nombre reservado con nombre reservado

En Coyhaique, a trece de Agosto del año dos mil veinticuatro.

VISTOS:

En lo principal de presentación de fecha 23 de junio de 2024, comparece doña nombre reservado, fonoaudióloga, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los nombre reservado, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, y en Coyhaique domicilio reservado, debido al acto ilegal y arbitrario perpetrado al descontar y retener parte de la remuneración percibida por la recurrente, sin causa legal, privándola injustificadamente del legitimo ejercicio de las garantías establecidas en el Art. 19 N°s 16 y 24, de la Constitución Política de la República, solicitando:

“1.- El cese efectivo e inmediato de aquellos descuentos y/o retenciones que CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS nombre reservado ha efectuado desde las remuneraciones de doña nombre reservado.

2.- La restitución de todos aquellos dineros descontados con ocasión de lo señalado en el cuerpo de este libelo, en especial, aquel atingente al mes de MAYO del presente año 2024 y que ha motivado el presente recurso, incluyendo aquellos que se descuenten y/o retengan hasta que se dicte sentencia.

3.- Que se condene en costas a la Caja recurrida. (SIC)”.

Con fecha 23 de julio de 2024 se incorporó el informe por doña Inés Riquelme Arao, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los nombre reservado.

Con fecha 5 de Agosto del año 2024, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 7 del mismo mes y año, sin que concurran letrados a alegar, quedando en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente funda su recurso señalando que, se desempeña en calidad de Fonoaudióloga para la Corporación educacional Ricardo Cartes Romero, en la ciudad de Coyhaique y que con fecha 30 de mayo del 2024, al revisar su liquidación de sueldo, se percató que había sido arbitrariamente privada de la suma de $361.867.- (trescientos sesenta y un mil ochocientos sesenta y siete pesos) a causa de un descuento efectuado por la Caja de Compensación Los nombre reservado, producto de créditos otorgados en los años 2017 y 2016, respectivamente.

Indica que, suscribió el pagaré N° 29.RUT reservado por la suma de $1.898.740.- en virtud de un crédito otorgado en dicha fecha por la Caja Recurrida, y que con fecha 01 de julio de 2016, suscribió pagaré N° 29.RUT reservado por un crédito en dinero de $4.021.959.- cayendo en mora en ambos casos con fecha 31 de agosto de 2017, a partir de la cual su obligación se hizo plenamente exigible.

Explica que, producto de lo anterior la recurrida ejerció ante tribunales civiles acción de cobro ejecutivo, cuyo estado procesal es: 1.- Causa Rol C-2561-2018 (pagaré N° 29.RUT reservado) caratulada “Caja de Compensación de asignación familiar Los nombre reservado/nombre reservado”, Primer Juzgado Civil de Coyhaique: Etapa Excepciones. 2.- Causa Rol C-2122-2018 (pagaré N° 29.RUT reservado) caratulada “Caja de Compensación de asignación familiar Los nombre reservado/nombre reservado”, Primer Juzgado Civil de Coyhaique: Etapa Excepciones.

Así las cosas, precisa que el acto arbitrario e ilegal que se reprocha, consiste en que aquel descuento efectuado por la recurrida es materializado luego de transcurrido más de cinco años desde que la obligación se hizo exigible, cuya decisión en cuanto requerir el pago a través de esta vía especial deviene en antojadiza, arbitraria y del todo ilegal, toda vez que, indudablemente, la recurrida ya optó por judicializar su cobro impetrando las acciones ejecutivas aludidas precedentemente.

Refiere que, si bien la norma del art. 22 de la ley 18.833 dispone imperativamente el sistema de descuentos de la remuneración para el pago de las prestaciones de crédito social, estos descuentos deben ser oportunos, dentro de plazos razonables y siempre que no se haya optado previamente por la vía judicial, citando al efecto jurisprudencia de la Corte Suprema.

En cuanto a las garantías conculcadas, refiere el derecho de propiedad, remitiéndose, además al art. 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida solicita el rechazo del arbitrio, por falta de oportunidad.

Funda su solicitud en que otorgó dos créditos sociales a la recurrente: Operación de crédito N° 29.45585-5, donde con fecha 01 de julio 2016 se otorgó un capital inicial de $4.021.959, pagaderos en 60 meses, habiéndose pagado las cuotas N° 1 a 13 y N° 18 a 20, difiriéndose posterior a la última cuota pactada las cuotas N° 14 a 17 por motivo de licencia médica, según detalla, encontrándose en mora y cobranza judicial las cuotas N° 21 a 64; y Operación de crédito N° 29.47267-9, donde con fecha 09 de enero 2017 se otorgó un capital inicial de $1.898.740, pagaderos en 36 meses, habiéndose pagado las cuotas N° 1 a 6 y N° 11 a 13, difiriéndose posterior a la última cuota pactada las cuotas N° 7 a 10 por motivo de licencia médica, según detalla, encontrándose en mora y cobranza judicial las cuotas N° 14 a 40.

Afirma que no hay actuación ilegal o arbitraria y que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de conformidad al artículo 22 de la Ley 18.833.

Además, refiere que se encuentra efectuado el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita, por lo que mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad.

No obstante, expresa que Caja Los nombre reservado ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente y que dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros.

Por lo anterior, solicita el rechazo de la acción de protección incoada por cuanto ha perdido oportunidad toda vez que se ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20, de la Constitución Política de la República, establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20, antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

Igualmente, este Recurso Constitucional solo tiene por objeto proteger derechos indubitados y que no constituyan una esperanza o mera expectativa de constituir un derecho, pues no es un juicio declarativo de derechos.

SEXTO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en haber descontado la recurrida montos de sus liquidaciones de sueldo, en los meses de mayo, junio y julio del año 2024, por concepto de créditos sociales otorgados en su oportunidad, habiéndose ya judicializado dicho cobro al efecto por parte de la recurrida, conculcando su derecho a la propiedad, contenido en el artículo 19, N° 24, de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, apreciando los antecedentes reunidos de conformidad a las normas de la sana crítica y teniendo presente las alegaciones efectuadas por las partes, es posible dar por asentados los siguientes hechos:

1.- Que, con fecha primero de Julio del año 2016, la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los nombre reservado otorgó un crédito a doña nombre reservado, con un capital inicial de $4.021.959, pagaderos en 60 meses, operación de crédito N° 29.45585-5, de las cuales se habrían pagado las cuotas N° 1 a 13 y N° 18 a 20, difiriéndose posterior a la última cuota pactada las cuotas N° 14 a 17 por motivo de licencia médica, encontrándose en mora las cuotas N° 21 a 64.

2.- Que, con fecha 09 de enero 2017, la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los nombre reservado otorgó un crédito a doña nombre reservado, con un capital inicial de $1.898.740, pagaderos en 36 meses, operación de crédito N° 29.47267-9, de las cuales se habrían pagado las cuotas N° 1 a 6 y N° 11 a 13, difiriéndose posterior a la última cuota pactada las cuotas N° 7 a 10 por motivo de licencia médica, encontrándose en mora las cuotas N° 14 a 40.

3.- Que, atendida la mora de las respectivas operaciones, la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los nombre reservado en el año 2018, judicializó el cobro de los saldos adeudados, mediante acciones ejecutivas, según consta en Causa Rol C-2561-2018 (pagaré N° 29.RUT reservado) caratulada “Caja de Compensación de asignación familiar Los nombre reservado/nombre reservado”, Primer Juzgado Civil de Coyhaique; y Causa Rol C-2122-2018 (pagaré N° 29.RUT reservado) caratulada “Caja de Compensación de asignación familiar Los nombre reservado/nombre reservado”, Primer Juzgado Civil de Coyhaique, donde en ambos procesos se opuso la excepción de prescripción por doña nombre reservado.

4.- Que, en liquidaciones de sueldo de doña nombre reservado, correspondiente a los meses de Mayo, Junio y Julio del año 2024, se procedió a descontar la suma de $361.867, con motivo de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los nombre reservado.

5.- Que, con fecha 12 de Julio del año 2024, en Causa Rol C-2122-2018 del Primer Juzgado Civil de Coyhaique, se acogió la excepción de prescripción de la acción ejecutiva para el cobro de la deuda presentada por doña nombre reservado, respecto del pagaré N°29.RUT reservado.

6.- Que, con fecha 23 de Julio del año 2024, la recurrida informa reconociendo los hechos, no obstante señalar que cesará con los descuentos y restituirá los montos retenidos.

OCTAVO: Que, en efecto, como quedó establecido, se pretende el cobro y recaudación de obligaciones en dinero, una de las cuales se encuentra declarada prescrita, en virtud de lo resuelto en causa Rol C-2122-2018, tramitada ante el 1º Juzgado de Letras de Coyhaique, caratulada “Caja de Compensación de Asignación Familiar Los nombre reservado/nombre reservado”, en la cual se acogió la excepción opuesta y declara prescrita la acción cambiaria con fecha 12 de Julio del año 2024.

Asimismo, cabe tener presente que lo dispuesto en el artículo 22, de la Ley 18.833, a la que hace mención la recurrida, se refiere sólo a las deudas actualmente exigibles, ya que el objeto de dicha norma es facilitar y garantizar a las cajas acreedoras el cobro de sus acreencias, pero no transforma tales obligaciones en imprescriptibles puesto que no se establece ello expresamente, debiendo, en consecuencia, regir las disposiciones contenidas en los artículos 2514 y siguientes del Código Civil, sobre la prescripción como medio de extinguir las obligaciones.

NOVENO: Que, de otra parte, no menos importante y como a cuyo respecto este Tribunal ya lo ha determinado, el artículo 54 y siguientes del Código del Trabajo, consagran el principio de la protección de las remuneraciones y la certeza de las mismas que tiene como objetivo garantizar la certidumbre al trabajador en cuanto a la remuneración que le corresponde recibir por la prestación de sus servicios; por su parte, el artículo 58 del cuerpo legal citado, obliga al empleador a deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos, naturaleza que no tienen los créditos que puedan solicitar los afiliados, más aún en aquellos casos en que una posible deuda haya sido contraída con mucha antigüedad, en que eventualmente podría discutirse una posible prescripción, como en el caso de marras; por lo que debe estimarse como arbitraria la decisión de la institución que se dice acreedora, en orden a requerir directamente a la empleadora del trabajador el descuento de las cuotas adeudadas mediante la vía de efectuar éste en la remuneración mensual que se paga al trabajador, como ocurrió en la especie, considerando, además, la existencia de procesos judiciales en que se persigue el cobro y se discute su prescripción, acogiéndose ya en uno de ellos.

DÉCIMO: Que, si bien la recurrida en su informe ingresado con fecha 23 de julio de 2024 manifiesta que ordenará el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente y que dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, cabe tener presente que con posterioridad a lo informado por ésta, en la liquidación de sueldo de la recurrente de fecha 31 de julio de 2024, acompañada con fecha primero de Agosto del año 2024, se advierte nuevamente un descuento por la suma de $361.867 por concepto “Dctos. nombre reservado Los nombre reservado”, no siendo efectivo, entonces, lo expuesto por la recurrida.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, esta Corte estima que la recurrida actuó de manera arbitraria, al proceder a descontar de las liquidaciones de sueldo las sumas adeudadas por créditos sociales otorgados con anterioridad, ello toda vez que su exigibilidad se encuentra controvertida en sede judicial, debido a las acciones de cobro ejecutivo presentadas por la recurrida, en las que se opuso la excepción de prescripción, habiéndose acogido, a la fecha, dicha excepción en una de ellas, declarándose así prescrita; por lo que su actuar, además, significa una alteración del statu-quo existente, mediando actos unilaterales, que implican la auto tutela y vías de hecho como una forma de hacer efectivas sus pretensiones, lo que se encuentra vedado en nuestro estado de derecho y que significa arrogarse facultades jurisdiccionales, que se traducen en una privación, perturbación y amenaza al artículo 19, N°3 inciso 5°, de la Constitución Política de la República, que le impide arrogarse tales facultades, habiendo actuado además como una especie de comisión especial.

DUODÉCIMO: Que, en virtud de lo anterior, ha de concluirse, necesariamente, que tales actos vulneraron, vulneran y amenazan el derecho de propiedad de la recurrente sobre su remuneración, privándole de beneficios económicos, derecho que se encuentra amparado y protegido por el número 24, del artículo 19, de la Constitución Política de la República, además de constituir un acto de auto tutela habiendo procedido, por vías de hecho, a alterar el normal estado de cosas anterior a los actos denunciados, por lo que se colige que la recurrente debe ser amparada y su recurso acogido en la forma en que se declarará.

Consecuencialmente con lo expuesto, mérito de autos y lo establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, disposiciones legales citadas y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, del 24 de Junio del año 1992 y sus modificaciones, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que, SE ACOGE el recurso de protección presentado por nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los nombre reservado, representada legalmente por don nombre reservado y, en consecuencia, se ordena el cese inmediato del descuento de remuneraciones de la recurrente por concepto de los créditos sociales otorgados con fecha primero de Julio del año dos mil dieciséis y nueve de Enero del año dos mil diecisiete, por la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los nombre reservado, ordenándose, además, se restituyan o devuelvan al recurrente todas las sumas mensuales que se descontaron de su remuneración a partir del mes de Mayo del año en curso y hasta la última de ellas.

II.- Que, se condena en costas a la recurrida Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por el Sr. Ministro Titular, don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Rol N°: 147-2024. (Protección).-