nombre reservado con CORPORACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO DIEGO PORTALES DE COYHAIQUE

Coyhaique, treinta y uno de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Con fecha 17 de julio de 2024, comparece, doña nombre reservado, soltera, chilena, cajera, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, en representación de su hijo nombre reservado, soltero, chileno, estudiante, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, de su mismo domicilio; quien recurre de protección en contra de la Corporación Educacional Colegio Diego Portales de Coyhaique, Rut N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, y en domicilio reservado, de la comuna y ciudad de Coyhaique, legalmente representada por su director don nombre reservado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por haber incurrido en un acto arbitrario e ilegal, consistente en haber aplicado la sanción disciplinaria de “Expulsión de Establecimiento” de su hijo, notificada con fecha 17 de julio de 2024, fundado en una supuesta distribución de drogas entre profesores y alumnos; todo lo cual estima que vulnera los derechos garantizados en los artículos 19, N° 1, 2 y 11, de la Constitución Política de la República; solicitando en síntesis: “1. Dejar sin efecto la Medida sancionatoria de “Expulsión del Establecimiento”, con expresa condena en costas.” (sic)

Fundamentando su recurso, la recurrente, señala que con fecha 30 de mayo del presente año, su hijo repartió caramelos a sus compañeros y profesores, bromeando que se trataba de “Tussi”, no obstante, los profesores extrapolaron la situación llamando a Carabineros y alumnos y profesores afectados fueron enviados a urgencia señalando que el alumno había llevado droga al Colegio, situación que no resulta efectiva, y que habría sido determinado a través de informes toxicológicos que la sustancia no estaba compuesta de un elemento ilícito de Tussi o Éxtasis.

Agrega que su hijo fue expulsado, transgrediendo sus derechos en base a sospechas infundadas, y que los síntomas no tienen su origen en el dulce entregado por su hijo, señalando que los demás compañeros no presentaron sintomatología.

Sostiene que el alumno fue expulsado del colegio sin respetar el debido proceso, por medio de una sanción disciplinaria arbitraria, fundada en “sospechas” y sin sustento alguno.

En este orden de cosas, agrega que, con fecha 17 de junio de 2024, recibe carta de nombre reservado, Director del Colegio recurrido, informando en síntesis que, tras celebrarse el Consejo de Profesores, se decidió mantener la medida de expulsión del establecimiento de su pupilo, en consideración que la falta cometida fue considerada muy grave, afectando la integridad física y psíquica de 3 funcionarios del establecimiento.

Así, el Consejo de Profesores da por acreditadas cuestiones, que a la fecha de realización del mismo no estaban constatadas, toda vez que las afecciones sufridas por las funcionarias no estaban probadas al ser negativos los resultados de los test de drogas y examen toxicológico efectuado por el Servicio Médico Legal a la fecha de presentación del recurso.

Agrega que el informe del Servicio Médico Legal de fecha 10 de junio de 2024 dio positivo en benzodiazepina, droga que no corresponde al estupefaciente supuestamente administrado por su hijo y pudo ser auto ingerido por algunas de las docentes de forma voluntaria.

Cita el artículo 150 del Reglamento de Convivencia Escolar año 2024, del Colegio Diego Portales, relativo al subtítulo “De las faltas muy graves” y el artículo 139 N° 10, sobre el subtítulo “De las conductas de los (as) estudiantes.” de las cuales entiende que para seguir el procedimiento de una Falta “muy grave” como lo es: “Fumar y/o consumir bebidas alcohólicas, drogas, fármacos (no indicados por profesional médico) en dependencias del Colegio” o “Portar, traficar, consumir o presentarse bajo los efectos de alcohol, droga o estupefacientes en actividades del Colegio” debe estar por sentado que constituyen una droga o estupefaciente y/o sustancia ilícita y en caso de sospecha, tal como señala el artículo 2 del Reglamento, lo que corresponde es denunciar, y dar paso a otros procedimientos al enmarcarse en otras circunstancias como situaciones de consumo de alcohol y/o drogas; microtráfico o tráfico al interior del Colegio; y microtráfico o tráfico fuera del Colegio.

De este modo, en relación al procedimiento que guarda relación con la denuncia, ésta ya fue realizada y se encuentra en etapa de investigación en la Fiscalía de Coyhaique, agregando que la sospecha de consumo de drogas por sí sola no constituye una causa automática de expulsión, más aún cuando los informes periciales y de urgencia dieron negativos a la droga “Tussi”, por lo que se trata de una medida de expulsión ilegal y arbitraria, sin seguir el procedimiento correspondiente según el Reglamento.

Tras referirse a amplia normativa relativa a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, estima que el acto recurrido evidentemente vulnera tales derechos, resultando a su vez ilegal, debido a que el Colegio recurrido está facultado y obligado a aplicar correctamente los procedimientos en base a un debido proceso, especialmente en casos de sospechas de consumo de drogas, lo que no ocurrió.

Como garantías infringidas señala, en primer lugar, el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, desde que, se inició un protocolo por medio de denuncia a Carabineros de Chile, concurriendo estos a inmediaciones del colegio a plena vista de todos los compañeros del niño.

En segundo lugar, sostiene que se vulnera lo estatuido en el artículo 19 N°2 de la Carta Política, al vulnerar la igualdad ante la ley al advertir que el Colegio no titubeó en expulsar al niño, fundándose en sospechas que nunca fueron evidenciadas, manteniendo la medida.

Por último, agrega que se infringe el artículo 19 N°11 de la referida Carta Fundamental, al privar a su hijo de la posibilidad de que continúe sus estudios en el Colegio y no permitir elegir el establecimiento educacional, citando finalmente, jurisprudencia pertinente.

Con fecha 9 de agosto de 2024, la recurrida a través del abogado, Pablo Antonio Hernández Arias, evacuando su informe refiere que, por la parte recurrida la Corporación Educacional Colegio Diego Portales de Coyhaique, señala que el día 30 de mayo, el estudiante regaló caramelos a diversos miembros de la comunidad educativa, y tres profesoras que los recibieron presentaron síntomas de alteración física y psicológica, entre los que figuraban: taquicardia, sensación de altibajos energéticos, resecamiento de la boca y lenguaje más lento, presentando presión arterial elevada, pupilas midriáticas, frecuencia cardiaca alterada, taquicardia y sensación de calor. Una de ellas menciona recibir los caramelos de una caja metálica diferente, que aparentemente contenía un polvo de color rosado.

La Psicopedagoga doña nombre reservado, Profesora doña nombre reservado y Profesora doña nombre reservado, luego de consumir los dulces se dirigieron al Servicio de Urgencias del Hospital Regional de Coyhaique, para verificar no estar bajo los efectos de alguna sustancia tóxica o nociva, al mencionar el estudiante que les entregó “Tussi”.

Lo anterior derivó no sólo en el procedimiento de investigación y sancionatorio, sino que obligaron a una intervención médica a las 3 profesoras en el servicio de urgencia y exámenes ante el servicio médico legal, ante el riesgo de ser víctimas de los efectos graves que puede generar cualquier tipo de estupefacientes.

Señala que la Mutualidad estableció que una de las profesionales, sufrió un accidente laboral a consecuencia de estos hechos, con las respectivas licencias médicas asociadas. En virtud de lo anterior, las trabajadoras debieron ausentarse de sus labores docentes, interrumpiendo sus clases, para acudir aterrorizadas al servicio de Urgencias y verificar su estado de salud, lo que también alteró el clima escolar.

Sostiene que las afectadas se sometieron a un examen toxicológico, cuyos resultados aún no han sido entregados a la fecha del presente informe, sin embargo, en un examen toxicológico particular, todas ellas dieron positivo a benzodiacepinas, que corresponden a psicotrópicos usados en medicina para tratar problemas como el trastorno de ansiedad, el estrés o el insomnio, las cuales pueden tener efectos secundarios relevantes, como somnolencia, especialmente en los primeros días de tratamiento; debilidad; aturdimiento; pérdida de orientación; lentitud del habla; náuseas; y dolores de cabeza o dificultades de memoria.

Agrega que se activaron diversos protocolos, aplicando la Ley de Aula nombre reservado, lo que fue respaldado por la Superintendencia de Educación a través de una fiscalización administrativa, y destaca que de manera unánime el Consejo de Profesores decidió la sanción más gravosa, es decir, la expulsión del estudiante, de conformidad al artículo 183 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar y las directrices entregadas en la Ley N° 20.845 y su reglamento.

Señala que, ha cumplido con las disposiciones administrativas y legales de convivencia escolar, aplicando el procedimiento vigente la sanción ajustada a los graves hechos denunciados, que provocaron daño a la integridad física y psíquica de tres trabajadoras del establecimiento educacional, afectando gravemente la convivencia escolar.

Reitera que la Superintendencia de Educación ratificó su conformidad con el procedimiento adoptado, agregando que se tomaron en consideración la conducta del estudiante y la gravedad de la falta impetrada.

Cita el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, especialmente su artículo N° 190, manifestando que luego de entregar los caramelos, hubo tres docentes afectadas y con sintomatología empírica.

Manifiesta que la Superintendencia de Educación tuvo acceso a toda la información relacionada con el procedimiento aplicado y no objetó la sanción impuesta al estudiante. Además, la entidad procedió a cerrar la denuncia con código CAS-72770-JOY9C9, presentada por la apoderada, pudiendo reclamar a la misma entidad administrativa tal decisión, lo que no aconteció.

Alega que no existen acciones u omisiones ilegales o arbitrarias, siendo incongruente reclamar una supuesta perturbación o amenaza en relación con las sanciones aplicadas conforme al Reglamento Interno, debiendo descartarse la lesión de derechos fundamentales, Finalmente, agrega que el estudiante actualmente se encuentra matriculado en el Liceo Josefina Aguirre Montenegro de la ciudad, por lo que no existe privación, perturbación o amenaza alguna a sus garantías fundamentales, por lo que el recurso debe ser rechazado.

Con fecha 27 de agosto de 2024, se ordenó traer los autos en relación y con fecha 29 de agosto de 2024, se procedió a la vista de la causa.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

SEGUNDO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

TERCERO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

CUARTO: Que, previo a resolver el fondo del asunto, es necesario señalar que lo reprochado por la actora, consiste en que, con fecha 17 de julio de 2024, fue notificada de la Carta de fecha 14 de junio de 2024, mediante la cual el Director del Establecimiento “Colegio Diego Portales Coyhaique”, don nombre reservado, informa a la apoderada del estudiante nombre reservado, de 2° año de Enseñanza Media, doña nombre reservado, acerca de la decisión adoptada por el Consejo de Profesores el día 13 de junio de 2024, consistente en mantener la medida de “Expulsión del Establecimiento” de su pupilo considerando que la falta cometida por éste fue “muy grave”, afectando la integridad física y psíquica de tres funcionarias del establecimiento, todo lo cual estima que conculca la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 1, 2 y 11, de la Constitución Política de la República, desde que los hechos en los cuales se funda en una supuesta distribución de drogas entre profesores y alumnos, lo que no se condice con las pericias toxicológicas efectuadas por el Servicio Médico Legal.

QUINTO: Que, en atención a lo anterior, al estudio de los antecedentes, y especialmente, de la “captura de pantalla” del Sistema Información General de Estudiantes (SIGE) aportada por la recurrida, se desprende que el alumno nombre reservado, se encuentra actualmente matriculado en el curso 2° Medio B, del Liceo Josefina Aguirre Montenegro de la ciudad de Coyhaique, circunstancia que si bien no coincide con la pretensión contenida en la presentación efectuada por la actora, excluye los efectos lógicos que le siguen a una hipotética declaración de esta Corte, en orden a dejar sin efecto la resolución recurrida, desde que implicaría necesariamente retrotraer la situación del estudiante al estado anterior a su expulsión, ordenando implícitamente su reincorporación al establecimiento educacional Colegio Diego Portales de Coyhaique, y en consecuencia, tal disposición no resulta viable desde que, como se señaló, actualmente se encuentra matriculado en un establecimiento educacional diverso, y en definitiva han cesado los perjuicios derivados de las eventuales actuaciones ilegales y arbitrarias en que fundó su recurso, y que dieron origen al presente arbitrio constitucional.

Que, bajo este escenario y como epílogo de lo explicado, es necesario concluir que no existen medidas actuales que adoptar a favor de la recurrente, de modo que la presente acción constitucional ha perdido oportunidad y, por lo mismo, será desestimada.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento resulta pertinente tener presente, la normativa legal aplicable al caso, esto es, la Ley N°20.370, General de Educación, de 2009, la cual en su artículo 10 letra b), que “son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar su proceso educativo; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su normativa interna, y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.”

Que, por su parte del artículo 46, literal f) de la referida Ley General de Educación, dispone que los establecimientos educacionales, deben “Contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar, y que garantice el justo procedimiento en el caso en que se contemplen sanciones. Este reglamento no podrá contravenir la normativa vigente”.

SÉPTIMO: Que, a su vez, por Resolución Exenta N° 482 de 22 de junio de 2018, se aprueba la Circular dictada por la Superintendencia de Educación, que imparte instrucciones sobre los Reglamentos Internos de los Establecimiento Educacionales de Enseñanza Básica y Media con Reconocimiento Oficial del Estado, la que establece en el punto 5.8.3, en lo relativo a los procedimientos que se realicen a fin de determinar la aplicación de las medidas disciplinarias que, el reglamento interno debe señalar la forma de comunicación a los padres, madres, apoderados y/o estudiantes de las infracciones respecto de las faltas por las que se le pretenden sancionar y al proceso a que se enfrenta, así como garantizar el derecho a defensa, esto es, ser escuchado, permitir la presentación de antecedentes y hacer descargos dentro de un plazo razonable, y garantizar el derecho a que solicite una revisión de la medida ante un ente distinto que sea imparcial y objetivo.

OCTAVO: Que, asimismo, el Reglamento de Convivencia Colegio Diego Portales de Coyhaique, correspondiente al año 2024, refiere en su artículo 183 que:

“La decisión de expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante sólo podrá ser adoptada por el Director del establecimiento.

La presente medida deberá ser notificada de manera presencial al apoderado o en su defecto si no es posible concretar entrevista por carta certificada al estudiante afectado y a su padre madre o apoderado, quienes tendrán un plazo de 5 días hábiles desde su notificación, para pedir la reconsideración de la medida, ante la misma autoridad, quien deberá resolver previa consulta al Consejo de Profesores.”

Que, por su parte, el artículo 190 del citado Reglamento, indica:

“Se entenderá como “Actos que afectan gravemente la Convivencia Escolar”, aquellos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.”

NOVENO: Que, de conformidad a lo anterior, no es posible advertir la concurrencia de la alegaciones efectuadas por la recurrente en su presentación principal, las cuales decían relación, en primer lugar, con la transgresión de los derechos del estudiante en base a sospechas infundadas, a través de un procedimiento que impone una sanción disciplinaria sin respetar el debido proceso y en segundo lugar, respecto a la decisión del Consejo de Profesores, estimar que se dio por acreditado cuestiones que a la fecha de realización del mismo proceso no estaban constatadas, alegando que las afectaciones sufridas por las funcionarias no están probadas al ser negativos los resultados de los test de drogas y examen toxicológico efectuado por el Servicio Médico Legal.

Que, resulta importante reiterar, a fin de descartar la ilegalidad y arbitrariedad del actuar de la recurrida que, la medida de expulsión del estudiante, se encuentra expresamente consagrada en el Reglamento interno del establecimiento, siendo una facultad de su Director, la que debe además ser notificada en la forma señala a la apoderada del alumno sancionado, quien tiene el derecho de solicitar su reconsideración por parte de la misma autoridad, para que éste resuelva previa consulta al Consejo de Profesores, cuestiones que efectivamente acontecieron.

Así, a través Carta de fecha 14 de junio de 2024 notificada a la apoderada con fecha 17 de julio de 2024, el referido Consejo, resolvió -con 19 votos a favor y 1 voto de abstención- en definitiva, mantener la medida de “Expulsión del Establecimiento” por haber provocado daño a la integridad física y psíquica de tres trabajadoras del establecimiento educacional, afectando gravemente la convivencia escolar.

DÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, no se advierte la vulneración de las garantías constitucionales alegadas por la recurrente, por el contrario, se observa que la medida disciplinaria de expulsión se encuentra especialmente regulada en el reglamento interno del establecimiento, circunscrita a la verificación de faltas consideradas “muy grave”, lo que permite reforzar la idea de que el establecimiento actuó de conformidad a la ley vigente, y en pos de preservar el bienestar y la seguridad de la comunidad educativa en su conjunto, respetando los procedimientos establecidos en el Reglamento Interno, garantizando su debida participación y defensa en el procedimiento sancionatorio, el que en ningún caso fue objetado por la Superintendencia de Educación.

Que, en conclusión, se advierte que la entidad educacional ha obrado conforme los principios de legalidad, proporcionalidad y con respeto al debido proceso, y de acuerdo al mérito de los antecedentes, las sanción de expulsión se erigió como una respuesta necesaria y adecuada frente a la falta del alumno, y en consecuencia, cabe rechazar el presente recurso de protección, y así se dirá en lo resolutivo de la sentencia.

Por estas consideraciones, atendido el mérito de autos y lo establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, disposiciones legales citadas y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, del 24 de Junio del año 1992 y sus modificaciones, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en representación de su hijo nombre reservado, en contra de la Corporación Educacional Colegio Diego Portales de Coyhaique.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular, don José Ignacio Mora Trujillo.

Rol Protección N° 154-2024.