nombre reservado con SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTE DEL TRANSPORTE PUBLICO Y PRIVADO, RIO BACKER

En Coyhaique, a dos de Agosto del año dos mil dieciocho.

VISTOS:

Comparece el abogado don Gabriel Alberto Saavedra Sánchez, recurriendo de protección en favor de don nombre reservado, chofer, domiciliado en domicilio reservado, de Coyhaique, por vulneración de sus garantías constitucionales, previstas en el artículo 19, número 3, incisos 5° y 6°, y números 16 y 24, de la Constitución Política del Estado, en contra del Sindicato de Trabajadores Independientes del Transporte Público y Privado Río Baker, representado por su Presidente don nombre reservado, empleado, domiciliado en domicilio reservado, de Coyhaique ya que por resolución de la Comisión de Disciplina, del 12 de Mayo del año 2018, fue sancionado con 10 días de suspensión de recorrido y cancelación de 4 Unidades de Fomento, la que, con fecha 5 de Junio del año 2018, fue rebajada a 2 Unidades de Fomento y a 5 días de suspensión; solicitando, en definitiva, “se ordene dejar sin efecto la sanción impuesta en contra de don nombre reservado, ya individualizado, por el Sindicato de Trabajadores Independientes del Transporte Público y Privado Río Baker, persona jurídica de derecho privado, representada legalmente por su presidente don nombre reservado, ambos ya individualizados, con expresa condenación en costas.” (SIC).

Acompañó a su presentación los antecedentes que indicó en el primer otrosí y que justificarían su acción cautelar.

Que, a modo de informe, el recurrido, hizo dos presentaciones en donde solicitó tener presente las consideraciones que expuso, como tener por acompañados los documentos que introdujo en la sustanciación de esta especial acción cautelar.

Con fecha 27 de Julio del año 2018, se ordenó traer los Autos en Relación y en la audiencia de vista de la causa, concurrió para alegar, sólo el apoderado de la recurrida, abogado don Franco Adio Maldonado, quien instó por el rechazo del recurso.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, fundamentando su recurso, el compareciente, manifestó que su representado el día 7 de Mayo, fue notificado de una denuncia efectuada en su contra por doña nombre reservado, que señala en lo medular, que en un viaje de rutina le habría solicitado cambiar de asiento a lo que él le habría respondido, “casi gritándole, que se cambiara rápidamente”, luego en la misma carta de reclamo reconoció haberle tratado de “roto”, manifestando, además, que padece de una situación de discapacidad física, no habiendo solicitado sanción en su contra.

Indicó que el sindicato le entregó copia de la denuncia, ilegible, presentando sus descargos con fecha 11 de Mayo de 2018, señalando que se rechace el reclamo puesto que la pasajera pidió cambio de asiento frente al Liceo B 2, de Coyhaique, donde no existe un paradero reglamentario, sin embargo accedió, exponiéndose a que le cursen una infracción por detenerse en un sector no habilitado, sostuvo que, en su respuesta, a lo mejor su tono de voz fue alto y la pasajera lo malentendió, no hubo gritos ni malos tratos; sin embargo ella reconoció haberle tratado de “roto”, con lo que afectó su honra, menospreció su calidad de chofer y desconoció su calidad de ser humano; la reclamante no pidió sanción por lo que mal se le ponía imponer alguna.

La Comisión Disciplinaria le notificó con fecha 12 de Mayo del 2018, que en forma unánime decidieron dar lugar al reclamo ya que el reclamado reconoció en un 90% la veracidad del reclamo, sin saber los parámetros para determinarlo.

Sostuvo que no es efectivo lo señalado por la Comisión Disciplinaria ya que no reconoció la veracidad del reclamo presentado ya que no agredió ni maltrató y fue la pasajera quien fue grosera y le denigró al tratarle de “roto”.

Dedujo recurso de apelación para que lo conozca la Asamblea Ordinaria de Socios, para que se le absuelva o en subsidio se le rebaje y rectificando la sanción impuesta, Asamblea que, con fecha 5 de Junio del año 2018, le rebajó la sanción a 2 Unidades de Fomento y a 5 días de suspensión, en base al artículo 57, número 2, del Estatuto del Sindicato, por falta gravísima, de agredir de hecho, palabra o por escrito a pasajeros, dirigentes o socios, sin sustento, de manera que es infundada, injuriosa, ilegal y arbitraria.

Precisó que la reunión de socios, del sindicato de Trabajadores Independientes del Transporte Público y Privado Río Backer, del 5 de Junio del 2018, se transformó en una comisión especial sancionatoria, fuera de todo procedimiento racional y lógico ya que no contempló ni votó la absolución demandada solicitada en el escrito de descargos y de apelación.

Alegó, confusamente, infracción al derecho del artículo 19, número 3, de la Constitución Política del Estado, inciso quinto, relativo a comisiones especiales; inciso sexto, relativo al debido proceso, e inciso noveno, como principio de legalidad,; también consideró infraccionado el número 16, relativo a la libertad de trabajo y asimismo el derecho de propiedad, del número 24, del artículo y cuerpo normativo citados.

SEGUNDO: Que, por la recurrida, el abogado don Franco Adio Maldonado, manifestó, sobre los hechos, que doña nombre reservado, efectuó un reclamo ante el sindicato recurrido, respecto de la mala atención de parte del recurrente, ya que al solicitarle al chofer y recurrente la posibilidad de cambiarse de asiento, al de adelante, que había quedado libre al bajar otro pasajero, había recibido malos tratos del recurrente, lo que reiteró ante la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Aysén.

Hizo presente que la recurrida cuenta con un procedimiento descrito en su estatuto, al que se obligan a respetar los asociados, habiéndose, en el caso sub lite, cumplido con todo el procedimiento, que arrojó antecedentes como para sancionar al recurrente, ya que, en cuanto a su primer descargo, reconoce su detención frente al Liceo Josefina Aguirre, lugar en el que no existe parada de locomoción colectiva y al chofer de una línea de esta naturaleza, no le corresponde detenerse y lo hizo para que se bajara otra pasajera y accedió al cambio de lugar, pero ello no justifica sus malos tratos; en su segundo descargo interpreta que la reclamante manifestó “casi gritarle”, deduciendo que no hubo gritos, pero es un hecho que la denunciante adujo una falta de respeto y ratificó sus dichos en la SEREMI respectiva, acerca de lo cual el recurrente nada dijo; que la reclamante le haya manifestado que era un “roto” y que se callara, obedece a un acto de defensa de la pasajera, sin embargo el recurrente se victimiza por la expresión “roto”, dándole mayor significación del uso ordinario; finalmente que la reclamante no solicitara sanción, no implica que ello no ocurra ante la relación de hechos, ya que las consecuencias deben ajustarse a los Estatutos.

Hizo presente que el recurrente es miembro del Comité de Disciplina del Sindicato, que acarrea dos consecuencias, la primera que se le exige mayor responsabilidad y conducta intachable en su actuar, atendida la calidad que ostenta; aparte de que el artículo 63, de los Estatutos lo inhabilita para conocer de la denuncia y las sanciones serán el doble de las multas y/o suspensión. La reducción de la sanción se produjo para no agravar más la situación.

De otra parte la SEREMI indicada, exige resultados y acciones que mejoren lo denunciado y finalmente será el Sindicato y sus asociados quienes deberán asumir los costos del actuar incorrecto del recurrente.

Hizo presente que la discapacidad de la reclamante es evidente y exigía mayor deferencia.

Luego, acerca del artículo 19, número 3, inciso 5°, de la Constitución Política del Estado, que no concurre en el presente caso ya que las sanciones están reguladas en el Estatuto del Sindicato y cita lo dispuesto en el artículo 212, del Código del Trabajo, en cuanto los actos del sindicato deben ajustarse a la ley y su reglamento y sus estatutos y que así se actuó en el procedimiento, partiendo del hecho de que el recurrente insultó a doña nombre reservado, siguiendo la normativa vigente y los parámetros que actualmente los rigen en orden a mejorar el servicio, en general y como política pública, de manera que no sólo se aplicó la sanción que en derecho correspondía y con la misma no se infringe derecho alguno.

Cuestiones sobre las que se explaya en otro escrito de téngase presente TERCERO: Que, en consecuencia, en síntesis, la recurrente estima lesionada, en forma bastante difusa y confusa en su redacción, su garantía de no ser juzgado por comisiones especiales, de su derecho al debido proceso, de su libertad de trabajo y de su derecho de propiedad, no explicitando de qué manera se le habría afectado esta última; todo ello porque la Asamblea del Sindicato de Trabajadores Independientes del Transporte Público y Privado, Río Backer, con fecha 5 de Junio del año 2018, acogiendo el reclamo de una pasajera, lo sancionó, en definitiva, con una multa de dos Unidades de Fomento y Suspensión de recorrido por cinco días CUARTO: Que, atendido los antecedentes acompañados por el recurrente y recurrido, analizados y ponderados de conformidad a las normas de la sana crítica, se han de tener como hechos de la presente acción cautelar, no controvertidos por las partes, además, que:

Con fecha 25 de Abril del año 2018, nombre reservado, quien presenta un 68% de discapacidad que le reduce su movilidad, abordó un taxi colectivo de la línea número 9, placa de circulación BXSX-64, ubicándose en un asiento posterior, conducido por don nombre reservado, móvil que al llegar frente al Liceo Josefina Aguirre, se detiene para que se bajara el pasajero que se ubicaba al lado del chofer, lugar de la vía pública en el que no existe parada oficial para la locomoción colectiva, frente a lo cual doña nombre reservado, le solicitó le autorizara el cambio de asiento, a lo que el conductor le respondió, casi gritando, o en elevado tono de voz (según refiere el recurrente), “pero apúrese”, frente a la réplica de “perdón, cómo dice”, le responden, en el mismo tono “le estoy diciendo que lo haga rápido, que no tengo tiempo para perder”, la pasajero le dijo que no era forma de tratar a los pasajeros y que era un “roto”, contestándole que “lo halagaban”, pidiéndole la pasajera que se callara finalmente.

De tales hechos, la pasajera dedujo reclamo ante el Sindicato recurrido, en el que el recurrente se desempeña como socio y miembro de la Comisión de Disciplina, como ante la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Aysén. Así, con fecha 12 de Mayo del año 2018, la Comisión de Disciplina, con exclusión del recurrente, sesionó y considerando que el reclamado reconoció un noventa por ciento de veracidad del reclamo presentado, decidió, unánimemente dar lugar al reclamo y sancionar al reclamado con 10 días de suspensión y multa de 4 unidades de Fomento, por haber incurrido en lo dispuesto en el artículo 57, número 2, del estatuto, esto es, agredir de hecho, palabra y/o por escrito a pasajeros, dirigentes o socios y el quantum de la sanción por la relación de los artículos 60 y 63, de los Estatutos, tratarse de una falta gravísima y por ser, además, miembro de la Comisión de Disciplina, respectivamente.

De dicha sanción, el recurrente apeló ante la Asamblea Ordinaria, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 53, de los Estatutos del Sindicato, recurso que fue conocido por la Asamblea, con fecha 5 de Junio del año 2018, en la que seis socios estuvieron por mantener la sanción y siete por rebajarla, quedando, en definitiva, en una sanción de 5 días de suspensión y pago de 2 Unidades de Fomento, accediendo, con ello, a la petición subsidiaria del apelante.

QUINTO: Que, para que la acción de protección prospere, primeramente, es necesario que exista un acto u omisión arbitrario o ilegal. Entendiendo como actuar arbitrario, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, “como acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho”, esto es, cuando no existe razón que lo fundamente, ya que el arbitrio no es sino la voluntad no gobernada por la razón sino que por un impulso instintivo o por una idea o propósito sin motivación aparente, fuera de las reglas ordinarias y comunes; y, como ilegal, lo contrario a la ley.

SEXTO: Que, es el mismo recurrente quien, en el desarrollo de los hechos de su acción cautelar, reconoce haber cometido la falta que motivó la sanción, al menos en un noventa por ciento. Asimismo reconoció el devenir administrativo seguido para imponerle la sanción, primero la Comisión de Disciplina, que fue quien determinó la efectividad del reclamo y adoptó la decisión de sanción y la impuso y que fue el acto, del 12 de Mayo del año 2018, la que efectivamente le causó el agravio y que tildó, según la apelación, como “infundada, injuriosa, ilegal y arbitraria”.

Luego, el recurrente al apelar de dichas sanción, solicitó expresa y literalmente, a la Asamblea Ordinaria de Socios, que: “acogiendo los argumentos de mi defensa y en definitiva absolviéndome de toda responsabilidad y en subsidio, rebajando y rectificando la sanción impuesta por la mayoría simple de los socios asistentes, reservándome en caso que no lo hicieren las acciones legales pertinentes.”.

Vale decir, conforme lo expuesto, existía mérito para que se hubiere iniciado una investigación en contra del compareciente de cautela de garantías, habiendo éste tomado conocimiento de dicha investigación iniciada a consecuencia de sus propios actos, que reconoce casi en su totalidad, habiéndosele permitido presentar sus descargos y de recurrir y de implícitamente haber aceptado la decisión de la Asamblea del Sindicato al haber efectuado la petición subsidiaria de rebaja, lo que efectivamente aconteció, y habiéndose llevado el procedimiento de conformidad a las normas estatutarias, no se observa ni ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la recurrida.

SÉPTIMO: Que, además, resulta útil dejar asentado que los Estatutos de Trabajadores Independientes del Transporte Público y Privado “Río Baker”, del que forma parte el recurrente y dentro de él, miembro de la Comisión de Disciplina, en su Título XI, establece el Régimen Disciplinario Interno, que explicita en el artículo 44, que “la Asamblea Ordinaria podrá multar a los socios que incurran en las siguientes faltas u omisiones: c) Por actos que, a juicio de la asamblea , constituyan faltas merecedoras de sanción.”.; el artículo 49, en cuanto dispone que “Las funciones de la Comisión de Disciplina son: d) Aplicar las sanciones cuando corresponda,”.; el artículo 57, que establece que: “Son faltas y/o infracciones gravísimas, las siguientes: 2.- Agredir de hecho, palabras y/o por escrito a pasajeros, dirigentes, socios;”; Artículo 60, que las sanciones que aplicará la Comisión de Disciplina, tratándose de “a)Infracciones gravísimas: Serán sancionados entre 5 y siete días de suspensión de recorrido, con retiro del certificado de inscripción y del letrero luminoso, comunicando por escrito, dentro de las 24 horas siguientes a la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y de Telecomunicaciones y cancelar en beneficio del Sindicato dos U.F. al momento de ser sancionados.”; norma, esta última, que debe colacionarse con lo dispuesto en el artículo 63, que reza: “En los casos en que los infractores sean miembros de la Directiva de la Organización Sindical y/o miembros de la Comisión de Disciplina, ellos quedarán automáticamente inhabilitados para conocer el procedimiento iniciado en su contra, debiendo ser reemplazados por el Presidente de la Comisión Revisora de Cuentas, en forma excepcional…en este caso, las sanciones a aplicar serán el doble de las multas y/o suspensión indicadas precedentemente.”.

De otra parte, en los artículos 53 y 55, de los citados Estatutos, se explicita el recurso de apelación en contra de la Resolución de la Comisión de Disciplina, órgano que la conoce, su competencia y tramitación, de lo que, también, usó el recurrente.

OCTAVO: Que, de esta manera, conforme los hechos acreditados, la dispositiva enunciada, el requisito sine qua non necesario e imprescindible para que la presente acción prospere, es la existencia de una acción, en el presente caso, que sea ilegal y/o arbitraria, no concurriendo dicho acto u omisión, la acción no puede prosperar y así se declarará.

Ello, porque atendidos los hechos determinados, el actuar de la recurrida, Asamblea Ordinaria de Socios del Sindicato recurrido actuó en base a una normativa estatutaria que lo habilitaba, no transgrediendo ni excediendo sus facultades, sino que en uso de ella, de manera que existía una normativa que transforma en legal su actuar, en la medida que a virtud de la autonomía de la libertad sindical, el recurrente se afilió voluntariamente a dicho sindicato y aceptó y debió acatar su actuar de conformidad a los estatutos que los rigen.

De otra parte, que la actuación derive del mero capricho o veleidad de la Asamblea, no puede sostenerse bajo ningún respecto ya que se basó en lo previamente resuelto por la Comisión de Disciplina, que dio lugar al reclamo, fundamentalmente basado en el hecho de que el reclamado reconoció que la reclamación presentaba un 90% de veracidad y procedió de acuerdo a los artículos transcritos; la Asamblea, además, tuvo en consideración la apelación del sancionado y procedió a adoptar una decisión sobre la votación de los asistentes a la misma Asamblea, logrando mayoría la opción que estuvo por rebajar la sanción impuesta, que fue, precisamente, la petición subsidiaria del mismo apelante, de manera que poco y nada puede reclamar sobre un eventual agravio.

Que, en estas circunstancias, no existiendo actos ni omisiones arbitrarias o ilegales cometidos por el recurrido, disposiciones legales citadas y VISTOS el mérito de autos y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y su modificación, se declara que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por el abogado don Gabriel Alberto Saavedra Sánchez, en representación de don nombre reservado, en contra del Sindicato de Trabajadores Independientes del Transporte Público y Privado Río Baker, representado por don nombre reservado, sin costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Rol 160-2018.-