nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA PTO MONTT

En Coyhaique, a veintiséis días del mes de agosto del año dos mil veintiséis.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°149-2026, comparece doña nombre reservado, psicóloga, domiciliada en domicilio reservado, quien, en lo principal, deduce recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región de Aysén, por cuanto estima que la recurrida ha cometido una acción u omisión ilegal y arbitraria, consistente en descontar de manera unilateral parte de la remuneración percibida por la recurrente, lo que priva, perturba y amenaza su garantía constitucional resguardada en el numeral 24 del artículo 19, de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva:

“1.- Que la recurrida deberá abstenerse de obtener el pago del crédito social vía descuentos de mis remuneraciones, o en su caso que deberá abstenerse de continuar con dicho descuento.

2.- Que deberá reembolsar los montos que indebidamente pudiesen ser descontados en un plazo de 5 días hábiles o del que S.S. Iltma. mejor estime.

3- Que se condene expresamente en costas a la recurrida.” (sic)

Con fecha 22 de julio de 2026, don Felipe Díaz Wittig, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar, incorporó el informe requerido, luego de lo cual se ordenó traer los autos en relación, para proceder a la vista de la causa el día 21 de agosto del presente año, quedando ésta en estado de adoptar el acuerdo que a continuación se transcribe.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente fundamenta su acción en que firmó un pagaré en favor de la recurrida con fecha 22 de agosto de 2022, el cual emana de un mutuo de dinero pactado en 60 cuotas, con vencimiento la primera de ellas el 30 de septiembre de 2022, mientras la última el 30 de septiembre de 2027, cuyos pagos se efectuarían conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Expone que, en octubre de 2024 perdió su trabajo y, a su vez, su única fuente de ingresos, de modo que los pagos realizados mediante descuentos por planilla dejaron de efectuarse. Agrega que, ante esto y tras diversas conversaciones, fue imposible para las partes llegar a un acuerdo sobre la forma de proseguir con el pago de las cuotas, por lo que quedó en mora.

Sostiene que, el día 20 de mayo de 2026, recibió un correo electrónico de parte de la recurrida en virtud del cual le anunció, que a partir del mes de junio de 2026 se reanudaría el cobro a través de la deducción de un porcentaje de su remuneración el cual, además, señaló ser la cuota 27 de un total de 60, añadiendo que lo expuesto es un actuar antojadizo de la recurrida, pues está reviviendo de manera unilateral un derecho que el artículo 22 de la Ley N°18.833 otorga a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente sus créditos.

Indica que, la recurrida ya ha optado por iniciar acciones judiciales en su contra, puesto que ha presentado la demanda de cobro ejecutivo en causa rol C-8453-2025 del Trigésimo Juzgado Civil de Santiago, la cual le fue notificada hace poco tiempo, agregando que estas circunstancias le privan de ejercer el cobro a través de la modalidad que el artículo 22 de la Ley N°18.833 le concede, por lo que se debe ordenar por esta Corte que se abstenga de realizar dicho acto y, en su caso, disponer que restituya lo cobrado por esa vía.

Precisa que resulta del todo irracional, abusivo y, por consiguiente, arbitrario, que la recurrida haga uso del mentado artículo 22, sin previo aviso y sin que tenga posibilidad de defenderse ante una deuda susceptible de ser declarada parcialmente prescrita.

Finalmente, refiere que se ha visto amenazada de perder su íntegra remuneración, así como de ver afectadas las expectativas económicas ligadas a su trabajo, vulnerando con ello el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental. Agrega que, la recurrida ha hecho un uso caprichoso del ordenamiento jurídico, vulnerando abierta y expresamente circulares de la Superintendencia del ramo y abusando de los derechos que la ley le confiere.

SEGUNDO: Que, don Felipe Díaz Wittig, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, incorporó el informe requerido solicitando el rechazo del recurso deducido, con costas.

Señala que, la recurrente mantiene vigente el Crédito Social asociado al Contrato ID N°135000426312, otorgado con fecha 12 de agosto de 2022, por un monto líquido de $8.000.000 y por un importe total solicitado de $8.066.028, pactado originalmente en 60 cuotas mensuales y sucesivas, con costo total del crédito de $16.944.720. Agrega que, la propia recurrente reconoce en su libelo que suscribió un pagaré emanado de un mutuo de dinero con C.C.A.F. La Araucana, pactado en 60 cuotas, cuya primera cuota vencía el 30 de septiembre de 2022 y cuya última cuota vence el 30 de septiembre de 2027, por lo que se trata de un crédito vigente, señalando además que los pagos se efectuarían conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833. Por consiguiente, la existencia del crédito social, su origen contractual, su plazo y su modalidad legal de pago no se encuentran controvertidos.

Sostiene que, la propia recurrente acompaña y reconoce haber recibido, con fecha 20 de mayo de 2026, una comunicación electrónica remitida por C.C.A.F. La Araucana, en la que se le informó el reinicio del descuento asociado al crédito social folio N°135000426312, indicando el monto total solicitado, monto líquido entregado, tasa de interés mensual, número de cuotas pactadas, valor de cuota, total de cuotas pagadas y total de cuotas adeudadas. Añade que, en dicha comunicación se la invitó, además, a acercarse a las sucursales de la Caja para evaluar una reprogramación de su deuda, presentando sus últimas liquidaciones de sueldo.

Enfatiza que, la recurrente sostiene que por haberse iniciado la causa rol C-8453-2025 ante el Trigésimo Juzgado Civil de Santiago, la Caja de Compensación habría quedado impedida de informar descuentos por planilla. Sin embargo, esgrime que dicha alegación debe ser desestimada, pues la demanda en dicho proceso nunca le fue notificada, por lo que no se encuentra trabada la litis, de manera que ante tal situación, legal y legítimamente está habilitada para efectuar los descuentos por planilla.

Expone que, por lo demás, la sola existencia de una gestión judicial de cobro no extingue la obligación, no constituye pago, no produce prescripción, no condona la deuda ni importa, por sí misma, una prohibición legal de aplicar el mecanismo de descuento previsto en el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Aclara que, si la recurrente estima que la existencia de la causa ejecutiva, la imputación de pagos, el monto del saldo, la eventual prescripción parcial o cualquier otra circunstancia patrimonial incide en la forma de cumplimiento de la obligación, tales materias deben discutirse en el procedimiento correspondiente, con bilateralidad de la audiencia, prueba y debate propio de un juicio de lato conocimiento. Añade que, el recurso de protección no es la vía idónea para declarar la extinción de una obligación, recalcular saldos, ordenar imputaciones de pagos o resolver controversias contractuales complejas.

Finalmente, asevera que, mientras no exista sentencia firme que declare prescrita, extinguida o inexigible la obligación, C.C.A.F. La Araucana se encuentra habilitada para ejercer los mecanismos legales de recuperación de lo adeudado, sin que ello importe una apropiación indebida, una confiscación o una perturbación ilegítima del derecho de propiedad. Agrega que, la controversia planteada es eminentemente patrimonial y contractual, por lo que debe ser resuelta en la sede judicial o administrativa que corresponda, mas no mediante una acción cautelar destinada a proteger derechos indubitados frente a actos manifiestamente ilegales o arbitrarios.

TERCERO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo se afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión a adoptar por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, en síntesis, la parte recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en el descuento unilateral de parte de la remuneración percibida por la recurrente, con lo que estima se infringiría su garantía constitucional consagrada en el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile.

SÉPTIMO: Que, a fin de despejar los aspectos a dirimir, apreciando los antecedentes reunidos de conformidad a las reglas de la sana crítica, es posible dar por asentados los siguientes hechos:

1.- Que, doña nombre reservado, suscribió un pagaré emanado de un mutuo de dinero celebrado con C.C.A.F. La Araucana, por la suma de $8.066.028.-, pactado en 60 cuotas mensuales y sucesivas de $246.115.-, la primera de las cuales vencía el 30 de septiembre de 2022 y la última, el 30 de septiembre de 2027.

2.- Con fecha 13 de junio de 2025, la recurrida interpuso demanda ejecutiva en contra de la recurrente, en causa rol C-8453-2025 ante el Trigésimo Juzgado Civil de Santiago.

3.- Con fecha 20 de mayo de 2026, la recurrida, mediante correo electrónico, informó a la recurrente que a partir del mes siguiente se reanudaría el cobro de su crédito social folio número 135000426312, el cual se encontraba impago, conforme al detalle que en dicha misiva se expone, invitando a la recurrente a acercarse a alguna de sus sucursales donde podían evaluar una reprogramación de su deuda, presentando sus 3 últimas liquidaciones de sueldo.

OCTAVO: Que, por otra parte, en aras de una acertada resolución del asunto planteado, se debe tener presente la normativa atingente al caso:

El artículo 22 de la Ley N°18.833, dispone que: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas.

En caso que la entidad empleadora afiliada tenga la calidad de deudora de un procedimiento concursal de liquidación, y una vez que se haya dictado la resolución de liquidación pertinente, regirán las siguientes reglas:

1.- Las cuotas de créditos sociales devengadas y descontadas de la remuneración por el empleador que no hayan sido remesadas a la Caja de Compensación a la fecha de la dictación de la resolución de liquidación gozarán de la preferencia del número 5 del artículo 2472 del Código Civil, siendo obligación de la respectiva Caja de Compensación verificar su crédito.

2.- Corresponderá al trabajador el pago de las cuotas de créditos sociales no devengadas a la fecha de la dictación de la resolución de liquidación, no siendo de cargo de la masa. Para estos efectos, se tendrán por no escritas las convenciones que permitan al empleador, en caso de término de la relación laboral por dictación de la resolución de liquidación, descontar los saldos pendientes por créditos sociales de las indemnizaciones por término de contrato a que tenga derecho el trabajador.”.

Por su parte, en lo pertinente, el artículo 58 del Código del Trabajo, dispone que: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.

Asimismo, con acuerdo del empleador y del trabajador, que deberá constar por escrito, el empleador podrá descontar de las remuneraciones cuotas destinadas al pago de la adquisición de viviendas, cantidades para ser depositadas en una cuenta de ahorro para la vivienda y sumas destinadas a la educación del trabajador, su cónyuge, conviviente civil o alguno de sus hijos. Para estos efectos, se autoriza al empleador a otorgar mutuos o créditos sin interés, respecto de los cuales el empleador podrá hacerse pago deduciendo hasta el 30% del total de la remuneración mensual del trabajador. Sin embargo, el empleador sólo podrá realizar tal deducción si paga directamente la cuota del mutuo o crédito a la institución financiera o servicio educacional respectivo.

Sólo con acuerdo del empleador y del trabajador que deberá constar por escrito, podrán deducirse de las remuneraciones sumas o porcentajes determinados, destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza. Con todo, las deducciones a que se refiere este inciso, no podrán exceder del quince por ciento de la remuneración total del trabajador.

Cualquiera sea el fundamento de las deducciones realizadas a las remuneraciones por parte del empleador, o el origen de los préstamos otorgados, en ningún caso aquéllas podrán exceder, en conjunto, del 45% de la remuneración total del trabajador.”

A su turno, la SUSESO en su Compendio de Normas que regulan las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, define a éstas: “ Desde el punto de vista de su naturaleza jurídica y conforme lo señala el artículo 1° de la Ley N°18.833, que contiene su Estatuto Orgánico, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social, constituidas como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro y que, como tales, se rigen por la referida Ley y, supletoriamente, por las normas contenidas en el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, siendo su objeto la administración de prestaciones de seguridad social.”

NOVENO: Que, en efecto y tal como quedó establecido, en la especie se pretende el cobro y recaudación de obligaciones en dinero aún vigentes por la Caja de Compensación recurrida respecto de lo adeudado por la recurrente, en base a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, precepto cuyo objeto apunta a facilitar el pago de los créditos otorgados contra un fondo social que ha de contar con los recursos necesarios para financiar iguales prestaciones de seguridad social en beneficio del resto de los afiliados, lo que dice relación con la modalidad a que refiere la frase final de dicha disposición, esto es, que tratándose de los descuentos realizados por el empleador y no enterados a las Cajas correspondientes, se impone su tratamiento bajo las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.

DÉCIMO: Que, por otra parte, tal como se desprende del tenor del pagaré que se acompaña en la presente causa, fechado el 12 de agosto de 2022, suscrito por doña nombre reservado a la orden de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por la suma de $8.066.028.-, consta que se pactó que el capital e intereses se pagarían por la suscriptora del mismo en 60 cuotas, mensuales, iguales y sucesivas de $246.115.-, con fechas de vencimiento el último día de cada mes. En tal sentido, es dable inferir que la recurrente lo suscribió en conocimiento y con aceptación de la naturaleza social del crédito contraído, con inclusión de la modalidad aludida en el artículo 22 de la Ley N°18.833, por lo que ante la eventualidad de incurrir en mora de lo adeudado, aquella no podía desconocer que dicho monto podría serle descontado de la remuneración que le correspondiera percibir por la prestación de sus servicios ante la entidad empleadora correspondiente.

De esta forma, no puede estimarse como ilegal la decisión de la institución acreedora, en orden a requerir directamente al empleador el descuento de las cuotas adeudadas mediante la vía de aplicar éste a la remuneración mensual pagada a la trabajadora, como ha ocurrido en la especie, desde que la citada disposición así lo permite, considerando, además, que la deuda devengada se encuentra aún vigente sin haber excedido el plazo de término pactado; máxime si la recurrida comunicó extra-procesalmente a la actora que se reanudaría el cobro de su crédito social, siendo la misma recurrente quien ha reconocido espontáneamente en su escrito recursivo, que por sus condiciones personales, económicas y financieras incurrió en mora de cumplir la obligación pactada con la entidad recurrida.

El acto descrito tampoco deviene arbitrario, toda vez que se ha ejecutado con fundamento legal, amparado en un procedimiento aplicado con razonabilidad y proporcionalidad, admitiendo expresamente la posibilidad de repactación, así como la de debate de aspectos ligados a los alcances de lo adeudado, particularmente de lo ya devengado, en un proceso diverso.

UNDÉCIMO: Que, no conspira contra dicha conclusión la circunstancia de haberse interpuesto una demanda ejecutiva por la recurrida en sede civil, destinada a perseguir el cobro de las cuotas impagas, por cuanto dicha actuación no obsta a la realización de los descuentos reclamados en beneficio de la Caja de Compensación recurrida, actuando conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, a fin de facilitar el pago de los créditos sociales otorgados, más aún si aparece no haberse trabado la litis por falta de notificación de la demanda ejecutiva y del respectivo requerimiento de pago.

DUODÉCIMO: Que, como corolario de todo lo reflexionado se sigue, por una parte, que atendida la controversia anotada no es posible para estos sentenciadores tener por acreditada la existencia de un derecho indubitado que asista a la recurrente, que le habilite a obtener una sentencia favorable a sus intereses, descartando, por otra, la concurrencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal de parte de la entidad recurrida; razón por la que se deberá decidir en consecuencia respecto del arbitrio que se conoce, sin que, por lo mismo, haya podido constatarse una vulneración a la garantía reconocida en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, cuyo análisis pormenorizado, atendido lo antes expuesto, resulta por lo demás inoficioso.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo preceptuado en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE DECLARA:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fecha diecinueve de junio de dos mil veintiséis, por doña nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del señor Ministro Titular, don Luis Moisés Aedo Mora.

Rol N°149-2026. (Protección).