nombre reservado con nombre reservado

Coyhaique, veintiuno de Julio de dos mil dieciocho.

VISTOS:

En estos antecedentes rol Corte 158-2018, con fecha nueve de Junio de dos mil dieciocho, comparece doña Jeanne Marie Laporte Miguel, abogada, con domicilio en domicilio reservado, en representación de la sociedad Pesca con Mosca Limitada, RUT RUT reservado, giro explotación de establecimientos, y turismo, con domicilio en domicilio reservado, y especialmente de don nombre reservado, ingeniero agrícola, chileno, casado, RUT RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, deduce recurso de protección en contra de doña nombre reservado, chilena, casada, RUT RUT reservado, agricultor ganadero, con domicilio en domicilio reservado y contra su cónyuge don nombre reservado, chileno, agricultor ganadero, RUT RUT reservado, del mismo domicilio, por encontrarse éstos, a través de actos de facto, perturbando, privando, conculcando y amenazando, arbitraria e ilegalmente, derechos de sus representados, consagrados en los números 3 inciso 4, 16 y 24, todos del artículo 19 de la Constitución Política de Chile, al construir un cerco en el predio de sus representados y dividirlo en dos, anexando así al predio de los propios recurridos una de las partes del Lote B que incluye la construcción anclada a pollos de cemento de dos YURTS, solicitando en definitiva, se disponga que, si dentro de décimo día de dictada la sentencia del recurso los recurridos no desarman el cerco construido a su propia costa, autoricen a los recurrentes a mandarlo desarmar por terceros a costa de los recurridos, y/o poder desarmarlo por ellos mismos; que se prohíba a los recurridos construir cualquier otro cerco divisorio que separe las construcciones de los recurrentes, o a realizar otros actos que priven, perturben o amenacen su derecho de propiedad, y se dispongan todas las medidas que se estime necesarias para restablecer el imperio del Derecho.

Con fecha trece de Junio de dos mil dieciocho, se declaró admisible el recurso y se pidió informe a los recurridos.

El día veintiuno de Junio de dos mil dieciocho, doña Carmen Gloria Martínez Cárdenas, abogada, en representación de los recurridos doña nombre reservado y don nombre reservado, evacua informe solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Con fecha diecisiete de Julio de dos mil dieciocho, se ordenó traer los autos en relación, y con fecha diecinueve del mismo mes y año, se llevó a efecto la audiencia de la vista de la causa, compareciendo el abogado don Reinaldo Reyes Garrido, por los recurrentes.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente fundamentando su recurso, expone, como cronología de los hechos, que el año 2007 se constituye la sociedad Pesca con Mosca Limitada, cuyo administrador y representante legal es hasta la fecha don nombre reservado, sociedad que el 18 de Noviembre de 2008, adquirió por compra, a doña nombre reservado, casada en sociedad conyugal, por lo que ella fue representada al momento de la compraventa por su cónyuge D. nombre reservado, una parcela denominada Lote B, de una hectárea de superficie, que fue producto de la subdivisión del predio de mayor cabida de la vendedora, predio denominado Fundo o San Luis de Mañihuales, de una superficie de 146 hectáreas, que figura inscrito a fojas 94 vuelta N° 173, del Registro de Propiedad del año 1981, del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Aysén, y que el Lote adquirido, denominado Lote B, figura inscrito a nombre de la propietaria sociedad Pesca con Mosca, a fojas 712 N° 707, del Registro de Propiedad del año 2008, del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Aysén, y que es del caso que nunca se puso, desde esa época hasta la fecha, cercos entre la hectárea comprada y el resto del predio de la vendedora, pasando así años en una amigable convivencia vecinal.

Agrega, que en la parcela existe 6 estructuras edificadas, habiéndose iniciado las construcciones de baños el año 2010; luego se construyó un pequeño club house, y posteriormente 3 domos comprados por la sociedad; el año 2016, se presentó un proyecto a CORFO por la sociedad recurrente, siendo beneficiados el año 2017 para la adquisición de 2 Yurts de aproximadamente 30 metros cuadrados cada uno, los que se instalaron sobre pilotes o pollos de cemento anclados a esos pollos, y alcanzaron a ser utilizados por la sociedad entre el mes de octubre y marzo de 2018; que la parcela es de uso social y su principal uso es en turismo, especialmente llevan turistas que gustan de la pesca con mosca (Flyfishing), por lo que el uso que le dan, en general, no es permanente, sino más bien estacional ligado a la temporada de pesca, la que inicia temporada en octubre de cada año y termina el primer domingo de mayo, y el año 2018 los representantes de la sociedad recurrente y socios de la misma dejaron de acudir en marzo por falta de clientes, quedando cerradas las edificaciones desde entonces.

Manifiesta, que el día 11 de mayo de 2018, don nombre reservado, socio de la sociedad recurrente concurrió con su hijo nombre reservado socio, administrador y representante de la misma sociedad, acompañados de doña nombre reservado, a la parcela Lote B, para instalar veneno para ratones, en labores de control preventivo para enfrentar el invierno, percatándose que los recurridos, estaban instalando un cerco de postes de madera nueva y alambrada que se observaba iniciaban a poner también, cerco que atravesaba el lote B de los recurrentes dividiéndolo en dos, y separaba las edificaciones del Lote B de la sociedad Pesca con Mosca Limitada, dejando los 2 Yurts separados del resto de las edificaciones de los recurrentes, y que cuando don nombre reservado se acercó a hablarle a su vecino don nombre reservado para pedirle explicación, éste le manifestó airadamente que el predio era de ellos y que hacían lo que querían en él, y frente a esa actitud hostil, don nombre reservado, prefirió recurrir a dar cuenta del hecho a Carabineros, concurriendo junto a su hijo nombre reservado, el día sábado 12 de mayo a la Primera Comisaría de Coyhaique, estampando denuncia por usurpación de terreno y de los Yurts, y le informaron que la Fiscalía del Ministerio Público lo contactaría, pero, pasadas casi tres semanas, don nombre reservado recibió una llamada de la Fiscalía por la que le manifestaron que eso era una cuestión civil y que ellos no seguirían la investigación, por lo que le recomendaban tomar abogado.

Refiere, que es evidente el atropello, la forma ilegal y arbitraria en que los recurridos actuaron, tomando la ley en propia mano, decidiendo ilegal y arbitrariamente fijar deslindes y construir cerco -supuestamente medianero- que, a vista de cualquier persona, y más de ellos que saben perfectamente que son los recurrentes los dueños de esas edificaciones y de los Yurts, y decidieron instalar y construir un cerco que deja a dos de los Yurts separados del resto de las edificaciones y parte en dos el Lote B- es improcedente; sin permitirles además a los recurrentes poder ingresar a esa parte del terreno de su propiedad donde se encuentran instalados los Yurts, y que cuando los recurridos deciden construir un cerco en el predio de los recurrentes y dividirlo en dos, anexando así al predio de los propios recurridos una de las partes del Lote B que incluye la construcción anclada a pollos de cemento de dos Yurts, han cometido un acto ilegal y arbitrario; incluso, si se llegase a pensar que ellos pensaran que los Yurts pudieren haber estado construidos en terreno que a ellos les pudiese corresponder, y que existiese en el hecho "construcción de los Yurts en terreno ajeno"; evidentemente los recurridos no podían hacerse "Justicia" por mano propia, pues para eso existen las acciones legales como la de demarcación y cerramiento; unido a lo anterior que lisa y llanamente dejaron dos Yurts de propiedad indubitada e indiscutible de los recurrentes en el área del lote B que dejaron anexada a través del cerco construido al predio denominado Lote A, que es de propiedad de la recurrida 1 nombre reservado y, por otra parte, la construcción de los Yurts se produjo en octubre del año 2017 y pasó todo el mes de octubre, noviembre y diciembre de 2017, luego enero, febrero, marzo, y ahora recién en mayo, aprovechando los recurridos que los recurrentes se habían ido, construyen un cerco divisorio pretendiendo sin duda alguna apropiarse indebidamente tanto de parte del terreno cuanto de los Yurts de propiedad de la sociedad recurrente, atentando contra la propiedad y menoscabando además el patrimonio tanto de la sociedad como la de cada uno de los dos socios que la integran, e impidiéndoles a éstos el libre tránsito dentro de su propiedad, el libre tránsito hacia los Yurts de su propiedad e impidiéndoles además el libre ejercicio de sus actividades laborales y comerciales en relación a esa parte de la propiedad del Lote B y de los Yurts en ella construidos.

Expresa que, conforme a los antecedentes de hecho expuestos, las garantías constitucionales vulneradas por doña nombre reservado y su cónyuge don nombre reservado en contra de sus representados son las consagrados en los números 3 inciso 4, 16 y 24, todos del artículos 19 de la Constitución Política de Chile. Que, respecto del N° 3, esto es, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, la vulneración en contra de mis representados por parte de los recurrentes, se manifiesta en que ellos se han constituido prácticamente como jueces o sentenciadores y han tomado sus propias determinaciones o sentencias y sin dar siquiera derecho a defensa a los recurrentes, les han aplicado el rigor de su propia sentencia, construyendo un cerco donde decidieron, inconsultamente con los recurrentes, e imponiéndoles su propio fallo o determinación, vulnerando a todas luces la legislación existente y aplicable para el caso de existir diferencias o posiciones distintas respecto a la línea divisoria de la o las propiedades.

En cuanto al N° 16, esto es, la libertad de trabajo y su protección, la vulneración a ese derecho en contra de sus representados, por parte de los recurrentes, se manifiesta en que ellos, con la acción de despojar a sus representados de parte de su propiedad y de sus bienes Yurts, y al prohibirles el acceso a éstos, indirectamente les están prohibiendo el ejercicio de su trabajo e impidiéndoles ejercerlo, sino en toda su extensión, en una importante parte del mismo; ya que no podrán ejercer actividades de administración, ni de arriendo, ni de vender programas de turismo asociados a esa parte cercenada de su propiedad y tampoco en relación a esos Yurts a los que hoy no pueden ingresar.

En relación con el N° 24, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, evidentemente los actos de los recurridos vulneran el referido derecho de sus representados, al privarles de la misma e imposibilitándoles el ingreso a sus Yurts y a la parte del Lote B de propiedad de los recurrentes que ha pasado a quedar anexada por la construcción del cerco, al lote A de propiedad de doña nombre reservado, garantía constitucional fuertemente vulnerada ya que en forma arbitraria e ilegal se construye un cerco partiendo la propiedad y separando bienes de los recurrentes y su lugar de trabajo impidiéndoles ingresar a parte de la parcela, y anexando con tales acciones parte de la parcela Lote B como de sus construcciones Yurts al predio de los recurridos, constituyéndose tal acto, a su juicio, no solo en una acción ilegal y arbitraria, sino que, rayan en el delito.

SEGUNDO: Que, el día veintiuno de Junio de dos mil dieciocho, doña Carmen Gloria Martínez Cárdenas, abogada, en representación de los recurridos doña nombre reservado y don nombre reservado, evacua informe solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En su informe, refiere, como antecedentes de hecho, que efectivamente entre la recurrente y sus representados se celebró un contrato de compraventa, sin embargo, al parecer la recurrente confunde en lo expositivo del recurso deducido la fecha de celebración del contrato con la fecha de inscripción del mismo en el Conservador de Bienes Raíces competente y, en el caso, la compraventa se efectuó en la Primera Notaría de Coyhaique, con fecha 15 de Octubre del año 2008, respecto del inmueble correspondiente al Lote B, de una superficie de una hectárea, información conteste en este aspecto con lo expresado por la recurrente y conforme con lo indicado en las cláusulas primera y segunda del referido contrato de compraventa así como en la respectiva inscripción; practicada con fecha 18 de Noviembre del año 2008, rolante a fojas 712, bajo el número 707, del Registro de Propiedad, del año 2008, del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Aysén. Que el lote B correspondiente al objeto de la venta referida, se origina producto de subdivisión realizada por la titular del inmueble, doña nombre reservado, actuación aprobada por el Servicio Agrícola y Ganadero y agregada en anexo rolante a fojas 94 vuelta, bajo el número 173 del Registro de Propiedad del año 1981, del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Aysén, lo que se encuentra acreditado con los documentos incorporados por la recurrente, de lo que no queda duda alguna que el inmueble de propiedad actualmente de la recurrente cuenta con una superficie de una hectárea, no más.

Que, igualmente, y en sintonía con lo expuesto por la recurrente, es efectivo que desde la época de celebración del contrato de compraventa hasta la fecha no se había construido cerco alguno que materializara el deslinde entre las propiedades del recurrente y sus representados conforme a la superficie ya conocida y al plano registrado en el Conservador de Bienes Raíces, sin embargo, al parecer olvida antojadizamente el hecho que durante ese periodo de tiempo sus representados le han manifestado en diversas ocasiones la necesidad de cercar, en primer término porque es lo que corresponde conforme a las disposiciones legales referidas a la demarcación y cerramiento de un predio y evidentemente conforme a las costumbres propias de vecindad en los diversos sectores rurales no solo de nuestra región sino también de nuestro país. Sin embargo, el recurrente ante tales peticiones constantemente evadía el tema o le restaba importancia, por tanto mis representados con objeto de mantener una buena convivencia entre vecinos conservó el statu quo de tales hechos. Adicionalmente, el recurrente en algunas oportunidades manifestó a los recurridos su intención de querer comprarles media hectárea más, oferta que mis representados rechazaron dado que tenían el convencimiento de que sería un nuevo problema toda vez que si en todos estos años no habían cerrado su predio es y era altamente probable que en este caso tampoco lo hicieran.

Expresa que, en lo que respecta a la realización de construcciones tipo domos y otras, la recurrente efectúa una exposición cronológica al respecto, sin embargo extraña y arbitrariamente al parecer omite el hecho de que la construcción e instalación de los mencionados yurts -cuya adquisición se logró en base a que los recurrentes fueron beneficiados en base a proyecto Corfo- se efectuó durante el mes de octubre del año 2017, instancia en que los recurridos le manifestaron nuevamente al recurrente que debía cerrar su perímetro y además, le hicieron presente que las construcciones señaladas estaban siendo realizadas fuera del deslinde del predio del recurrente, hecho que se sustenta además en los documentos acompañados y en el plano archivado en los registros del Conservador de Bienes Raíces que fue incorporado a esta instancia, y como se verá, en los hechos, la recurrente ha ejecutado los recursos obtenidos en base a un beneficio en un predio que no es de su propiedad siquiera, naciendo la duda lógica respecto a si acaso considera la recurrente (quien alega verse afectada por un acto ilegal y arbitrario), que su actuar se encuentra enmarcado en la legalidad y racionalidad que exige.

Que durante el mes de enero del año 2018, sus representados una vez más le pidieron a la recurrente que desistiera de la construcción de las obras mencionadas y cercara su perímetro, puesto que el hecho de que no existiese un cerco que materialice el deslinde acorde los planos correspondientes afectaba además las actividades ganaderas de los recurridos ya que dificultaba sus labores de talaje, toda vez que los animales circulaban libremente al no existir cerco que limitara su tránsito y existía el temor por parte de sus representados que la presencia de los animales entorpeciera las labores de su vecino y recurrente en autos, o que provocaran algún daño y que, además, los recurrentes para ingresar al predio de su propiedad entran por una tranquera que está en el Lote A y circulan por el predio de sus representados sin necesidad alguna de hacerlo ya que cuentan con acceso al camino público; lo que además afecta en el hecho de que en varias ocasiones los recurrentes dejaban la tranquera del predio abierta, instancia que facilitaba el escape de los animales hacia la carretera, situación que igualmente le fue manifestada al Sr. nombre reservado en varias oportunidades, y que no fue una sino varias veces en que los recurridos en autos hicieron presente al Sr. nombre reservado y al padre de éste, la necesidad de construir un cerco que permitiese delimitar materialmente los predios; así mismo, en más de una oportunidad se le señaló al recurrente que las construcciones que estaba realizando se encontraban en terreno de propiedad de los recurridos, sin embargo en las distintas instancias hacían oídos sordos minimizando la situación, y el motivo de por qué sus representados no iniciaron acciones de resguardo con anterioridad, obedece a que parte de la idiosincrasia de los pobladores de nuestra región, especialmente en sectores rurales se basa en el respeto mutuo, en la importancia de la palabra como cuestión de honor y en la medida de lo posible evitar involucrarse en conflictos.

Agrega, que durante el mes de abril del presente año, el recurrente y sus representados, sostienen una diferencia de opiniones toda vez que la respuesta del recurrente ante el planteamiento de las solicitudes que ya le habían formulado en otras oportunidades fue airada, lejos del carácter de buena vecindad que se había presentado hasta ese entonces, y ya en el mes de mayo del presente año, a la luz del altercado acontecido y entendiendo con ello que el recurrente no haría esfuerzo alguno por cumplir con sus obligaciones, su representado comienza a construir con recursos propios un cerco que pueda delimitar materialmente ambos predios, el cual se extiende desde el camino público hasta el río, teniendo como hito físico de partida un letrero de tránsito instalado por la Dirección de Vialidad, siendo el hito de término una pequeña zona de arbustos fácilmente distinguible junto a la ribera del Río Mañihuales, según puede observarse conforme al plano e informe emitido por profesional experto en el área, que acompaña, resultando irrisorio e inclusive cercano a la mala fe el actuar del recurrente, puesto que el cerco se encuentra instalado en el predio propiedad de sus representados, que ni siquiera se encuentra en el deslinde del predio del recurrente, quedando una faja de terreno entre el predio de éste y el cerco discutido de propiedad de su representado, por tanto no se explica de qué manera puede verse afectado el recurrente por el actuar de su representado para deducir el presente recurso, salvo que existiese un interés particular al respecto que de modo alguno se encuentra amparado por nuestra legislación en el caso en comento, y que es más, el recurrente manifiesta una absoluta falta a la verdad al indicar que el comentado cerco atraviesa el Lote B de su propiedad quedando los yurts separados de las demás construcciones por el cerco, omitiendo intencionadamente el hecho de que tales construcciones las efectúa en un terreno que no es de su propiedad cometiendo un ilícito que pretende amparar bajo un manto de supuesta legalidad e incluso victimizándose ante hechos que son consecuencia directa de sus actos, haciendo un uso torcido para fines propios y antijurídicos de nuestro ordenamiento legal, circunstancia que repugna al legislador.

Que el recurrente, no contento con hacer oídos sordos por años a las demandas de sus representados y a las obligaciones que en derecho le corresponden, concurre a dar cuenta a Carabineros de los hechos denunciados y conforme al procedimiento establecido los antecedentes pasan a manos del Ministerio Público, organismo que se comunica con el recurrente y le manifiesta que los hechos denunciados deben conocerse en sede civil, por tanto no persevera en la investigación penal, y lo expuesto, figura expresamente además en el propio relato del recurrente, el cual se encuentra asesorado por abogado para efectos del presente recurso y por tanto cabe la presunción lógica de que al menos medianamente debiese entender o al menos así debiese habérselo explicado su abogado, que el conflicto en sí debe ser conocido y resuelto en sede civil, específicamente por Juez de Letras en lo Civil competente conforme a la aplicación de reglas de competencia absoluta y relativa, sin embargo, el Sr. nombre reservado y la sociedad a la cual representa, al parecer siente la confianza absoluta de que conforme a su pretensión las reglas de competencia- principalmente aquellas de derecho público- pueden modificarse, y que a su solo parecer el asunto controvertido puede ser resuelto por cualquier vía y en cualquier sede menos en aquella establecida por el legislador para el caso concreto.

Manifiesta que, el recurrente, además, advierte en su propio relato, que la acción que procede es la de demarcación y cerramiento; entonces ¿Cómo se entienden que el recurrente quisiese proceder por vía penal inicialmente y frustrada esa opción, ya que era improcedente, ¿Recurre por vía de acción de protección? ¿De qué justicia por mano propia habla el recurrente, o acaso no es lícito para su representado efectuar obras en un predio que es de su propiedad?, y el recurrente acusa a sus representados de haber dejado fuera del Lote B los yurts, sin embargo considera lícito pretender adquirir terreno de propiedad de su representado instalando arbitrariamente sus construcciones a sabiendas, ya que el límite que separa el Lote B y el de su representada figura claramente trazado en el plano respectivo, es más, el recurrente inclusive para ingresar a su predio circula por el bien raíz de propiedad de su representada, doña nombre reservado, aprovechándose intencionalmente de la buena voluntad de éstos, ambos adultos mayores, en circunstancias que perfectamente puede ingresar por el Lote B ya que como se observa en los planos y fotografías adjuntas, el camino público colinda en todo el costado este del lote.

Que, sumado a lo anterior, el Sr. nombre reservado manifiesta en el recurso, que desde el mes de octubre se encuentran realizando las obras dentro del predio de sus representados, lo que es efectivo, y pretende adjudicar sus propios errores culpando a los recurridos de haber construido el cerco durante el mes de mayo moldeando los hechos a su propia conveniencia y tergiversando la realidad dolosamente, sin embargo basta con contrastar las exposiciones efectuadas por las partes en juicio y a la luz de los documentos incorporados al proceso para extraer la verdadera intencionalidad de este recurso, que en la especie no es otra más que legitimar la ocupación ilegítima por parte del recurrente de un terreno que no es de su propiedad sino que de doña nombre reservado, construyendo además, a sabiendas, dos obras respecto de las cuales los recurridos le indicaron que las estaba realizando fuera del área correspondiente y aun así persistió en su actuar vulnerando toda disposición normativa y de convivencia social con el único afán de satisfacer sus fines particulares, afán que lo ha llevado incluso a recurrir para resolver un conflicto provocado por el propio Sr. nombre reservado correspondiente a una acción de demarcación y cerramiento, si fuere procedente, es más, inclusive la recurrente en el párrafo final del recurso incoado, en lo referido a los antecedentes de hecho que aporta, manifiesta que sus representados pretenden apropiarse indebidamente de la faja de terreno en la que están construidos los yurts, sin embargo, jamás se plantean interrogantes como ¿Por qué los recurridos querrían apropiarse de un predio que ya es de su propiedad? ¿Por qué querrían apropiarse de una faja de terreno cuya extensión no supera la superficie de 1 hectárea, en circunstancias que son dueños del Lote A, de 145 hectáreas y 25 áreas? ¿Realmente el recurrente es capaz de fundamentar su recurso basado en la pobreza jurídica de argumentos como éste?, agregando que la intención de sus representados no es, ni será, apropiarse de las obras que el recurrente ha mal construido en el predio de doña nombre reservado; por el contrario, pretenden que el recurrente entienda que sus acciones se encuentran fuera del marco de la ley, que no han sido autorizados para construir en predio ajeno y por tanto lo que corresponde es que desarmen las obras construidas y las retiren del predio, asimismo, que efectúen el cierre perimetral conforme al deslindes fijado en la subdivisión y planos inscritos en el Conservador de Bienes Raíces de Puerto Aysén y que además figuran en la compraventa del Lote B realizado por la recurrida a la Sociedad Pesca con Mosca Limitada, y que el recurrente construya su propia entrada al terreno de su propiedad, evitando ingresar por el predio de sus representados ya que no se justifica tal actitud al contar con un área colindante con el camino público, haciendo presente que si se permitió tal situación fue exclusivamente por buen actuar de sus representados en pos de mantener una buena convivencia entre vecinos, sin embargo ante el conflicto que hoy existe, el recurrente no cuenta con autorización para circular por el predio de sus representados y así deberá entenderlo.

En cuanto al derecho, y como cuestiones previas sobre la naturaleza jurídica del conflicto, expresa que, según puede desprenderse del relato del recurso incoado, el asunto controvertido se suscita en razón de la construcción de un cerco por parte de sus representados, el cual el recurrente alega se habría construido dentro del denominado Lote B, desconociendo antojadizamente la información concreta contenida inclusive en los documentos que la misma recurrente acompañó, en los cuales figura con claridad el deslinde que marca la separación entre el Lote B y el de sus representados, que el Sr. nombre reservado pretende aumentar en más de media hectárea de manera gratuita y utilizando a los tribunales de este país para ello, y que su parte tiene absoluta claridad en que ha sido el recurrente quien ha evitado injustificadamente realizar el cierre perimetral del Lote B, realizando obras materiales fuera del predio de su dominio y no existiendo en base a ello conflicto alguno más que el que el mismo recurrente pretende crear ficticiamente.

Agrega que, al respecto, y atento a lo dispuesto por el artículo 842 del Código Civil, si el recurrente estima que el cerco construido por sus representados "atraviesa" el Lote B de su propiedad, o antojadizamente desconoce el deslinde que separa su terreno del Lote A, la acción establecida por el legislador para tal efecto corresponde a una Acción de Demarcación, cuyo conocimiento corresponde en primera instancia exclusivamente a tribunal competente en sede civil, aspecto que es de público conocimiento y por tanto éste no puede desconocer tal vía judicial, máxime cuando la misma abogada que lo representa indica que lo expuesto les fue manifestado a los recurrentes por parte del Ministerio Público y evidentemente la profesional que asumió la representación y patrocinio del Sr. nombre reservado y de la Sociedad de Pesca con Mosca Limitada, no puede menos que conocer sobre esta acción legal en razón de sus estudios profesionales, sin embargo ambos optan tozudamente por recurrir obviando el camino judicial trazado por nuestro ordenamiento, forzando al Tribunal de Alzada a decidir respecto de un asunto que ha derivado en controvertido a propósito por la recurrente, previendo quizás que en el evento de proceder como corresponde ante tribunal competente, sin duda su pretensión habría resultado rechazada.

Indica que, lo expresado por el legislador en el artículo 844 del Código Civil, que reproduce, coincide en cada una de sus partes con las acciones efectuadas por sus representados, al ser la Sr. nombre reservado dueña del predio denominado Lote A, quien junto a su esposo y también recurrido en autos construyen un cerco dentro del lote referido, lo que se corrobora con la prueba documental aportada tanto por la contraria como aquella incorporada al juicio por su parte y que acredita, incluso, que entre el cerco construido y el deslinde con el Lote B, queda una faja de terreno integrante del Lote A y, por tanto, de propiedad de sus representados, preguntándose ¿En qué punto esta acción resulta contraria a la ley y conculca los derechos constitucionales del recurrente? y, en la misma línea, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 845 del Código Civil, que también reproduce, en la especie, no se logra entender la molestia y vulneración alegada por la contraria, salvo que quiera evadir su responsabilidad y la correspondiente obligación a la cual se encuentra afecta de desocupar todo terreno que no sea de su propiedad ni cuente autorización del real dueño para hacer ocupación del mismo, como ocurre con el Lote A.

Manifiesta que, en nuestro país, la enseñanza tradicional indica que los factores para distribuir el ejercicio de la jurisdicción son cuatro: materia, fuero, cuantía y territorio, tesis que ha sido respaldada por abundante jurisprudencia de los tribunales nacionales, repasando, luego, las características de la competencia absoluta, esbozadas por la doctrina nacional, y que conforme a la aplicación de la reglas de competencia tanto absoluta como relativa, no resulta procedente la vía proteccional para resolver la problemática planteada por el recurrente, sumado al hecho de que no puede existir claridad en cuanto a la procedencia del recurso, además, si se observa que en los hechos lo que se denuncia como acto arbitrario e ilegal es la construcción de un cerco sobre un predio cuya propiedad se discute, falencia en el accionar de la contraria que claramente no permite resolver este asunto más allá de toda duda razonable, toda vez que el acto denunciado será ilegal o no conforme a la titularidad de dominio que se detente sobre el predio en que se construyó tanto los yurts como el cerco, por lo que su parte estima que el recurso de protección no constituye el procedimiento idóneo para la discusión de un asunto como el que se plantea, pues se pretende que la Corte de Apelaciones se constituya en una instancia que resuelva los conflictos de deslinde y ocupación que únicamente existen en el imaginario de la recurrente, lo que excede con creces el objeto y carácter de urgencia del recurso, pretendiendo el recurrente una revisión de fondo del asunto lo que es improcedente, siendo así, la acción no puede prosperar pues no es posible su conocimiento por esta vía.

Respecto de la arbitrariedad del acto, expresa la informante, que sus representados en modo alguno han obrado de manera irracional e infundada, toda vez que han construido un cerco que presenta el carácter de interno dentro del predio de propiedad de sus representados, por tanto no existe arbitrariedad alguna que pudiese imputársele a este actuar; comentario que lamentablemente no puede aplicarse de la misma forma al actuar del recurrente puesto que la construcción de dos yurts fuera de su propiedad y hacer caso omiso año tras año de la obligación de cerrar su predio sí constituyen arbitrariedades; y sobre la ilegalidad del acto, como bien lo ha señalado la recurrente, la doctrina y jurisprudencia nacionales se encuentran relativamente contestes aunque con matices en definir como la violación (por acción u omisión) de toda norma jurídica, incluyendo la Constitución, la ley, reglamentos, decretos o cualquier otra disposición a la cual esté sujeta el actor u omisor, el recurrente en autos, de la misma forma que lo hace respecto de la arbitrariedad del acto denunciado, no aporta fundamentación alguna que explique el por qué el actuar de sus representados sería arbitrario e ilegal, no existiendo disposición legal que prohíba a su representado efectuar obras de construcción como el cerco en el terreno de su propiedad, siendo así las cosas, no existe por tanto justificación alguna para intentar el presente recurso, si éste no cumple siquiera con los requisitos esenciales para su procedencia y menos aún para que sea acogido.

Respecto de las garantías constitucionales conculcadas, referida la primera a la del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, la recurrente señala que sus representados se habrían transformado, conforme a un "atemorizado" relato, en supuestos jueces o sentenciadores sin dar derecho a defensa a los recurrentes, sin embargo éstos recurrentes ejercen su derecho a denunciar ante carabineros y han ejercido su derecho a accionar por esta vía, teniendo por tanto un discurso absolutamente alejado de la realidad y de la verdad, resultando impresentable ese tipo de argumentos ante la relevancia de esta instancia; basado en invenciones, falsa victimización, torciendo intencionalmente los hechos para conveniencia propia e incluso buscando obtener resultados por vías procesales que no corresponden, buscando demonizar a sus representados quienes son adultos mayores, pobladores de un sector rural alejado, que como todo hijo de esta tierra forjó sus logros en base al esfuerzo y no en base al engaño y la fuerza como pretende señalar la recurrente.

Con relación a la garantía del artículo 19 N° 16 de la Carta Fundamental, referida a la limitación a la libertad de trabajo de la cual los recurridos serían los autores, la parte contraria señala que tal limitación consiste en que sus representados le impedirían el acceso a su propiedad y a los yurts construidos, nuevamente se está ante una imaginación prolífica que intenta cubrir la realidad, como puede advertirse al observar los planos inscritos en el Conservador de Bienes Raíces, las fotografías acompañadas por las partes e información acompañada en esta presentación, el Lote B colinda en todo un deslinde con el camino público, pudiendo ingresar perfectamente por camino propio para tal efecto, y el caso es que el recurrente se mal acostumbró al parecer a hacer uso de la entrada y camino existente en la propiedad de sus representados, ya que tal como figura en la documentación, el deslinde del Lote B queda al norte de la entrada que utiliza el recurrente para circular y por tanto da como resultado que la tranquera de acceso como los yurts instalados se encuentran fuera de los límites del Lote B, debiendo por tanto el recurrente construir su propia entrada de ingreso y dejar de vivir a expensas de las obras de otros, en este caso haciendo uso del acceso y camino existente en el predio de sus representados.

En cuanto a la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, refiere que el recurrente estima dicha vulneración, conforme a su exposición, en dos acciones, la primera, corresponde a la construcción del cerco en virtud del cual se afectaría la propiedad del recurrente al cruzar el Lote B y, la segunda, deriva como consecuencia de la primera, en razón de lo cual producto de la construcción del cerco dos yurts de propiedad del recurrente habrían quedado fuera del Lote B, pero como se puede apreciar en el plano acompañado, el cerco construido no afecta en modo alguno el predio del recurrente ni sus deslindes, quedando inclusive entre el cerco construido y el límite del predio denominado Lote B un área con forma de triángulo que en la parte colindante con la ribera del Río Mañihuales se encuentra a 57 metros de distancia y sumado a ello se puede observar que los yurts (un tipo de domo) se encuentran absolutamente fuera del deslinde que separa el predio de sus representados del Lote B, por tanto quien efectivamente vulnera la garantía constitucional invocada es el recurrente al ejecutar obras en el predio de sus defendidos sin autorización alguna para ello y desatendiendo las reiteradas veces en que se le ha solicitado que desistiese de tales obras y, a mayor abundamiento, el recurrente pretende establecer como indubitado su dominio sobre el predio de propiedad de sus representados, desconociendo abiertamente los límites del Lote B de su propiedad, y pretendiendo que no se advierta tal hecho de esencial relevancia.

TERCERO: Que, para resolver el recurso de protección planteado, es previo señalar que éste fue concebido para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente cuando éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de algunas de las Garantías Constitucionales contempladas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Que la arbitrariedad necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de un actuar o una omisión que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

Por su parte la existencia de ilegalidad conjuga la idea de lo contrario a derecho, o, más técnicamente, el no respetarse o infringirse una norma jurídica.

CUARTO: Que, de los antecedentes existentes en esta causa, constan los siguientes hechos:

a) Que, con fecha 18 de noviembre de 2008, la recurrente, Sociedad Pesca con Mosca Limitada, cuyo administrador y representante legal es don nombre reservado, adquirió por compraventa a los recurridos nombre reservado y nombre reservado, una parcela denominada Lote B, de una hectárea de superficie, producto de la subdivisión de un predio de mayor cabida, denominado Fundo San Luis de Mañihuales, de una superficie de 146 hectáreas, inscrito a fojas 94 vuelta, N° 173, del Registro de Propiedad del año 1981 del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Aysén, lote este que fue inscrito a nombre de la propietaria, Sociedad Pesca con Mosca, a fojas 712, N° 707, del Registro de Propiedad del año 2008, del Conservador ya indicado.

b) Que, posterior a ello, los propietarios de este Lote B, efectuaron diversas construcciones, incluyéndose en éstas unos Yurts que se instalaron sobre pilotes o pollos de cemento, anclados al terreno del cual ellos se dicen propietarios.

c) Que, en el mes de mayo de 2018, los socios de la empresa, al acudir a su predio, pudieron constatar que los recurridos estaban instalando un cerco de postes de madera y alambrada el que atravesaba, según lo expusieron los recurrentes, el Lote B de su propiedad, dividiéndolo en dos, quedando dos Yurts separados del resto de las edificaciones de los anteriores, manifestando éstos que al hablar con sus vecinos éstos les expusieron que el predio era de ellos y que hacían lo que quisieran en él, verificándose que, en la actualidad, existe un cerco divisorio, según se ha expresado.

QUINTO: Que, de lo señalado precedentemente, se debe determinar, entonces, si los recurridos, al construir un cerco, estableciendo con ello una línea divisoria del que estiman su predio, con aquél de propiedad de los recurrentes, realizó un acto ilegal o arbitrario, ya que, al respecto, es un hecho cierto que la recurrida confeccionó un cerco divisorio, por considerar que éste se construyó dentro de los límites de su terreno, lo que constituiría una facultad inherente al dominio, mientras que, quien recurre, estima que ello se produjo dentro del predio que adquirió, lo que afectaría derechos garantidos por la Constitución Política.

SEXTO: Que, en consecuencia, de lo consignado precedentemente, consta que ambas partes, recurrente y recurrida, se atribuyen dominio en virtud de los títulos que ostentan y hacen valer, respecto de una determinada porción o parte del terreno donde, con posterioridad a la compraventa, se construyó por la recurrente unas pequeñas edificaciones, denominadas Yurts, que fueron construidos y anclados en el terreno sobre pilotes o pollos de cemento, los que sí son de propiedad de la anterior, ignorándose en forma fehaciente si éstos se encuentran ubicados, específicamente dos de ellos, en terrenos de la recurrida, como lo asevera ésta, o de la recurrente, como lo señala ésta última.

SÉPTIMO: Que, sin embargo, lo que sí constituye un hecho cierto e indudable, lo que no se ha discutido y muy por el contrario reconocido, puesto que las partes están contestes en ello, que los recurridos doña nombre reservado y su cónyuge nombre reservado, en el mes de mayo de 2018, procedieron a construir un cerco que, como los mismos lo señalaron, delimitó materialmente ambos predios, el que se extiende desde el camino público hasta el río, constatándose, por las fotografías acompañadas, que este cerco, ya terminado, está constituido por postes de madera, varillas y alambre de púa y liso.

OCTAVO: Que, de lo dicho, debe concluirse que el cerco divisorio a que se hizo referencia precedentemente, realizado unilateralmente por los recurrentes, sin que exista claridad o definición respecto del dominio de la propiedad que ambos se atribuyen, constituye un acto unilateral de éstos y significan una alteración de una situación de hecho preexistente y una modificación del status quo, habiendo optado éstos por resolver el conflicto que les asiste recurriendo a un método de solución de autotutela o, justicia de propia mano, que es ilegal y arbitrario ya que importa una decisión de voluntad que no se ajusta a la racionalidad ni tampoco a nuestro sistema normativo, al adoptarse determinaciones que exceden las facultades de los recurridos, modificando de facto una situación existente, lo que no está permitido en nuestra legislación.

NOVENO: Que, al respecto, debe expresarse que de acuerdo a la Constitución Política de la República, los únicos llamados a resolver las eventuales contiendas entre partes son los Tribunales de Justicia, quienes deben dirimir los derechos y conflictos que surgen entre éstos, lo que se encuentra también concretado en el artículo 1 del Código Orgánico de Tribunales, el que establece que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de juzgarlas y de hacer ejecutar lo juzgado, corresponde precisamente a los tribunales que establece la ley, por lo que no es propio a ninguna persona atribuirse las funciones y competencias que a éstos les asiste, vulnerándose también el artículo 7, inciso segundo, de nuestra Carta Fundamental, que determina que ninguna persona puede atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.

DÉCIMO: Que, en relación con la situación de autos, es indudable que el conflicto y diferencias que se han producido entre las partes dicen estrecha relación con materias que necesariamente deben ser dilucidadas por los Tribunales Civiles y de acuerdo a las acciones y procedimientos existentes para ello, donde deben determinarse los reales derechos que a cada una de las partes les asiste, pero no es factible, materialmente y tampoco jurídicamente, construir un cerco divisorio para separar dos propiedades cuyos reales deslindes o límites no se han determinado actualmente y donde, con anterioridad, no existía ninguna división, lo que está vedado realizar en forma unilateral, modificando una situación de hecho, más aún si de los antecedentes existentes consta claramente que con motivo de la construcción de dicho cerco divisorio, dos construcciones efectuadas por la recurrente, denominados Yurts, quedaron ahora en la propiedad que se atribuye la recurrida, lo que indudablemente impide a quien recurre ingresar a los mismos, efectuar reparaciones, mantención u otras obras necesarias y ejercer los actos de dominio que le son propios sobre éstos.

UNDÉCIMO: Que, de acuerdo a todo lo señalado precedentemente, no cabe sino concluir que, en la situación de autos, se ha vulnerado el artículo 19 N° 3, inciso quinto, de la Constitución Política de la República, dado que al proceder los recurrentes en la forma que lo hicieron, se atribuyeron atribuciones que son propias de los Tribunales, constituyéndose en una comisión especial, al actuar en forma unilateral y sin tener las facultades legales para ello, ejecutando actos para los cuales no se encuentran facultados y, por supuesto, todo ello, sin perjuicio que las personas que se sientan afectadas puedan debatir sus derechos sustantivos contrapuestos en la sede jurisdiccional correspondiente, por lo que el recurso de protección interpuesto en estos autos, procede sea acogido y, así se declarará, estimándose innecesario, en atención a lo ya resuelto, analizar las otras garantías constitucionales deducidas.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de junio de 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña Jeanne Marie Laporte Miguel, abogado, en representación de la sociedad Pesca con Mosca Limitada, representada a su vez por don nombre reservado, en contra de los recurridos doña nombre reservado y don nombre reservado y, en consecuencia, estos últimos deberán desarmar el cerco construido dentro de vigésimo día desde que la presente sentencia quede ejecutoriada y, en caso de no hacerlo, se autoriza a los recurrentes a desarmarlo por intermedio de terceros o por ellos mismos, a costa de los recurridos, debiendo aquéllos, en todo caso, mantener la integridad de los materiales que lo componen. Además, los recurridos, deberán abstenerse de construir cualquier otro cerco divisorio que separen los predios ya individualizados; todo ello sin perjuicio de que las partes puedan hacer valer sus acciones por la vía procedimental legal y civil que corresponda, a fin de determinar sus respectivos derechos.

Regístrese, notifíquese y archívese, oportunamente.

Redactada por el señor Ministro Titular don Sergio Fernando Mora Vallejos.

Rol 158-2018.