nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE

Coyhaique, a veintiocho de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En lo principal de la presentación de fecha 04 de julio de 2025, don nombre reservado, contador auditor, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana, deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Lago Verde, representada legalmente por su Alcaldesa, doña Claudia Andrea Valdés Vásquez, Antropóloga, ambas con domicilio en domicilio reservado, Región de Aysén, por haber incurrido en arbitrariedad e ilegalidad por medio de la dictación del Decreto Alcaldicio Nº421, de 13 de junio de 2025, que rechazó la reposición interpuesta en contra de la sanción de destitución Aplicada en Procedimiento Disciplinario –Sumario Administrativo- Instruido por Decreto Alcaldicio Nº350 de 1 de marzo de 2024, y por Resolución Exenta NºS1SM-2024, emanada de la Ilustre Municipalidad de Lago Verde, todo lo cual vulnera, priva y perturba las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19° N°1, 2, 3, 4, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, pidiendo se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N.º421, de 13 de junio de 2025, que rechazó la reposición interpuesta en contra de la sanción de destitución Aplicada en Procedimiento Disciplinario –Sumario Administrativo, y en consecuencia, se ordene a la Municipalidad de Lago Verde a: “a) Absolverme de todo cargo debido a la nulidad de lo obrado; b) Subsidiariamente, en caso de no ser absuelto, retrotraer el proceso al estado anterior a la formulación de cargos y designar un nuevo fiscal; c) Dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N.º 421 de 13 de junio de 2025, que rechazó de forma ilegal mi reposición, interpuesto con fecha 20 de diciembre de 2024, no decidido oportunamente contraviniendo el artículo 9, 11 y 41 de la Ley N.º 19.880, y 139 de la Ley 18.883, sobre Estatuto Administrativo Municipal; d) Restablecer el pago de mis remuneraciones desde enero de 2025 a la fecha, con los reajustes e intereses correspondientes; e) Tomar todas las medidas necesarias para subsanar los vicios procesales y garantizar un debido proceso.”.

Con fecha 29 de julio de 2025, la recurrida, informa el recurso de protección, solicitando que éste se rechace.

Con fecha 14 de agosto del año 2025, se ordenó traer los autos en relación.

Con fecha 26 de agosto de 2025, se procedió a la vista de la causa, alegando por el recurso, el abogado don Jaime Millar Franco y, contra el recurso, el abogado Rodolfo Knöpke Beroíza; quedando ésta en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente fundamenta que son ilegales y arbitrarias las actuaciones de la recurrida, esto es, el Decreto Alcaldicio Nº421, de 13 de junio de 2025, que rechazó la reposición interpuesta Reposición interpuesta en contra de la sanción de destitución Aplicada En Procedimiento Disciplinario –Sumario Administrativo- Instruido por Decreto Alcaldicio N.º 350 de 1° de marzo de 2024, y por Resolución Exenta N.º S1SM-2024, y al mantener la situación de destitución sin resolver el recurso de reposición y sin pago de remuneraciones.

Precisa que, el proceso disciplinario en su contra, iniciado a solicitud de la Contraloría General de la República, ha estado plagado de obstáculos y vicios que lo invalidan por completo. Añade que se le destituyó durante un período prohibido por la Contraloría General de la República; además se le realizaron dos formulaciones de cargos idénticas; la tramitación fue efectuada por un funcionario que carecía de la independencia suficiente; sus testigos y prueba documental no fueron considerados ni ponderados; no tuvo acceso completo al proceso, especialmente a lo obrado con posterioridad a la formulación de cargos ; y no se le imputaron conductas que fueran acreditadas con piezas del expediente.

Indica que, el expediente carece de foliación e integridad, se le entregó desordenado y sin foliar, se envió por correo electrónico sin acceso a la prueba fiel de lo descargado, porque ya no se encuentra disponible tal versión, muchas piezas estaban mal digitalizadas, al punto que los textos no se expresaban de manera íntegra y completa, junto con ello, no se puede leer con nitidez quiénes son los firmantes y existe un vacío de documentos entre las fojas 600 y 609.

Precisa que, se le aplicó una sanción disciplinaria de destitución dentro de un espacio temporal prohibido por el Dictamen N.º E471612, de 2024, de la Contraloría General de la República, contraviniendo los artículos 156 y 157 de la Ley Nº10.336.

Refiere que, la sanción de destitución se tramitó y ejecutó mientras se encontraba pendiente el recurso de reposición interpuesto el 20 de diciembre de 2024. Añade que, dicho recurso fue resuelto tardíamente mediante Decreto Alcaldicio Nº421 de 13 de junio de 2025, que lo rechazó de forma arbitraria y ratificó la destitución, desconociendo los Oficios N° E581043/2024 y E48763/2025 de la Contraloría General de la República, que instruyeron que dicha medida era improcedente en el período legalmente protegido. A pesar de lo anterior, la Municipalidad ha omitido cumplir dichos dictámenes y restituir sus remuneraciones desde enero de 2025, evidenciando mala fe y persistencia en la ilegalidad.

Expone que, los dos puntos anteriores evidencian una desviación de poder del proceso, ya que la finalidad del proceso no fue indagar las responsabilidades, sino que radicarlas en él, días antes del cambio de administración. Agrega que, no se dio respuesta a sus peticiones, solicitudes del sumario y copias de las pruebas.

Señala que, las formulaciones de cargos —que fueron realizadas de manera idéntica en dos oportunidades— no expresan de manera precisa las datas y fechas, y en particular cuáles serían las conductas que implican infracción, tampoco las normas legales contravenidas; menos aún describen el grado de participación que le hubiere cabido.

Indica que, se realizaron afirmaciones en la Vista Fiscal no contenidas en la formulación de cargos respectiva, lo que significa una falta de congruencia en la tramitación del proceso que vicia su legalidad. Además, la Vista Fiscal en ningún momento calificó las supuestas infracciones expresamente como faltas graves a la probidad, como tampoco como tales supuestas infracciones, que por lo demás no fueron objeto de imputación se constituyen en cuestiones de tal entidad, a pesar de que la sanción de destitución implica dicha calificación como concepto detonante en la jurisprudencia administrativa.

Enfatiza que, no se consideraron ni pruebas, ni su testigo fue debidamente ponderado, así como tampoco la abundante prueba documental añadida al proceso no fue considerada en la Vista Fiscal. Esto se evidencia en que la información supuestamente faltante, según los cuadros antes referidos, se encuentra disponible y fue entregada.

Precisa que, fue suspendido del ejercicio de su empleo por el plazo de un mes, a contar del 1 de febrero de 2024, no obstante, el Administrador Municipal le contactó el día 2 de febrero directamente para requerirle gestiones relacionadas con el cierre de los estados financieros del municipio y del área de Educación, a pesar de que dicha suspensión se encontraba plenamente vigente y sin haber mediado acto administrativo alguno que levantara dicha medida. Al responderle que la unidad municipal bajo su responsabilidad había entregado la información consolidada el 17 de enero de 2024, quedando pendiente únicamente el cierre del área de Educación —cuya responsabilidad recaía en él mismo en su calidad de DAEM hasta pocos días antes—, y que solo podría reincorporarle de forma legal si se dejaba sin efecto la suspensión mediante decreto formal, el Administrador, en una actitud abiertamente intimidatoria, me respondió: “entonces este mes de febrero no se te paga sueldo”. Dicha amenaza no solo constituye un acto arbitrario, sino que se concretó en la práctica, pues a la fecha no se le ha pagado la remuneración correspondiente al mes de febrero de 2024.

Arguye que, este episodio revela una vulneración grave del principio de juridicidad, y constituye una forma directa de hostigamiento y presión indebida, ejecutada con conocimiento de su condición de funcionario suspendido.

Aclara que la imputación de cargos estaba fuera de su esfera de deber de control, desde que la información base para las conciliaciones bancarias era imposible de construir adecuadamente desde su ingreso en enero de 2020, ya que se realizaban manualmente por la Municipalidad hasta el año 2017 y después del año 2017 sencillamente no se ejecutaban las conciliaciones, los retrasos en los cierres contables eran responsabilidad de la Sra. nombre reservado y el Sr. nombre reservado.

Fundamenta que, durante el año 2024 la Municipalidad de Lago Verde ejecutó un patrón sistemático y consciente de medidas disciplinarias irregulares y abusivas, claramente contrarias a toda normativa estatutaria y a los principios de juridicidad y probidad administrativa: inicialmente fue suspendido de funciones por un mes en febrero de 2024; posteriormente estuvo con licencia médica debidamente respaldada hasta agosto de 2024; y, a su reintegro, apenas transcurridos dos días de trabajo, se dictó una suspensión indefinida mediante Decreto Alcaldicio N° 671, sin sumario nuevo ni causal legal que la justificara. A ello se sumó que en los meses de septiembre y octubre se le aplicó arbitrariamente una sanción de sumario, con descuentos del 50% de su remuneración y una nueva suspensión de 60 días, todo ello sin notificación, sin posibilidad real de apelación y coexistiendo irregularmente con la suspensión anterior, generando una superposición de medidas disciplinarias prohibida por el ordenamiento jurídico.

Precisa que, todo este accionar ha sido constatado por la Contraloría General de la República en los Oficios N° E581043/2024 y E48763/2025, que acreditan múltiples incumplimientos de pago de sus remuneraciones por varios meses del año 2024, originados en actuaciones municipales carentes de base legal. Agrega que, como consecuencia directa de esta conducta ilegal y deliberada, el municipio mantiene una deuda que, a la fecha, supera los catorce millones de pesos ($14.000.000) solo por el periodo 2024, sin considerar reajustes ni intereses, lo que demuestra una desviación de poder y una afectación grave a sus derechos fundamentales, con repercusiones económicas y familiares irreparables, por lo extenso y complejo la deuda 2024 se está tratando en Contraloría General de la Republica y eventualmente se judicializará si el Municipio se mantiene su respuesta.

En cuanto a las garantías que estima vulnerada, indica que se infringe el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, del artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República, desde que la gravedad del proceso, las acusaciones infundadas y la falta de transparencia han generado un impacto significativo en su salud mental, requiriendo tratamiento psicológico y psiquiátrico, lo que se materializa en las licencias médicas y los descuentos improcedentes de remuneraciones, contraviniendo el Oficio N.º E581043/2024 de la Contraloría General de la República.

Asimismo, vulnera la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República, por cuanto la Municipalidad ha vulnerado este principio al tratarle de manera desigual, aplicando una sanción en un período prohibido por la Contraloría, realizando dos formulaciones de cargos idénticas sin justificación, y al no considerar sus pruebas y testigos, afectando su derecho a defensa en igualdad de condiciones con otros funcionarios públicos. Además, la falta de resolución de su recurso de reposición y lo coloca en una situación de desmedro respecto de cualquier administrado que tiene derecho a una respuesta oportuna.

A su turno, estima que se vulnera el debido proceso, consagrado en el artículo 19 Nº3, inciso sexto, de la Constitución Política de la República, desde que el proceso disciplinario se encuentra viciado al no cumplir con las exigencias de un procedimiento racional y justo. Se ha infringido el deber de fundar los actos de la administración, la congruencia entre la formulación de cargos y la vista fiscal, la precisión y concreción de los cargos, la oportunidad de presentar pruebas y alegatos, y el acceso al expediente completo. Añade que la falta de resolución de su recurso de reposición vulnera su derecho a un proceso afinado y a una decisión final.

Indica que, se infringe respeto y protección de la vida privada y la honra de la persona y su familia del artículo 19 Nº4 de la Constitución Política de la República, por cuanto la acusación y la publicidad de los hechos sin fundamento legal y fáctico han afectado gravemente su imagen profesional y su honra.

Señala que, se vulnera la libertad de trabajo y su protección, del artículo 19 Nº 16 de la Constitución Política de la República, ya que la destitución, sin el debido proceso y sin resolver su recurso de reposición, le ha privado de su empleo y la posibilidad de acceder a cargos públicos por cinco años, aniquilando su carrera directiva.

Finalmente, expone que se infringe la garantía del artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad, desde que la privación de su cargo, que es un derecho adquirido, y la suspensión de sus remuneraciones desde enero de 2025, sin el debido proceso y sin una resolución definitiva, atenta contra su derecho de propiedad sobre el empleo y las remuneraciones.

SEGUNDO: Que, la recurrida, evacuando su informe, primeramente, alega la extemporaneidad del recurso de protección, desde que la destitución de don nombre reservado fue ordenada mediante el Decreto Alcaldicio Nº1003 de 5 de diciembre de 2024, que dispuso aplicar la medida disciplinaria de destitución y hacerla efectiva a contar del 28 de diciembre de 2024. Dicha resolución goza de presunción de legalidad y exigibilidad desde su entrada en vigencia, de modo que el funcionario fue separado de sus funciones y cesó en su calidad de servidor municipal desde esa fecha. Añade que, en este caso, don nombre reservado fue notificado de su destitución en diciembre de 2024, iniciándose en ese momento el cómputo del plazo de treinta días para recurrir. El recurso de reposición que dedujo contra el Decreto 1003 no suspende ni interrumpe dicho término, pues se trata de un remedio administrativo que no altera la exigibilidad del acto, por ende, la acción de protección presentada en junio de 2025 —seis meses después de la notificación— resulta caducada, puesto que el plazo fatal para impugnar el acto expiró a fines de enero de 2025.

En cuanto al fondo expone que, resulta improcedente el recurso de protección como vía para impugnar sanciones disciplinarias, por cuanto se trata de una acción excepcional destinada a restablecer el imperio del derecho frente a actos ilegales o arbitrarios que vulneren derechos fundamentales de forma manifiesta y no procede cuando existen procedimientos administrativos o judiciales específicos para impugnar la decisión cuestionada.

Precisa que existen procedimientos administrativos y jurisdiccionales adecuados, contemplados en el Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales y la Ley 19.880, garantizan el debido proceso y establecen recursos para impugnar sanciones disciplinarias. Además, de acuerdo con los artículos 160 y 168 del Código del Trabajo, el funcionario puede reclamar ante la Contraloría General dentro de sesenta días hábiles contados desde la notificación de la medida, por tanto, existe una vía administrativa especializada para cuestionar la legalidad de la destitución, lo que excluye la procedencia del recurso de protección.

Seguidamente expone antecedentes respecto al cumplimiento del debido proceso y de las formalidades legales seguidas en el sumario instruido al recurrente y que fue ordenado a solicitud de la Contraloría General de la República, desde que las medidas disciplinarias expulsivas pueden aplicarse en periodos electorales siempre que el sumario sea instruido por la Contraloría, por tanto, la Municipalidad estaba legalmente facultada para aplicar la sanción. La alegación de que la destitución se adoptó en un periodo prohibido carece de sustento.

Expone que, el recurrente fue notificado de las formulaciones de cargos, contó con asesoría jurídica, presentó descargos y acompañó prueba, por lo que la recurrida respetó la bilateralidad de la audiencia y el derecho a defensa; el hecho de que existan errores de foliación o dilaciones no transforma la sanción en arbitraria; ello podría dar lugar a nulidades parciales o a responsabilidad disciplinaria, pero no legitima la acción de protección.

Reitera que, el recurso de protección no es la instancia para revisar la apreciación de la prueba ni la determinación de los hechos realizada por el fiscal y por la autoridad administrativa y que las eventuales deficiencias en la formulación de cargos o en la ponderación de la prueba debieron discutirse a través de los recursos ordinarios y, en su caso, mediante un procedimiento contencioso administrativo ante tribunales competentes, en la especie conforme lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, no por esta vía cautelar.

Expone que, la Municipalidad fundó la sanción en antecedentes obtenidos en un sumario legalmente tramitado. La motivación del acto se encuentra explicitada en el decreto 1003 de fecha 05 de diciembre de 2024, suscrito por la entonces alcaldesa doña Viviana Peralta Rivera, y en la vista fiscal, suscrita por el fiscal don Eduardo Andrés Vega Gaete y el actuario don nombre reservado; de allí que no exista ilegalidad ni arbitrariedad.

Indica que, de haber decidido el actor que su acción judicial declaratoria no se enmarcaría en el proceso del artículo 151 de la Ley 18.695, disponía, conforme la nutrida cita de derechos constitucionales que acusa conculcados, la posibilidad de haber accionado de tutela laboral, proceso que fue concebido precisamente para superar estas insuficiencias del recurso de protección. Añade que, el recurrente acusa hostigamiento laboral, suspensión injustificada de funciones y de remuneraciones, y discriminación y que estas materias no constituyen derechos indubitados cuya afectación sea palmaria; por el contrario, son hechos controvertidos que requieren ser probados y discutidos en un procedimiento de conocimiento.

Aclara que, la alegación de que la Municipalidad debió mantener el pago de remuneraciones hasta el 13 de junio de 2025 —fecha en que se rechazó la reposición— contradice la normativa vigente. El acto de destitución es exigible desde el 28 de diciembre de 2024 y sus efectos se mantienen mientras no sea invalidado o suspendido por una resolución administrativa o judicial. Pretender que la destitución carece de efecto hasta la resolución de la reposición equivaldría a desconocer la presunción de legalidad y el carácter ejecutivo de los actos administrativos; ello transformaría el recurso administrativo en un mecanismo suspensivo, lo que no prevé la Ley 19.880 y vulneraría la certeza y eficacia de la actuación estatal.

TERCERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en el Decreto Alcaldicio N°421, de 13 de junio de 2025, que rechazó la reposición interpuesta en contra de la sanción de destitución Aplicada en Procedimiento Disciplinario –Sumario Administrativo- Instruido por Decreto Alcaldicio Nº350 de 1 de marzo de 2024, y por Resolución Exenta NºS1SM-2024, emanada de la Ilustre Municipalidad de Lago Verde; afectando con ello las garantías contempladas en el artículo 19 N°1, 2, 3, 4, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes que obran en estos autos, apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se pueden establecer los siguientes hechos:

1.- A través de Decreto Afecto N°1003, de 5 de diciembre de 2024, emanado de doña nombre reservado, Alcaldesa de la Municipalidad de Lago Verde, se aprueba vista fiscal en sumario administrativo ordenado incoar por decreto alcaldicio N°350 de 2024, e contra de don nombre reservado y se aplica la medida disciplinaria de destitución, en los términos del artículo 123 de la ley 18.883, Estatuto administrativo para funcionarios municipales respecto del funcionario nombre reservado, Director de Administración y Finanzas, grado 8° del Escalafón de Planta de E.M.de S., haciéndose efectiva la medida a contar del 28 de diciembre de 2024, conforme a lo dispuesto en instructivo de Contraloría General de la Republica E471612/2024, en concordancia con los artículos 156 y 157 de la Ley 10.336 Orgánica Constitucional de Contraloría General de la Republica; en virtud de las siguientes consideraciones:

“1.- Que con fecha 01 de marzo de 2024, mediante Decreto Alcaldicio N.º 350, se instruyó un sumario administrativo en contra de don nombre reservado, en su calidad de Director de Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Lago Verde, debido a su presunta responsabilidad en el incumplimiento de deberes contables y administrativos, irregularidades financieras y conflicto de intereses, conforme al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales establecido en la Ley 18.883 y en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley 18.695), que regulan las competencias y obligaciones de los funcionarios públicos en las municipalidades.

2.- Que, en el marco de la investigación, se determinó que don nombre reservado incurrió en faltas graves a la probidad administrativa, acreditándose los siguientes hechos: en primer lugar, el incumplimiento de deberes contables y administrativos por no remitir los estados financieros a la Contraloría General de la República desde 2017 hasta 2023, no realizar conciliaciones bancarias desde 2021 y omitir la implementación de medidas correctivas para el cierre contable de 2023. En segundo lugar, se constató su participación en irregularidades financieras, específicamente al autorizar la reversión contable de un pago duplicado por un monto de $23.780.910 a la Constructora Yasna González E.I.R.L., sin verificar el reintegro efectivo de los recursos fiscales a la cuenta municipal. Finalmente, en tercer lugar, se verificó un conflicto de intereses por haber supervisado directamente a su pareja, Mireivy nombre reservado, autorizando permisos y días compensados, sin declarar la relación ante su jefatura superior, además de permitirle desempeñar funciones profesionales sin contar con la validación legal de su título extranjero en Chile.

3. Que las conductas del Sr. nombre reservado vulneran disposiciones legales fundamentales, entre ellas, los artículos 3, 21, 53 y 62 de la Ley 18.575 (Ley de Bases Generales de la Administración del Estado), que consagran los principios de probidad, legalidad, responsabilidad y transparencia en la administración pública; el artículo 52 de la Ley 18.695 (Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades), que establece la obligación de los funcionarios de velar por la Acceder al adecuada administración de los recursos municipales; y los artículos 58, 82 y 123 de la Ley 18.883 (Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales), que definen los deberes de los funcionarios municipales, los criterios para la aplicación de sanciones disciplinarias y la procedencia de la destitución en casos de faltas graves.

Adicionalmente, las acciones del funcionario transgreden el principio de probidad consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de la República de Chile, que establece que los actos de los órganos del Estado deben ceñirse a los principios de probidad y transparencia.

4.- Que en el procedimiento se constató la ausencia de atenuantes, considerando que el Sr. nombre reservado no cooperó con el esclarecimiento de los hechos, omitiendo la entrega de información relevante, y además cuenta con antecedentes disciplinarios previos, lo que evidencia una conducta reiterada contraria a los deberes exigidos a un funcionario público. Esta falta de cooperación y el comportamiento reiterado son factores que agravan su responsabilidad y constituyen un obstáculo para la correcta resolución del sumario administrativo.

5.- Que las faltas constatadas en el presente procedimiento administrativo, además de representar una grave vulneración a los principios de probidad administrativa, han afectado la confianza pública en la gestión del municipio y el correcto uso de los recursos fiscales, lo que genera un perjuicio significativo al interés público. Estas acciones y omisiones no solo comprometen el patrimonio municipal, sino que afectan la credibilidad de las instituciones públicas ante la ciudadanía.

7.- Que, en virtud de lo anterior, y conforme a los principios de probidad, responsabilidad y transparencia, establecidos en el artículo 123 de la Ley 18.883, y considerando las disposiciones contenidas en el artículo 82 de la misma ley, que regula las sanciones aplicables a los funcionarios municipales, se concluye que la sanción más adecuada para los hechos descritos es la destitución de don nombre reservado. Esta medida es la única opción viable, dado el carácter grave de las infracciones cometidas, su reiteración y la falta de atenuantes, con el objetivo de resguardar la integridad de la administración pública y garantizar la confianza en el correcto uso de los recursos fiscales.”.

2.- Que, mediante el Decreto 421 de fecha 13 de junio de 2025, de la Municipalidad de Lago Verde, se rechaza Recurso de Reposición contra sanción aplicada en procedimiento disciplinario, interpuesto por el funcionario nombre reservado, Directivo grado 8 de la Dirección de Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Lago Verde, por carecer de fundamentos suficientes que permitan modificar la sanción disciplinaria impuesta, fundado, sustancialmente en:

“Que el procedimiento disciplinario seguido contra el funcionario nombre reservado fue instruido conforme a derecho, resguardando el principio de debido proceso, habiéndose notificado debidamente de los cargos formulados, y otorgado la oportunidad de ejercer su defensa.

- Que el acto administrativo que ordena instruir sumario Decreto Alcaldicio N° 350 cumple con las exigencias de fundamentación, en tanto la autoridad recurrida, se hace cargo pormenorizadamente de las alegaciones contenidas en el recurso de reposición, que motivó la dictación del mentado Decreto, explicando cada una de las razones por las cuales tales alegaciones fueron ponderadas y rechazadas, destacándose la forma en que se acreditaron los hechos que sustentan la imputación, indicando, además las normas que fueron transgredidas y la forma en que los hechos acreditados se subsumen en las aludidas normas, concluyéndose, que se encuentran debidamente acreditados los cargos formulados, las infracciones cometidas, la responsabilidad, grado de participación y grado de ejecución del recurrente en los hechos investigados con exposición de los motivos que sustentan tal conclusión.

- Que, sin perjuicio de lo anterior, del análisis de los argumentos planteados en el recurso de reposición, no se advierten nuevos antecedentes de hecho o de derecho que permitan reconsiderar o alterar la medida disciplinaria impuesta, toda vez que los descargos del recurrente se fundan en consideraciones generales respecto a la responsabilidad de terceros, sin desvirtuar su propia responsabilidad administrativa ni acreditar circunstancias atenuantes relevantes.

- Que, además y conforme al principio de proporcionalidad, y según lo dispone el artículo 123 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, la sanción de destitución resulta ser la medida disciplinaria idónea, necesaria y proporcionada frente a la gravedad de los hechos acreditados, la existencia de antecedentes disciplinarios previos y la ausencia de colaboración efectiva del funcionario en el proceso, en otros términos, no resulta ser procedente una sanción menos gravosa que la dispuesta en el Decreto Alcaldicio N°350/05.12.24, lo que es concordante con el hecho de haberse establecido que se ha transgredido el artículo 82 letra l) de la Ley N° 18.883 infracción que, conforme lo dispone el artículo 123 letra c) del mismo cuerpo normativo, se encuentra sancionada con la destitución, de manera tal que ninguna incidencia pueden tener, en la determinación de la sanción aplicable, la concurrencia de circunstancias atenuantes de responsabilidad. Concluyendo que el acto recurrido no resulta ser arbitrario, como tampoco ilegal.”.

OCTAVO: Que, igualmente, se debe tener presente la normativa atingente, a saber:

El artículo 118 de la Ley 18.883, que Aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, dispone que: “El empleado que infringiere sus obligaciones o deberes funcionarios podrá ser objeto de anotaciones de demérito en su hoja de vida o de medidas disciplinarias.

Los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada mediante investigación sumaria o sumario administrativo, cuyos procedimientos deberán sujetarse a los principios de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género.”.

A su turno, el artículo 123, de la misma ley, indica que: “La destitución es la decisión del alcalde de poner término a los servicios de un funcionario.

La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en los siguientes casos:

a) Ausentarse de la municipalidad por más de tres días consecutivos, sin causa justificada;

b) Infringir las disposiciones de las letras i), j) y k) del artículo 82;

c) Infringir lo dispuesto en las letras l) y m) del artículo 82.

d) Condena por crimen o simple delito, y e) Presentar denuncias falsas de infracciones disciplinarias, faltas administrativas o delitos, a sabiendas o con el ánimo deliberado de perjudicar al o a los sujetos denunciados.

f) Ejecutar acciones de hostigamiento en contra de cualquier persona que efectúe una denuncia de acuerdo a lo previsto en la ley o declare como testigo en una investigación administrativa o ante la justicia, afectando su indemnidad o estabilidad en el empleo, su vida o integridad, su libertad o su patrimonio, o que produzca la misma afectación respecto de un miembro de su familia.

g) En los demás casos contemplados en este Estatuto o leyes especiales.”.

Por su parte la letra d) del artículo 63 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone que: “El alcalde tendrá las siguientes atribuciones: Velar por la observancia del principio de la probidad administrativa dentro del municipio y aplicar medidas disciplinarias al personal de su dependencia, en conformidad con las normas estatutarias que lo rijan.”.

I.- EN CUANTO A LA EXTEMPORANEIDAD.

NOVENO: Que, primeramente, se debe tener presente que el numeral 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, establece que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

DÉCIMO: Que, en este sentido, la recurrida sostiene que en este caso, don nombre reservado fue notificado de su destitución en diciembre de 2024, iniciándose en ese momento el cómputo del plazo de treinta días para recurrir, y, que el recurso de reposición que dedujo contra el Decreto 1003 no suspende ni interrumpe dicho término, pues se trata de un remedio administrativo que no altera la exigibilidad del acto, por ende, la acción de protección resulta caducada; sin embargo, se ha obviado en ese análisis, que la acción u omisión que se reclama es la dictación del Decreto Alcaldicio Nº421, de 13 de junio de 2025, que rechazó la reposición interpuesta en contra de la sanción de destitución aplicada y habiéndose interpuesto el presente arbitrio con fecha 04 de julio del presente año, esto es, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde que el recurrente tuvo noticia de este acto administrativo, deberá rechazarse la alegación de extemporaneidad formulada por la parte recurrida.

II.- EN CUANTO AL FONDO DE LA ACCIÓN DEDUCIDA.

UNDÉCIMO: Que, en cuanto a la eventual ilegalidad de la resolución en cuestión, no aparece discutido que la decisión se encuentra dentro del marco de las atribuciones de la recurrida, de acuerdo con lo dispuesto en la letra d) del artículo 63 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, de modo que dicho acto no es ilegítimo o ilegal desde este punto de vista, ya que se procedió por quien estaba facultado para hacerlo y en el marco de sus atribuciones legales.

DUODÉCIMO: Que, sin embargo, del recurso aparece que éste se sustenta en hechos controvertidos, en cuanto el recurrente afirma que el procedimiento disciplinario que derivó en la sanción de destitución en su contra, se encuentra viciado, al formularle dos cargos idénticos, los cuales no expresan de manera precisa las datas y fechas, y, en particular cuáles serían las conductas que implican infracción, que existe una falta de Congruencia en la Vista Fiscal, afectándose el derecho a defensa, imputándosele cargos fuera de su esfera de responsabilidades, lo que le generó graves consecuencias personales y profesionales; alegación ésta que es contradicha por la recurrida, en cuanto fundamenta que en el referido sumario, se ha dado cumplimiento al debido proceso y a las formalidades legales y si bien el recurrente acusa hostigamiento laboral, suspensión injustificada de funciones y de remuneraciones, y discriminación, estas materias no constituyen derechos indubitados cuya afectación sea palmaria.

DÉCIMO TERCERO: Que, asentado lo anterior, a juicio de estos sentenciadores, esta acción constitucional no es la vía para solicitar la revisión de medidas disciplinarias adoptadas en investigaciones sumarias, pues se trata de una acción cautelar de protección de garantías constitucionales y no de revisión administrativa, toda vez que el control que se ejerce por esta vía no se encuentra destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones de un sumario administrativo, por lo cual no es procedente que el recurrente pretenda por esta instancia jurisdiccional extraordinaria, que se revise la investigación y la decisión a que se arriba sobre la base del mérito establecido por el funcionario encargado de la investigación, como tampoco la conveniencia de la sanción de destitución aplicada en la especie, máxime si del examen de los antecedentes sumariales, se advierte que durante la tramitación del proceso sancionatorio se le ofreció al recurrente las instancias para efectuar sus alegaciones, y presentar su prueba, las que en ningún caso pueden renovarse por la vía de la acción constitucional de protección, por no constituir esta la vía adecuada al efecto, razón por la cual el procedimiento administrativo se ajusta a derecho.

DÉCIMO CUARTO: Que, en consecuencia, como ya se señaló en el motivo Cuarto, la presente acción sólo puede referirse a derechos indubitados y manifiestos que deben aparecer y constar del solo mérito de los antecedentes allegados al proceso, lo que no ocurre en el presente caso, desde que el derecho del recurrente se encuentra dubitado por las alegaciones de fondo relativas al procedimiento disciplinario que se ordenó en su contra; así es, que la acción de protección, como mecanismo procesal excepcional para cautelar ciertas garantías individuales, en el caso particular de que se trata no puede prosperar, habida consideración que las pretensiones invocadas implican necesariamente una eventual acción de tutela laboral de derechos fundamentales regulada en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo, que constituye la vía más idónea y eficaz, para proteger los derechos fundamentales que pudiesen verse vulnerados durante la terminación de la relación laboral entre el recurrente y la Municipalidad de Lago Verde, donde las partes tengan la posibilidad de ejercer en su totalidad los derechos que el ordenamiento jurídico les otorga, razón por lo cual obligatoriamente la acción deberá ser rechazada.

DÉCIMO QUINTO: Que, en virtud de las consideraciones consignadas en los motivos precedentes, se evidencia que la resolución impugnada por la presente acción constitucional fue ordenada por autoridad competente, dentro de la esfera de sus facultades legales, con estricto apego a la Constitución y las leyes, por tener motivo plausible para ello, no advirtiéndose, por tanto, acto ilegal alguno de parte de la autoridad recurrida que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales invocadas, razón por la cual el presente recurso deberá ser desestimado de la manera que se dirá.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA la petición de extemporaneidad, deducida por la recurrida, Municipalidad de Lago Verde.

II.- Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Lago Verde representada legalmente por su Alcaldesa, doña Claudia Andrea Valdés Vásquez.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del señor Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo.

Rol N°161-2025.-