nombre reservado con SECCION DE REMUNERACIONES POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Coyhaique, a trece de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°163-2025, en lo principal de la presentación de fecha 8 de julio de 2025, comparece doña Natalia Andrea Aguilar Rodríguez, abogado, en representación de don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, departamento que se encuentra bajo la jerarquía administrativa del Prefecto Inspector don nombre reservado, a cargo de la Jefatura Nacional de Administración y nombre reservado, en adelante JENAPERS, con domicilio en domicilio reservado, por la omisión de pago de los saldos remuneratorios adeudados de la “asignación de grado efectivo”, afectando las garantías contenidas en el artículo 19 N°2 y 24 de la Carta Fundamental, solicitando, en definitiva: “se regularice el pago por los montos adeudados de la asignación, por el período que ha fijado la Excma. Corte Suprema para el asunto debatido, esto es desde el ingreso a la institución hasta el 26 de abril de 2021”.

Con fecha 16 de septiembre de 2025, se agregó el informe de la recurrida de autos.

El 6 de octubre de 2025, se ordenó traer los autos en relación, mientras el día 8 del mismo mes y año se procedió a la vista del recurso, sin haberse recibido alegatos, transcurrido lo cual quedó la presente causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente funda su solicitud, indicando que ingresó a la P.D.I. el 1 de febrero de 1998 y en la actualidad se encuentra jubilado.

Señala que, la asignación de grado efectivo, código H0050, constituye remuneración, se paga en la planta de oficiales desde el grado de Detective y sucesivamente en los demás cargos superiores, esto es: Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario, Subprefecto, Prefecto, Prefecto Inspector, Prefecto General y hasta el cargo de Director General de la P.D.I. Agrega que, desde el egreso de la Escuela de Investigaciones, al cargo de Detective, se le generó "el derecho a percibir la asignación de grado efectivo", pero esta remuneración tiene un incremento cuando algún funcionario se desempeña en regiones con derecho a la asignación de zona, como es el caso de la ciudad de Coyhaique, XI Región (105%), en la que prestó funciones desde el 9 de marzo de 2009 hasta el 10 de febrero de 2015.

Manifiesta que en mayo de 2019, se informó que habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes les correspondiese el derecho de percibirla, lo cual fue comunicado mediante Radiograma N°225, de 30 de mayo de 2019 de la JENAPERS; no obstante, la recurrida dejó de pagar el monto íntegro de dicha remuneración, informando mediante Radiograma N°285, de fecha 2 de julio de 2019, que se requeriría pronunciamiento a la Contraloría General de la República respecto a la base de cálculo.

Explica que, con fecha 26 de abril de 2021, la Contraloría General de la República emitió respuesta al pronunciamiento de la P.D.I., evacuando el Dictamen N°E98928 / 2021 que, en síntesis, establece, que la forma de pago efectuada en el mes de mayo de 2019 se había hecho de forma correcta.

Indica que, la regularización de pago hecha por la P.D.I. fue solamente parcial, ya que malinterpretó el Dictamen N°E98928 / 2021 de la C.G.R. al estimar que con la emisión de aquel documento, ésta era la fecha que generaba este derecho por considerar la palabra "actualmente", como elemento decisivo para la fijación de pagos, cancelando sólo el período desde el 26 de abril de 2021 a lo futuro.

Refiere que, esta situación fue clarificada por la Excma. Corte Suprema, donde el Máximo Tribunal del País, resolvió definitivamente la interpretación ambigua del Dictamen N°E98928/2021 de la C.G.R, fallando que debía pagarse igualmente desde el ingreso a la Institución hasta el 26 de abril de 2021, que es el período reclamado en autos.

Precisa que, no se puede desconocer que estamos frente a una omisión que continúa produciendo sus efectos en la actualidad, renovándose mes a mes la situación vulneratoria, al igual que el plazo para recurrir de protección, tal como lo ha fijado ampliamente la Excelentísima Corte Suprema. Es del todo dable entonces establecer que la acción se encuentra dentro del plazo que estipula el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema.

Por su parte, en cuanto a las garantías vulneradas señala que se conculca su derecho indubitado de igualdad ante la ley, consagrado en el N°2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, debido a que teniendo el deber de regularizar sus obligaciones incumplidas de sus empleados activos y en retiro de la institución, por la precisión que hizo el fallo emanado de la Excma. Corte Suprema de Justicia, en autos Rol N°147.027-2023, ésta ha hecho pago de sólo algunos montos adeudados por el período del ingreso a la institución al 26 de abril de 2021, con lo cual ha hecho diferencias arbitrarias respecto de otros ex funcionarios que sí han recibido el pago en su totalidad.

Además, se transgrede el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad, por cuanto la asignación del grado efectivo es remuneración, el recurrente tiene sobre ésta un derecho de propiedad, el cual es un derecho de carácter absoluto, exclusivo y perpetuo, y el hecho de no pagar aquellos montos adeudados de la asignación de grado efectivo por el período que media entre el ingreso a la Institución al 26 de abril de 2021, conculca el derecho de propiedad que tiene el recurrente sobre el saldo insoluto no pagado de sus remuneraciones por el tiempo que sirvieron en la institución.

SEGUNDO: Que, por otra parte, don Omar Alonso Castro Torres, abogado, en representación de la recurrida, evacua el informe requerido, interponiendo, primeramente, la excepción de prescripción, fundado en que el pago de la asignación de zona constituye un derecho funcionario, razón por la cual a esta remuneración le son aplicables las reglas de prescripción contenidas en el artículo 99 de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, que dispone “El derecho al cobro de las asignaciones que establece el artícu lo anterior, prescribirá en el plazo de seis meses contado desde la fecha en que se hicieron exigibles”. Agrega que, las asignaciones a que se refiere el artículo 99 del Estatuto Administrativo se hacen exigibles desde el momento en que se devengan, esto es, desde que se han verificado las condiciones que establece la ley para el pago de las mismas, pues en ese instante nace el derecho a percibir las sumas respectivas.

Indica que, en cuanto a la interrupción del cómputo del plazo de prescripción, el mismo órgano Contralor ha señalado que, el derecho al cobro de las asignaciones de su artículo 98, prescribe en el plazo de seis meses, contados desde que se hicieron exigibles, conforme a lo señalado en el artículo 99 de dicha ley, término que se interrumpe por el reclamo formal ante el pertinente organismo o esta entidad fiscalizadora.

Precisa que, en consecuencia, habiendo transcurrido ampliamente el plazo de prescripción establecido en el ordenamiento jurídico para el cobro de las asignaciones previstas en leyes especiales, conforme a lo dispuesto en el Estatuto Administrativo, la acción de protección deducida carece de fundamento y debe ser rechazada, con expresa condena en costas.

En segundo lugar, alega la extemporaneidad de la acción interpuesta por el recurrente, por cuanto esta petición se fundamenta en que el recurrente refiere que tomó conocimiento del acto ilegal y arbitrario el 10 de junio de 2025; sin embargo, no se acredita de manera clara y fehaciente, mediante un medio idóneo y objetivo que dé cuenta efectiva de la realización de dicha actividad ni a través de otro mecanismo legítimo, que permita determinar con certeza el inicio del cómputo del plazo, máxime si la causa de que se trata se inició el 8 de julio de 2025. Agrega que, no consta en el expediente la efectividad de la fecha en que se tuvo conocimiento o notificación del presunto acto ilegal o arbitrario –no siendo suficiente la mera declaración del recurrente–, por lo cual no se cumple con los requisitos establecidos en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales.

En cuanto al fondo, señala que, intentar una acción cautelar de emergencia para perseguir el cobro de estipendios remuneracionales no reclamados en su oportunidad no constituye la vía idónea, en consideración que el recurso de protección de garantías constitucionales tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos, siempre que estén indubitados, mas no de aquellos otros que se encuentren en discusión, como ocurre en la especie, o que constituyan una mera expectativa, de tal manera que la acción constitucional deducida no está en condiciones de prosperar. También, es cuestionable que el recurrente haya intentado una acción excepcionalísima, sin antes agotar la vía administrativa, tendiente a exigir a su juicio el cobro de estipendios pagados de forma incompleta, desvirtuando la naturaleza cautelar y excepcionalísima del recurso de protección.

Solicita que la institución recurrida “proceda a pagar todos los montos adeudados que fueron pagados parcialmente, debido a que no deben soportar un perjuicio en su patrimonio (…)”, pero sin señalar montos específicos ni proponer una operación aritmética que permita determinar con precisión la cuantía de los presuntos dineros, por lo que, en consecuencia, no existe una petición concreta dirigida a esta Corte en tal sentido, de modo que, de acogerse el recurso, se incurriría en el vicio de ultra petita.

Indica que, a mayor abundamiento, el recurrente pretende la regularización del pago de la gratificación de zona, desde su ingreso a la institución hasta el año 2021; sin embargo, debemos tener presente que conforme del Decreto Supremo N°135, de 2009, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprobó el Reglamento de asignaciones, sobresueldos, gratificaciones especiales y otros derechos económicos del personal de la Policía de Investigaciones de Chile, rige plenamente desde el año 2009, por lo cual malamente se podría extender la vigencia de aquella normativa a situaciones anteriores a su publicación.

Expone que, si bien es cierto, la P.D.I. efectuó un mal cálculo en el pago de la gratificación de zona, es necesario enfatizar que el cobro de diferencias producidas por estipendios pagados parcialmente, tanto por un error en su cálculo o en la interpretación de la normativa aplicable, está sujeta al plazo de prescripción contenido en el Estatuto Administrativo. A mayor abundamiento, los dictámenes N°38.810, de 1998; 48.264, de 2008; 2.510, de 2010 y, 47.598, de 2012, de la Contraloría General de la República, han concluido que, aun tratándose de beneficios que deben concederse de oficio, como acontece en la especie, los interesados tienen la obligación de ser diligentes en su cobro con el fin de obtenerlos dentro del plazo establecido para tal fin, circunstancia que no puede obviarse en la especie.

Precisa que, conforme lo informado por la Jefatura Nacional de Administración y nombre reservado de la Policía de Investigaciones de Chile, esta institución policial no procedió con el pago al recurrente, atendiendo a la fecha del dictamen, esto es, el 26 de abril de 2021, en atención a que en el momento en que se realizó el pago el recurrente ya se encontraba en retiro.

Refiere que, el recurrente no ha especificado los periodos de remuneraciones que eventualmente se adeudan. En tal caso, con la dictación del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, se sustituyó el artículo 46 del Estatuto del Personal de Carabineros, estableciendo el beneficio de asignación al grado efectivo, por lo cual, si el recurrente pretende reclamar el pago durante toda su estadía en la Institución no es plausible, porque este derecho surgió durante el año 1998, no existiendo con anterioridad a aquella época.

Finalmente, expone que, en atención a los antecedentes señalados y argumentos vertidos, el recurrente no ha señalado cuáles son los periodos y meses en los que dejó de percibir – presuntamente– algún monto por concepto de “asignación de zona”; y especialmente, queda de manifiesto que no ha existido ningún acto ilegal o arbitrario que atente contra los derechos fundamentales del recurrente, puesto que la Policía de Investigaciones de Chile ha realizado todas las actuaciones que le competen para satisfacer el pago a los funcionarios, a los cuales les asiste la asignación de especialidad al grado efectivo considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal. Además, tal como se expuso a lo largo del presente acto, en aquellos casos que las diferencias producidas por estipendios pagados parcialmente, tanto por un error en su cálculo o en la interpretación de la normativa aplicable –como lo que ocurre en la especie–, tal como lo ha señalado la Contraloría General, es aplicable el plazo de prescripción establecido en el ordenamiento jurídico.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo se afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión a adoptar por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en la omisión de pago a su favor de los saldos remuneratorios adeudados de la “asignación de grado efectivo”, vulnerando así, sus garantías constitucionales reconocidas en los N°2 y 24 del artículo 19, de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, de los elementos allegados durante la tramitación de la presente acción, los que han sido apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se pueden dar por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que, don nombre reservado, ingresó a la institución el 1 de febrero de 1998, prestando funciones hasta el 7 de abril de 2021, fecha en la cual dejó de pertenecer a la Policía de Investigaciones de Chile.

2.- Que, con fecha 30 de mayo de 2019, mediante Radiograma N°225 de la JENAPERS, se informa al personal que para los trabajadores de la Policía de Investigaciones habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tuvieran derecho de percibirlo.

3.- Que, con fecha 2 de julio de 2019, mediante Radiograma N°285, se informa que las remuneraciones con asignación de zona continuarán pagándose, utilizando la base de cálculo original hasta recibida la respuesta del ente Contralor, solicitándose al personal mantenerse a la espera.

4.- Que, con fecha 26 de abril de 2021, la Contraloría General de la República emitió respuesta al pronunciamiento de la P.D.I. evacuando Dictamen N°E98928 / 2021, en el que se dispone que la asignación de especialidad al grado efectivo, que actualmente recibe el personal de la Policía de Investigaciones de Chile debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio.

5.- Que, el recurrente ejerció funciones en la Región de Aysén, desde el 9 de marzo de 2009 hasta febrero del año 2015; de acuerdo con el Certificado de Destinaciones N°67278, del Departamento de Archivo y Registro, de la Policía de Investigaciones de Chile.

I.- EN CUANTO A LA PRESCRIPCIÓN.

OCTAVO: Que, la recurrida, primeramente, opuso excepción de prescripción, la que funda en que, según el artículo 99, de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, "el derecho al cobro de las asignaciones prescribirá en el plazo de seis meses contado desde la fecha en que se hicieron exigibles".

Sin embargo, dichas alegaciones no podrán ser acogidas en esta sede, en atención a la naturaleza constitucional que detenta la acción de protección enderezada, a través de la cual se solicita una cautela inmediata y de urgencia de uno o más derechos fundamentales e indubitados, de manera que, a causa de no ser éste el foco central de lo impetrado, el petitorio no puede resultar enervado mediante la oposición de excepciones perentorias de carácter ordinario, que son propias de juicios de naturaleza civil o administrativa, estos últimos configurados como contexto procesal idóneo para obtener la declaración de la prescripción que se busca.

II. EN CUANTO A LA EXTEMPORANEIDAD.

NOVENO: Que, enseguida, se debe tener presente que el numeral 1° del Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establece que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

En tal orientación, debe recordarse que la recurrida refiere que el recurrente aduce que tomó conocimiento del “acto ilegal y arbitrario”, el 10 de junio de 2025, en razón de vínculos de amistad en común, con la beneficiada de la sentencia de protección de autos Rol N°735-2025 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, en términos que acogió un Recurso de Protección relacionado con la misma materia debatida en autos, situación que, en su criterio, no resulta ser suficiente para acreditar de manera clara y fehaciente que ésta haya tomado conocimiento del hecho reclamado en la fecha indicada.

No obstante, en el aspecto cuestionado, más allá de las dudas que formula la recurrida respecto a la data de efectivo conocimiento adquirido por el recurrente en torno a la situación que motiva el actual arbitrio, cabe tener presente que ya se ha decidido que la acción u omisión reclamada acarrea efectos de carácter permanente, fundamento que basta para desestimar la alegación de extemporaneidad formulada por la primera.

III.- EN CUANTO AL FONDO DE LA ACCIÓN DEDUCIDA.

DÉCIMO: Que, para un mejor acierto de lo que se resolverá, cabe destacar que, entre las funciones de la Contraloría General de la República, como ente fiscalizador, está la de velar por la legalidad de los actos de los organismos administrativos. De este modo, para cumplir dicha labor, tal organismo puede emitir informes y dictámenes, de naturaleza declarativa e interpretativa sobre cuestiones cuyo pronunciamiento se requiera. Es dable señalar, además, que en atención a que dichos actos se entienden incorporados a las leyes o reglamentos interpretados, no rige para ellos la prohibición de retroactividad.

Dicho esto, la solicitud efectuada por la JENAPERS, por intermedio del Radiograma N°285, de 2 de julio del año 2019, a la Contraloría General de la República, con el objeto de que aclarara la manera en que debía conformarse la base de cálculo para el pago de la gratificación de zona, la cual fue respondida por el órgano contralor, mediante el Dictamen E98928, de 26 de abril de 2021, constituye precisamente sólo una declaración en relación a la manera en que deben efectuarse los cálculos relativos a la gratificación de zona, lo que, a su vez, dista de ser un acto constitutivo de derechos, que implique el nacimiento de éstos para las partes a contar de tal Dictamen, desde que sólo esclarece y explica los derechos que ya existían a la fecha de realizarse la consulta por parte de la JENAPERS. En consecuencia, no se trata en a especie de una aplicación retroactiva de las normas vigentes sobre la materia, sino la explicitación de lo ya existente.

UNDÉCIMO: Que, asentado lo anterior, cabe señalar que no resulta atendible el fundamento invocado por la recurrida en el informe evacuado, que dice relación con haber realizado todas las actuaciones que le competen para satisfacer su pago en favor de aquellos a quienes les asistía la asignación de especialidad al grado efectivo, considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tuviera derecho a este último beneficio, de conformidad al Dictamen N°E98928, de fecha 26 de abril de 2021, emanado de la Contraloría General de la República, al haber estimado no poseer efecto retroactivo, lo cual resulta ser una interpretación equivocada de lo señalado por el ente contralor, atendido lo indicado en el considerando precedente, pues dicha fecha de pronunciamiento no representa el nacimiento de los derechos del recurrente, sino que corresponde a una resolución consultiva sobre la materia.

DUODÉCIMO: Que, así las cosas, estos sentenciadores estiman que la recurrida, Policía de Investigaciones de Chile, actuó de forma arbitraria, desde que a través de una interpretación errada de lo señalado por Contraloría ha configurado una excusa inaceptable, de la que se ha valido para no disponer el pago de una asignación que forma parte integrante de las remuneraciones a que tiene derecho el recurrente de autos, y respecto de las cuales ostenta un derecho de carácter indubitado y preexistente, por lo que no resulta procedente, en consecuencia, que el actor no reciba durante todo este tiempo, parte de sus remuneraciones por hechos u omisiones emanados de la Administración, que no le son atribuibles, verificando así la afectación a su garantía constitucional consagrada en el artículo 19, en su numeral 24, de la Constitución Política de la República, esto es, su derecho de propiedad, desde que se le ha privado de la circunstancia que los emolumentos correspondientes a la asignación discutida y a los cuales tenía derecho, ingresen a su patrimonio.

Asimismo, el actuar arbitrario de la recurrida ha significado la afectación del derecho a la igualdad ante la ley que obra en beneficio del recurrente, reconocido en el artículo 19 N°2, de la Constitución Política de la República, pues de los hechos asentados se desprende que se le ha discriminado de forma arbitraria, en relación a los demás funcionarios que, en semejantes circunstancias, han podido gozar de la señalada asignación de especialidad del grado efectivo, considerada en el cálculo de su respectiva gratificación de zona.

DÉCIMO TERCERO: Que, así las cosas, estimándose que la Policía de Investigaciones de Chile ha incurrido en un actuar arbitrario e ilegal, que priva al recurrente de las garantías constitucionales referidas, cabe a esta Corte acoger el presente recurso de protección, sólo en cuanto la recurrida deberá disponer el pago de la asignación que favorece al recurrente, respecto del período no solucionado por aquélla.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que SE RECHAZA formalmente la excepción de prescripción formulada por la recurrida.

II.- Que SE RECHAZA la alegación de improcedencia de la presente acción constitucional interpuesta por la recurrida.

III.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por doña Natalia Andrea Aguilar Rodríguez, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, sólo en cuanto la recurrida deberá disponer el pago de la asignación que favorece al recurrente, conforme al cálculo que se determinará en la sede correspondiente y sin perjuicio de los derechos se puedan hacer valer en el procedimiento administrativo de rigor.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Señor Ministro Titular, don Luis Moisés Aedo Mora.

Rol 163-2025 (Protección).