nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

En Coyhaique, a catorce de agosto del año dos mil veinticinco.

VISTOS:

En lo principal de la presentación de fecha 18 de junio de 2025, comparece don nombre reservado, gendarme, con domicilio domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, representada legalmente por don nombre reservado, ignora profesión u oficio, o a quien sus derechos actual y legalmente represente, todos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, debido al acto ilegal y arbitrario perpetrado al descontar parte de la remuneración percibida por el recurrente, sin causa legal, privándolo injustificadamente del legitimo ejercicio de las garantías establecidas en el Articulo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva: “1.Cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración del recurrente; 2. Restituir al recurrente los descuentos efectuados de acuerdo a los antecedentes acompañados en esta acción constitucional, así como también los que puedan llegar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción; y 3. Condenar en costas a la recurrida”. (sic).

Con fecha 30 de junio del año 2025, el abogado Julio César Villalobos Villarroel, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, incorporó el informe requerido.

Con fecha 29 de julio del año 2025, nombre reservado, Director Nacional (S) de Gendarmería de Chile, en cumplimiento de lo ordenado, incorporó el informe requerido.

Con fecha 09 de agosto del año 2025, se ordenó traer los autos en relación y el día 12 del mismo mes y año, se procedió a la vista de la causa, sin la comparecencia de los apoderados de las partes, quedando la misma en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente funda su recurso señalando que, con Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, contrató un préstamo de consumo, donde dicho acto se materializó a través de la suscripción de un pagaré en favor de la recurrida.

Indica que, tanto en el mismo crédito de consumo y por vía consecuencial en el pagaré, se pactó una cláusula de aceleración, donde en caso de mora o simple retardo en el pago íntegro y oportuno de todo o parte de una de las cuotas de la obligación, facultará a la demandante del documento mercantil para exigir sin más trámite el pago total de la deuda o del saldo a que se halle reducida, considerándose la obligación como si fuera de plazo vencido y capitalizados los intereses devengados y no pagados, todo conforme a la ley.

Precisa que, del mismo modo, se estipuló la facultad de deducir de su salario por parte, ya sea, de su actual empleador, de empleadores futuros, entidades pagadoras de pensiones o pagadoras de subsidios de incapacidad laboral, del pago de su remuneración, emolumentos mensuales o subsidios de cesantía que pueda en el futuro recibir, las cuotas correspondientes al referido crédito contratado con la Caja de Compensación.

Expone que, sin embargo, sus condiciones personales, económicas y financieras le han llevado a caer en mora con la obligación pactada con la entidad recurrida, no pudiendo cumplir de forma cabal con este compromiso de pago. Agrega que, raíz de esto, y como presta sus servicios en calidad de dependiente, se percató que al momento de recibir su remuneración correspondiente al mes de junio de 2025, figuran descuentos por planilla por el monto de $ 225.430.-, efectuado por su empleador, del cual este último fue ordenado de esta forma por la Caja de Compensación.

Aclara que el momento en que tomó conocimiento de este actuar caprichoso y arbitrario por parte de la Caja, fue el 18 de junio de 2025, día en que recibió su liquidación de sueldo correspondiente a ese mes y le depositaron su salario de dicho mes en su cuenta bancaria. Añade que esta situación, jamás se le ha puesto en conocimiento ni notificado por parte de la recurrida que comenzaría a cobrarse el crédito social que solicitó mediante esta modalidad, siendo dicha decisión unilateral de carácter arbitraria, caprichosa, injustificada y abusiva, ocasionándole un menoscabo y una importante privación en su derecho de propiedad en la forma en cómo se le deduce mensualmente una cantidad que es necesaria para subsistir en estos momentos en que la calidad de la vida en nuestro país es costosa, siendo que su salario alcanza justo para costear los gastos del mes, entre cuentas, deudas, alimentos, transporte, medicamentos, entre otros.

En cuanto a la garantía vulnerada, señala que se infringe la del artículo 19 número 24 de la Carta Fundamental, esto es, el derecho de propiedad, toda vez que los descuentos unilaterales efectuados a sus remuneraciones en los términos en que se hicieron respecto del referido crédito, afectan su patrimonio y, por ende, la garantía constitucional advertida en esta presentación, privándole de beneficios económicos de que tengo mérito por el hecho de prestar servicios, recibiendo su remuneración mensual para mantenerse económicamente, subsistir y recrearse como toda persona.

Indicar que tales descuentos no se están realizando en la forma legal, toda vez que exceden de lo mandatado por la ley, desde que la Caja de Compensación se ha excedido del tope del 25% de su remuneración, según lo establecido por la Superintendencia de Seguridad Social en su compendio de normas que regulan la materia señalan lo siguiente sobre el monto máximo de los descuentos que pueden efectuar las Cajas de Compensación y Asignación Familiar: “La cuota mensual del o de los créditos otorgados por una C.C.A.F. no podrá exceder del 25% de la remuneración, renta o pensión líquida mensual del trabajador o pensionado”; afectando gravemente su derecho de propiedad la cual se encuentra garantizada por la Constitución Política, por lo que solicita a esta Corte, que ordene a la recurrida a restituir no solo los excesos, sino que los montos descontados de forma arbitraria por abusar de la prerrogativa que le confiere el artículo 22 de la ley del ramo, puesto que nos encontramos incluso con conductas negativas que se encasillan en nuestra legislación como el abuso del derecho y el enriquecimiento sin causa, atentatorias contra los derechos de los sujetos de derecho.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana solicita el rechazo del arbitrio, fundado en que se debe tener presente que las facultades que tienen las Cajas de Compensación para ordenar a los empleadores los descuentos de las cuotas impagas, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°18.833, al artículo 58 del Código del Trabajo y el artículo 1546 del Código Civil, por lo que es claramente sabido que al celebrar un contrato del cual emanan obligaciones, la deuda existe y puede ser cobrada como en derecho corresponde a menos que haya prescrito el derecho de cobrarla, mediante la declaración de prescripción que es de exclusiva competencia de los tribunales de justicia o que haya operado respecto de la obligación alguno de los otros modos de extinguirlas conforme lo dispuesto en el artículo 1567 del Código Civil, lo cual no ha acontecido, atendido que la recurrente no acompaña documento demostrativo al efecto.

Expone que en virtud de lo expuesto la recurrida, no ha privado, perturbado, o amenazado los derechos y garantías constitucionales del actor, ya que, en todo momento, esta entidad ha obrado conforme a derecho y salvaguardando además la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°24 de la Constitución, relativo al derecho de propiedad, por cuanto en este caso no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de su remuneración, por cuanto el cobro de lo adeudado se funda en una normativa que tiene por objeto asegurar el pago efectivo de los créditos sociales que tiene evidente carácter social al ser una prestación de seguridad social y cuya modalidad de descuento no es otra que la de facilitar el cobro de los dineros dados en préstamo contra un fondo social, en virtud del Orden Público Económico.

Indica que, además, como consta en pagaré que se acompaña el señor nombre reservado con fecha 09 de mayo de 2024 lo suscribió, en conocimiento y aceptación de que si caía en mora lo adeudado sería reducido de su remuneración por la entidad empleadora en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la ley 18.833, según se señala en los párrafos tercero y cuarto del pagaré señalado.

Expone que, el pago se pactó en 60 cuotas hasta el 31 de mayo de 2029. Que, en estas circunstancias, solicita el rechazo de la acción de protección incoada en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por cuanto los cobros realizados, no son arbitrarios o injustificados, en atención de que las obligaciones existen y se mantienen vigentes, al no existir una sentencia que declare que los mismos se encuentran extintos.

TERCERO: Que, comparece don nombre reservado, Director Nacional (S) de Gendarmería de Chile, en cumplimiento de lo ordenado, incorporó el informe requerido, señalando que el recurrente es funcionario de Gendarmería de Chile, Cabo Primero, Grado 16 E.U.S de la planta 22 de Suboficiales y Gendarmes, de dotación y ubicación efectiva en el CIP-CRC de Coyhaique, ingresando al servicio el 01 de agosto de 2005.

Precisa que, en virtud del artículo 22 de la Ley N°18.833, la Caja de Compensación le informa a Gendarmería de Chile la existencia de la deuda y solicita el descuento correspondiente. Añade que la Superintendencia de Seguridad Social en su compendio de normas que regulan la materia señalan que la cuota mensual del crédito otorgado por una C.C.A.F. no podrá exceder del 25% de la remuneración, renta o pensión líquida mensual del trabajador y que éste mismo contiene un párrafo especial que señala como proceder en el caso de trabajadores dependientes que tengan la calidad de funcionarios de organismos públicos que se rijan por las normas de la Ley N°18.834, como es el caso del funcionario recurrente.

Finalmente expone que, conforme a lo anterior, al funcionario recurrente corresponde aplicar el tope de 15% de las remuneraciones brutas y los descuentos aplicados del crédito no sobrepasan mencionado tope legal.

CUARTO: Que, en esta materia se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º, 12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

QUINTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, en criterio compartido por este Tribunal, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEXTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

Igualmente, debe esclarecerse que este remedio institucional sólo tiene por objeto proteger derechos indubitados y que no constituyan una esperanza o mera expectativa de erigirse en un derecho, pues no es un juicio declarativo de los mismos.

SÉPTIMO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en haber descontado la recurrida, unilateralmente y sin aviso previo, montos de sus liquidaciones de sueldo, por concepto de créditos sociales otorgados en su oportunidad, conculcando su derecho a la propiedad, contenido en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

OCTAVO: Que, se debe tener presente la siguiente normativa al efecto:

El artículo 22 de la Ley N°18.833, señala que: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas.”.

Por su parte, en lo pertinente, el artículo 58 del Código del Trabajo, dispone que: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.

Asimismo, con acuerdo del empleador y del trabajador, que deberá constar por escrito, el empleador podrá descontar de las remuneraciones cuotas destinadas al pago de la adquisición de viviendas, cantidades para ser depositadas en una cuenta de ahorro para la vivienda y sumas destinadas a la educación del trabajador, su cónyuge, conviviente civil o alguno de sus hijos. Para estos efectos, se autoriza al empleador a otorgar mutuos o créditos sin interés, respecto de los cuales el empleador podrá hacerse pago deduciendo hasta el 30% del total de la remuneración mensual del trabajador. Sin embargo, el empleador sólo podrá realizar tal deducción si paga directamente la cuota del mutuo o crédito a la institución financiera o servicio educacional respectivo.

Sólo con acuerdo del empleador y del trabajador que deberá constar por escrito, podrán deducirse de las remuneraciones sumas o porcentajes determinados, destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza. Con todo, las deducciones a que se refiere este inciso, no podrán exceder del quince por ciento de la remuneración total del trabajador.

Cualquiera sea el fundamento de las deducciones realizadas a las remuneraciones por parte del empleador, o el origen de los préstamos otorgados, en ningún caso aquéllas podrán exceder, en conjunto, del 45% de la remuneración total del trabajador.”.

A su turno, la SUSESO en su Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, define a éstas: “ Desde el punto de vista de su naturaleza jurídica y conforme lo señala el artículo 1° de la Ley N°18.833, que contiene su Estatuto Orgánico, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social, constituidas como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro y que, como tales, se rigen por la referida Ley y, supletoriamente, por las normas contenidas en el Título XXXIII del Libro I del Código Civil , siendo su objeto la administración de prestaciones de seguridad social.”.

NOVENO: Que, en efecto, como quedó establecido, en la especie se pretende el cobro y recaudación de obligaciones en dinero por la Caja de Compensación recurrida, en base a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, cuyo objeto es facilitar el cobro de los créditos otorgados contra un fondo social que ha de contar con los recursos necesarios para financiar iguales prestaciones de seguridad social al resto de los afiliados, lo que dice relación con la frase final de dicha disposición, esto es, que tratándose de los descuentos realizados por el empleador y no enterados a las Cajas correspondientes, impone su tratamiento por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.

DÉCIMO: Que, de otra parte, como consta del pagaré que se acompaña en la presente causa, de fecha 09 de mayo de 2024, suscrito por nombre reservado a la orden de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por la suma de $6.109.987, pactándose que el capital e intereses se pagarán por el suscriptor en 60 cuotas, mensuales, iguales y sucesivas de $210.155, con fechas de vencimiento el último día de cada mes; que el recurrente lo suscribió, en conocimiento y aceptación de la naturaleza del crédito social, especialmente en lo referente al artículo 22 de la Ley N°18.833, por lo que ante la eventualidad de incurrir en mora de lo adeudado, aquel tenía la certeza que dicho monto sería descontado de la remuneración que le correspondía recibir por la prestación de sus servicios por la entidad empleadora; por lo que no puede estimarse como arbitraria la decisión de la institución que se dice acreedora, en orden a requerir directamente al empleador del trabajador el descuento de las cuotas adeudadas mediante la vía de efectuar éste en la remuneración mensual que se paga al trabajador, como ocurrió en la especie, máxime si es el mismo recurrente quien reconoce en su escrito recursivo que por sus condiciones personales, económicas y financieras ha caído en mora con la obligación pactada con la entidad recurrida, no pudiendo cumplir de forma cabal con este compromiso de pago.

UNDÉCIMO: Que, de todo lo reflexionado se sigue que, atendida la controversia anotada, no es posible a estos sentenciadores, tener por acreditada la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal; razón por la que se deberá rechazar el recurso de protección que se conoce, como se dirá, sin que, por lo mismo, haya podido constatarse una vulneración del artículo 19, de la Constitución Política, en su numeral 24, cuyo análisis pormenorizado, atendido lo antes expuesto, resulta inoficioso, lo que, además, se corrobora con el hecho de que el monto deducido de la remuneración, según lo informado por Gendarmería de Chile, no excede, tampoco, el quince por ciento de la remuneración del recurrente, todo ello de conformidad a la normativa precedentemente citada.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas, y visto, además, lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RESUELVE:

Que, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección promovida por don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar la Araucana.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Sr. Ministro Titular, don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Rol Corte N°: 149-2025 (Protección).-