ley N° 16.744, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología que motivó la atención, por lo que se confirmó lo informado por el Organismo Administrador respecto de la calificación de origen común de enfermedad en comento, lo que consta en la Resolución Exenta N° NUM005, de 24 de Octubre de 2020.

Agrega, que la recurrente se presenta ante la Superintendencia, por segunda vez, con fecha 30 de octubre de 2020, solicitando la reconsideración de la citada Resolución Exenta N° NUM005, y respecto de dicha presentación, se informó que el caso fue nuevamente sometido al estudio de los profesionales médicos de ese Servicio, quienes concluyeron que la información aportada por la trabajadora, no permiten modificar la calificación de enfermedad de origen común, por lo que se confirmó lo obrado inicialmente, según consta en la Resolución Exenta N ° NUM003, de 22 de enero de 2021, por lo que, a lo menos, al momento de su segunda presentación, con fecha 30 de octubre de 2020, en contra de la Resolución Exenta N° NUM005, de 24 de octubre de 2020, la recurrente estaba en pleno conocimiento del pronunciamiento efectuado por esa Superintendencia, habiendo trascurrido, ciento trece días, desde la fecha de la interposición de esta acción, esto es, el 20 de febrero de 2020 (sic) y el conocimiento que la recurrente tuvo de tal pronunciamiento, tanto de los fundamentos que motivaron dicha decisión como de la eventual arbitrariedad o vulneración de las garantías constitucionales que se reclaman, en la especie, supuestamente afectadas, y que, a mayor abundamiento, de la sola lectura del recurso se puede apreciar que se pretende la modificación de una decisión que fue adoptada en Octubre de 2020 y, en ese sentido, las posteriores reclamaciones formuladas, respecto de los mismos hechos y con los mismos fundamentos según se ha informado, no pueden producir el efecto de hacer renacer el plazo de reclamación mediante la acción de protección, citando y reproduciendo jurisprudencia al efecto.

TERCERO: Que, la recurrida, por el primer otrosí de su informe, en subsidio, pide se declare la improcedencia del recurso, con expresa condena en costas, por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al Sistema de Seguridad Social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

Que, en efecto, la calificación de una enfermedad como de etiología común o laboral, cuestión de hecho relacionada con una materia de orden médico de la Ley N° 16.744, sus procedimientos de reclamos o apelaciones contempladas en los artículos 77 y 77 bis de citada ley, las implicancias de cobertura del seguro social en comento, como los efectos patrimoniales que dicha calificación causa en una entidad empleadora, en cuanto al alza de la cotización adicional por siniestralidad efectiva como forma de financiar las prestaciones médicas y económicas previstas en la misma, son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección, de tal forma la materia respecto de la cual se esgrime la presente acción incide en un aspecto especifico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Magna, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20, y por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

Indica que, por otra parte, se debe tener presente que el artículo 77 y 77 bis de la Ley N° 16.744, en el marco de los procedimientos de reclamo que contempla, establece que su representada, resuelve con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, los reclamos relacionados con cuestiones de hecho relativas a materias de orden médico, por lo que resulta evidente que, en atención a la naturaleza del seguro de la Ley N° 16.744, el legislador optó por dejar en manos de un organismo técnico, imparcial y especializado los reclamos relacionados con cuestiones de hecho relativas a materias de orden médico, que pudieren interponer los trabajadores asegurados y demás entidades interesadas a las que se refieren las disposiciones legales antes citadas, citando y reproduciendo al efecto y en lo pertinente, diversa jurisprudencia.

CUARTO: Que, por el segundo otrosí, en subsidio de las alegaciones anteriores, informando el fondo del asunto, la recurrida solicita que el recurso intentado sea desestimado en todas sus partes, con costas, ya que la Superintendencia de Seguridad Social debe cumplir con el mandato constitucional en orden a supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, agregando que la Ley N° 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, establece la organización y funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, reproduciendo, en lo pertinente, sus artículos 1° y 2°, y que la materia sobre la que versa la presente acción, esto es, la calificación de una enfermedad como profesional o común, según se cumplan o no los presupuestos contemplados en la definición del siniestro denominado "accidente profesional" contemplada en el artículo 5° de la Ley N° 16.744, las prestaciones médicas y económicas que contempla la cobertura del mismo, de resultar procedente, las eventuales secuelas que puede dejar en un trabajador o trabajadora y las prestaciones económicas que de ello se deriven, se inserta dentro del sistema de protección o seguridad social creado por el referido cuerpo legal.

Expresa, que la Ley N° 16.744, publicada en el Diario Oficial el 1° de Febrero de 1968, creó el Seguro Social Obligatorio Contra Riesgos De Accidentes Del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y las contingencias cubiertas por este Seguro Social son los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, en los términos que están definidos por el legislador en sus artículos 5º y 7º, respectivamente; las personas protegidas por este seguro social están señaladas, principalmente, en sus artículos 2º y 3º, contemplando, entre otros, a todos los trabajadores por cuenta ajena o dependientes; que la administración de este seguro social corresponde, entre otros, de acuerdo con el artículo 11 de la citada ley, al Instituto de Seguridad Laboral, como sucesor del Instituto de Normalización Previsional y éste del ex Servicio de Seguro Social, y a las Mutualidades de Empleadores, respecto de los trabajadores dependientes de las entidades empleadoras adheridas a éstas y, por su parte, el inciso quinto del artículo 12 de la Ley N° 16.744, dispone que: "Las Mutualidades estarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, la que ejercerá estas funciones en conformidad con sus leyes y reglamentos orgánicos." Señala, que la materia sobre la que versa la presente acción, esto es, la calificación de un accidente y la determinación del sistema que debe otorgar en definitiva las prestaciones médicas, es materia regulada, en cuanto al fondo, por el artículo 5° de la Ley N° 16.744, y como se explica en dictámenes que resolvieron el caso del Sr. nombre reservado (sic), la determinación de la etiología u origen de una afección, esto es, si tiene origen laboral o común, dependerá si en el caso concreto se cumplen o no los presupuestos contemplados en la definición del siniestro denominado "Enfermedad Profesional", establecida en el ya citado artículo 7° del también ya citado cuerpo legal, haciendo seguidamente referencia al concepto de Accidente del Trabajo y Enfermedad profesional.

En cuanto a la revisión del caso de la recurrente por la Superintendencia de Seguridad Social, indica que en el contexto legal que se ha expuesto precedentemente, y particularmente de acuerdo con las normas de la Ley N ° 16.744, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social se puede resumir en las siguientes actuaciones: a) Con fecha 20 de agosto de 2020, la Sra. nombre reservado concurrió ante esa Superintendencia reclamando en contra del Instituto de Seguridad Laboral, que estimó como de origen común la patología de salud mental que presentó en julio de 2019, calificación de la cual discrepa. b) Que esa Superintendencia, en virtud de los de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, concluyó que la afección que presentó la trabajadora, por lo cual se emitió DIEP el 03-07-2019, es de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7° de la Ley N° 16.744, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología que motivó la atención. En efecto, la investigación realizada por el Instituto citado, no demostró la presencia de un liderazgo disfuncional ni conductas de hostigamiento o falta de apoyo social de la organización hacia la trabajadora, que pudieran explicar la emergencia y evolución de la sintomatología presentada. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° NUM005, de 24 de octubre de 2020. c) Que, además, en la propia resolución cuestionada se señaló la vía de impugnación del referido acto, el que fue utilizado por la Sra. nombre reservado, mediante presentación de 30 de octubre de 2020, en la cual solicitó la reconsideración de lo resuelto inicialmente por esa Superintendencia. d) Que, respecto a esa presentación, se informó que el caso fue nuevamente sometido al estudio de los profesionales médicos de ese Servicio, quienes concluyeron que la información aportada por la trabajadora, no permite modificar la calificación de enfermedad de origen común, por lo cual se mantuvo lo obrado inicialmente por esa Superintendencia, según consta en la Resolución Exenta N ° NUM003, de 22 de enero de 2021. e) Que, para la correcta determinación del origen, común o laboral, de una patología de salud mental, el proceso de calificación requiere la evaluación, con distintos métodos, de la presencia de condiciones laborales específicas y la correlación de temporalidad, frecuencia e intensidad de dicha exposición con el diagnóstico establecido, para validar o refutar una hipótesis causal coherente entre la patología y la exposición a riesgos observada y, para lo anterior, el proceso de calificación debe contar, entre otros, con evaluaciones médicas y psicológicas y evaluaciones de las condiciones de trabajo, el que se realizará a través del correspondiente estudio de puesto de trabajo. f) Que, finalmente, respecto de los antecedentes que sirvieron de base para la decisión adoptada y su contenido, son de aquellos cuya divulgación se encuentra regulada en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada y la Ley N° 20.584, sobre deberes y derechos del paciente.

Manifiesta, que la recurrente señala que esa Superintendencia habría vulnerado la garantía constitucional establecida en el artículo 19, relacionada los numerales N° 1 y N° 3. Que respecto a la garantía del artículo 19, N° 1, esto es, derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, no se advierte como esa Superintendencia habría vulnerado tal garantía cuando el acto impugnado fue dictado, a lo menos, un año y siete meses después de ocurrida la contingencia que se alega como laboral, no teniendo ese Servicio la competencia para el otorgamiento directo de prestaciones de salud, atenciones que, por lo demás, se encuentran cubiertas por su régimen común de salud y, por otra parte, la garantía del N° 3, solo puede ser recurrida, cuando corresponda a su inciso tercero, hecho que no ocurre en la especie ya que no refiere haber sido juzgado por comisiones especiales, sino que sólo habla del debido proceso.

Que, finalmente y respecto de la materia de la acción de protección de autos, debe considerarse que la pretensión de la recurrente en orden a que se modifique la calificación del origen de la patología que padeció, fuera de no tener fundamento fáctico de orden médico - laboral, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos legítimos, es decir, de aquellos que tienen un carácter de indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario "...sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19..."; y en el caso de la recurrente de autos, claramente su pretensión jurisdiccional dice relación con establecer un derecho de seguridad social concreto, derivado del cambio de la calificación del origen de un accidente, en el marco de la Ley N° 16.744, y no de amparar un derecho preexistente, lo que de ser reclamado judicialmente, debe ser materia de un procedimiento ordinario declarativo ante el tribunal que resulte competente de acuerdo con nuestra legislación, proceso judicial en que las partes tengan oportunidad de hacer valer sus puntos de vista y ofrecer y presentar las probanzas que estimen pertinentes.

QUINTO: Que, previo a resolver el recurso de protección deducido es útil dejar establecido que éste fue concebido para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente cuando éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de algunas de las Garantías Constitucionales contempladas en el artículo 19, de la Carta Fundamental.

Que, la arbitrariedad, necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de actuares u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

Por su parte la existencia de ilegalidad conjuga tanto la idea de lo contrario a derecho, o, más técnicamente, el no respetarse o infringirse una norma jurídica.

SEXTO: Que, para dilucidar el recurso planteado es preciso dejar establecido los siguientes hechos que constan de este proceso: a).- Que, con fecha 24 de octubre de 2020, por Resolución Exenta N° NUM005, la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), en su parte considerativa dejó establecido que con fecha 20 de Agosto de 2020, recurrió a dicha Superintendencia la recurrente nombre reservado quien reclamó en contra del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), en atención a que ésta calificó como de origen común la patología de salud mental que presentó en Julio de 2019, mediante RECA de 05-05-2020. b).- Que, por la misma resolución, también en su parte considerativa, se dejó constancia que se tuvo a la vista los antecedentes aportados por el Instituto de Seguridad Laboral y que profesionales médicos de dicho organismo procedieron al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, concluyendo que la afección que presentó la trabajadora por lo cual se emitió DIEP (Denuncia individual de enfermedad profesional), de 3 de julio de 2019, es de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7° de la Ley N° 16.744, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología que motivó la atención, agregando que, la investigación realizada por el Instituto citado, no demostró la presencia de un liderazgo disfuncional ni conductas de hostigamiento o falta de apoyo social de la Organización hacia la trabajadora, que pudiera explicar la emergencia y evolución de la sintomatología presentada. c).- Que, atendido lo señalado con anterioridad la Superintendencia de Seguridad Social, recurrida de autos, mediante la resolución ya mencionada, resolvió confirmar lo informado por el organismo administrador respecto de la calificación de origen común de enfermedad en comento, no procediendo a otorgar la cobertura del seguro social de la Ley 16.744, debiendo el sistema de salud común asumir las prestaciones correspondientes. d).- Que, con fecha 30 de octubre del 2020, la recurrente interpuso recurso de reposición respecto de la resolución anterior, mediante la cual se calificó como de origen común la patología presentada, dejándose constancia que, al respecto, el caso fue nuevamente sometido al estudio de los profesionales médicos de dicho servicio, quienes concluyeron que la información aportada por la trabajadora, no permiten modificar la calificación de enfermedad de origen común, resolviendo rechazar el recurso de reposición presentado por la recurrente, según quedó establecido en la Resolución Exenta N° NUM003 de fecha 22 de enero de 2021.

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes existentes y de lo ya expresado consta que lo que se pretende con el recurso deducido es, por las razones que se indican, que se cambie o mute la calificación de enfermedad de origen común de que sufriría la recurrente, que motivó diversas licencias médicas, por la de enfermedad profesional, lo que le fue denegado por la recurrida; resolución que sería ilegal y arbitraria y atentaría contra su derecho a la vida y a su integridad física y psíquica, toda vez que la enfermedad que sufre se encuentra evidentemente relacionada a las condiciones de trabajo, expuesta constantemente a situaciones de riesgo psicosocial, tales como excesiva carga de trabajo debido al poco personal de la sucursal (tres personas); alta ausencia de los funcionarios, circunstancias que debieron haberse determinado por la Suseso, que estableció que no hay factores estresores, lo que haría procedente el recurso de protección que plantea.

OCTAVO: Que, respecto a la petición efectuada por la recurrida mediante la cual solicita se declare la extemporaneidad del recurso por haber sido éste deducido una vez vencido el plazo fatal de 30 días corridos previsto para hacer valer esta acción de rango constitucional, por los motivos que indicó y que se consignaron en el considerando Segundo de este fallo, el que se reproduce, cabe indicar que dicha petición debe ser desestimada puesto que de los antecedentes existentes aparece como hecho claro y evidente que el acto impugnado es el que se contiene en la resolución exenta N° NUM003, de fecha 22 de Enero de 2021, por la que se puso término a la etapa administrativa de reclamación iniciada con ocasión del rechazo, por la comisión respectiva, de la calificación de la patología diagnosticada a la recurrente y sólo desde ese momento nació el hecho que se contiene en la ya citada resolución, en orden a rechazar el recurso de reposición presentado por la recurrente, manteniéndose lo dictaminado en la resolución Exenta NUM004 de 24 de Octubre de 2020, que confirmó lo informado por el Instituto de Seguridad Laboral, en orden a que la enfermedad de la compareciente es de origen común y no de carácter profesional y, por ende, habiéndose presentado el recurso de protección el día 22 de Febrero de 2021, no cabe sino concluir que la acción cautelar de que se trata fue interpuesta dentro de plazo.

NOVENO: Que, en subsidio de la petición de extemporaneidad que fuera deducida, la recurrida alegó la improcedencia de la acción de protección en materia de seguridad social en atención a que la materia sobre la que realmente esta versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción que motiva estos autos y que fue desarrollado por dicha parte, en la forma que se consignó en el considerando Tercero de la presente sentencia; petición esta que debe ser rechazada, dado que si bien resulta ser efectivo que dicha garantía no se encuentra amparada en el artículo 20 de nuestra Constitución, ante actos u omisiones arbitrarias o ilegales de autoridades o particulares que importen una privación, perturbación o amenaza, lo cierto es que consta claramente que el recurso de protección planteado fue deducido y fundado en las garantías constitucionales establecidas en los números 1 y 3 de dicha Carta Magna, garantías estas que sí encuentran protección en la disposición constitucional anteriormente señalada y, por tanto, se debe rechazar esta petición efectuada por la recurrente.

DÉCIMO: Que, en relación a la materia de fondo planteada en estos autos, cabe señalar que la Ley 16.744 que establece Normas Sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en su artículo 7°, define lo que para efectos de esta Ley constituye una enfermedad profesional y, es así que, a la letra, dispone: "Es enfermedad profesional la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte".

Que, por su parte, en el artículo 76 y siguientes de la Ley indicada, se establecen los procedimientos y recursos que contempla esta Ley indicando las circunstancias y condiciones sobre las denuncias respectivas que deben efectuarse relativas a todo accidente o enfermedades que puedan ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima y deberes que corresponde a la entidad empleadora. Asimismo, en el artículo 77 se indica los reclamos que deben efectuarse y el plazo de ellos como los recursos pertinentes, a la vez que el artículo 77 bis dice relación sobre las obligaciones que pesan sobre el trabajador que se sienta afectado, particularmente si la afección invocada tiene o no tiene origen profesional, según el caso, y la posibilidad de reclamar directamente en la Superintendencia de Seguridad Social, la que resuelve con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, sobre el carácter de la afección que dio origen a ella y, luego, en el artículo 78 se determina la conformación de la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, indicándose quienes la componen.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, de lo dicho, desde ya debe señalarse que la calificación de una enfermedad como de origen común o profesional dice relación con una cuestión de hecho y es materia técnica y profesional, que pertenece al campo de la seguridad social y que son de competencia de un organismo experto, médico y especializado, quien debe determinar si la afección o patología de que se trata constituye una enfermedad común o es de carácter profesional, pudiéndose constatar que en estos antecedentes el organismo pertinente, el Instituto de Seguridad Laboral, emitió un claro pronunciamiento en orden a que la patología o afección de la recurrente es una enfermedad común y no profesional para lo cual procedió a efectuar las evaluaciones médicas y sicológicas correspondientes y en relación a las condiciones de trabajo y estudio del puesto de trabajo, (E.P.T), concluyendo que de acuerdo a la investigación realizada no quedó demostrado conductas de hostigamiento o falta de apoyo social de la organización hacia la trabajadora que pudieran explicar la emergencia y evolución de la sintomatología presentada, y por tanto, se procedió a calificar el origen de la enfermedad de la trabajadora, un trastorno adaptativo, como de enfermedad común y descartando que fuera de origen profesional, como fuera denunciada lo que llevó a la recurrida, la Superintendencia de Seguridad Social, a confirmar la opinión del Instituto de Seguridad Laboral mediante la resolución fundada que dictó y fue motivo del recurso, apreciándose que, para ello, la recurrida tuvo a la vista los antecedentes aportados y los análisis clínicos y laborales disponibles, habiéndose concluido que la afección que presentó aquella es "de origen común", sin que se haya establecido una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7° de la Ley 16.144 que tuviera un origen distinto, es decir, de carácter profesional. Más aún, solicitada una reposición de la decisión anterior, esta fue desestimada fundadamente, dado que para ello se explicitó que el caso fue nuevamente sometido al estudio de los profesionales médicos del Servicio, quienes concluyeron que la información aportada por la trabajadora no permiten modificar la calificación de enfermedad de origen común.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, de lo razonado y existiendo una resolución fundada y que tuvo como presupuestos para dictarla una investigación previa para ello y basándose en informes médicos y sicológicos que tienen los conocimientos técnicos y profesionales para emitir una opinión experta, versada, basada en la ciencia y la experiencia, no resulta factible que, estos sentenciadores, puedan modificar, sin mayores antecedentes, la opinión y lo dictaminado por el organismo correspondiente ya que ello, como lo señaló la recurrida, desbordaría los límites de la acción cautelar, que se ha presentado que tiene por objetivo garantizar y proteger derechos indubitados, patentes y preexistentes que necesariamente deben ser discutidos en un procedimiento declarativo distinto a la vía intentada y donde se puedan hacer valer todas las probanzas que sean pertinentes, por lo que no cabe sino concluir que el arbitrio impetrado debe ser desestimado y así se declarará, por no observarse se haya vulnerado las garantías constitucionales establecidas en los números 1 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Con lo expuesto, mérito de autos y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de 24 de Junio de 1992, de la Excma. Corte Suprema de Justicia, sobre Tramitación y Fallo del Recurso sobre Garantías Constitucionales y sus modificaciones, se resuelve:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, tanto por su extemporaneidad, improcedencia y el fondo; sin perjuicio de los derechos que las partes puedan ejercer y discutir por las vías legales que sean pertinentes.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Señor Ministro Titular don Sergio Fernando Mora Vallejos.

No firma el Sr. Ministro Titular don Sergio Fernando Mora Vallejos, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo del fallo, por encontrarse ausente, con permiso administrativo.

Rol 17-2021 (Protección).