nombre reservado con EJERCITO DE CHILE

Coyhaique, a veintiuno de marzo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En lo principal de presentación de fecha 14 de enero de 2025, comparece don ESTEBAN TORRES VILLARROEL, abogado, en representación de don nombre reservado, empleado público, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra EJÉRCITO DE CHILE, representado legalmente por su comandante en Jefe, General de Ejército, don nombre reservado, ambos con domicilio para estos efectos, en domicilio reservado, por las acciones ilegales y arbitrarias que se materializan en la resolución DIVPER II/2/B/2 (R) N° 1345/1219/14659 de 06 de noviembre de 2024, mediante la cual se rechazó el recurso de reposición administrativo, estimándose que dicho acto vulnera derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N° 1 y 2 de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva: “1) Ordenar que la recurrida deje sin efecto el acto administrativo RESOLUCIÓN DIVPER II/2/B/1 ( R ) N° 1345/603 de fecha 17 de septiembre de 2024 , solo en cuanto a lo referido a la destinación de mi representado quien figura en la lista de destinaciones con el número 909, todo ello por carecer de una necesaria fundamentación, sin dar respuesta a la solicitud de reposición administrativa presentada por mi representado, haciendo uso de facultades discrecionales de la autoridad y caprichosamente se ha determinado que al recurrente no le aplican las políticas de destinaciones del Ejército de Chile para el personal en su condición de salud de tratamiento prolongado y existencia de ISAS pendientes.; 2) Que mantenga al recurrente en la zona en la que se encuentra destinado, con el fin de no interrumpir su atención de salud y los tratamientos asociados; favoreciendo además la unidad familiar. 3) Que se condene expresamente en costas a la recurrida, en caso de oposición. (SIC)”.

Que, con fecha 10 de febrero de 2025, don nombre reservado, General de Brigada, Comandante de la División de Personal, incorporó el informe requerido.

Con fecha 17 de marzo de 2025, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 19 del mismo mes y año, con la comparecencia de manera presencial, del abogado don Esteban Torres Villarroel, por el recurso; y, en contra del recurso la abogada del Consejo de Defensa del Estado, doña Javiera Villegas Soto, mediante plataforma zoom, quedando en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente funda su solicitud en que forma parte del Ejército de Chile hace 13 años y que presta servicios en la compañía logística divisionaria n°4 “Coyhaique”, desde el 06 de enero de 2015 a la fecha, esto es, aproximadamente 9 años.

Sin embargo, en septiembre del año 2024, fue notificado mediante resolución DIVPER II/2/b/1 (R) 1345/603/12458 de 17 de septiembre de 2024, que sería destinado al RLE N° 3 “LIMACHE”, impugnado dicho acto mediante recurso de reposición administrativa, que no fue considerado por la autoridad en la resolución DIVPER II/2/B/1 (R) N° 1345/1219/14659 de 6 de noviembre de 2024 que se impugna por esta vía.

Explica la situación de salud que le aqueja y el arraigo familiar que presenta en esta zona, en ese sentido, refiriendo que su pareja, madre de sus dos hijas, es docente en el colegio “El Camino a la Fuente” con contrato indefinido, lugar en el que también se encuentra matriculada su hija mayor y que, por otro lado, su hija lactante de 9 meses de edad, desde su nacimiento ha presentado cuadros respiratorios frecuentes y recurrentes episodios de bronquitis, por lo que no puede asistir a sala cuna, durante los primeros 2 años de vida.

Agrega que es comunero en la Villa Los Torreones, proyecto impulsado por jefatura de ahorro para la vivienda del ejercito (JAVE), habitando una casa que no se encuentra finalizada y pagando dividendos, respecto de la cual cuenta el beneficio de subsidio que otorga el Estado, manteniendo una limitación de 5 años para arrendar o vender, por lo que de efectuarse el traslado, tendrá que trasladarse solo, abandonando a su familia en Coyhaique.

Por otro lado, indica que se encuentra en dos procesos de investigaciones sumarias, en razón de licencias médicas de carácter psicológico y traumatológico.

Señala que, conforme a la “CARTILLA DE DESTINACIONES” vigente que mantiene la Institución, presentó sus antecedentes médicos para ser elevados a la autoridad correspondiente, no obstante, no cuenta con antecedentes de la ponderación que realizó la autoridad respecto a su situación de salud, ya que la solicitud no habría sido resuelta en los puntos expuestos, señalando encontrarse dentro de los supuestos para no ser trasladados, al mantener una patología de salud mental sumada a una patología traumatológica. Agrega que tampoco fue evaluado por la Comisión de Sanidad.

En ese sentido, da cuenta de la situación de dos suboficiales quienes con fecha 19 de noviembre de 2024 presentaron una solicitud para reconsiderar su traslado, accediendo la autoridad mediante RESOLUCIÓN DIVPER II /2/B/1 ( R ) N° 1345/1598/15619 de fecha 27 de noviembre de 2024, esto en desmedro del recurrente y otros funcionarios a quienes se les hizo presente que el plazo para revisar casos especiales había finalizado con la con la resolución DIVPER II/2/B/1 (R) N° 1345/1219/14659, de 06 de noviembre de 2024.

En cuanto a las garantías conculcadas, refiere la igualdad ante la ley, por cuanto la resolución impugnada no explicita los motivos y fundamentos de la decisión que justifiquen su fin, excluyéndolo de la excepción que se otorga a todo militar en similares circunstancias por medio de la cartilla de destinaciones, además de dar un trato diferenciado respecto a dos funcionaros a los que se les permitió enviar documentación fuera de plazo; también el derecho a la vida y a integridad física y psíquica, por cuanto la recuperación esperada por él y los especialistas se verá interrumpida con el traslado.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, el recurrido, luego de referirse a los antecedentes del recurso, alega la extemporaneidad, dado que el presente arbitrio se interpuso el 14 de enero de 2025, en circunstancias que la resolución de destinación es de fecha 17 de septiembre de 2024, no debiendo considerarse la resolución de fecha 6 de noviembre de 2024, ya que es un ajuste final que no contempla al recurrente.

En cuanto al fondo, refiere que la Resolución Exenta DIVPER II/2/b/1 (R) 1345/603/12458 de 17 de septiembre de 2024, destina al recurrente y a más de 800 funcionarios de Cuadro Permanente a otra guarnición, lo que se enmarca en el Plan Anual de Destinaciones del año 2025, lo que se realiza año a año, de conformidad a los requerimientos de los distintos Comandos y Unidades, necesidades de personal, entre otras.

Expresa que el recurrente en su argumentación desconoce el deber de todo integrante de las Fuerzas Armadas de cumplir con las destinaciones que se le asignen, por cuanto la administración del personal en el Ejército atiende al interés público por sobre consideraciones individuales e inclusive familiares, correspondiendo la determinación de la destinación a una manifestación de la discrecionalidad técnica de la administración, que evalúa condiciones de aptitud e idoneidad conforme a procedimientos internos, por lo que su actuar no resulta ilegal ni arbitrario.

En cuanto a las alegaciones del recurso, refiere que la falta de respuesta de la reconsideración presentada por el recurrente, se enmarca en la destinación de más de 800 militares, razón por la cual se dispuso mediante publicaciones de resoluciones que dejan sin efectos las destinaciones, como mecanismo difusor, por lo que no es arbitraria la falta de respuesta, como tampoco ilegal, ya que la administración pública cuenta con el instituto del silencio administrativo.

Por otro lado, refiere que las solicitudes de reconsideración fueron estudiadas, llegándose al acuerdo de revocar ciertas destinaciones al tratarse de casos especiales.

Hace hincapié en que el acto terminal corresponde al acto de fecha 17 de septiembre de 2024 y no al de 6 de noviembre de 2025, porque el último corresponde a un acto de ratificación de cierto personal militar, donde no se incluye al recurrente.

Niega alguna vulneración al debido proceso, por cuanto el requerimiento del recurrente y otros militares, responde a una mera solicitud basada en el derecho a petición, existiendo el instituto del silencio negativo en caso que la administración no responda dentro de plazo, además que el artículo 20 no contempla el debido proceso en su completitud, sino solo el inciso quinto.

En cuanto la alegación de no haberse considerado a su grupo familiar y arraigo en Coyhaique, refiere que el personal militar decide voluntariamente tal profesión teniendo conocimiento de estar afecto a destinaciones en su carrera militar, lo que se encuentra regulado en su Estatuto de Personal.

Sobre los antecedentes médicos acompañados, éstos no serían suficientes para desvirtuar la decisión de a autoridad, lo que refuerza con distinta jurisprudencia.

Luego, aborda lo señalado respecto a no dar cumplimiento a lo dispuesto en la Cartilla de Destinaciones del Ejército, explicando que las excepciones ahí contempladas se refieren únicamente para el Proceso Bienal de Destinaciones (PROBID), mas no para el Plan Anual de Destinaciones (PAD), A continuación, se remite al artículo 147 del Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas, el que contiene las atribuciones respecto en la elaboración de los planes respectivos y destinaciones, señalando que la autoridad en uso de su facultad discrecional para ordenar una destinación no necesita consultarlo con el funcionario ni dar una fundamentación especial.

Sin perjuicio de lo anterior, en la resolución de fecha 17 de septiembre de 2024, se dispone la necesidad de destinar al personal que ha hecho uso de licencia prolongada sin recuperación a zonas con una cobertura militar mayor y de mejor atención.

En cuanto a las garantías presuntamente vulneradas, refiere que sobre la integridad psíquica del actor, quien se encuentra con tratamiento psicológico y con una licencia prolongada de 594 días, llevó al mando a destinarlo a una ciudad próxima de hospitales donde pueda tener una pronta recuperación, como lo es el caso de Limache. En cuanto a la igualdad ante la ley, explica que se dispuso la destinación de más de 800 efectivos, habiéndose eximido dicha destinación solo en dos casos, de carácter especial.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º, 12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Igualmente, este Recurso Constitucional solo tiene por objeto proteger derechos indubitados y que no constituyan una esperanza o mera expectativa de constituir un derecho, pues no es un juicio declarativo de derechos.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, específicamente en la Resolución DIVPER II/2/B/1 (R) N° 1345/1219/14659, de 6 de noviembre de 2024, del Comando de la División de Personal del Ejército de Chile, que no se pronuncia sobre su recurso de reposición interpuesto, manteniéndose la destinación a Limache ordenada en virtud de la resolución DIVPER II/2/b/1 (R) 1345/603/12458 de 17 de septiembre de 2024, por estimar que tal actuar resulta arbitrario e ilegal, carente de fundamento, vulnerándose con ello los derechos fundamentales que se encuentran garantizados en el artículo 19 numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, en aras de una acertada resolución del asunto planteado, se debe tener presente que la resolución impugnada por esta vía no se pronuncia respecto a lo reclamado por el recurrente, sino más bien es una ratificación de determinadas destinaciones que dice relación con los funcionarios en ella individualizados, siendo la resolución DIVPER II/2/b/1 (R) 1345/603/12458 de 17 de septiembre de 2024 la que ordena su destinación.

OCTAVO: Que, de otro lado, se debe tener presente la normativa atingente al caso:

El artículo 4 de la Ley N°18.948, dispone que: “El personal de las Fuerzas Armadas estará constituido por el personal de planta, el personal a contrata y el personal de reserva llamado al servicio activo.

El personal de planta está constituido por:

- Oficiales.

- Cuadro Permanente y de Gente de Mar.

- Tropa Profesional.

- Empleados Civiles.”.

A su vez, el artículo 145, del DFL N°1, del año 1997, que en lo pertinente indica que: “La destinación es la designación del personal para servir en una unidad o repartición, en calidad de planta o agregado, sin especificar el cargo o puesto que en ella le corresponda.

La destinación de planta es aquella designación para integrar la dotación permanente de una unidad o repartición.”.

A su turno, el artículo 147 del, DFL N°1, de 1997, que en su inciso 1 y 2, dispone que: “Las destinaciones de los oficiales, que no constituyan nombramientos que deban efectuarse por decreto supremo, serán resueltas por el Comandante en Jefe institucional, a proposición de los Directores del Personal o Comandante del Comando de Personal o de acuerdo con las atribuciones que dicho Comandante en Jefe les otorgue.

Las destinaciones del personal del Cuadro Permanente y de Gente de Mar, como asimismo las del personal de Tropa Profesional, serán ordenadas por las Direcciones del Personal o Comando de Personal de acuerdo con las dotaciones reglamentarias de cada unidad o repartición.”

Por su parte, las letras e), f) y g) del artículo 61 del DFL 29, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo, preceptúa que: “Serán obligaciones de cada funcionario:

e) Cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio que disponga la autoridad competente;

f) Obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico.

g) Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado”.

Que, el artículo anterior resulta aplicable en virtud del artículo 138 del, DFL N°1, de 1997, en tanto dispone “… el personal estará sujeto a las obligaciones y prohibiciones establecidas para los empleados de la Administración Civil del Estado en la Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, en cuanto fuere procedente.”.

Asimismo, el inciso 2 del artículo 101 de la Constitución Política de la República, mandata que: “Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas.”.

NOVENO: Que, en consecuencia, el cambio de destinación del recurrente ha sido decidido en debido y oportuno uso de las facultades legales de las que es titular el Comando de Personal y en la forma dispuesta para ello, en virtud del artículo 147 del DFL N°1 de 1997 que establece el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas y normas atingentes, por cuanto es la autoridad técnica facultada por la ley para emitir el pronunciamiento en cuestión, de lo que se infiere que ésta actúo dentro del ámbito de su competencia, no pudiéndose estimar como ilegal el actuar de la recurrida en este sentido.

DÉCIMO: Que, en cuanto a la arbitrariedad achacada a la acción de la recurrida, consistente en la falta de argumentos técnicos, institucionales y jurídicos para respaldar la decisión de destinación, cabe tener presente que la recurrida, amparada en el Decreto N° 7 del año 2013, del Ministerio de Salud que Aprueba el Reglamento Sobre Guías Clínicas Referenciales Relativas a los Exámenes, Informes y Antecedentes que deberán respaldar la emisión de Licencias Médicas, en relación con la Resolución CGP DSE CSE (R) N° 11000/2312/ Plan Ejército A-1 que Imparte Disposiciones para el Personal de Sanidad atendiendo al Cumplimiento del Decreto n° 7 del MINSAL, funda su decisión en la necesidad institucional, evidenciada precisamente en el estado de salud del recurrente, quien mantiene una licencia médica prolongada por más de 594 días, lo que llevó a la autoridad a evaluar y determinar su destinación a una ciudad próxima a hospitales donde pueda tener una pronta recuperación, como lo sería el caso de Limache.

En este sentido, el recurrente no acompañó mayores antecedentes que den cuenta o que justifiquen la necesidad de mantenerse en la XI Región, por lo que mal se podría catalogarse de arbitraria o discriminatoria la decisión de la autoridad en orden a reconsiderar la destinación de otros dos funcionarios, considerando que se ordenaron más de 800 destinaciones y que los casos exceptuados fueron debidamente acreditados y fundados en motivos familiares y de salud en cada caso, los que no resultan comparables con el caso de marras.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento y en cuanto a la situación familiar del recurrente y a la eventual disgregación de su núcleo más estrecho conformado por su pareja y dos hijas, se debe tener presente, que tratándose de un funcionario del Ejército de Chile, se encuentra adscrito a un orden jerárquico y al respeto a la disciplina institucional, de acuerdo a lo mandatado en el inciso 2 del artículo 101 de la Constitución Política, antes transcrito, razón por la cual la decisión adoptada por la recurrida es efectivamente una de aquellas previstas en la reglamentación respectiva, que obedece al principio jerárquico que rige la carrera funcionaria de los militares, la que es de conocimiento y de carácter obligatorio para el recurrente desde su ingreso a la institución, y que además se funda en las necesidades propias del servicio, lo que descarta la presencia de los vicios de ilegalidad y arbitrariedad denunciados por el recurrente, desde que su permanencia en la destinación siempre estará supeditada a la determinación de la autoridad.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, no es posible para estos sentenciadores, tener por acreditada la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, ni puede pretenderse que esta vía de urgencia se emplee con el propósito de procurar una sustitución de la potestad de la Administración sobre esta materia, habiéndose agotado la reclamación por los canales regulares previstos por el legislador; razón por la que se deberá rechazar el recurso de protección que se conoce, como se dirá; sin que, por lo mismo, haya podido constatarse una vulneración del artículo 19, de la Constitución Política, en sus numerales 1 y 2 cuyo análisis pormenorizado, atendido lo antes expuesto, resulta inoficioso.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y de acuerdo a lo previsto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección y sus modificaciones, se RESUELVE:

Que, SE RECHAZA, sin costas, la acción cautelar deducida por don Esteban Torres Villarroel, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra del EJÉRCITO DE CHILE.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción de la Ministro Titular, doña Natalia Rencoret Oliva.

Se deja constancia que no firma el Ministro Titular don Luis Moisés Aedo Mora, no obstante haber asistido a la Vista y concurrido al Acuerdo de la presente causa, al encontrarse haciendo uso de permiso contemplado en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol Corte N° 15-2025. (Protección).