nombre reservado con GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

Coyhaique, doce de Junio de dos mil veinte.

VISTOS:

En la presentación de fecha 15 de abril de 2020, comparece don nombre reservado, nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, complementada con el escrito de 25 de abril de 2020, deduciendo recurso de protección en contra de la Resolución Afecta Nº 18, de 28 de Febrero de 2020, dictada por doña nombre reservado, Intendente Regional de Aysén, Jefe Superior del Gobierno Regional de Aysén, la que vulnera sus derechos establecidos en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto, en el contexto de un sumario administrativo, se rechazó el recurso de reposición deducido y aplicó la sanción de destitución de su cargo de planta administrativa grado 14º EUS del Gobierno Regional de Aysén; solicitando, en definitiva, que: a) se deje sin efecto la Resolución citada; b) se deje sin efecto acto administrativo anterior y posterior relacionado; c) se le reponga en su cargo planta grado 14º EUS y a las funciones que realizaba; d) se reconozca su derecho a percibir remuneraciones desde su desvinculación hasta que la presente causa quede firme, e) se decreten, además de otras medidas que este Tribunal estime para restablecer el imperio del derecho; f) y se condene en costas a la recurrida.

Funda su acción cautelar indicando primitivamente que la resolución recurrida se habría dictado en contexto de un sumario administrativo incoado en su contra, el que carecería de fundamentos y estaría viciado ya que sería producto de un mero capricho, además de arbitrario por ser contrario a la justicia y a las leyes, acusando la falta de un debido proceso porque no se habría probado cómo las conductas reprochadas de acoso laboral e incumplimiento de obligaciones administrativas constituirían una vulneración grave al principio de probidad administrativa.

Asimismo señala que no se habrían aplicado los principios de racionalidad, objetividad y proporcionalidad que deben regir la decisión, en tanto que la resolución final no señalaría el razonamiento que permita dar por establecidos algunos hechos en razón de las pruebas rendidas, confundiendo discrecionalidad con arbitrariedad.

Acusa que el fiscal instructor no habría argumentado sus resoluciones como para justificar su propuesta, sino que habría rechazado todas las defensas, pruebas y atenuantes, por lo que la decisión que impugna no se ajustaría a derecho, seria contraria a la lógica y al sentido común, ya que en los cargos y vista fiscal no se contendría detalle objetivo constitutivo de acción u omisión culposa, en tanto que las presunciones consideradas por el fiscal no reunirían los requisitos para acusarlo.

Aludiendo al contenido del sumario administrativo, plantea que las acusaciones denunciadas obedecerían a dichos personales y comentarios ambiguos, por lo que la infracción al debido proceso y al derecho a defensa de los que adolecería dirían relación con que el jefe directo del recurrente habría sido denunciante, víctima y sancionador, acusando abuso de poder, que se le habría negado su derecho a ser oído y no se habría considerado su defensa, por lo que se afectaría su integridad profesional y personal, honra, integridad física y psíquica manifestada en intranquilidad, pérdida de concentración, frustración y vulnerabilidad personal, profesional, económica, familiar, entre otros.

Manifiesta que Contraloría Regional habría observado ciertos vicios en el sumario, agregando que no existiría mérito para tal sanción por cuanto niega la falta disciplinaria, estimando que se habría infringido el artículo 125 del Estatuto Administrativo así como su derecho de propiedad sobre las remuneraciones que dejó de percibir.

En tal sentido, señala que dicha resolución seria arbitraria e ilegal por cuanto carecería de motivación, desconociendo la jurisprudencia administrativa y contraviniendo el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, así como el artículo 125 del Estatuto Administrativo y los artículos 11 y 40 de la Ley 19.880.

Con todo, en cuanto al sumario, indica que éste se originó el 02 de julio de 2019 por Resolución Exenta dictada por la Intendente Regional como Ejecutivo de Gobierno Regional por supuestos “actos de acoso laboral e incumplimiento de obligaciones administrativas” a solicitud de su jefe de división.

En ese sentido señala que Contraloría Regional de Aysén habría emitido el Dictamen nº 3764 de 18 de noviembre de 2019, que representó la Resolución Afecta nº 153 que le aplicaba la medida de destitución, en cuyo contexto también alegó la vaguedad de los cargos formulados, lo que habría sido acogido por Contraloría Regional de Aysén en orden a que la destitución, conforme al artículo 125 del Estatuto Administrativo, sólo ha de aplicarse cuando los hechos denunciados vulneren gravemente el principio de probidad administrativa y en las demás situaciones que la norma establece, concluyendo que existía un vicio de legalidad que no ameritaba la destitución, recogiendo en definitiva sus alegaciones y ordenando que el proceso debía retrotraerse al estado en que pueda tramitarse conforme a derecho.

Continúa refiriendo que luego Contraloría Regional de Aysén emitió el Dictamen nº 4342 de 30 de diciembre de 2019 que representó la Resolución Afecta nº 180 de 09 de diciembre de 2019 que también aplicaba su destitución, por no haber subsanado las observaciones formuladas en el Oficio 3764, por no constar que hubiese retrotraído el proceso a fin de ponderar si los hechos imputados implicaron una vulneración grave al principio de probidad administrativa.

Por último, señala que Contraloría Regional emitió el Dictamen n° 857 de 19 de marzo de 2020 que habría tomado razón de la Resolución Afecta nº 180 de 09 de diciembre de 2019 (sic), pronunciándose sobre los mismos antecedentes, cuestionando la formulación de cargos, ordenando retrotraer el proceso al estado de formularse cargos y poder evacuar sus descargos, en resguardo del derecho a defensa, lo que no habría ocurrido sino que solo habría modificado la redacción de los considerandos para dar por cumplida la instrucción de Contraloría Regional de Aysén, acusando que en este dictamen el ente contralor se habría desligado de las objeciones de legalidad anteriores, actuar que estima arbitrario y antojadizo por cuanto no daría cuenta de nuevos antecedentes, yendo contra la buena fe y el rol fiscalizador de Contraloría, aludiendo a la teoría de los actos propios como límite al ejercicio de derechos.

En resumen, complementa y aclara que la Resolución Afecta Nº18 citada, a su juicio, se pronunciaría en base a cargos vagos e imprecisos, afectando su derecho a defensa; que la sanción de destitución que orden sería desproporcionada, máxime si versa sobre un proceso viciado; que la recurrida no habría retrotraído el proceso para ponderar si los hechos atribuidos eran infracción grave al principio de probidad, ni se habría hecho cargo de las alegaciones de la defensa al desestimar el recurso de reposición, contraviniendo los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880, motivos por los cuales la considera arbitraria e ilegal al no tener más fundamentos que los señalados.

En tal orden, postula que con ello se afectaría la igualdad ante la ley ya que la decisión de destitución sin fundamentos sería una diferencia arbitraria, desconociendo el motivo por el cual esta vez sí fue tomada de razón, en tanto que también afectaría el derecho de propiedad sobre el cargo planta, su estabilidad en el empleo y las remuneraciones que percibía.

Con fecha 21 de abril y 04 de mayo de 2020, rolan los informes de la recurrida, solicitando se rechace el recurso en virtud de los argumentos expuestos en ellos, con costas.

Funda su petición en que por Resolución Exenta Nº 899 de 02 de julio de 2019 se instruyó sumario administrativo designándose como fiscal al jefe de Administración y Finanzas de Gobierno Regional de Aysén en razón de las denuncias de acoso laboral e incumplimiento de obligaciones administrativas en contra del recurrente, el que se habría tramitado conforme a derecho y ajustado al debido proceso.

En tal sentido señala que se habría tomado declaración a los denunciantes, testigos y al inculpado, formulándose cargos y descargos por el denunciado, quien pidió apertura de término probatorio rindiéndose algunas de las pruebas por él solicitadas y no aquellas consideradas impertinentes sin que el investigado formulara reclamación.

Sostiene que tras ello se habría dictado en una primera oportunidad la vista fiscal en la que se propuso a la autoridad la destitución por haberse acreditado los hechos en virtud de la prueba rendida, hechos que cita en detalle y que serían constitutivos de acoso laboral, insultos, maltrato y hostigamiento, atentado contra la dignidad de sus compañeros de trabajo que individualiza, así como incumplimiento de obligaciones funcionarias, no acatando instrucciones directas de su jefatura, además de infracción a la probidad administrativa al usar bienes del servicio en beneficio propio y realizar actividades personales en horario laboral, entorpeciendo el normal desarrollo de sus actividades pese a la representación de su jefatura.

Manifiesta que todo ello habría motivado que la autoridad estime procedente la destitución por aplicación de normativa que cita, respecto de la cual el recurrente presentó recurso de reposición, cual habría sido rechazado, dictándose la resolución afecta que fue representada por Contraloría Regional por cuanto no daba cuenta cómo los actos inculpados importaban una grave infracción al principio de probidad administrativa.

Agrega que, ante tal situación, se dictó la Resolución Exenta Nº 4 de 06 de enero de 2020, se reabrió el sumario retrotrayéndose el proceso a la dictación de una nueva vista fiscal el 10 de febrero de 2020, manteniéndose la propuesta de destitución y suspensión de funciones, dictándose la Resolución Afecta Nº 18 de 28 de febrero de 2020 por la que se aplicó la destitución, la que también habría sido impugnada por el recurrente vía recurso de reposición cual también fue rechazado.

Indica que la autoridad recurrida sí habría tenido presente el Oficio 3764 de Contraloría, dictándose la Resolución Afecta Nº18, subsanando las observaciones y dando por acreditados los hechos y la responsabilidad administrativa por los hechos reiterados que detalla, citando un dictamen del ente contralor en cuanto a que es potestad de la autoridad ponderar la gravedad de la falta, por lo que ésta se ajustaría a derecho y sería fundada a la luz de los artículos 11, 41 y 42 de la Ley 19.880, motivo por el cual fue tomada de razón por Contraloría Regional de Aysén el 19 de marzo de 2020.

En tal sentido, señala que la Resolución Afecta Nº 18 establece, a la luz del artículo 125 del Estatuto Administrativo, que la conducta reiterada del recurrente de utilizar recursos institucionales en labores propias, pese a la representación de su jefatura, vulneraría gravemente el principio de probidad administrativa, por lo que la sanción de destitución sería procedente al acreditarse conductas que infringieron las letras l) y m) del artículo 84 del mismo Estatuto, al probarse más allá de toda duda razonable, que cometió actos atentatorios contra la dignidad de los demás funcionarios, además de aquellas de acoso laboral que se detallan en los cargos, vista fiscal y en la propia Resolución Afecta recurrida.

Concluye señalando que, al no reunirse los requisitos de arbitrariedad o ilegalidad, no se afectarían derechos constitucionales del recurrente, y respecto a la igualdad ante a la ley, no indicaría en su libelo cómo se afectó tal garantía, en tanto que, respecto al derecho de propiedad de las remuneraciones que habría dejado de percibir, al tratarse la destitución de una sanción administrativa, no existiría tal vulneración, por lo que pide el rechazo de la acción, con costas.

Con fecha 28 de mayo de 2020, consta el informe del Contralor Regional de Aysén, solicitando se rechace el recurso en virtud de los argumentos que formula.

Sostiene que si bien se representó en dos ocasiones las resoluciones afectas de Gobierno Regional de Aysén, finalmente se tomó razón de la Resolución Afecta Nº 18 al constatar que las observaciones contenidas en los Oficios 3764 y 4342 habían sido subsanadas.

Agrega que, además, por Oficio 857 del ente contralor, se desestimó el reclamo del recurrente, ingresado con el número 110.724 de 2020, en contra de la misma Resolución Afecta Nº 18, tras verificarse una revisión del proceso sumarial en orden a que no concurrían los vicios por él denunciados.

Así, refiere al proceso de toma de razón como control de legalidad, por lo que el recurso de protección seria improcedente para impugnar una actuación realizada en el ejercicio de la función de control preventivo de juridicidad de los actos administrativos, citando un fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en tal sentido, confirmada por la Excma. Corte suprema.

Asimismo expresa que el cuestionamiento de la juridicidad del sumario administrativo y de la Resolución Afecta Nº 18, no sería atendible a la luz del recurso de protección, al existir un procedimiento regulado y entregado a organismos competentes, no siendo en consecuencia la instancia para la declaración de derechos sino para el resguardo de éstos.

En consecuencia, señala que la toma de razón no sería un acto ilegal ya que consiste en el ejercicio de la función propia, así como tampoco sería arbitraria ya que no obedeció a una conducta antojadiza por cuanto se dictó conforme al mérito del proceso y a que la Resolución Afecta Nº 18 contenía los fundamentos fácticos y jurídicos, estableciendo la autoridad la responsabilidad del actor en razón de los artículos 140 y 141 del Estatuto Administrativo.

Con todo, plantea que si bien se representó la Resolución Nº 153 de Gobierno Regional por no consignar la ponderación de la gravedad de las infracciones administrativas imputadas, así como también la Resolución Nº 180, por no subsanar lo anterior al no retrotraer el procedimiento a fin de ponderar la misma circunstancia y fuera puesta en conocimiento del inculpado para que presente los recursos pertinentes, posteriormente Gobierno Regional dictó la Resolución Exenta Nº 197, contra la cual el recurrente presentó recurso de reposición, cual fue desestimado por la Resolución Afecta Nº18 impugnada, realizando Contraloría Regional el control de legalidad, concluyendo que la situación anteriormente observada había sido subsanada ya que se ordenó la reapertura del sumario, retrotrayéndolo al estado de dictar nueva vista fiscal que rola a fojas 696 del expediente administrativo, por lo que tomó razón ya que el inculpado presentó su declaración, descargos, pruebas y recursos pertinentes, actuaciones esenciales para garantizar su derecho al debido proceso, por lo que rechaza la vulneración de derechos toda vez que Contraloría no estableció diferencias arbitrarias contra el sumariado, no siendo una comisión especial sino que un órgano de la administración que no ejerce jurisdicción sino más bien su deber de control, no afectando tampoco el derecho de propiedad ya que a través de la toma de razón no se observa cómo podría amenazar tal garantía, por lo que no cabe sino rechazar el presente recurso de protección.

Con fecha 05 de junio de 2020 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

SEGUNDO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

TERCERO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

CUARTO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en la Resolución Afecta Nº 18, de 28 de Febrero de 2020, que aprueba el término del sumario administrativo y aplica sanción de destitución al funcionario nombre reservado, dictada por doña nombre reservado, Intendente Regional de Aysén, Jefe Superior del Gobierno Regional de Aysén, por estimar que el acto impugnado carece de razonabilidad y fundamentos suficientes; que los cargos que se le imputaron no fueron formulados de manera precisa y concreta, lo que no le habría permitido asumir una adecuada defensa; que la sanción de destitución que se ordena sería desproporcionada, máxime si versa sobre un proceso viciado; y que la recurrida no habría retrotraído el proceso para ponderar si los hechos atribuidos eran infracción grave al principio de probidad, ni se habría hecho cargo de las alegaciones de la defensa al desestimar el recurso de reposición, razón por la cual el acto sería, a su juicio, arbitrario y, además, ilegal desde que se ha vulnerado lo establecido en el artículo 11 de la Ley 19.880; afectándose con ello el derecho a la igualdad ante la ley, ya que la decisión de destitución sin fundamentos sería una diferencia arbitraria, desconociendo el motivo por el cual esta vez sí fue tomada de razón y también afectaría el derecho de propiedad sobre el cargo planta, su estabilidad en el empleo y las remuneraciones que percibía, garantías previstas el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República, respectivamente.

QUINTO: Que, atendido los antecedentes reunidos y las alegaciones efectuadas por las partes es posible dar por asentado lo siguiente:

1.- Que, en el contexto del sumario administrativo iniciado por Resolución Exenta N° 899 de 02 de julio de 2019, se investigaron los hechos denunciados de acoso laboral e incumplimiento de obligaciones administrativas en contra del recurrente, en el que se dictaron las resoluciones N°153 y 180, por la recurrida, que aplicaban la sanción de destitución del funcionario investigado, las que fueron representadas por oficios 3.764 y 4.342, de 18 de noviembre y 30 de diciembre ambos de 2019, respectivamente, emanados de la Contraloría Regional de Aysén, por estimar fundamentalmente que no se habría retrotraído el proceso sumarial con el objeto de ponderar si los hechos imputados al inculpado implicaron una vulneración grave al principio de probidad administrativa, haciendo presente que tal ponderación debe efectuarse en el acto administrativo exento que aplica la sanción propuesta por el fiscal del sumario, luego de los trámites de rigor, deberá proceder a dictarse el acto administrativo que debe someterse al trámite de toma de razón.

2.- Con fecha 6 de enero de 2020, por Resolución Exenta N°4, la parte recurrida, Gobierno Regional, ordenó reabrir el sumario administrativo, retrotrayéndose éste a la etapa de dictación en forma de la vista fiscal.

3.- El 10 de febrero de 2020, el fiscal dicta una nueva vista, en virtud de la cual propone a la autoridad mantener la medida disciplinaria de destitución, conforme al artículo 121 letra d) del Estatuto Administrativo, aplicada de acuerdo a los cargos formulados en el presente sumario, a saber:

a) Realizar actos calificados de acoso laboral en los términos que dispone el inciso 2 del artículo 2 del Código del Trabajo, según la prohibición señalada en el artículo 84 letras l y m del Estatuto Administrativo, a través de conductas que constituyen agresión u hostigamientos reiterados en contra de sus colegas con maltrato verbal y actos atentatorios a la dignidad de los demás funcionarios, con resultado para los afectados de menoscabo, maltrato y humillación.

b) Faltar al principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado, incurriendo en las prohibiciones establecidas en el referido artículo 84, como ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo y utilizar material del organismo para fines ajenos a los institucionales, conforme al artículo 64 N°3 y 4 de la Ley 18.575.

c) Incumplimiento de sus obligaciones funcionarias de realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y obediencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución; y, obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico, infringiendo las letras c) y f) del artículo 61 del Estatuto Administrativo.

Describe y analiza para cada cargo las pruebas atingentes para acreditarlos, desestimando los descargos para cada uno de ellos.

4.- Que, luego, el Gobierno Regional, a través de la dictación de la Resolución Exenta N° 197 de 12 de febrero de 2020, declaró terminado y aprobó el sumario referido, aplicando al funcionario investigado nombre reservado, la sanción de destitución, conforme los artículos 121 y 125 del DFL N° 29, sobre Estatuto Administrativo, por haberse acreditado los hechos de acoso laboral, el incumplimiento de obligaciones funcionarias e infringir gravemente el principio de probidad administrativa.

Tal decisión, en lo sustancial, se fundamenta en las siguientes consideraciones:

Que la vista del fiscal ha propuesto aplicar la sanción de destitución, la que procede por infracción que vulnera gravemente el principio de probidad administrativa y por infringir las disposiciones de la letra i), j), k) y l) del artículo 84, como se ha acreditado en el proceso sumarial.

Que la vista fiscal, en resumen, estableció la realización por parte del recurrente de:

a) conductas de acoso laboral, insultos, maltratos y hostigamientos con sus pares y superiores, realización de conductas que han afectado la dignidad de los denunciantes y que han implicado menoscabo y humillación respecto de don nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, conductas que han sido reiteradas en el tiempo.

b) infracción al deber de probidad en virtud de realización de actividades propias de un magister que realizaba el funcionario recurrente en horario laboral, entorpeciendo con ello el desempeño de sus funciones haciendo uso de material y de recursos del Gobierno Regional de Aysén, como tinta, papel, impresora con fines particulares, inclusive luego de ser instruido por su jefatura de no persistir en la realización de tales conductas.

c) infracción al deber de realizar sus labores con esmero y cortesía, dedicación y eficiencia y desobedecer las órdenes impartidas por su superior jerárquico al no cumplir con tareas en tiempos solicitados, dejar a medio hacer trabajos encargados, negarse a hacer actividades por estimar no tener competencias, teniéndolas, no participar en actividades de su unidad, etc.

Que, la gravedad y reiteración de los hechos acreditados, persistiendo el sumariado en las conductas pese a la representación de ellas por su jefatura, permite a la recurrida estimar procedente la destitución propuesta por el fiscal sumariante, en atención al cúmulo de antecedentes reunidos en la investigación administrativa y lo dispuesto particularmente en los artículos 61, 84, 119, 121 y125 del estatuto administrativo y artículo 54 de la Ley 18.575.

Que, la resolución profundiza en que la infracción a la probidad administrativa dice relación con el uso del computador personal del sumariado en la oficina en horario de trabajo y en el cual realizaba estudios personales lo que entorpecía sus labores, situación que representada por su jefatura no lo inhibió de continuar con dicha conducta, lo que se complementa con el uso de bienes del servicio para su beneficio propio, como es el uso de tintas y papel para la impresión de sus trabajos de magister, de modo reiterado, hechos que ocurrían en dependencias del Gobierno Regional con equipos y materiales de éste, lo que quedó en evidencia ante su jefatura directa y ante sus compañeros de oficina. Añade que de todos estos incumplimientos se dejó constancia en sus precalificaciones sin que hubiere cambio en su conducta, por ello estima como grave su infracción al principio de probidad tal como explica el fiscal y el reconocimiento del hecho realizado por el inculpado en sus descargos, los que confirman la imputación, lo que reviste de credibilidad las declaraciones de su jefatura y compañeros de trabajo; precisando la normativa que desarrolla el principio de probidad administrativa, a saber, artículos 52 y 62 de la ley 18.575.

Que, de otra parte, refiere que se ha acreditado la realización por parte del inculpado del conductas de acoso laboral, hostigamientos reiterados que se tradujeron en atentados contra la dignidad de sus compañeros de trabajo y su jefatura, maltrato verbal, trato descortés, amenazante y violento con sus compañeros de labores y jefatura, afectando las relaciones del equipo en que se desempeñaba como a sus compañeros de trabajo en forma individual, como consta en informe sicológicos agregados al expediente sumarial.

Que, se suma a lo anterior, el incumplimiento de instrucciones directas dadas por la jefatura, lo que se ha acreditado con las declaraciones de los testigos, emails agregados en que consta la instrucción de determinadas tareas y la no ejecución de las mismas.

Que, la resolución, pondera en su conjunto que, habiéndose acreditado que el inculpado ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones contenidas en las letras c), f), g) del artículo 61 del Estatuto Administrativo, esto es, no realizar las labores con esmero, cortesía y dedicación; no obedecer las instrucciones impartidas por su jefatura y no observar el principio de probidad administrativa, asociado a lo dispuesto en el artículo 84 del mismo estatuto en atención a haberse acreditado que el inculpado realizó actividades prohibidas como lo son las descritas en la letra g) ejecutar actividades, ocupar tiempos de la jornada de trabajo o utilizar personal, material o información reservada o confidencial del organismo para fines ajenos a los institucionales, l) realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios, y m) realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso 2 del artículo 2 del Código del Trabajo, del referido artículo, se estima que el principio de probidad se ha afectado gravemente, siendo la medida disciplinaria de destitución la única procedente a la luz de los antecedentes tenidos a la vista, y de conformidad al artículo 125 de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

5.- Que, mediante la Resolución Afecta N° 18, de 28 de febrero de 2020, que motivó la presente acción cautelar, la que fue tomada de razón por Contraloría Regional de Aysén con fecha 19 de marzo de 2020, en primer lugar, se rechazó el recurso de reposición que el recurrente dedujo en contra de la mentada Resolución Exenta N°197, y en segundo lugar, aplica sanción de destitución al funcionario nombre reservado, transcribiendo en sus fundamentos en las mismas consideraciones de la referida resolución exenta y que se han sintetizado en el número anterior.

6.- Que, por Oficio N°857, de 19 de marzo de 2020, la Contraloría Regional de Aysén desestimó el requerimiento presentado por el recurrente, por estimar que los cargos que se le imputaron en el sumario en cuestión fueron formulados de manera precisa y concreta, ya que consta una descripción por pormenorizada de las conductas que se le reprochan y de la normativa vulnerada, haciendo uso de todas las instancias de reclamación que le asistían, denotando un claro y acabado conocimiento de los hechos reprochados. De otra parte, considera que se ponderaron los antecedentes que aportó en su defensa y que existió un justo y racional procedimiento, ya que en el sumario aparece que el ocurrente prestó su testimonio ante el fiscal, aportó antecedentes documentales, así como presentó descargos y dedujo el pertinente recurso de reposición, ejerciendo, en consecuencia, todas la instancias de defensa contemplada al efecto.

SEXTO: Que, conforme a lo asentado precedentemente, a juicio de estos sentenciadores, la Resolución Afecta N° 18, de 28 de febrero de 2020, referida en el N°5 del motivo Quinto que antecede y que ha sido objeto de la presente acción de emergencia, resulta debidamente fundada, tanto en la descripción de los hechos como en el derecho, a diferencia de lo que señala el recurrente, desde que de su sola lectura y del análisis conjunto de los antecedentes que se tuvieron a la vista para su dictación, se advierten las razones suficientes, reales y comprobables, por las cuales se decide finalmente aplicar la medida disciplinaria de destitución al funcionario recurrente, desde que da cuenta de los hechos contenidos en los cargos formulados, a saber, conductas de acoso laboral, el incumplimiento de obligaciones funcionarias e infringir gravemente el principio de probidad administrativa y los fundamentos de derecho, a saber, lo dispuesto particularmente en los artículos 61 letras c), f) y g), 84 letras g, l) y m), 119, 121 y125 del Estatuto Administrativo y artículo 54 y 62 de la Ley 18.575, debidamente armonizado con cada uno de los cargos, mismos que motivaron la vista fiscal y posterior sanción, ponderada y aplicada en la Resolución Exenta N°197, de 2 de febrero de 2020, de acuerdo a los hechos N°3 y 4 del referido fundamento Quinto; por tanto, la resolución Afecta recurrida, no sería arbitraria, desde que no emana del mero capricho de la recurrida ni surge del todo ilegal, al no infringirse de modo alguno lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 19.880, como lo sugiere el recurrente, considerando, además, lo que se expondrá a continuación.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la alegación del recurrente, consistente en que los cargos que se le imputaron no fueron formulados de manera precisa y concreta, lo que no le habría permitido asumir una adecuada defensa; será desestimada, por cuanto tanto en la resolución afecta que se recurre, como en la vista fiscal, se tiene que son tres los cargos, puntuales y determinados, imputados en su contra: 1) Conductas de acoso laboral, insultos, maltratos y hostigamientos con sus pares y superiores, realización de conductas que han afectado la dignidad de los denunciantes y que han implicado menoscabo y humillación respecto de don nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, conductas que han sido reiteradas en el tiempo. 2) Infracción al deber de probidad en virtud de realización de actividades propias de un magister que realizaba el funcionario recurrente en horario laboral, entorpeciendo con ello el desempeño de sus funciones haciendo uso de material y de recursos del Gobierno Regional de Aysén, como tinta, papel, impresora con fines particulares, inclusive luego de ser instruido por su jefatura de no persistir en la realización de tales conductas. 3) Infracción al deber de realizar sus labores con esmero y cortesía, dedicación y eficiencia y desobedecer las órdenes impartidas por su superior jerárquico al no cumplir con tareas en tiempos solicitados, dejar a medio hacer trabajos encargados, negarse a hacer actividades por estimar no tener competencias, teniéndolas, no participar en actividades de su unidad, etc; de acuerdo a los hechos asentados en el N°4 y 5 del motivo Quinto del presente fallo.

Precisando, respecto al cargo de acoso laboral que se le imputa al recurrente, este ha sido detallado a nivel tal que se individualizan a los denunciantes don nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, que han resultado menoscabos y humillados por el recurrente, conductas que por lo demás se fundamentan en razón de que se ha acreditado la realización por parte del inculpado del conductas de hostigamientos reiterados que se tradujeron en atentados contra la dignidad de sus compañeros de trabajo y su jefatura, maltrato verbal, trato descortés, amenazante y violento con sus compañeros de labores y jefatura, afectando las relaciones del equipo en que se desempeñaba como a sus compañeros de trabajo en forma individual, como consta en informe sicológicos agregados al expediente sumarial, hecho que se suma al incumplimiento de instrucciones directas dadas por la jefatura, lo que se ha acreditado con las declaraciones de los testigos, emails agregados en que consta la instrucción de determinadas tareas y la no ejecución de las mismas, configurando el acoso laboral en los términos que dispone el inciso 2 del artículo 2 del Código del Trabajo, según la prohibición señalada en el artículo 84 letras l y m del Estatuto Administrativo.

Asimismo la referida resolución impugnada consigna detalladamente que el segundo cargo referido a la infracción a la probidad administrativa dice relación con el uso por parte del recurrente de su computador personal en la oficina en horario de trabajo y en el cual realizaba estudios personales lo que entorpecía sus labores, situación que incluso representada por su jefatura no lo inhibió de continuar con dicha conducta, lo que se complementa con el uso de bienes del servicio para su beneficio propio, como es el uso de tintas y papel para la impresión de sus trabajos de magister, de modo reiterado, hechos que ocurrían en dependencias del Gobierno Regional con equipos y materiales de éste. Más aún, se debe considerar, que la misma autoridad recurrida, de todo lo anterior, dejó constancia de los incumplimientos del funcionario en sus precalificaciones sin que hubiere cambio en su conducta, lo que se estima como grave de su infracción al principio de probidad tal como explica el fiscal y el reconocimiento del hecho realizado por el inculpado en sus descargos, los que confirman la imputación, lo que reviste de credibilidad las declaraciones de su jefatura y compañeros de trabajo. Por lo anterior, señala que se incurre en las prohibiciones establecidas en el referido artículo 84 del Estatuto Administrativo, como ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo y utilizar material del organismo para fines ajenos a los institucionales, conforme al artículo 64 N°3 y 4 de la Ley 18.575.

Por último, en cuanto al tercer cargo, esto es, incumplimiento de sus deberes funcionarios, la resolución que se impugna, lo hace consistir en la infracción al deber de realizar sus labores con esmero y cortesía, dedicación y eficiencia y desobedecer las órdenes impartidas por su superior jerárquico, precisándose en aquella que el funcionario ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones contenidas en las letras c) y f) del artículo 61 del Estatuto Administrativo, al no cumplir con tareas en tiempos solicitados, dejar a medio hacer trabajos encargados, negarse a hacer actividades por estimar no tener competencias, teniéndolas, no participar en actividades de su unidad.

De lo anterior se colige que los deberes que se estiman como infringidos por la parte recurrida han sido detallados y precisados tanto en los hechos como en las normas vulneradas, en los cargos formulados por el fiscal instructor, como en la vista fiscal, la Resolución Exenta N°197 y la Afecta N°18, ambas emanadas por la recurrida, siendo esta última la que se recurre por vía de protección.

Todo lo anterior fue refrendado por la Contraloría Regional de Aysén que desestimó el requerimiento presentado por el recurrente, por estimar que los cargos que se le imputaron en el sumario en cuestión fueron formulados de manera precisa y concreta, ya que consta una descripción pormenorizada de las conductas que se le reprochan y de la normativa vulnerada, haciendo uso de todas las instancias de reclamación que le asistían, denotando un claro y acabado conocimiento de los hechos reprochados, habiéndose ponderado los antecedentes que aportó en su defensa, existiendo un justo y racional procedimiento, ya que el recurrente prestó su testimonio ante el fiscal, aportó antecedentes documentales, presentó descargos y dedujo recurso de reposición, ejerciendo una completa defensa, de acuerdo a lo asentado en el N°6 del Motivo Quinto que antecede; argumentos que esta Corte comparte, luego de hacer un análisis exhaustivo del proceso sumarial en general y de los cargos, la vista fiscal y la resolución recurrida, en particular.

OCTAVO: Que, por otra parte, el recurrente fundamenta que la sanción de destitución que se ordena sería desproporcionada, lo que igualmente será rechazado, por las razones que a continuación se explicitarán.

Al respecto se debe tener presente que el artículo 125 del Estatuto Administrativo, en lo pertinente, dispone que: “La destitución es la decisión de la autoridad facultada para hacer el nombramiento de poner término a los servicios de un funcionario.

La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en los siguientes casos: b) Infringir las disposiciones de las letras i), j), k) y l) del artículo 84 de este Estatuto.”

Entonces, primeramente, se debe anotar que la resolución recurrida establece que el recurrente no ha observado el principio de probidad administrativa, el que se ha afectado gravemente, ya que se ha acreditado que el inculpado realizó actividades prohibidas por el artículo 84 del mismo Estatuto, como lo son las descritas en la letra g) ejecutar actividades, ocupar tiempos de la jornada de trabajo o utilizar personal, material o información reservada o confidencial del organismo para fines ajenos a los institucionales, l) realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios, y m) realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso 2 del artículo 2 del Código del Trabajo, tal como se asentó en el hecho N°4 y 5 del considerando Quinto del presente fallo, de manera tal que se advierte patentemente cual es la causal que fundamenta la medida disciplinaria de destitución, a diferencia de lo expuesto por el recurrente, cuya decisión la detenta la autoridad facultada para ello, correspondiéndole a aquella el calificar la gravedad de las mismas, siendo la autoridad competente para el nombramiento aquella facultada para poner término al cargo, lo que en el caso correspondía a la Intendenta del Gobierno Regional de Aysén, doña nombre reservado, quien efectivamente adoptó la sanción, basándose en lo asentado en el sumario desarrollado.

Así la sanción de destitución impuesta por la autoridad administrativa resulta proporcionada, por establecerla el legislador para el caso que se vulnere gravemente el principio de probidad administrativa, hipótesis legal que ocurrió en la especie, gravedad que fue calificada por la órgano competente para ello, dada la reiteración los incumplimientos que se le imputan al recurrente, persistiendo en dichas conductas pese a la representación de ellas por su jefatura, cargos de falta a la probidad que resultaron debidamente establecidos en el sumario administrativo, por lo que la sanción de destitución aparece ajustada, adecuada y condigna a las conductas refractarias y contumaces que han sido ponderadas como infracciones graves al principio de probidad por la resolución que se conoce y, en consecuencia, no procede calificar tal medida disciplinaria como arbitraria, caprichosa o desmesurada, máxime si, a juicio de estos sentenciadores, se encuentra suficientemente motivado el acto recurrido, en razón de consignarse en éste el sustento fáctico que la hace procedente y todas las consideraciones que se tuvieron en vista por la autoridad recurrida para su aplicación, según se desprende del contenido de esta resolución consignado en el N°4 y 5 del motivo Quinto que antecede.

NOVENO: Que, asimismo, no es efectivo que la recurrida no habría retrotraído el proceso para ponderar si los hechos atribuidos eran infracción grave al principio de probidad ni se habría hecho cargo de las alegaciones de la defensa al desestimar el recurso de reposición, ya que con fecha 6 de enero de 2020, por Resolución Exenta N°4, la parte recurrida, Gobierno Regional, resolvió reabrir el sumario administrativo debiendo dictarse en forma la vista fiscal, ordenando que se retrotraiga a la dictación de esta última diligencia, lo que ocurrió el 10 de febrero de 2020, al dictarse una nueva vista Fiscal, en virtud de la cual éste propone a la autoridad mantener la medida disciplinaria de destitución, conforme al artículo 121 letra d) del Estatuto Administrativo, aplicada de acuerdo a los cargos formulados en el sumario, los que se detallan precisa y claramente en el referido documento, conforme a los hechos asentados en el N°2 y 3 del considerando Quinto del presente fallo; razón por la cual, se estima por esta Corte que se habían subsanado las observaciones antes planteadas en la tramitación del proceso sumarial, por parte de la Contraloría Regional de Aysén en el trámite previo de legalidad.

Siendo más preciso aún, se debe anotar que la Contraloría Regional de Aysén, representó las resolución de destitución previa por estimar fundamentalmente que no se habría retrotraído el proceso sumarial con el objeto de ponderar si los hechos imputados al inculpado implicaron una vulneración grave al principio de probidad administrativa, haciendo presente que tal ponderación debe efectuarse en el acto administrativo exento que aplica la sanción propuesta por el fiscal del sumario, previo a dictarse el acto administrativo que debe someterse al trámite de toma de razón, según se estableció en el N°1 del considerando Quinto que precede, lo que efectivamente ocurrió en el presente caso al dictarse por el Gobierno Regional Resolución Exenta N° 197, de 12 de febrero de 2020 y Resolución Afecta N° 18, de 28 de febrero de 2020, que motivó la presente acción cautelar, la que fue tomada de razón por Contraloría Regional de Aysén con fecha 19 de marzo de 2020; resoluciones éstas que ponderaron debidamente la situación de que los hechos atribuidos al sumariado configuraron una infracción grave al principio de probidad y, precisamente, esta última resolución afecta se habría hecho cargo de las alegaciones de la defensa al desestimar el recurso de reposición, por los argumentos expuestos en todas sus consideraciones.

DÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, resulta necesario tener presente que, de la documentación adjunta al recurso, consistente en el expediente administrativo y las Resoluciones en él dictadas, sus representaciones por el organismo contralor, la corrección del procedimiento y los actos administrativos terminales, es posible estimar que el investigado, haciendo uso de los derechos que le confiere la ley, intervino durante toda su tramitación, tanto al efectuar sus descargos en éste como al interponer los recursos de reposición que le franquea la ley, de acuerdo al hecho establecido en el N°5 del motivo Quinto que antecede, en cuanto la resolución recurrida consigna que se rechaza la reposición deducida por el recurrente y que los descargos evacuados por el inculpado solo confirmaron la imputación en su contra, al reconocer la realización de estudios en horario de oficina, constando entre los antecedentes las denuncias y declaraciones vertidas en la investigación por las cuales la autoridad administrativa, ponderando su mérito, frecuencia y gravedad de su conducta anti estatutaria, estimó la aplicación de la sanción de destitución, conforme lo dispuesto en el artículo 125 del Estatuto Administrativo.

UNDÉCIMO: Que, asimismo, en lo que respecta al reproche entablado contra el Contralor Regional de Aysén, al tomar razón de la mentada Resolución Afecta N° 18, cabe señalar que dicho control preventivo de legalidad se limita a los aspectos formales propios del acto administrativo que se sujeta a su conocimiento, en ejercicio de sus potestades constitucionales y legales, conforme lo prescrito en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República, y artículos 1, 5, 6 y 10 de la Ley 10.336, por lo que la alegación a su respecto planteada por el recurrente escapa al ámbito y naturaleza del recurso de protección, cuyo fin es guarnecer los derechos preestablecidos que se ven amenazados o perturbados por el actuar arbitrario o ilegal de un tercero.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, en consideración a los motivos anteriormente indicados, no aparece que la decisión adoptada por la recurrida, tomada de razón por Contraloría Regional de Aysén, haya tenido el carácter de arbitraria o contraria a derecho, toda vez que el actuar de éstos se enmarcó dentro de las facultades y atribuciones que la ley les entrega, y que fueron plasmadas en la Resolución Afecta n° 18 ya citada, que nació a la vida jurídica con la toma de razón, debidamente fundada en los hechos y el derecho, por lo que no cabe sino desestimar el recurso deducido en estos autos.

DÉCIMO TERCERO: Que, por lo ya antes señalado, y considerando que no existen actuaciones u omisiones arbitrarias o ilegales de parte de la recurrida, en los términos denunciados y que pudieren afectar garantías constitucionales, la acción cautelar de protección no puede prosperar, tal como se dirá.

Con lo expuesto, mérito de autos y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de 24 de Junio de 1992, de la Excma. Corte Suprema de Justicia, sobre Tramitación y Fallo del Recurso sobre Garantías Constitucionales, y sus modificaciones, se resuelve que:

I. Que, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Resolución Afecta Nº 18, de 28 de Febrero de 2020, dictada por doña nombre reservado, Intendente Regional de Aysén, Jefe Superior del Gobierno Regional de Aysén, tomada de razón por Contraloría Regional de Aysén con fecha 19 de marzo de 2020.

II. Que, no se condena en costas al recurrente por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Señor Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo.

Rol 157-2020 (Protección).