nombre reservado con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Coyhaique, a dieciséis de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En rol N°165-2025, en lo principal de la presentación de fecha 8 de julio de 2025, comparece doña nombre reservado y don nombre reservado, abogados, en representación de don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, quien deduce recurso de protección en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, departamento que se encuentra bajo la jerarquía del Director General don Eduardo Cerna Lozano, domiciliado en domicilio reservado, por la omisión de pago de los saldos remuneratorios adeudados de la “asignación de grado efectivo”, afectando las garantías contenidas en el artículo 19 N.° 2 y 24 de la Carta Fundamental, solicitando, en definitiva: ‘‘1.- Admitir a tramitación el presente Recurso de Protección, y en definitiva acogerlo; 2.- Declarar ilegal y arbitraria la omisión de la recurrida en el pago íntegro, en tiempo y forma, de las sumas de dinero por concepto de “Asignación de Zona”; 3.- Que, se ordene a la recurrida proceder a regularizar el pago de las sumas de dinero, debidamente reajustadas, por concepto de la “Asignación de Zona”, considerando en su base de cálculo la “asignación de especialidad al grado efectivo”, de los meses a los que ha tenido derecho conforme a la Ley, desde su ingreso a la institución, o la que V.S ILMA. disponga en justicia; 4.- Todo con expresa condenación en costas en caso de oposición.’’ (sic).

Con fecha 15 de septiembre de 2025, se evacua el informe de la recurrida de autos.

El 8 de octubre de 2025, se ordenó traer los autos en relación y el día 10 del mismo mes y año, se procedió a la vista del recurso, compareciendo de manera remota sólo el abogado de la parte recurrente, don Cristián Barraza Silva, tras lo cual quedó la presente causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente funda su solicitud, indicando que ingresó a la institución el 2 de enero de 1992 y así cumplió labores en diversas ciudades del país hasta el 2 de febrero de 2024, entre ellas: Santiago, Copiapó desde enero 2014 a enero 2017 y Coyhaique, desde agosto 2020 a abril 2021, en las dos últimas gozaba del derecho a percibir “asignación de zona”.

Refiere que, dentro de los estipendios sobre los cuales el recurrente poseía un “derecho a percibir”, se encuentra el denominado como “asignación de especialidad al grado efectivo”, código H0050, el cual es imponible y constituye remuneración, pagadero a la planta de Oficiales desde el grado de Detective al de Director General de la P.D.I.

Agrega que aquella asignación, junto a otras, constituyen la base de cálculo de la denominada “gratificación de zona” (código H0016), la cual se encuentra sujeta a un incremento respecto de aquellos funcionarios que se desempeñan en regiones y que tienen derecho a la asignación de zona. En la especie, Copiapó de un 40 % y Coyhaique, de 105%.

Indica que, en el mes de mayo de 2019, mediante Radiograma N° 225, de fecha 30 de mayo de 2019, emitido por la JENAPERS, informó que por error se encontraba pagando de forma incompleta la remuneración en un ítem que debía cancelarse de acuerdo a la asignación de zona; es decir, de manera ilegal no se incluía para el cálculo de la gratificación de zona la asignación de especialidad al grado efectivo.

Arguye que, en mayo de 2019, se canceló de manera íntegra la dicha “Asignación de Zona” del respectivo mes; no obstante, en junio de 2019, el pago íntegro fue suspendido, circunstancia que se plasmó a través de Radiograma N.° 285, de fecha 2 de julio del año 2019, fundando su actuación en que el pago efectuado en el mes de mayo de 2019 sería sometido a pronunciamiento del Órgano Contralor.

En efecto, sostiene que, mediante dictamen N.° E98928/2021, emitido por la Contraloría General de la República, con fecha 26 de abril de 2021, se dio respuesta al pronunciamiento solicitado por la P.D.I., señalando que la forma de pago efectuada en el mes de mayo de 2019 se había hecho de forma correcta.

Fundamenta que, la solicitud efectuada por la JENAPERS, por intermedio del Radiograma N.° 285, a la Contraloría General de la República, con el objeto de que aclarar la manera en que debía conformarse la base de cálculo para el pago de la gratificación de zona, y que fue respondida por el órgano contralor mediante el Dictamen E98928, de 26 de abril de 2021, constituye una mera aclaración en relación a la manera en que debían efectuarse los cálculos relativos a la gratificación de zona, lo que, a su vez, dista de ser un acto constitutivo de derechos, que implique el nacimiento de estos para las partes a contar de tal dictamen, desde que sólo aclara y explica los derechos que ya existían a la fecha de realizarse la consulta por parte de la JENAPERS.

Expone que, el 18 de junio de 2025, el recurrente ha tomado conocimiento de la ilegalidad referida, al conocer que un ex funcionario de nombre nombre reservado, había presentado un recurso de protección por los mismos hechos en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, rol de ingreso N°1075-2025, siendo acogido con fecha 28 de abril de 2025.

Alega que, la recurrida ha hecho consistir el acto arbitrario e ilegal en privar al recurrente, sin expresión de causa legítima, del pago íntegro de la “Gratificación de Zona”, estipendio para cuyo cálculo no se aplicó conforme a la Ley la “Asignación de especialidad al grado efectivo”, el cual tiene el carácter de remuneración y como tal ingresó a su patrimonio, vulnerando así las garantías constitucionales reconocidas en los Nros. 2 y 24 del artículo 19, de la Constitución Política de la República.

En cuanto a las garantías vulneradas expone que, se infringe el derecho de igualdad ante la ley, contenido en el artículo 19 N.° 2 de nuestra Constitución, toda vez que dicha norma prohíbe a las autoridades del Estado practicar actos arbitrarios o carentes de razonabilidad y, a su turno, en contravención a lo mandatado por la ley, la cual ha de ser de aplicación general a sus destinatarios, lo que en el caso de marras se puede constatar que no ha ocurrido, pues se le priva de recibir sus remuneraciones de forma íntegra conforme a la ley, poniendo al recurrente en posición desventajosa y diversa frente a los restantes destinatarios.

Asimismo, se infringe el derecho de propiedad, consagrado en el artículo19 N.° 24 de la Constitución Política de la República, desde que, en la medida que ha nacido el derecho a percibir del Estado el dinero correspondiente a su remuneración, la omisión de pago íntegro por parte de la Administración del Estado conculca su legítimo derecho a disponer de aquél y su respectivo reajuste.

SEGUNDO: Que, don Omar Alonso Castro Torres, abogado, en representación de la recurrida, evacua el informe requerido, interponiendo, primeramente, la excepción de prescripción, fundado en que el pago de la asignación de zona constituye un derecho funcionario, razón por la cual a esta remuneración le son aplicables las reglas de prescripción contenidas en el artículo 99 de la Ley N.° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que dispone “El derecho al cobro de las asignaciones que establece el artículo anterior, prescribirá en el plazo de seis meses contado desde la fecha en que se hicieron exigibles”. Agrega que, las asignaciones a que se refiere el artículo 99 del Estatuto Administrativo se hacen exigibles desde el momento en que se devengan, esto es, desde que se han verificado las condiciones que establece la ley para el pago de las mismas, pues, en ese instante, nace el derecho a percibir las sumas respectivas.

Indica que, en cuanto a la interrupción del cómputo del plazo de prescripción, el mismo órgano Contralor ha señalado que, el derecho al cobro de las asignaciones de su artículo 98, prescribe en el plazo de seis meses, contados desde que se hicieron exigibles, conforme a lo señalado en el artículo 99 de dicha ley, término que se interrumpe por el reclamo formal ante el pertinente organismo o esta entidad fiscalizadora.

Precisa que, en consecuencia, habiendo transcurrido ampliamente el plazo de prescripción establecido en el ordenamiento jurídico para el cobro de las asignaciones previstas en leyes especiales, conforme a lo dispuesto en el Estatuto Administrativo, la acción de protección deducida carece de fundamento y debe ser rechazada, con expresa condena en costas.

En segundo lugar, alega la extemporaneidad de la acción interpuesta por el recurrente, por cuanto esta petición se fundamenta en que el recurrente refiere que tomó conocimiento del acto ilegal y arbitrario, el 18 de junio de 2025; sin embargo, no se acredita de manera clara y fehaciente, mediante un medio idóneo y objetivo que dé cuenta efectiva de la realización de dicha actividad, ni a través de otro mecanismo legítimo que permita determinar con certeza el inicio del cómputo del plazo, máxime si la causa de que se trata se inició el 8 de julio de 2025.

Agrega que, no consta en el expediente la efectividad de la fecha en que se tuvo conocimiento o notificación del presunto acto ilegal o arbitrario –no siendo suficiente la mera declaración del recurrente–, por lo cual no se cumple con los requisitos establecidos en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales.

En cuanto al fondo, señala que intentar una acción cautelar de emergencia para perseguir el cobro de estipendios remuneracionales no reclamados en su oportunidad, no constituye la vía idónea en consideración que el recurso de protección de garantías constitucionales tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos, siempre que estén indubitados, pero no de aquellos otros que se encuentren en discusión, como ocurre en la especie, o que constituyan una mera expectativa, de tal manera que la acción constitucional deducida no está en condiciones de prosperar. También, es cuestionable que el recurrente haya intentado una acción excepcionalísima, sin antes agotar la vía administrativa, tendiente a exigir el cobro de estipendios pagados de forma incompleta, desvirtuando la naturaleza cautelar y excepcionalísima del recurso de protección.

Refiere que, solicita que esta institución recurrida “proceda a pagar todos los montos adeudados que fueron pagados parcialmente, debido a que no deben soportar un perjuicio en su patrimonio (…)”, pero sin señalar montos específicos ni proponer una operación aritmética que permita determinar con precisión la cuantía de los presuntos dineros, en consecuencia, no existe una petición concreta para esta Corte en tal sentido, por lo que, de acogerse el recurso, se incurriría en el vicio de ultra petita.

Indica que, a mayor abundamiento, el recurrente pretende la regularización del pago de la gratificación de zona, desde su ingreso a la institución hasta el año 2021; sin embargo, se debe tener presente que el Decreto Supremo N.° 135, de 2009, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprobó el Reglamento de asignaciones, sobresueldos, gratificaciones especiales y otros derechos económicos del personal de la Policía de Investigaciones de Chile, rige plenamente desde el año 2009, por lo cual malamente se podría extender la vigencia de aquella normativa a situaciones anteriores a su entrada publicación.

Expone que, del mismo modo, si bien es cierto la Institución que representa efectuó un mal cálculo en el pago de la gratificación de zona, es necesario enfatizar que el cobro de diferencias producidas por estipendios pagados parcialmente, tanto por un error en su cálculo o en la interpretación de la normativa aplicable, está sujeta al plazo de prescripción contenida en el Estatuto Administrativo. A mayor abundamiento, los dictámenes N°38.810, de 1998; 48.264, de 2008; 2.510, de 2010 y, 47.598, de 2012, de la Contraloría General de la República, han concluido que, aun tratándose de beneficios que deben concederse de oficio, como acontece en la especie, los interesados tienen la obligación de ser diligentes en su cobro con el fin de obtenerlos dentro del plazo establecido para tal fin, circunstancia que no puede obviarse en la especie.

Precisa que, conforme lo informado por la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas de la Policía de Investigaciones de Chile, esta institución policial no procedió con el pago al recurrente (atendiendo a la fecha del dictamen, esto es, el 26 de abril de 2021).

Refiere que, el recurrente no ha especificado los periodos de remuneraciones que eventualmente se adeudan. En tal caso, con la dictación del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, se sustituyó el artículo 46 del Estatuto del Personal de Carabineros estableciendo el beneficio de asignación al grado efectivo, por lo cual, si el recurrente pretende reclamar el pago durante toda su estadía en la Institución, no es plausible, porque este derecho surgió durante el año 1998, no existiendo con anterioridad a aquella época.

Finalmente expone que, en atención a los antecedentes señalados y argumentos vertidos, el recurrente no ha señalado cuales son los periodos y meses en los que dejó de percibir – presuntamente– algún monto por concepto de “asignación de zona”; y especialmente, queda de manifiesto que no ha existido ningún acto ilegal o arbitrario que atente contra los derechos fundamentales del recurrente, puesto que la Policía de Investigaciones de Chile, ha realizado todas las actuaciones que le competen para satisfacer el pago a los funcionarios, a los cuales les asiste la asignación de especialidad al grado efectivo considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal. Además, tal como se expuso a lo largo del presente acto, en aquellos casos que las diferencias producidas por estipendios pagados parcialmente, tanto por un error en su cálculo o en la interpretación de la normativa aplicable –como lo que ocurre en la especie– tal como lo ha señalado la Contraloría General, es aplicable el plazo de prescripción establecido en el ordenamiento jurídico.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, en criterio que este Tribunal comparte, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo se afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión a adoptar por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en la omisión de pago de los saldos remuneratorios adeudados de la “asignación de grado efectivo”, vulnerando así, sus garantías constitucionales reconocidas en los N.° 2 y 24 del artículo 19, de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, a fin de despejar el asunto a dirimir, de los elementos allegados durante la tramitación de la presente acción, apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se pueden dar por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que, don nombre reservado, ingresó a la institución el 2 de enero de 1992 y permaneció en ella hasta el 2 de febrero de 2024, fecha en la cual dejó de pertenecer a la Policía de Investigaciones de Chile.

2.- Que, con fecha 30 de mayo de 2019, mediante Radiograma N°225 de la JENAPERS, se informa al personal que para los trabajadores de la Policía de Investigaciones habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tuvieran derecho de percibirlo.

3.- Que, con fecha 2 de julio de 2019, mediante Radiograma N°285, se informa que las remuneraciones con asignación de zona continuarán pagándose, utilizando la base de cálculo original hasta recibida la respuesta del Ente Contralor, solicitándose al personal mantenerse a la espera.

4.- Que, con fecha 26 de abril de 2021, la Contraloría General de la República, emitió respuesta al pronunciamiento de la P.D.I. evacuando Dictamen N°E98928 / 2021, en el que se dispone que la asignación de especialidad al grado efectivo, que actualmente recibe el personal de la Policía de Investigaciones de Chile, debía ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tuviera derecho a este último beneficio.

5.- Que, el recurrente ejerció funciones en la región de Atacama, ciudad de Copiapó, desde de enero de 2014 hasta enero de 2017; y en la región de Aysén, ciudad de Coyhaique, desde agosto de 2020 hasta abril de 2021; de acuerdo con el certificado de destinaciones N.° 67460.

I.- En cuanto a la prescripción OCTAVO: Que, la recurrida, primeramente, opuso excepción de prescripción, la que funda en que, según el artículo 99, de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, "el derecho al cobro de las asignaciones prescribirá en el plazo de seis meses contado desde la fecha en que se hicieron exigibles".

Sin embargo, dichas alegaciones no podrán ser acogidas en esta sede, en atención a la naturaleza constitucional que detenta la acción de protección enderezada, a través de la cual se solicita una cautela inmediata y de urgencia de uno o más derechos fundamentales e indubitados, de manera que, a causa de no ser el foco de lo impetrado, el petitorio no puede resultar enervado mediante la oposición de excepciones perentorias de carácter ordinario, que son propias de juicios de naturaleza civil o administrativa, estos últimos configurados como contexto procesal idóneo para obtener la declaración de la prescripción que se busca y en cuyo seno habrán de intentarse.

II.- En cuanto a la extemporaneidad NOVENO: Que, enseguida, se debe tener presente que el numeral 1° del Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establece que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

En tal orientación, debe recordarse que la recurrida refiere que lo reclamado por el recurrente se fundamenta producto de la sentencia dictada en causa Rol N°1075-2025, por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en términos que acogió un Recurso de Protección relacionado con la misma materia debatida en autos, situación que, en su criterio, no resulta ser suficiente para acreditar de manera clara y fehaciente que éste haya tomado conocimiento del hecho reclamado en la fecha indicada, por lo que aparece que resulta ser extemporáneo.

No obstante, en el aspecto cuestionado, más allá de las dudas de la recurrida respecto a la data de efectivo conocimiento adquirido por el recurrente en torno a la situación que motiva el actual arbitrio, cabe tener presente que ya se ha decidido que la acción u omisión reclamada acarrea efectos de carácter permanente, fundamento que basta para desestimar la alegación de extemporaneidad formulada por la primera.

III.- En cuanto al fondo de la acción deducida DÉCIMO: Que, para un mejor acierto de lo que se resolverá, cabe destacar que, entre las funciones de la Contraloría General de la República, como ente fiscalizador, está la de velar por la legalidad de los actos de los organismos administrativos. De este modo, para cumplir dicha labor, tal organismo puede emitir informes y dictámenes, de naturaleza declarativa e interpretativa sobre cuestiones cuyo pronunciamiento se requiera. Es dable señalar, además, que en atención a que dichos actos se entienden incorporados a las leyes o reglamentos interpretados, no rige para ellos la prohibición de retroactividad.

Dicho esto, la solicitud efectuada por la JENAPERS, por intermedio del Radiograma N°285, de 2 de julio del año 2019, a la Contraloría General de la República, con el objeto de que aclarara la manera en que debía conformarse la base de cálculo para el pago de la gratificación de zona, la cual fue respondida por el órgano contralor, mediante el Dictamen E98928, de 26 de abril de 2021, constituye precisamente sólo una aclaración en relación a la manera en que deben efectuarse los cálculos relativos a la gratificación de zona, lo que, a su vez, dista de ser un acto constitutivo de derechos, que implique el nacimiento de éstos para las partes a contar de tal Dictamen, desde que sólo se extiende acerca de los derechos que ya existían a la fecha de realizarse la consulta por parte de la JENAPERS. En consecuencia, no se trata de una aplicación retroactiva de las normas sobre la materia, sino de una explicitación de lo ya existente.

UNDÉCIMO: Que, asentado lo anterior, cabe señalar que no resulta atendible el fundamento invocado por la recurrida en el informe evacuado, que dice relación con haber realizado todas las actuaciones que le competen para satisfacer su pago en favor de aquellos a quienes les asistía la asignación de especialidad al grado efectivo, considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tuviera derecho a este último beneficio, de conformidad al Dictamen N.° E98928, de fecha 26 de abril de 2021, emanado de la Contraloría General de la República, al haber estimado no poseer efecto retroactivo. Aquello resulta ser una interpretación equivocada de lo señalado por el ente contralor, atendido lo indicado en el considerando precedente, pues dicha fecha de pronunciamiento no representa la del nacimiento de los derechos del recurrente, sino que corresponde a una resolución consultiva sobre la materia.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, así las cosas, estos sentenciadores estiman que la recurrida Policía de Investigaciones de Chile, actuó al menos de forma arbitraria, desde que a través de una interpretación errada de lo señalado por Contraloría, ha configurado una excusa inaceptable de la que se ha prevalido para no disponer el pago de una asignación que forma parte integrante de las remuneraciones a que tiene derecho el recurrente de autos, y respecto de las cuales ostenta un derecho de carácter indubitado y preexistente, por lo que no resulta procedente, en consecuencia, que el actor sea privado de recibir durante todo este tiempo parte de sus remuneraciones por hechos u omisiones de la Administración, que no le son atribuibles, verificando así la afectación a su garantía constitucional consagrada en el artículo 19, en su numeral 24, de la Constitución Política de la República, esto es, su derecho de propiedad, desde que se le ha privado que los emolumentos correspondientes a la asignación reclamada y a los cuales tenía derecho, ingresen a su patrimonio.

Por otra parte, el actuar arbitrario de la recurrida ha significado la afectación del derecho a la igualdad ante la ley que tiene el recurrente, reconocido en el artículo 19 N°2, de la Constitución Política de la República, pues de los hechos asentados se desprende que se le ha discriminado de forma arbitraria, en relación a los demás funcionarios, que en semejantes circunstancias han podido gozar de la señalada asignación de especialidad del grado efectivo, considerada en el cálculo de su respectiva gratificación de zona.

DÉCIMO TERCERO: Que, así las cosas y habiendo incurrido la Policía de Investigaciones de Chile, en un actuar arbitrario e ilegal que priva al recurrente de las garantías constitucionales referidas, cabe a esta Corte acoger el presente recurso de protección, sólo en cuanto la recurrida deberá disponer el pago de la asignación que favorece al recurrente, respecto del período no solucionado por aquélla.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, SE RECHAZA, la excepción de prescripción, deducida por la recurrida.

II.- Que, SE RECHAZA, la petición declaratoria de extemporaneidad, formulada también por la recurrida.

III.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado y don nombre reservado, en representación de don nombre reservado, en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, sólo en cuanto la recurrida deberá disponer el pago de la asignación que favorece al recurrente, conforme al cálculo que se determinará en la sede correspondiente, sin perjuicio de los derechos se puedan hacer valer en el procedimiento administrativo de rigor.

Acordada la decisión anterior con el voto en contra del señor Ministro Titular, don José Ignacio Mora Trujillo, quien fue del parecer que, la presente acción tiene como elemental exigencia aquélla que sólo pueda referirse a derechos indubitados y manifiestos, esto es, los que deben aparecer y constar del solo mérito de los antecedentes allegados al proceso, circunstancia que no se advierte concurrente en el caso de marras, desde que el derecho que sostiene poseer el actor y en base al cual funda su petición, se encuentra controvertido, tanto porque no ha existido claridad en la pretensión concreta que ha planteado, como por la introducción por la entidad recurrida de alegaciones de fondo relativas a la prescripción del mismo, discusiones y discrepancias que únicamente caben ser dilucidadas en un procedimiento diverso, de lato conocimiento, mas no por la presente vía sumarísima del recurso de protección, que es portador de caracteres jurídicos de excepcionalidad y urgencia, que se traducen en brindar tutela inmediata a un derecho incuestionable; todo lo cual, al no verificarse, necesariamente conlleva a que el arbitrio intentado deba ser desestimado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del voto de mayoría por el Sr. Ministro Titular, don Luis Moisés Aedo Mora, quien no firma por encontrarse en comisión de servicios y el de disidencia, por su propio autor.

Rol N°: 165-2025. (Protección).-