nombre reservado con nombre reservado

Coyhaique, a uno de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En Rol de esta Corte Nº157-2026, el 25 de junio de 2026, comparece don Alberto Tala Japaz, abogado, en representación de doña nombre reservado, Técnico en Enfermería Superior, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de doña nombre reservado, odontóloga, funcionaria Planta Profesional del Servicio de Salud de Aysén, domiciliada en domicilio reservado, en su calidad de Fiscal del sumario que se instruye en contra de su representada, según la Resolución (Exenta) de la Directora (s) del Hospital de Cochrane N°4398/2025, por cuanto estima que la recurrida ha cometido una acción u omisión arbitraria, consistente en la dictación de la Resolución N°12, de 26 de mayo de 2026, que resolvió la solicitud de medios de prueba de la parte inculpada, lo que priva, perturba y amenaza sus garantías constitucionales resguardadas en los numerales 2 y 3 inciso 6, del artículo 19, de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva: “1° Se deje sin efecto todo lo obrado en el expediente sumarial a partir de la Resolución Nº12 de 26 de mayo de 2026, que resolvió la solicitud de medios de prueba de la parte inculpada;

2º Se ordene resolver nuevamente la presentación de medios de prueba de la parte inculpada, con las siguientes precisiones:

a) Las citaciones a los testigos deberán ser efectuadas por el señor actuario del sumario, sea en soporte papel o en soporte magnético, debiendo él mismo precisar las casillas de correo electrónico de los funcionarios citados;

b) Deberá suprimirse la exigencia de enviar pauta para interrogatorio de cada uno de los testigos con preguntas pertinentes al sumario en un plazo de 48 horas a partir de la notificación de la resolución respectiva;

c) Deberá permitirse al abogado de la defensa de la inculpada formular preguntas por conducto de la señora Fiscal a los testigos, sin precalificación de pertinencia.

d) Deberá darse lugar a todos los oficios solicitados por parte de la defensa de la inculpada en el tercer otrosí de su escrito de fecha 18 de mayo de 2026;

e) Todas las demás medidas que Usía Ilustrísima juzgue necesarias para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección de la afectada”.

Con fecha 13 de julio de 2026, doña nombre reservado, incorporó el informe requerido.

Con fecha 24 de agosto de 2026, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 26 del mismo mes y año, alegando en esta causa, de manera telemática, por el recurso, el abogado Alberto Tala Japaz; y de modo presencial, contra el recurso, el abogado Sergio Elgueta Retamal; quedando ésta en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente sostiene que, fue objeto de un sumario administrativo, que dice relación específica con la circunstancia de que la inculpada recurrente no se habría presentado en la Posta de Guadal para atender el turno de llamado a fin de trasladar a una paciente pediátrica que supuestamente requería traslado al Hospital Regional de Coyhaique por padecer un inespecífico abdomen agudo. Luego, detalla la situación de salud que padecía en aquella época, encontrándose enferma el día de los hechos, guardando reposo y no se encontraba de ninguna manera en condiciones de trabajar, por riesgo para su salud y para la salud de la paciente pediátrica misma, mucho menos en labores de traslado, de manera que las atenciones correspondían a la TENS de turno de posta, misma señorita nombre reservado.

Luego, la recurrente se detiene a describir cada una de las circunstancias del reclamo que habría dado origen al sumario dirigido en su contra.

Señala que, el sumario se cerró con fecha 31 de marzo de 2026, mediante Resolución N°7, en la cual además se formularon cargos en contra de la inculpada recurrente; notificada inicialmente el jueves 2 de abril de 2026, iniciándose el plazo para descargos y ofrecimiento de prueba, de quinto día, según el artículo 138 del Estatuto Administrativo.

Expone que, con fecha 9 de abril de 2026, la defensa pidió prórroga, la que no pudo ser resuelta oportunamente, porque la Sra. Fiscal hizo uso de su feriado legal, sin dejar subrogante. Agrega que, a su regreso, mediante Resolución N°8 de 23 de abril de 2026, la Sra. Fiscal confirió la prórroga retroactivamente, es decir, por cinco días a partir del lunes 13 de abril de 2026, de manera que cuando se concedió la prórroga, el plazo otorgado ya estaba vencido.

Refiere que, con fecha 27 de abril de 2026, mediante Resolución N°9, se acoge la reposición y se ordena notificar nuevamente a la inculpada los cargos, lo que se cumple con la misma fecha. Luego, se autoriza prórroga por cinco días con fecha 5 de mayo de 2026 (debido a copias ilegibles en dos declaraciones testimoniales del sumario), plazo que venció el 12 de mayo de 2026.

Indica que, dentro de plazo, con fecha 11 de mayo de 2026, la defensa de la inculpada presenta descargos y ofrece prueba, para lo cual se pide plazo legal de 20 días; con fecha 13 de mayo de 2026, mediante Resolución N°11, la Sra. Fiscal dispuso que, se indiquen los medios de prueba que se presentarán con la finalidad de fijar el plazo que va entre 1 y 20 días hábiles, todo ello dentro de tercero día desde la notificación de la presente resolución.

Señala que, con fecha 18 de mayo de 2026, la defensa ofrece prueba testimonial por vía telemática, acompaña documentos y solicita oficios, todo ello, con el objeto de acreditar los supuestos de hecho de las argumentaciones de la defensa, señaladas en el capítulo I de este recurso.

Argumenta que, sin embargo, con fecha 26 de mayo de 2026, mediante Resolución N°12, recurrida en este acto, la Sra. Fiscal decide ilegal y arbitrariamente dado que ordena, además, enviar pauta para interrogatorio de cada uno de los testigos con preguntas pertinentes al sumario en un plazo de 48 horas a partir de la notificación de la presente resolución.

Refiere que, contra dicha Resolución N°12, la defensa de la inculpada, con fecha 29 de mayo de 2026, entabló recursos administrativos de reposición y jerárquico, señalando las ilegalidades cometidas en la misma.

Aclara que, la exigencia de presentar una pauta, minuta o cuestionario, señalando previamente las preguntas que la defensa formulará a los testigos, para que sean calificadas de pertinentes a priori por la señora Fiscal, y el señalamiento de un plazo para ello, son todas exigencias claramente ilegales e inconstitucionales, vulneratorias del derecho de defensa en el debido proceso legal administrativo, todo lo cual causa severa indefensión a su parte. Añade que, es claramente improcedente, porque se sujeta la producción procesal de la prueba testimonial a una condición previa que no está prevista en la ley.

Sostiene que, con la exigencia que la señora Fiscal impuso ilegalmente a su parte, se cercena el derecho a defensa, se afecta la bilateralidad o control de la investigación que hizo previamente la señora Fiscal que condujo a la formulación de cargos, se suprime la posibilidad real y espontánea de producir prueba, se afecta el principio de contradicción del plenario, y se compromete la imparcialidad relativa del instructor.

Indica que, dicho recurso de reposición fue rechazado por Resolución N°15 de 1 de junio de 2026. Agrega que, fue en esas condiciones, bajo las cuales su parte recurrente no pudo rendir prueba testimonial ofrecida por la inculpada, en conformidad a la ley.

Precisa que, la arbitrariedad de las acciones y omisiones cometidas por la señora Fiscal recurrida radican en el sesgo conforme al cual ha conducido la investigación en contra de la recurrente. En efecto, según se aprecia de la totalidad de los antecedentes relatados en este recurso, visualizados en su conjunto, la Fiscal recurrida infringió el principio de objetividad en la actuación de todos los órganos de la Administración del Estado, también denominado principio de imparcialidad.

Aclara que, el sumario no sólo se orientó hacia el hecho específico de las circunstancias que ameritaron el traslado de la paciente pediátrica de apellido Avilés, sino que se amplió de oficio la investigación a un sinnúmero de circunstancias y hechos relativos a las relaciones de la inculpada recurrente, señora nombre reservado, con sus compañeros de trabajo, con su jefatura directa, con su jefatura superior, con los pacientes, y con la comunidad en general de la comuna de Guadal. Agrega que, de allí entonces que sólo se investigó lo desfavorable u odioso con respecto a la inculpada, y nada de lo que pudiese favorecerle. Incluso, cuando en el plenario ella ofreció y solicitó prueba, o le fue denegada, o le fue aparentemente concedida, pero ulteriormente entorpecida, de modo que no la pudo rendir.

Argumenta que, en cuanto a las ilegalidades, todas las notificaciones y citaciones en el sumario administrativo deben ser efectuadas por el señor actuario, conforme a lo dispuesto en el artículo 131 y 130 del Estatuto Administrativo. De manera que no puede la señora Fiscal imponer al abogado de la inculpada la obligación de citar y hacer comparecer a los testigos, máxime si las casillas de correo electrónico son corporativas y reservadas dentro del Servicio de Salud de Aysén. Esta fue otra actuación claramente ilegal de la señora Fiscal.

Señala que, en lo tocante a la negativa a ordenar la remisión de la ficha clínica personal de la inculpada en el Hospital de Cochrane, invocando la normativa reglamentaria sobre reservas de las fichas clínicas, cabe señalar que dicho argumento es claramente ilegal, y no se contempla ni siquiera a nivel reglamentario porque el artículo 13 de la Ley Nº20.584 sobre derechos de los pacientes establece claramente que esa reserva no es aplicable al paciente mismo.

Expone que, la conducta arbitraria e ilegal ejercida y materializada por la recurrida, ha infringido el derecho a la igualdad ante la ley, del artículo 19 N°2, de la Carta Fundamental, desde que la Fiscal está obligada a ejercer sus atribuciones y actuaciones actuando fundadamente y evitando incurrir en arbitrariedades, lo que no ha ocurrido en la especie pues, según se expuso en el acápite anterior, ha adoptado una serie de decisiones sesgadas, ilegales e infundadas, que han impedido a la defensa la producción de la prueba ofrecida.

Sostiene que, se infringe el derecho al debido proceso mediante una investigación racional y justa del artículo 19 N°3 inciso 6 de la Constitución Política de la República, por cuanto tal garantía del debido proceso legal, no solamente se limita a lo jurisdiccional sino también alcanza al ámbito administrativo, ya que se asegura constitucionalmente una investigación (administrativa) racional y justa, que es precisamente lo vulnerado en esta especie.

SEGUNDO: Que, doña nombre reservado, solicita el rechazo de la presente acción en todas sus partes, con costas, señalando, como antecedente, que a través de Resolución Exenta N°4398 del 28 de noviembre de 2025, emanada de la Dirección del Hospital de Cochrane, se dispuso instruir sumario administrativo y por la misma fue nombrada fiscal, cargo que, en su calidad de funcionaria pública, procedió a aceptar y a desempeñar, función que ha llevado hasta la fecha.

Indica que, los hechos materia de este sumario, están siendo investigados en un procedimiento administrativo que no se encuentra concluido, y respecto del cual no existe a la fecha un acto terminal que decida algo definitivo a su respecto.

Precisa que, la obligación de “reserva” recae especialmente sobre un inculpado y su abogado en la etapa del sumario administrativo, en que actualmente se encuentra el proceso; incumpliendo abiertamente la recurrente el deber de “reserva de la información del sumario y de sus piezas; vulnerando la propia recurrente texto de ley, que solo libera el “secreto” del sumario para el inculpado y para el abogado que asumiere su defensa”, en la fecha de formulación de cargos; pero manteniéndose la “reserva” del mismo para todos los terceros ajenos al sumario.

Aclara que, la resolución impugnada no es más que un “acto trámite” y no un acto administrativo terminal, y por tanto, no es susceptible de ser impugnado por la vía del recurso de protección, para impugnar actos de mero trámite, existen vías administrativas. Agrega que, pues a la fecha no se ha dictado un acto terminal por la autoridad competente respecto de este proceso administrativo, que es quien, conforme a procedimiento administrativo, tiene la facultad de, en su momento, decidir el término del procedimiento, como asimismo, acerca de la efectividad o no de la ocurrencia de algún vicio de procedimiento que pudiera ameritar, conforme a los criterios obligatorios sentados por Contraloría, disponer retrotraer el proceso investigativo a la etapa anterior a la comisión de alguno de esos vicios, y si, ellos son de envergadura tal que efectivamente corresponda retrotraer el procedimiento, no se ha recurrido sobre un acto terminal pues éste no existe, por lo que este recurso de protección deberá ser desestimado.

Refiere que, cuando en una investigación van apareciendo nuevos hechos que pueden acarrear responsabilidades administrativas, es obligación de todo fiscal investigar esos nuevos hechos, y si se acredita que dichos nuevos hechos configuran infracciones estatutarias que acarrean responsabilidades administrativas, es obligación del Fiscal formular cargos también respecto de dichos hechos, en cuanto a la infracción estatutaria constatada, que puede acarrear responsabilidades administrativas.

En cuanto a la resolución impugnada, aclara que sobre la prohibición de grabar de las partes, la intención fue claramente de manifestar que la grabación y /o divulgación de las audiencias queda prohibida para las partes que comparezcan remotamente, no así para evadir la responsabilidad como fiscal de efectuar el respaldo de la escrituración de la audiencia y/o declaraciones, de lo que sí se deja testimonio en actas, cosa que sí se hizo y consta en el expediente.

Expone que, la instrucción o resolución de la Fiscalía en orden a que, frente a una defensa que no proporcionó los datos necesarios para citar a sus propios testigos de descargos o defensa, indicando que sea el mismo abogado o defensa quien convoque a los testigos de descargo, no tuvo otro objeto que asegurar que sean efectivamente convocados y así se pueda contar con sus testimonios.

Precisa que, es el mismo abogado de la defensa quien solicita interrogar a los testigos vía telemática, y cuando se le concede la solicitud y se le indica remitir la invitación a las partes, obstaculiza el curso del proceso, al no cooperar.

Argumenta que, en materia de sumarios administrativos, el interrogatorio es una facultad del fiscal a cargo y por este motivo, al solicitar que se envíe previamente una pauta con las preguntas, jamás se pretende con ello vulnerar los derechos a dirigir preguntas a través de la Fiscal, ni cometer una imprudencia, arbitrariedad o ilegalidad, sino que, al igual que se contempla o contemplaba en el Código de Procedimiento Civil, para los juicios civiles, se solicitó presentar una minuta con las preguntas respecto a los puntos a probar, lo que no puede estimarse ni ilegal ni arbitrario, ya que el procedimiento administrativo otorga amplitud de facultades al Fiscal en estas materias, y esta exigencia no tiene más motivación que ordenar el proceso y evaluar la pertinencia de las interrogaciones con relación a los hechos investigados y que deban ser probados.

Aclara que, pese a no haber contado con la pauta de preguntas, las entrevistas sí se realizaron, y si no pudo interrogar al primer testigo a quien hace alusión el recurrente, fue porque el abogado representante le impidió continuar con el procedimiento.

Refiere, finalmente, que, si se hubiere cometido un vicio administrativo, es importante destacar que, es esa la instancia procesal del sumario en que, la propia autoridad con las asesorías pertinentes, al realizar el examen de legalidad del mismo, deberán determinar si tal vicio existió o no, y en caso de estimarlo un vicio, determinarán si es o no de aquellos que ameriten retrotraer el proceso administrativo, en cuyo caso, así lo resuelve la autoridad; lo que aún no ha ocurrido.

TERCERO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo se afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión a adoptar por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, en resumen, la parte recurrente ha hecho consistir el acto ilegal y arbitrario, en la dictación de la Resolución N°12, de 26 de mayo de 2026, que resolvió la solicitud de medios de prueba de la parte inculpada; infringiendo con ello, sus garantías constitucionales consagradas en los números 2 y 3 inciso 6, del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile.

SÉPTIMO: Que, a fin de despejar los aspectos a dirimir, apreciando los antecedentes reunidos de conformidad a las reglas de la sana crítica y teniendo presente las alegaciones efectuadas por las partes, es posible dar por asentados los siguientes hechos:

1.- Por medio de Resolución Exenta N°4398, del 28 de noviembre de 2025, emanada de la Dirección del Hospital de Cochrane, se ordenó instruir sumario administrativo en contra de doña nombre reservado, Técnico en Enfermería Superior, designándose como Fiscal Instructor a doña nombre reservado, orientado a determinar las eventuales responsabilidades administrativas que puedan derivarse.

2.- Con fecha 26 de mayo de 2026, la Fiscal dicta la Resolución N°12, mediante la cual, dispone lo siguiente: “ A LO PRINCIPAL: Téngase presente el listado de testigos y fijándose las siguientes audiencias: a)Monserrat Gutlérrez, el dfa lunes 1 de Junio a las 8:15 hrs, de la reglón de Aysén; b) nombre reservado, el dfa lunes 1 de Junio a las 9;30 hrs de la región de Aysén; c)Maximlllan Schilling Von Dessauer, el día martes 2 de [unio a las 8:15 hrs de la región de Aysén ; d) nombre reservado, el día martes 2 de Junio a las 9:30 hrs de la reglón de Avsén ; e)nombre reservado, el dla mlércoles 3 de junlo a las 8;15 hrs de la reglón de Aysén · f) nombre reservado, el día miércoles 3 de junio a las 9:30 hrs de la región de Aysén.

AL PRIMER OTROSÍ: Como se pide, se otorga en los términos solicitados audiencia telemática para prestar las testimoniales, remítase a lo resuelto en lo principal, existiendo la posibilidad de fijar audiencias por vías remotas, contando esta fiscalía con los medios idóneos para ello y considerando que la realización por estos medios resulta eficaz y no causa indefensión, se dispone que las audiencias decretadas previamente deberán ser realizadas vía remota por videoconferencia a través de la aplicación Google Meet, para lo cual se ordena remitir invitación a las partes vía correo electrónico.

La disponibilidad y correcto funcionamiento de los medios tecnológicos de las partes que comparezcan remotamente en dependencias ajenas al Hospital de Cochrane donde se encuentra instalada esta fiscalía, será de su responsabilidad, quedando prohibida la grabación y/o divulgación de las audiencias, toda vez que tales acciones pueden ser constitutivas de delito.

En caso de no contar con los medios para conectarse a la audiencia por el medio precisado, las partes deberán hacerlo presente a esta fiscalía con a lo menos 30 minutos de anticipación a la fecha fijada para la audiencia, esto con la finalidad de adoptar las medidas.

Con todo, se precisa que las pruebas confesionales y testimoniales serán recibidas vía correo electrónico a correo reservado y gonzalo correo reservado.

AL SEGUNDO OTROSÍ: téngase por acompañados los documentos.

AL TERCER OTROSÍ: Se resuelve:

Al N°1: No ha lugar dado que ambas llamadas telefónicas efectuadas desde el número +56942230657 a SAMU Coyhaique número +56672583070 el día 11 de noviembre de 2025 y sus respectivas transcripciones constan en el expediente del presente sumario, la primera llamada de 12 minutos con 19 segundos a las 22.05 hrs. a fojas 256, Y la segunda llamada de 2 minutos con 28 segundos a las 22.33 hrs. a fojas 264. Por lo que se considera prueba sobreabundante.

Al N°2: No ha lugar de acuerdo al decreto N°41 Aprueba Reglamento sobre fichas clínicas promulgado el 24 de julio de 2012.

Al N°3: No ha lugar por no considerarse prueba vinculada con el presente sumario administrativo.

Se fija plazo al probatorio de 10 días a contar de la notificación de la presente resolución. Se ordena además enviar pauta para interrogatorio de cada uno de los testigos con preguntas pertinentes al sumario en un plazo de 48 hrs a partir de la notificación de la presente resolución.” (sic)

3.- Con fecha 29 de mayo de 2026, la recurrente interpone recursos administrativos de reposición y jerárquico, en contra de la referida Resolución N°12. Dicho recurso de reposición fue rechazado mediante Resolución N°15, de 1 de junio de 2026, la que, además, no concede el recurso jerárquico deducido en subsidio, al estimarse improcedente.

OCTAVO: Que, para la resolución del presente conflicto, resulta necesario tener presente que el artículo 138 del D.F.L. N°29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, reconoce al inculpado, una vez notificado de los cargos, el derecho a presentar descargos, defensas y solicitar o presentar pruebas, disponiendo que, si solicitare rendirlas, el fiscal señalará un plazo al efecto, que no podrá exceder, en total, de veinte días.

Que, asimismo, la Ley N°19.880, aplicable supletoriamente al procedimiento administrativo, establece en su artículo 35, que los hechos relevantes para la decisión podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho y que el instructor sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.

NOVENO: Que, previo a abordar el fondo de la controversia, corresponde hacerse cargo de lo alegado por la recurrida en orden a que la Resolución N°12 constituye un acto de mero trámite, dictado dentro de un sumario administrativo aún pendiente y que, por tal razón, no sería susceptible de ser cuestionado mediante la presente acción constitucional. En efecto, no se encuentra controvertido que la decisión impugnada fue pronunciada durante el período probatorio y que no puso término al procedimiento disciplinario, circunstancia expresamente invocada por la recurrida al solicitar el rechazo del arbitrio.

DÉCIMO: Que, sin embargo, dicha circunstancia no constituye obstáculo para el conocimiento de esta acción, atendidos los efectos concretos que el acto cuestionado produce sobre el ejercicio del derecho de defensa. En este sentido, el artículo 15 de la Ley N°19.880, al consagrar el principio de impugnabilidad, dispone expresamente que los actos de mero trámite son impugnables cuando determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión. De esta forma, es el propio ordenamiento jurídico administrativo el que reconoce que determinados actos intermedios, pese a no revestir carácter terminal, pueden generar desde su dictación un agravio actual cuando inciden de manera sustancial en las posibilidades de defensa del interesado.

UNDÉCIMO: Que, tal es precisamente la situación que se verifica en estos antecedentes, desde que la Resolución N°12 no se limita a ordenar formalmente la prosecución del sumario, sino que se pronuncia acerca de los medios probatorios ofrecidos por la inculpada, rechaza las diligencias de oficio solicitadas por su defensa y, respecto de la testimonial, dispone que se remita, dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas contado desde su notificación, una pauta de interrogatorio de cada testigo con preguntas pertinentes al sumario. De esta manera, las consecuencias de la decisión impugnada se producen durante la etapa misma destinada a rendir prueba, de modo que esperar la dictación del acto terminal tornaría ineficaz la tutela respecto de una afectación, que incide actualmente en la posibilidad de producir los antecedentes destinados a sustentar los descargos.

DUODÉCIMO: Que, precisado lo anterior, el examen que corresponde efectuar a esta Corte no importa revisar anticipadamente el mérito de los cargos formulados, determinar la responsabilidad administrativa de la recurrente ni sustituir a la autoridad llamada a resolver el sumario, sino únicamente establecer si las condiciones impuestas por la recurrida para la producción de la prueba y la negativa a decretar las diligencias solicitadas se ajustan al ordenamiento jurídico y respetan las garantías constitucionales invocadas.

DÉCIMO TERCERO: Que, sobre el particular, aparece de los antecedentes que la recurrente, con fecha 11 de mayo de 2026, presentó sus descargos y ofreció prueba y que, posteriormente, el 18 del mismo mes, individualizó prueba testimonial, acompañó documentos y solicitó el despacho de oficios. Luego, mediante la Resolución N°12, de 26 de mayo de 2026, la Fiscal recurrida fijó las audiencias testimoniales y un término probatorio de diez días, agregando la obligación de remitir una pauta de interrogatorio respecto de cada testigo, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación. La propia recurrida explicó que dicha exigencia tuvo por objeto ordenar el procedimiento y evaluar anticipadamente la pertinencia de las preguntas que se formularían.

DÉCIMO CUARTO: Que, si bien corresponde al Fiscal dirigir el procedimiento disciplinario y adoptar las medidas necesarias para su adecuada conducción, tales facultades deben ejercerse dentro del marco establecido por el legislador. En efecto, el artículo 138 del Estatuto Administrativo contempla expresamente el derecho del inculpado a solicitar y presentar prueba y faculta al fiscal para fijar el período dentro del cual ésta debe rendirse, sin que de su tenor aparezca establecida la obligación de acompañar, como presupuesto para la recepción de la testimonial ofrecida, una pauta previa de preguntas dentro de un término especial de cuarenta y ocho horas. Tampoco se advierte tal carga en las reglas generales sobre prueba contenidas en la Ley N°19.880.

DÉCIMO QUINTO: Que, de esta manera, la recurrida introdujo para la recurrente una condición adicional para el ejercicio de una facultad que la ley reconoce directamente al inculpado dentro del procedimiento disciplinario, sin que exista disposición legal que la contemple. La circunstancia de que la autoridad instructora deba velar por la pertinencia de la prueba no permite crear requisitos procesales no establecidos por el legislador ni sujetar su producción al cumplimiento previo de cargas que el ordenamiento no contempla.

DÉCIMO SEXTO: Que lo anterior configura una actuación ilegal, en cuanto excede las atribuciones que la normativa aplicable confiere al fiscal instructor, y asimismo importa un tratamiento carente de fundamento legal respecto de la recurrente, quien queda sometida, para ejercer su derecho a rendir prueba, a exigencias adicionales a aquellas establecidas para quienes se encuentran sometidos al mismo régimen estatutario. Tal diferenciación, al no descansar en una razón objetiva prevista por el ordenamiento, resulta contraria a la garantía de igualdad ante la ley reconocida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, por otro lado, la Resolución N°12 rechazó también la totalidad de los oficios solicitados por la defensa. En particular, respecto del primero, destinado a obtener antecedentes relativos a las comunicaciones telefónicas, la recurrida sostuvo que la diligencia era sobreabundante por constar en el expediente dos llamadas efectuadas a SAMU Coyhaique y sus respectivas transcripciones; el segundo fue desestimado con referencia al Decreto N°41, que aprueba el Reglamento sobre Fichas Clínicas; y el tercero por estimarse que no se encontraba vinculado al sumario administrativo.

DÉCIMO OCTAVO: Que, aun cuando el fiscal instructor no se encuentra obligado a acceder a toda diligencia probatoria requerida por la defensa, su facultad de rechazo no es irrestricta. En efecto, conforme al artículo 35 de la Ley N°19.880, las pruebas propuestas por los interesados sólo pueden ser rechazadas cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, debiendo dicha determinación constar en una resolución motivada. En el caso concreto, las razones expresadas en la resolución impugnada no permiten establecer suficientemente que las diligencias requeridas revistan manifiestamente alguno de aquellos caracteres, máxime si fueron solicitadas dentro del término destinado precisamente a que la inculpada acreditara los hechos en que fundó sus descargos.

DÉCIMO NOVENO: Que, por consiguiente, la imposición de una condición para la producción de la prueba testimonial no contemplada en la ley, conjuntamente con el rechazo de las diligencias probatorias en los términos antes referidos, afecta de manera efectiva la posibilidad de la recurrente de producir antecedentes en respaldo de su defensa, circunstancia que permite concluir que la Resolución N°12, aun cuando formalmente corresponda a un acto de trámite, es susceptible de tutela mediante esta acción constitucional, precisamente porque sus efectos son aptos para producir la indefensión a que alude el artículo 15 de la Ley N°19.880.

VIGÉSIMO: Que, de este modo, las actuaciones descritas resultan ilegales y arbitrarias, desde que las restricciones impuestas al ejercicio probatorio no encuentran una justificación objetiva y suficiente en las disposiciones que regulan el procedimiento disciplinario, actuaciones que afectan la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República. En efecto, al condicionarse la recepción de la prueba testimonial de la recurrente a la entrega anticipada del contenido de los interrogatorios y a su sometimiento a un control previo de pertinencia en los términos señalados, y rechazarse diligencias relacionadas con los hechos que aquella pretendía acreditar para controvertir los cargos, se alteró injustificadamente la posición que el ordenamiento jurídico le reconoce en su calidad de inculpada, sometiéndola a restricciones que no aparecen objetivamente justificadas, configurándose, de este modo, una diferencia arbitraria proscrita por la citada garantía constitucional.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, finalmente, si bien parte de las alegaciones formuladas por la recurrente se vinculan con el derecho a defensa y con las exigencias de un procedimiento racional y justo reconocidas en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, dicha garantía no se encuentra comprendida entre aquellas que el artículo 20 de la Carta Fundamental tutela mediante la acción de protección, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento acerca de su eventual vulneración por esta vía. Ello, sin embargo, no obsta al acogimiento del recurso, desde que, conforme se razonó precedentemente, las actuaciones impugnadas configuran por sí mismas una afectación de la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución, garantía expresamente amparada por la presente acción cautelar.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, por lo razonado, corresponde acoger el recurso de protección, únicamente en cuanto resulta necesario restablecer el imperio del derecho respecto de la etapa probatoria del procedimiento disciplinario, sin que esta decisión importe pronunciamiento alguno acerca de la procedencia de los cargos formulados, de los hechos investigados o de la eventual responsabilidad administrativa de la recurrente.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE DECLARA:

Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don Alberto Tala Japaz, abogado, en representación de doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, en su calidad de Fiscal del sumario administrativo instruido en virtud de la Resolución Exenta N°4398/2025, dejándose sin efecto la Resolución N°12, de 26 de mayo de 2026, así como todos los actos y actuaciones posteriores que sean consecuencia directa de aquella, debiendo retrotraerse el procedimiento al estado de pronunciarse nuevamente respecto de los medios de prueba ofrecidos por la inculpada, con estricta sujeción a la normativa aplicable y a lo razonado en esta sentencia, asegurando el pleno ejercicio de su derecho de defensa.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del señor Ministro Titular, don José Ignacio Mora Trujillo.

Rol N°157-2026. (Protección).