nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE

En Coyhaique, a once días del mes de septiembre del año dos mil veintiséis.

VISTOS:

En rol de esta Corte Nº166-2026, el 13 de julio de 2026, comparece don nombre reservado, médico veterinario, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE, representada legalmente por su Alcalde, don Carlos Patricio Gatica Villegas, con domicilio en domicilio reservado, por cuanto estima que la recurrida ha cometido una acción u omisión arbitraria, consistente en la dictación del DECRETO SIAPER Nº388, de fecha 11 de junio de 2026, en virtud del cual se dispuso el término anticipado del contrato de prestación de servicios, solicitando, en definitiva: ‘‘que se deja sin efecto el Decreto SIAPER Nº388 de fecha 11 de junio de 2026, que decretó poner término anticipado al contrato del recurrente, para acto seguido, ordenar que el recurrente sea reincorporado de inmediato a sus funciones en los términos estipulados en el respectivo contrato de prestación de servicios a honorarios suscrito hasta su total ejecución, debiendo, además, cancelar las remuneraciones que le correspondieren al recurrente, por todo el tiempo en que estuvo separado de sus funciones, sin perjuicio de otras medidas de protección que S.S.I., estime del caso adoptar para el pleno restablecimiento del imperio del derecho quebrantado por la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida, con expresa condenación en costas.’’ (sic)

Con fecha 31 de julio de 2026, don Aníbal Maximiliano Rogel Sepúlveda, abogado, en representación de la recurrida, incorporó el informe requerido.

El 2 de septiembre de 2026, se ordenó traer los autos en relación, procediendo a la vista del recurso el día 9 del mismo mes y año, data en que alegó en esta causa, de manera telemática y por el recurso, el abogado don Waldemar Sanhueza Quiniyao, mientras en contra, la abogada Estela Jara Mera; quedando ésta en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente fundamenta su recurso, en lo sustancial, indicando que ingresó a prestar servicios para la Ilustre Municipalidad de Coyhaique, con fecha 17 de marzo de 2026, para desempeñar labores de apoyo como inspector municipal en materia de Tenencia Responsable de Mascotas (TRM) y otros dependientes de la Dirección de Seguridad Pública. Agrega que, firmó un contrato de prestación de servicios, en calidad de personal a honorarios, el cual fue aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°210, de 1 de abril de 2026 y que tenía una vigencia desde el 17 de marzo al 31 de diciembre de 2026.

Expone que, desde su ingreso al servicio desempeñó de la mejor manera sus labores, habida consideración del aporte que podía efectuar en su calidad de médico veterinario en materias de tenencia responsable de mascotas. Añade que, en efecto, mediante Certificado de Desempeño, de fecha 15 de mayo de 2026, suscrito por su jefatura doña nombre reservado, se le felicita, indicando que sus funciones han sido ejecutadas con responsabilidad, compromiso y apego a los principios de la Administración Pública.

Refiere que, sin embargo, con fecha 18 de junio de 2026, se le notificó por correo electrónico del Decreto SIAPER N°388, de fecha 11 de junio de 2026, a través del cual se dispuso el término anticipado de su contrato de prestación de servicios por no ser necesarios sus servicios. Añade que, de esta manera, el término anticipado de su contrato de prestación de servicios produjo efectos a partir del 1 de julio de 2026.

Precisa que, el día 30 de junio de 2026, el Director de la unidad don nombre reservado, lo eliminó del grupo de WhatsApp y acto seguido incorporó a quien le reemplazó como médico veterinario, informando que “se incorpora al equipo de Fiscalización TRM la srta. nombre reservado”.

Señala que, a través de Decreto SIAPER Nº388, la Municipalidad de Coyhaique, de manera ilegal, dispuso el término anticipado del Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios, sin las correspondientes y debidas garantías e infringiendo la normativa de carácter constitucional y legal. Agrega que, el acto recurrido, además de ser ilegal, es arbitrario, pues carece de una debida motivación y justificación, por cuanto no contiene argumento alguno que permita una debida inteligencia del proceder del municipio.

Expone que, en primer término, el Decreto SIAPER N°388 es ilegal, por cuanto al disponer el término unilateral del contrato de prestación de servicios, ha infringido las disposiciones del propio contrato, en particular, el artículo 1545 del Código Civil que dispone que el contrato es una ley para las partes.

Aclara que, el municipio ha recurrido a la cláusula vigésima del contrato, que establece causales de término anticipado, la que constituye un elemento indeterminado que otorga al municipio total manejo de la duración del pacto, sin que implique expresión de causa alguna, lo que no se condice con los principios administrativos que están consagrados en la Ley N°19.880. Añade que, en efecto, invocar la causal inspirada en que los servicios no son necesarios no conlleva la existencia de evaluación alguna del desempeño de las funciones ni la existencia de un informe del administrador del contrato, que constate hechos o deficiencias en el cumplimiento de los servicios, privando a la contraria de conocer las razones de su desvinculación.

Refiere que, en este sentido, las prestaciones a honorarios, por expresa disposición del artículo 4 de la Ley N°18.883, se regulan, en primer lugar, por las reglas fijadas en el respectivo contrato y, en subsidio y en segundo término, por las normas del Código Civil, en sus artículos 2006 y siguientes, por lo que desatenderse de aquello y afirmar que el contrato de honorarios no puede ser el estatuto especial que reguló la relación del recurrente, significa despreciar abiertamente el artículo 1545 del Código Civil, conforme al cual el contrato es ley para las partes.

Indica que, el Decreto SIAPER N°388 es arbitrario, por cuanto al disponer el término unilateral del contrato de prestación de servicios se limita únicamente a mencionar la existencia de un correo electrónico del Administrador Municipal, nombre reservado, de fecha 10 de junio de 2026, y se recurre a la figura que no son necesarios los servicios sin aportar mayores antecedentes. Agrega que, al momento de la notificación del acto, no se hizo entrega del referido correo electrónico, por lo que desconoce a la fecha su tenor y las razones que justificaron la medida de exoneración.

Aclara que, en consecuencia, no solo es ilegal al infringir el deber normativo de justificación, sino que también es arbitrario al abusar de la discrecionalidad administrativa.

En cuanto a las garantías constitucionales que estima vulneradas, señala que, se infringe el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, esto es, el derecho a la igualdad ante la ley, por cuanto el recurrente ha sido desvinculado de su trabajo basándose únicamente en el hecho de que sus servicios no son necesarios, sin mayores antecedentes objetivos que permitan una adecuada comprensión y defensa de la medida adoptada en su contra y sin que se evidencie que igual medida se haya adoptado respecto de otros funcionarios, a lo que se suma el hecho que se contrató inmediatamente a un nuevo médico veterinario para la unidad.

Asimismo, indica que se vulnera la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, consagrada en el artículo 19 N°3, de la Constitución Política de la República, al conculcar la posibilidad de comprender los motivos del término y, en segundo lugar, impugnar los fundamentos mediante los mecanismos que la Constitución y la Ley N°19.880 establecen. Añade que, la actuación de la Municipalidad recurrida vulneró el derecho a un proceso previo, racional y justo, en particular, la bilateralidad de la audiencia, que comprende el oportuno conocimiento de la decisión administrativa contenida en el Decreto Alcaldicio, que motivó la dictación posterior de una resolución, sin que a la parte recurrente se le permitiera formular sus defensas y rendir prueba en su favor, así como controvertir los antecedentes y presupuestos en que la recurrida fundamentó su decisión, constatándose que la orden municipal, sin oír a la parte agraviada, importó una vulneración de la garantía a un debido proceso.

Finalmente, indica que se infringe el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, puesto que, reitera, al poner término anticipado a su contrato de honorarios recurriendo a una figura vaga, genérica y sin expresión de causa, como lo es que sus servicios no son necesarios, se ha carecido de fundamentación, sin que existan incumplimientos de su parte en la ejecución del contrato suscrito, por lo que se le ha privado de la legítima expectativa de seguir contando con los honorarios para el sustento familiar durante todo el tiempo pactado.

SEGUNDO: Que, por su parte, don Aníbal Maximiliano Rogel Sepúlveda, abogado, en representación de la recurrida, solicita el rechazo del presente recurso con costas, fundado en que por Decreto Alcaldicio N°210, de fecha 1 de abril de 2026, se aprobó el contrato para la prestación de servicios profesionales a honorarios, suscrito en esa misma data entre la Ilustre Municipalidad de Coyhaique y el recurrente, con vigencia desde el 17 de marzo de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026.

Indica que, la cláusula Cuarta de la convención convino una vigencia desde el 17 de marzo de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026, “período que corresponde a la ejecución del cometido específico descrito, sin que ello genere continuidad ni derechos propios de una relación laboral”. Agrega que, a su vez, la cláusula Vigésima establece que se le podrá dar término anticipado al contrato por las razones que se expresan.

Expone que, ante los antecedentes que motivaron el término anticipado del vínculo, la Dirección de Seguridad Pública solicitó a la autoridad municipal que prescindiera de los servicios del recurrente, en razón de no ser necesarios los servicios del prestador, causal contractual autónoma, que no requiere comprobación de algún incumplimiento.

Refiere que, sin perjuicio de lo anterior, el cargo requería tener conocimiento de la Ley N°21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía y del Dictamen N°24.974 de la Contraloría General de la República y, es del caso, que el recurrente ignoraba esta normativa y su aplicación práctica. Añade que, dado lo anterior, la Ilustre Municipalidad de Coyhaique procedió a notificar al recurrente la decisión de poner término anticipado a sus servicios contratados a honorarios conforme a la cláusula vigésima, decisión que se formalizó por medio de la dictación del Decreto SIAPER N°388-11/2026, de fecha 11 de junio de 2026.

Precisa que, el término anticipado de los servicios del recurrente no está relacionado con la contratación de la doña nombre reservado, quien comenzó a prestar los suyos el 1 de julio de 2026.

Señala que la argumentación del recurrente, en cuanto a que la notificación o el decreto carece de mayores fundamentos en relación a cuáles funciones no fueron cumplidas, importa exigir a este Ilustrísimo Tribunal una declaración de derechos, en orden a calificar si alguna de las partes ha incumplido con una determinada cláusula contractual, lo que no es procedente para este tipo de acción de naturaleza cautelar, sin perjuicio que sea revisado por los tribunales de primera instancia, bajo los procedimientos que la ley consagra.

Sostiene que, la Municipalidad de Coyhaique ejerció un derecho consagrado en el contrato legalmente celebrado entre las partes, el que el recurrente libremente suscribió. Agrega que, discutir la pertinencia de este derecho es materia de lato conocimiento y requiere de una sentencia declarativa propia de otro tipo de acción jurisdiccional, confirmando con ello que el recurrente carece de un derecho indubitado.

Luego, en cuanto a la alegación relativa a la falta de motivación del Decreto SIAPER N°388-11/2026, expone que si el contrato estipula que los servicios durarán "hasta que sean requeridos", el Municipio ejerce una facultad discrecional y no caprichosa al terminarlo. Luego, no se requiere una fundamentación pormenorizada de razones, eventuales incumplimientos o un correo anexo del administrador, si se invoca la cláusula de vigencia aceptada voluntariamente por las partes contratantes. La naturaleza de las funciones del recurrente es transitoria y precaria, supeditada a las necesidades temporales de la Administración, por ello, el acto no es arbitrario, pues la autoridad solo aplica lo pactado libremente con el recurrente para optimizar sus recursos y el umbral de la motivación del acto administrativo está satisfecha.

TERCERO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo se afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión a adoptar por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, en síntesis, la parte recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en la dictación del DECRETO SIAPER Nº388, de fecha 11 de junio de 2026, en virtud del cual se dispuso el término anticipado del contrato de prestación de servicios del recurrente, infringiendo con ello, sus garantías constitucionales consagradas en los números 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile.

SÉPTIMO: Que, a fin de despejar los aspectos a dirimir, apreciando los antecedentes reunidos de conformidad a las reglas de la sana crítica y teniendo presente las alegaciones efectuadas por las partes, es posible dar por asentados los siguientes hechos:

1.- Por Decreto Alcaldicio N°210, de fecha 1 de abril de 2026, se aprobó el contrato para la prestación de servicios profesionales a honorarios, suscrito en esa misma data entre la Ilustre Municipalidad de Coyhaique y el recurrente, con vigencia desde el 17 de marzo de 2026 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, designándose como función “Elaborador de proyectos de TRM, planificar y ejecutar rondas preventivas de TRM otras”, y consignándose en la cláusula vigésima del mismo, las causales de término anticipado del contrato, a saber: “1) Incumplimiento de obligaciones y/o funciones; 2) Renuncia Voluntaria; 3) No acatar instrucciones de la unidad técnica; 4)Evaluación de cumplimiento de funciones semestral con criterio bajo o muy bajo; 5) Transgresión al principio de probidad; 6) Hasta que sus servicios sean necesarios.”

2.- Mediante Certificado de Desempeño de Funciones, de fecha 15 de mayo de 2026, suscrito por doña nombre reservado, se indica: “Las funciones desempeñadas por don nombre reservado han sido ejecutadas con responsabilidad, compromiso y apego a los principios de la administración pública, demostrando competencias técnicas, organizativas y humanas que fortalecen la gestión municipal y la seguridad comunitaria en Coyhaique”.

3.- Con fecha 18 de junio de 2026, doña nombre reservado, jefa de la Sección de Inspección Comunal de la Dirección de Seguridad Pública, notificó por correo electrónico al recurrente el Decreto SIAPER N°388, de 11 de junio de 2026, a través del cual se dispuso el término anticipado del contrato de prestación de servicios por la causal de no ser necesarios los servicios de don nombre reservado; considerando, expresamente lo siguiente: “1. Que, la Ilustre Municipalidad de Coyhaique celebró un contrato de prestación de servicios a honorarios con don nombre reservado, para desempeñar funciones en la Dirección de Seguridad Pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 18.883.

2. El Decreto Alcaldicio nro. 210 de fecha 01/04/2026 que aprueba contrato de prestación de servicios.

3. Que, el referido contrato establece que las funciones encomendadas son de carácter accidental y/o corresponden a cometidos específicos, no habituales de la Municipalidad.

4. Que, el instrumento contractual contempla expresamente la facultad de poner término anticipado al contrato, entre otras causales, cuando los servicios dejen de ser necesarios.

5. Que, mediante correo electrónico de fecha 10 de junio de 2026, el Administrador Municipal nombre reservado instruyó proceder al término anticipado de determinados contratos a honorarios, señalando como causal que los servicios no continuarán siendo requeridos a contar del día 30 de junio de 2026.

6. Que, en virtud de dicha instrucción y conforme a los requerimientos actuales del servicio, se ha determinado que los servicios prestados ya no resultan necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la unidad.

7. Que, en consecuencia, corresponde disponer el término anticipado del contrato antes individualizado, fijando como fecha de término el día 30 de junio de 2026.” (sic)

OCTAVO: Que, en aras de una acertada resolución del asunto planteado, se debe tener presente la normativa atingente al caso:

Conforme lo dispone el inciso 2, del artículo 11, de la Ley N°19.880, sobre Bases de Procedimiento Administrativos de los Órganos del Estado, que promueve, entre otros, la transparencia de las actuaciones de la Administración Estatal, dispone que: “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”.

Por su parte, el artículo 53 de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, señala que: “El interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz. Se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan; en la expedición en el cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso ciudadano a la información administrativa, en conformidad a la ley.”

A su turno, el artículo 4° de la Ley N°18.883, que Aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, dispone que: “Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad; mediante decreto del alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto.”

NOVENO: Que, de los hechos asentados precedentemente, consta que la recurrida, emitió el Decreto SIAPER N°388, de 11 de junio de 2026, a través del cual dispuso el término anticipado del contrato de prestación de servicios de don nombre reservado, fundado únicamente en que el referido contrato establece que las funciones encomendadas son de carácter accidental y/o corresponden a cometidos específicos, no habituales de la Municipalidad y que el instrumento contractual contempla expresamente la facultad de poner término anticipado al contrato, entre otras causales, cuando los servicios dejen de ser necesarios.

DÉCIMO: Que, del modo antes señalado, se tiene que el Decreto Alcaldicio recurrido, por cuyo intermedio se puso término al contrato del recurrente transcurridos solo tres meses desde el inicio de sus funciones, carece de racionalidad, razonabilidad y fundamentación, dado que, por un lado, si bien es efectivo en lo jurídico que la contratación de profesionales a honorarios se requiere para labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad, así como, por otro, que, en lo específico, la duración del pacto se encontraba condicionada, entre otras, a la necesidad del co-contratante de contar con los servicios de éste, ello no es suficiente sustento para entender otorgada una autorización libre y abierta en favor del ente recurrido, en orden a usar su atribución discrecional, de naturaleza pública y por tanto reglada, en la forma materializada, esto es, desprovista de todo esfuerzo de motivación fáctica que hiciera comprensible su sentido. Lo expresado no se soslaya a través de la mera cita clausular realizada, por cuanto ello se traduce, en la práctica, en ahondar en la precariedad del vínculo contraído, al quedar supeditado el afectado al criterio personal y subjetivo de un agente del aparato burocrático municipal, sin conocer la justificación de hecho que llevó a disponer la finalización de su contrato como profesional a honorarios, más aún si ello se verifica con manifiesta prontitud en relación al comienzo del nexo y en el contexto de la vigencia de un convenio de breve extensión temporal.

UNDÉCIMO: Que, en refuerzo, la examinada facultad especial que se concede a la Administración no puede ejercerse como una sola manifestación de autoridad, toda vez que constituye un deber contributivo a hacer imperar un recto estándar asociado a la transparencia en el ejercicio del Poder Público, que las decisiones que éste adopte sean no sólo imparciales, sino también razonables y motivadas, como lo establece el artículo 53 de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, quedando, a juicio de esta Corte, vedado a la recurrida para el caso analizado, en su condición de ente público, haber puesto término anticipado al contrato celebrado con el recurrente sobre la base del solo fundamento formal alusivo a la mención genérica de la cláusula vigésima, numeral sexto, prevista de manera residual en el contrato, concerniente a “no ser necesarios sus servicios”, sumado a una cita críptica de un correo electrónico de contenido desconocido, con omisión expresa, por ende, de los antecedentes fácticos mínimos que permitieran comprender por qué los servicios del funcionario a honorarios dejaron de ser necesarios.

Lo anterior conlleva, entonces, que la determinación adoptada, en los términos en que se explicitó, aparece dotada de mera veleidad o capricho, al no haberse fundado en antecedentes susceptibles de ser conocidos, a fin de comprender su alcance, sustento y razonabilidad.

DUODÉCIMO: Que, de esta forma, el actuar de la recurrida ha devenido, al menos, en arbitraria, ya que la falta de fundamentación de la cual ha adolecido el acto por esta vía reclamado ha impedido siquiera el análisis de su razonabilidad, infringiendo con ello el derecho a la igualdad ante la ley del recurrente, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, desde que el deber de motivación de un acto administrativo rige invariablemente y en favor de todas las personas que se encuentren en análoga situación, lo que en el presente caso se incumplió, incurriendo, por tanto, en una discriminación arbitraria, la cual debe ser corregida mediante la adopción de las providencias tendientes a restablecer el imperio del derecho y la debida protección del afectado.

DÉCIMO TERCERO: Que, como corolario de lo reflexionado, al haberse incurrido por la recurrida en un acto arbitrario, que ha privado al recurrente de la garantía constitucional señalada, incumbe prestar oídos a la pretensión planteada de la manera en que se dirá.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo preceptuado en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE DECLARA:

Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fecha trece de julio de dos mil veintiséis, por don nombre reservado, en contra de la MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE, representada legalmente por su Alcalde, don Carlos Patricio Gatica Villegas, solo en cuanto, se ordena dejar sin efecto el Decreto SIAPER Nº388, de fecha 11 de junio de 2026, disponiendo que la recurrida proceda, acto seguido y a la mayor brevedad, a dictar la resolución que corresponda, debidamente fundada y ajustada a derecho.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Señor Ministro Titular, don Luis Moisés Aedo Mora.

Rol N°166-2026. (Protección).-