nombre reservado con nombre reservado

En Coyhaique, a primero de octubre del año dos mil veintiséis.

VISTOS:

En Rol de esta Corte Nº162-2026, el 04 de julio del año 2026, compareció don Antonio Gaspar Torres Reyes, abogado, domiciliado en domicilio reservado, a nombre de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado y don nombre reservado, por cuanto estima que los recurridos han cometido una acción ilegal o arbitraria, consistente en el impedimento diario y constante de la recurrente al acceso de su propiedad; lo que priva, perturba y amenaza sus garantías constitucionales resguardadas en los numerales 1 y 24, del artículo 19, de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva que: ‘‘1. Los recurridos retiren de inmediato el candado, portón y cualquier otro obstáculo que impida la libre circulación desde el predio de doña nombre reservado hacia el camino público; le permitan tener llaves del mismo; o cualquier solución que S.S estime en conciencia para resguardar la vida de mi representada.

2. Que se ordene a los recurridos abstenerse en el futuro de volver a realizar actos que impidan el libre tránsito.

3. Todo esto con expresa condenación en costas.’’ (sic)

Con fecha 15 de julio del año 2026, doña nombre reservado, recurrida, incorporó el informe requerido.

Con fecha 18 de julio del año 2026, don nombre reservado, incorporó el informe requerido.

Con fecha 23 de julio del año 2026, don Marcelo Edgardo Rodríguez Avilés, abogado, por los recurridos nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos apellidados nombre reservado, incorporó el informe requerido.

Con fecha 11 de septiembre del año dos mil veintiséis, se prescinde del informe requerido, respecto de don nombre reservado.

Con fecha 16 de septiembre del año 2026, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 29 del mismo mes y año, se anunció y alegó, contra el recurso, el abogado Marcelo Rodríguez Avilés; quedando la causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente señala como antecedente que es dueña de un predio ubicado en el sector Valle Pangal, comuna de Aysén, provincia de Aysén, de una superficie de 60,35 hectáreas, cuyo dominio rola inscrito a fojas 81 N°116, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Aysén, del año 1984.

Refiere que, la única entrada que la propiedad de doña nombre reservado, tiene para acceder al camino público, es un camino vecinal, tal como consta en plano N°XI-1-926-S.R. de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, de la Región de Aysén. Añade que, diariamente, los recurridos, en su calidad de herederos y dueños del predio inmediatamente anterior, impiden el paso al mencionado camino, sin informar razones legítimas para sus actos, argumentando, a lo más, supuestas razones de seguridad.

Expone que, la recurrente es una persona adulta, mayor de 79 años, usuaria de órtesis, bastón, que presenta antecedentes de hipertensión arterial, nefropatía crónica bilateral y coxartrosis. Añade que, de acuerdo a la evaluación médica integral evacuada en mayo de 2026, por el CESFAM de Puerto Aysén (informada en causa RIT F-74-2026 del Juzgado de Letras y Garantía de Aysén), la recurrente presenta además un deterioro cognitivo moderado, gonartrosis avanzada con marcha limitada, signos de insuficiencia venosa y lesiones superficiales asociadas a la humedad.

Precisa que, en dicha causa se concluyó que la recurrente es una paciente frágil, con alta carga de morbilidad, una dependencia funcional moderada-severa y un alto riesgo de caídas e infecciones, encontrándose sin tratamiento farmacológico activo debido a sus inasistencias derivadas de la falta de conectividad y aislamiento geográfico ya que el bloqueo del camino la obliga a transitar en bote por el río Pangal y caminar al menos 15 minutos, lo que resulta dificultoso y riesgoso. Agrega que, es así, que por su precaria condición de salud, resulta urgente la apertura del camino para permitir su acceso a dispositivos de salud y el ingreso expedito de ambulancias o vehículos de emergencia, cuya obstrucción amenazan de forma inminente su derecho a la vida y a su integridad física y psíquica.

Indica que, el impedimento constante de paso por parte de los recurridos constituye claramente una alteración a una situación de hecho preexistente, cuya ejecución se presenta como una acción carente de la necesaria prudencia, toda vez que aísla la vida de la recurrente, por lo que se solicita se devuelva el statu quo existente con anterioridad a la ejecución de los actos perturbatorios realizados por los recurridos, los que claramente se pueden calificar como un acto de autotutela no amparable por el derecho.

Señala que, el cierre injustificado del camino le ha producido a la afectada daños de toda índole, al no poder abastecerse adecuadamente de enseres básicos y agua potable, ingresar forrajes para sus animales, recibir asistencia y estar impedida de salir expeditamente para asistir a controles médicos ante una emergencia, consolidando una situación de aislamiento social y abandono.

Sostiene que, el actuar ilegal y arbitrario de los recurridos constituye una amenaza permanente, una afectación directa y perturbadora y por tanto, una vulneración al libre ejercicio del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, consagrado por nuestra Carta Fundamental, en su artículo 19, N°1, toda vez que se impide de manera absoluta el acceso de ambulancias y vehículos de emergencia, dificultando o impidiendo una oportuna atención de enfermedades o complicaciones de gravedad que le puedan llegar a afectar a la recurrente, quien por su avanzada edad, deterioro cognitivo y comorbilidades crónicas, requiere la vía libre.

Finalmente, refiere que se vulnera el derecho de propiedad, cautelado a la vez por el artículo 19, N°24, de la Constitución Política de la República, ya que el actuar de los recurridos altera unilateralmente y mediante vías de hecho, una situación jurídica preestablecida, coartando a la recurrente para desarrollar plenamente sus actividades silvoagropecuarias de subsistencia.

SEGUNDO: Que, doña nombre reservado, recurrida, incorporó el informe requerido señalando que, la recurrente solicitó paso o entrega de llaves a la sucesión nombre reservado a la que pertenece para ingresar a su domicilio. Agrega que, no tiene inconvenientes en que se habilite el paso o se le entregue las llaves para poder tener un libre tránsito y pueda ingresar a su domicilio, más aún si presenta una discapacidad física que le dificulta su ingreso.

TERCERO: Que, don nombre reservado, informa que, de acuerdo la solicitud de la recurrente, que requiere llaves o paso por el predio del cual es heredero y perteneciente a la sucesión nombre reservado, no tiene inconvenientes para que ella transite y pueda ingresar a su domicilio.

CUARTO: Que, don Marcelo Edgardo Rodríguez Avilés, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y don nombre reservado, todos de apellido nombre reservado, incorporó el informe requerido, solicitando el rechazo en todas sus partes del recurso de protección intentado, con expresa condena en costas.

Señala que, desde el fallecimiento del padre de los recurridos, hace más de 20 años, la Señora nombre reservado, ha pretendido tener acceso al camino público, a través de cruzar gran parte de su propiedad, por lugares donde no existen caminos, al menos mil trescientos metros hasta la casa que pertenecía a sus padres, para acceder recién a un camino ripiado de acceso que pertenece a dicha propiedad y que permite acceder a la casa. Añade que, dicha situación debe ser resuelta a través de los mecanismos que establece la ley y que requieren un análisis acabado de los predios, de las distintas alternativas de acceso al predio que está “mediterráneo” (si es que lo está) y el lugar donde se producen los menores perjuicios al o los posibles predios sirvientes (como lo exige el Código Civil), así como en el caso de estimarse estrictamente necesario constituir una servidumbre.

Indica que, la recurrente, en la práctica, accede a su predio por distintos accesos, lo que demuestra que lo que pretende en este recurso no es absolutamente indispensable para acceder a su predio.

Expone que, en el caso de autos, no ha existido decisión alguna en los últimos años que haya alterado la situación, ya que al menos los últimos años ha sido siempre así. Agrega que, la familia nombre reservado tiene su acceso a su predio a través de un portón de acceso que permanece cerrado con candado por seguridad de su propiedad, especialmente después de existir numerosos robos en el sector.

Refiere que resulta extemporáneo el recurso de autos ya que no existe alguna decisión reciente que permita asegurar que las situaciones han sido cambiadas unilateralmente.

Señala que, el objetivo del recurso es tratar de crear un acceso vehicular que cruce toda la propiedad de la familia nombre reservado, ya que contrariamente a lo que se señala, no existe un camino ni público ni privado que cruce todo el campo, existen 600 metros de acceso ripiado a la casa de la familia y 1300 metros que se pretenden transitar por alguna parte del predio, que en teoría podría hacerse caminando, pero que para tránsito de algún vehículo requeriría una cuantiosa inversión para la construcción de un paso.

Finalmente expone que, mediante oficio ordinario 061, de fecha 06 de septiembre de 2006, esto es, hace casi 20 años, se responde a los requerimientos de la misma recurrente, reclamando prácticamente lo mismo, en el sentido de pedir que se aclare si el acceso de la familia nombre reservado a su casa (600 metros desde la entrada) es o no un camino público. La Gobernadora Provincial de la época, nombre reservado, le responde en el sentido claro de que es una senda privada y además que la Señora nombre reservado “se mantuvo en la postura de no permitirle el tránsito por su predio, argumentando razones de seguridad”.

QUINTO: Que, el artículo 20, de la Constitución Política de la República, establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

SEXTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20, antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SÉPTIMO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo se afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión a adoptar por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

OCTAVO: Que, en síntesis, la parte recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en el impedimento diario y constante de la recurrente al acceso de su propiedad; infringiendo con ello, sus garantías constitucionales consagradas en los numerales 1 y 24, del artículo 19, de la Constitución Política de la República de Chile.

NOVENO: Que, a fin de despejar los aspectos a dirimir, apreciando los antecedentes reunidos de conformidad a las reglas de la sana crítica y teniendo presente las alegaciones efectuadas por las partes, es posible dar por asentado que, mediante Oficio Ordinario de 06 de septiembre del año 2006, doña nombre reservado, en ese entonces Gobernadora Provincial de Aysén, informó a doña nombre reservado que, la Dirección de Vialidad en su Ord. N°679 señala que “el servicio tiene tuición sobre el domicilio reservado km. que alcanzan hasta el predio del Sr. nombre reservado”; por lo tanto, el tramo consultado no constituiría una senda pública, en definitiva es un camino privado.”.

DÉCIMO: Que, al efecto se debe tener presente que el numeral 1°, del auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, establece que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

UNDÉCIMO: Que, así las cosas, siendo un hecho acreditado que la parte recurrente, el 06 de junio del año 2006, obtuvo respuesta por parte de la Gobernadora Provincial de Aysén, de aquella época, quien informó que el tramo consultado -hoy aún controvertido y objeto del recurso-, no constituiría una senda pública, pues se trataba de un camino privado y que, en razón de ello, se trataba, en definitiva, de un conflicto entre privados.

Asimismo, es otro hecho establecido, que la presente acción fue interpuesta el 04 de julio del año 2026, por lo que el presente recurso de protección resulta a todas luces manifiestamente extemporáneo, toda vez que el plazo para interponer la presente acción, en la especie, se cuenta desde que la recurrente tomó conocimiento de la ocurrencia del acto que se reclama -entiéndase la negativa de circulación por el predio de la recurrida-, por lo que ha transcurrido, en exceso, el plazo fatal de 30 días corridos para deducirla, ya que, precisamente, tal término se computa desde que la recurrente tuvo conocimiento cierto sobre la situación consultada a la autoridad provincial hace más de veinte años; razón por la cual, deberá ser rechazada la presente acción constitucional .

DUODÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo antes considerado, de los antecedentes allegados a la presente causa resultan insuficientes para los efectos de justificar la situación de hecho existente con anterioridad a la ejecución de los supuestos actos perturbatorios realizados por los recurridos que se invoca, a saber, la existencia de un camino intrapredial que atravesaría el predio de la Sucesión nombre reservado, el cual sería usado como la vía más expedita y segura para acceder al domicilio de la recurrente, toda vez que de la Imagen satelital acompañada, no es posible establecer, de manera clara, categórica y precisa, la efectividad, primero, de la existencia de dicho camino: o de que los recurridos lo mantienen cerrado con un portón metálico, cadena y candado, impidiéndole el paso diariamente, más allá de las alegaciones contenidas en su arbitrio; de manera que tampoco existe certeza de que dicha vía, sea “la única entrada”, que señala la recurrente, razones que hacen inferir que esta herramienta constitucional de urgencia y sumarísima no resulta idónea para el objetivo trazado por la recurrente, sino que ésta requiere acudir a otro proceso, de naturaleza declarativa y de lato conocimiento, que propicie una amplia discusión entre las partes y la oportunidad de rendición de pruebas destinadas a determinar, en forma indubitada, los derechos de una y otra.

DÉCIMO TERCERO: Que, en consecuencia, cabe concluir que, atendida la controversia anotada, no es posible a estos sentenciadores, tener por acreditada la existencia de un derecho indubitado que asista al recurrente y que le habilite a obtener una sentencia favorable a sus intereses, descartando, por lo tanto, la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, razón por la que se deberá rechazar el recurso de protección que se conoce, como se dirá; sin que, por lo mismo, haya podido constatarse una vulneración del artículo 19, de la Constitución Política, en sus numerales 1 y 24, cuyo análisis pormenorizado, atendido lo antes expuesto, resulta inoficioso.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE DECLARA:

Que, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por don Antonio Gaspar Torres Reyes, abogado, en representación de doña nombre reservado, en lo principal de su presentación de cuatro de julio del año dos mil veintiséis, en contra de doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado y don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Señor Ministro Titular, don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

No firma el Ministro Titular don Luis Moisés Aedo Mora, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse con cometido funcionario.

Rol N°162-2026. (Protección). -