nombre reservado con MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

En Coyhaique, a cinco de Julio del año dos mil dieciocho.

VISTOS:

Se presentó, el abogado don Cristian Alonso Díaz Sandoval, en representación de don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, de Coyhaique, quien, en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 20, de la Constitución Política de la República, recurre de protección en contra de la Subsecretaría del Trabajo, representada por su Subsecretario, don Fernando Arab Verdugo, Ingeniero Civil Industrial, o quien le subrogue o represente legalmente o haga las veces de tal, por incurrir en un acto arbitrario e ilegal, específicamente la Resolución Exenta N° 290/88/2018, por medio de la cual se pone término anticipado a la contrata de su representado, sosteniendo que se habrían vulnerado las garantías y derechos fundamentales, consagrados en los números 1, 2, 16 y 24, del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, solicitando a este Ilustrísimo Tribunal que: “se invalida y deja sin efecto la resolución Exenta RA N° 290/88/2018 que dispone la terminación anticipada de la contrata de mi representado en la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la Región de Aysén, en tanto vulnera los derechos fundamentales de mi mandante, señalados en el cuerpo de este escrito, relativos a la integridad psíquica, la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y su derecho de propiedad, disponiendo como medida para el restablecimiento del Derecho su inmediata reincorporación al Servicio recurrido, y sin perjuicio de los demás actos que estime pertinentes S.S. Iltma., ordenándose además la expresa continuidad en el pago de las remuneraciones del sr. nombre reservado, desde el momento en que se produjo la separación de sus funciones, y hasta su efectiva reincorporación; y con expresa condenación en costas de la recurrida.”.

Con su recurso, presentó los antecedentes que se explicitan el primer otrosí de su presentación.

Con fecha 7 de Junio del año 2018, se declaró admisible el recurso de protección y se ordenó pedir informe a la recurrida.

Informó la recurrida, a través de don nombre reservado, Subsecretario del Trabajo, quien solicitó, en suma, el rechazo del recurso, con costas, acompañando la documentación que se ordenó agregar con fecha 20 de Junio del año 2018.

El 29 de Junio del año 2018, se trajeron los Autos en Relación.

A la vista de la causa, por el recurso, comparece y alega en estrado, el abogado don Cristian Díaz Sandoval; por la recurrida, alegó el abogado del Consejo de Defensa del Estado, don Alexis Paredes Díaz.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente de protección, funda su acción cautelar, indicando que ingresó a prestar servicios a la SEREMI del Trabajo con fecha 23 de Junio del año 2014, asignándosele la labor de conductor, del grado 16 de la E.U.S., Planta Administrativos, sin perjuicio de otras labores de carácter administrativo, de carácter genérico, y cotidianas como servicio de estafeta, servir café, y otras de la misma naturaleza; luego se desempeñó en la Dirección del Trabajo, por Comisión de Servicios a partir del 5 de Julio del año 2017, de apoyo administrativo, de similar naturaleza a las anteriores, su trabajo no implicaba toma de decisiones ni correspondían a elementos directivos, profesional ni técnico; sus servicios se extendieron por casi cuatro años seguidos, tanto en la SEREMI como en la Dirección del Trabajo, ambos dependientes de la Subsecretaría del Trabajo; explicó, además, que el desempeño de su representado lo ha sido en lista 1, de distinción, desde el año 2015 a la fecha.

Sostuvo que se le solicitó, a fines de Abril del año 2018, por la SEREMI del Trabajo de la Región, que pidiera sus vacaciones y que luego presentara su renuncia, a lo que no accedió y que a su petición, por rumores que circulaban, se le entregó copia de la Resolución impugnada que tenía fecha de despacho el 7 de Mayo del año 2018, reproduciendo, a continuación, el tener de la Resolución, lo que estima es vulneratorio de sus derechos y garantías constitucionales ya enunciadas, ya que, básicamente, se funda en que el recurrente y su función “tienen especiales componentes estratégicos y de confianza, por lo que la autoridad se encuentra facultada para evaluar la necesidad de mantener la contratación o no.” (Fundamento Quinto de la Resolución que se impugna); seguidamente se resuelve que por las razones anotadas se pone término anticipado a su designación a contrata, “por no ser necesarias sus servicios”.

Dicho acto administrativo, sostuvo vulnera la garantía del número 1, del artículo 19, de la Constitución Política del Estado, como otras disposiciones de instrumentos internacionales que citó, ya que la resolución citada le produjo una fuerte afectación psicológica y emocional, dadas las consecuencias propias de hallarse sin trabajo.

Asimismo, estima vulnerada la garantía de igualdad ante la ley, del número 2, del artículo 19, de la Carta Fundamental, puesto que carece de fundamentos, es parcial subjetiva e irracional, contrariando lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 19.880 y porque se efectúa una discriminación arbitraria respecto de otros funcionarios con quienes no se ha actuado de la misma manera, siendo el único funcionario desvinculado. De manera que el acto es ilegal porque no cumplió con la normativa legal citada y arbitrario porque carece de fundamentos. Cita Jurisprudencia sobre el tema.

Luego el recurrente cita como garantías. También vulneradas, la libertad de trabajo del número 16 y también, el derecho de propiedad, número 24, ambos del artículo 19, de la Constitución Política del estado, argumentos y citas legales que se omitirán, atendido a lo que se resolverá, por lo que aparece innecesario su exposición y análisis.

Se refirió el recurrente, seguidamente, acerca de la ilegalidad y arbitrariedad del acto impugnado, sosteniendo que es ilegal porque vulnera lo dispuesto por el artículo 10, de la Ley 19.880, respecto del principio de contradictoriedad, ya que no pudo defenderse de la decisión adoptada, como respecto del artículo 11, de la misma ley, en cuanto no cumple con los parámetros de objetividad e imparcialidad que debe observar la administración en su actuar, relativo al estándar de razonabilidad, dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la Ley 18.575, ya que se pretende hacer una diferenciación arbitraria y excluye a su representado de sus funciones, desvirtuando el supuesto jurídico y de hecho respecto a la función que desempeña el recurrente, a la que se atribuye supuestos componentes estratégicos y de confianza que autorizarían la salida del servicio, con lo que se infringe, además, la confianza del acto.

También se contraviene lo dispuesto en el artículo 41, inciso 4° de la Ley 19.880, en cuanto la resolución no señala los recursos que en contra de dicha resolución procederían y el plazo para presentarlos.

Luego de hacer o citar doctrina al respecto, alude a lo dispuesto en el Estatuto Administrativo, Ley 18.834, sosteniendo que la resolución que ataca vulnera lo dispuesto en el artículo 10 y 89 de dicho estatuto. Luego, reitera conceptos y normas ya referidas.

Sostuvo, además, que se vulneraría lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, vinculándolos a los principios de probidad y razonabilidad que deben inspirar los actos administrativos, citando doctrina y finalmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales promulgado el año 1989, en relación al artículo 5, de la carta fundamental.

Luego, se refiere el recurrente a la arbitrariedad de la resolución recurrida e impugnada por esta vía cautelar, sosteniendo que carece de la razonabilidad y fundamentos suficientes e idóneos que impidan el que emane del mero capricho de la autoridad, mencionando un concepto acerca de ello, en base a jurisprudencia judicial y administrativa ( Dictamen número 6400-2018, de la CGR), retomando que la resolución que originó el recurso, dispuso que “las tares encomendadas al aludido, tienen especiales componentes estratégicos y de confianza, por lo que la autoridad se encuentra facultada para evaluar la necesidad de mantener la contratación o no”, concluyendo con que “por no ser necesarios sus servicios”, lo que redunda en que la fundamentación carecería de toda lógica y coherencia. Criticando, especialmente la primera consideración, en relación al Dictamen de C.G.R. número 6.400.

Luego, el recurrente se explaya acerca del concepto de “confianza legítima”, sosteniendo que ha sido recontratado por tres períodos, lo que implicaría un lapso de al menos 4 años.

Sobre el Derecho, el recurrente cita Jurisprudencia y reitera los preceptos Constitucionales, de tratados celebrados por nuestro país, como de los preceptos legales que reseñó anteriormente, como de jurisprudencia judicial y administrativa al respecto, como de doctrina.

Razonamientos y peticiones que el abogado que compareció, repitió en estrado, agregando, respecto del informe de la recurrida, que, el recurrido ha criticado las conductas del recurrente, sin embargo, ellas no afectaron sus calificaciones y no fueron objeto de mención en la resolución impugnada y menos deben considerarse ahora, haciendo especial mención a que la cláusula de “mientras sean necesarios sus servicios”, no se refiere la persona y circunstancias personales de quien detenta el cargo, sino que al cargo mismo, citando jurisprudencia judicial al respecto.

SEGUNDO: Que, la recurrida, en la vista de la causa, reiterando los fundamentos y antecedentes del informe acompañado a estos autos, sostuvo, latamente, por lo que sus alegaciones se transcribirán en lo que se ha determinado lo esencial, lo siguiente:

Reconoce la contratación del recurrido y sus renovaciones, en las fechas y oportunidades mencionadas por la recurrente, a contrata, y siempre bajo la fórmula de “mientras sean necesarios sus servicios”, cuyas funciones originalmente fueron de conductor de la SEREMI del Trabajo y Previsión Social de Aysén, con la siguientes funciones específicas: transportar funcionarios y autoridades del Ministerio y de la SEREMI del Trabajo y Previsión Social, de manera segura y eficiente; registrar actividades correspondientes a la jornada laboral en la bitácora; revisar estado del vehículo; realizar mantenimiento y limpieza del vehículo; realizar verificación de lugares a visitar; registrar control de gasto de combustible, asignado al grado 16 de la E.U.S., desde el 23 de Junio hasta el 31 de Diciembre del año 2015, (sic) bajo la fórmula “mientras sean necesarios sus servicios”; nombramiento prorrogado para el período 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015; el 25 de Enero de 2016, se prorrogó la contrata entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre del año 2016.

Hizo presente que el 27 de Abril del 2016, el recurrente fue condenado por el Juzgado de Policía Local de Coyhaique a pagar una multa de 1,5 UTM y suspensión de licencia por 15 días, por exceso de velocidad (131 kms/hr en zona de velocidad máxima de 100kms/hr). También en el año 2016 se le autorizó asignación de vivienda fiscal; el 19 de Julio del 2017 se ordenó instruir investigación sumaria que constató la subutilización de dicho inmueble y la existencia de gastos básicos impagos, aplicándosele medida disciplinaria de censura.

En el año 2017 se le prorrogó la contrata por el período del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 y el 17 de Julio del año 2017 se le registro anotación de demérito de la SEREMI del Trabajo y Previsión Social de Aysén, basado en que se negó a cumplir su labor y movilizar a la Secretaria Regional Ministerial.

El 28 de Agosto del 2017 y 9 de Marzo del año 2018, se le designó en comisión de servicio en la Dirección Regional del Trabajo de Aysén, con vigencia del 5 de Octubre hasta el 31 de Diciembre, ambos del año 2017 (sic).

El 26 de Diciembre del año 2017 se le prorrogó nuevamente la contrata por el período del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2018; y el 3 de Mayo del 2018 se dispuso el término anticipado de la contrata del recurrente, resolución que es la recurrida, indicándose con precisión los motivos que fundaron la decisión; pues había cambiado la confianza hacia las labores que él realizaba a esa fecha, sumado a ello los antecedentes de la hoja de vida funcionaria del recurrente. Haciendo presente que el recurrente e la fecha de término no ejecutaba las labores para las que fue contratado, lo que refuerza la motivación del acto administrativo.

Informó que las calificaciones por el período 2014-2015, con nota 5,92; período 2015-2016, calificación final 7; período 2016-2017, calificación de 6,2; período 2017-2018, calificación con nota 7.

Manifestó que el asunto planteado es ajeno a la naturaleza propia del recurso de protección, que no tiene por objeto declarar derechos y lo que se pretende es impugnar el legítimo ejercicio de las atribuciones de la autoridad, cita al respecto jurisprudencia.

Argumentó, también, con que el presente recurso de protección no está fundado en un derecho indubitado, citando al efecto las garantías que dice conculcadas el recurrente; sosteniendo que el recurrente estaba consciente de la temporalidad de su cargo, que el cargo para el que fue contratado desde largo tiempo no lo ejercía y en atención al buen uso, eficiente y eficaz, de los recurso públicos; agregó que no se trata de un dilatado tiempo de prestación de servicios del recurrente, período menor a cuatro años; no se afecta su derecho de propiedad sobre su remuneración porque se trataba de un cargo temporal al que podía ponérsele término anticipado; tampoco se encuentra reconocido el derecho a la permanencia en el empleo público.

Nuevamente cita jurisprudencia.

Afirmó que el acto impugnado no es ilegal ya que se ajustó a lo dispuesto por el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de la República, en ejercicio de las facultades del artículo 31 de la Ley 18.575 y Decretos con Fuerza de Ley números 25, de 1959 de Hacienda y 1, de 1967, del Trabajo, como artículos 31 en relación al 3, ambos de la Ley 18.575, concluyendo que el Subsecretario del Trabajo, en su calidad de jefatura directiva posee facultades suficientes para organizar y gestionar la dotación de personal.

Sostuvo que el recurrente fue designado en Mayo del año 2014 para ejercer un cargo a contrata que implica desempeñar funciones específicas como conductor en la SEREMI del Trabajo y Previsión Social de Aysén y al poner término anticipado a la contrata, no sólo ejerció las facultades de administración con que cuenta, sino que también lo efectuó respondiendo a la naturaleza de esta modalidad de empleo de la Administración del Estado, ya que es esencialmente transitorio según letra c), del artículo 3 del DFL N° 29 del 2005, Estatuto Administrativo y cita dicho artículo como el 10 y 72, del mismo cuerpo legal, citando jurisprudencia al respecto.

Luego discurre el recurrido acerca de que el acto no es arbitrario ya que en él se expone su finalidad y se describen también el motivo y su objeto, citando jurisprudencia administrativa relativo a la expresión “mientras sean necesarios sus servicios”, como jurisprudencia judicial, que interpreta en el sentido de que lo resuelto de que dicha frase por sí misma no se basta para el término anticipado, debiendo atenderse al tiempo transcurrido, de cinco a 20 años de servicios y el recurrente se desempeñó menos de cuatro años y que las labores para las que fue contratado fueron mudando en el tiempo por su propio comportamiento, arguyendo que, además, en lo relativo al principio de confianza legítima que se consolida a partir de la segunda renovación, lo que no implica que la Autoridad se prive de ejercer las facultades propios de su rol directivo, habiendo informado oportunamente la SEREMI de que el recurrente no estaba desempeñando las funciones para las que estaba contratado hacia la repartición que evacuó el informe requerido en este recurso. Más aún, dicho principio no significa que la contratación se transforme en indefinida, sólo se exige que se fundamente la decisión o se motiven los actos.

Cita más jurisprudencia en orden al tiempo servido por el recurrente y el exigido por los Tribunales.

Se refirió el recurrido acerca de que las funciones del recurrente evidentemente tenían especiales componentes de confianza para la autoridad toda vez que él tenía acceso directo a su agenda, de su labor dependía la movilidad de la Autoridad en la Región de Aysén y más aún, la seguridad de la misma, así, sus labores tiene notas de confianza indudables, concluyendo con que la acción cautelar no satisface los requisitos de procedencia, toda vez que se impugna una actuación legítima de la Subsecretaría del Trabajo, ejercida ajustándose plenamente al ordenamiento jurídico ya que el acto administrativo impugnado, contrariamente a lo que se alega en el recurso, ha cumplido con cada uno de los trámites que la normativa exige y no adolece de ningún reproche de arbitrariedad.

Seguidamente el recurrente fundamenta el por qué no existe vulneración de derechos constitucionales invocados por el recurrente, repitiendo al efecto, los razonamientos antes enunciados, para terminar con sus conclusiones que constituyen un resumen reiterativo de lo ya latamente expuesto.

TERCERO: Que, de conformidad a lo expresado por la recurrente y recurrida y de los antecedentes allegados a estos autos, apreciados de conformidad a las normas de la sana crítica, deben tenerse como hechos de la causa, los siguientes:

Que, las partes no controvierten que la recurrente ingresó a trabajar, en calidad de contrata, a la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social, de la Región de Aysén, el día 23 de Junio del año 2014, como Administrativo grado 16°, para “desempeñar labores administrativas”, asignándosele la labor de conductor y otras asociadas a dicha labor, desempeñándose, asimismo, en otras labores y en otro servicio, en comisión de servicios en la Dirección del Trabajo, a partir del 5 de Julio del año 2017, para luego, en el mes de Mayo del presente año, se le entregó copia de la Resolución Exenta RA N° 290/88/2018.

Dicha Resolución contiene, en el considerando Primero, se citan los artículos 3, 10 y 140, del Estatuto Administrativo; el Segundo, reseña la contratación del recurrente, como el señalamiento de las cuatro renovaciones de la contrata del recurrente, hasta el día 31 de Diciembre del año 2018, la última; todas ellas bajo la fórmula “mientras sean necesarios sus servicios”; en fundamento Tercero cita el artículo 28 de la Ley 18.575, acerca de potestad del jefe de servicio, en relación a la Ley 21.053, de presupuesto para el año 2018; en el basamento Cuarto, reitera la idea los artículos citados en el considerando anterior; en el fundamento Quinto se expresa “Que, las tareas encomendadas al aludido, tienen especiales componentes estratégicos y de confianza, por lo que la autoridad se encuentra facultada para evaluar la necesidad de mantener la contratación o no.”; en los fundamentos Sexto y Séptimo, se refiere al principio de confianza legítima y dictamen de la Contraloría General de la República; y finalmente, en el Octavo deja constancia que el aludido cuenta con un total de tres horas compensatorias, por lo que resuelve poner término anticipado a la designación a contrata del recurrente.

Que, el recurrente fue contratado como conductor de la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la Región de Aysén y para desempeñar las siguientes funciones específicas:-Transportar funcionarios y autoridades del Ministerio y de la SEREMI del Trabajo y Previsión Social, de manera segura y eficiente; -registrar actividades correspondientes a la jornada laboral en la bitácora; -revisar estado del vehículo; -realizar mantenimiento y limpieza del vehículo; -realizar verificación de lugares a visitar; y, –registrar control de gasto de combustibles.

Que, a contar del mes de Julio del año 2017, el recurrente fue designado en comisión de servicio a la Dirección del Trabajo de Aysén, en labores de conductor y administrativas de menor entidad.

Que, con fecha 26 de Abril del año 2016, se condenó al recurrente al pago de una multa de 1,5 UTM y suspensión de licencia por 15 días, por no respetar velocidad máxima permitida.

Que, con fecha 17 de Julio del año 2017, se le practicó anotación de demérito al recurrente y con fecha 27 de Abril del año 2018, se le aplicó medida disciplinaria de censura.

Que, en los períodos 2014-2015, fue calificado con nota 5,92; 2015-2016, con nota 7; 2016-2017, con 6,2 y período 2017-2018, con nota 7.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excelentísima Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1°, del Código Civil -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes, protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el tribunal ante el cual se interpone.

SEXTO: Que, con fecha, 3 de Mayo, del año 2018, se dictó la Resolución Exenta RA N° 2290/88/2018, suscrito por el Subsecretario del Trabajo, por el que se pone término anticipado a la designación a contrata del recurrente.

En consecuencia, es éste el acto impugnado y que atenta contra la garantía de la recurrente, toda vez que se advierte, a simple vista, que hasta entonces, día 3 de Mayo del año 2018, no existía ningún otro acto que decidiera no renovar la contrata del recurrente, conteniendo como fundamento lo ya precitados en el establecimiento de los hechos.

De esta manera, entonces, deberá resolverse si dicho acto, emanado de la Subsecretaría del Trabajo, ha sido ilegal o arbitrario, o por el contrario lo ha sido dentro de las facultades y atribuciones para cursar y notificar dicha decisión, que decidió no renovar la contrata del funcionaria que recurre de protección.

SÉPTIMO: Que, el Estatuto Administrativo, dispone que los empleados de la Administración del Estado, se clasifican en empleados de planta o empleados a contrata, los primeros como titulares, suplentes o subrogantes; distinguiéndolos la duración de las funciones, los primeros con permanencia en sus funciones y los segundos en carácter de transitorios, a cuyo respecto el artículo 10, de la Ley 18.834, dispone que los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de Diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos, lo que se condice con lo determinado en el artículo 146, letra f), del mismo cuerpo legal, de manera que, desde este punto de vista, la resolución impugnada no puede ser concebida o catalogada como de ilegal, ya que se funda en disposiciones legales que autorizan el acto administrativo.

OCTAVO: Que, la decisión de no renovar la contrata, implícitamente contenida en el ordinario impugnado, fue efectuada de forma unilateral y bajo el solo arbitrio de la autoridad, Subsecretario del Trabajo, sin perjuicio de que, además, dicho acto administrativo no expuso las razones que pudieran , motivar, justificar, razonada y racionalmente, la no renovación de dicha contrata, pese a que, además, el desempeño de la recurrente no ha sido objetado, al menos durante prácticamente cuatro años continuos, de hecho, en el último período calificado con nota 7, de manera que el deber de velar por la eficiente e idónea administración de los medios y de la función pública, al que se encuentra sujeta toda autoridad, por mandato del artículo 5, de la Ley General de Bases de la Administración del Estado, ha sido, en apariencia, al menos, incumplido, lo propio ha de decirse con los Dictámenes de la Contraloría General de la República, número 22.766 y 85.700, instrucciones vinculantes para la recurrida, los que, derechamente y en forma flagrante han sido contravenidas en el acto impugnado.

En efecto, repugna a la razón encomendar las funciones de un administrativo que se ha desempeñado casi cuatro años en el cargo, sin mayores reproches, que es enviado en comisión de servicio, por decisión de su autoridad directa y no por decisión personal, a desempeñarse, en las mismas funciones a otra repartición estatal, Dirección Regional del Trabajo, lo que no se condice con los principios de eficiencia y eficacia administrativos.

NOVENO: Que, de otra parte, es necesario tener presente que conforme lo dispone el inciso 2°, del artículo 11, de la Ley 19.880, sobre Bases de Procedimiento Administrativos de los Órganos del Estado, que promueve, entre otros, la transparencia de las actuaciones de la Administración Estatal, los hechos y fundamentos de derecho, deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, perturben o amenacen en su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos, reafirmado por lo dispuesto por el artículo 41, del mismo cuerpo legal. En el caso sub lite, la falta de fundamentos de la resolución cuestionada aparece de manifiesto, como asimismo la carencia de racionalidad y razonabilidad.

Si bien es efectivo que la calidad de empleado de la administración pública a contrata, es transitoria o temporal y la permanencia del empleo se encuentra entregada a la necesidad del empleador de contar con los servicios de éste, ello no es suficiente ni autoriza al contratante recurrido, para hacer uso de su atribución en forma absolutamente discrecional, según su apreciación exclusivamente personal y en forma infundada, esto es, sin que exista una causa legal o contractual justificada y comprobada, para disponer la desvinculación del funcionario público a contrata, toda vez de la reciente incorporación del concepto de la “confianza legítima” que debe existir y existe, entre los funcionarios y los órganos de la administración del estado respecto a las prórrogas sucesivas de un funcionario a contrata, principio incumplido con el actuar de la recurrida y con ello los Dictámenes de la Contraloría General de la República, el último de ellos, atingente al caso, precisamente, de data del 28 de Noviembre del año 2016, como asimismo Jurisprudencia emanada de nuestro más alto Tribunal de Justicia de la República, en cuanto se ha constituido en casi un axioma el que a partir de la segunda renovación de un cargo a contrata, nace la confianza legítima en el contratado de que dicha práctica será renovada en el futuro, si se procediese en contra del mismo principio, el acto debe ser motivado y fundado, Estos sentenciadores estiman, que la facultad de no renovación de la contrata que tendría el empleador, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Estatuto Administrativo, no lo exime, de la debida fundamentación, más aún en el caso de que la misma contrata se renovó en cuatro oportunidades, casi 4 años en total de servicios, debiendo señalar en el acto administrativo, las razones jurídicas, reglamentarias y de hecho que sirven de sustento a su decisión, de manera de dejar expresa constancia en sus resoluciones, de las razones o motivos que la fundamentan, obligación que tiende a transparentar los actos del mismo, de forma tal que, un afectado con una medida de naturaleza esencialmente gravosa por su significación personal y social, como es perder un empleo servido, sin que existan reproches, tachas, o máculas en la conducta o función del empleado, lo que conlleva a la pérdida de su fuente de ingresos, sin que se fundamente la decisión que se adopta, lo que indudablemente constituye un imperativo que debe ser cumplido por la autoridad, más aún si dicha resolución emana de un ente público administrativo de la naturaleza del que lo emite, Subsecretaría del Trabajo, el que, al no cumplirlo, incurre en el uso arbitrario de una facultad que le otorga, la ley, lo que acarrea como consecuencia la vulneración de la garantía constitucional reclamada, constituyéndose el acto reclamado, en consecuencia, en un acto arbitrario, por la ausencia de fundamentos.

DÉCIMO: Que, de acuerdo a lo expuesto, ha de coincidirse con el recurrente, en cuanto se le ha afectado la garantía de la igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 n° 2, de la Constitución Política del Estado, que conforme a la doctrina y jurisprudencia nacional, implica que la normativa debe ser igual para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros, que se encuentren en condiciones similares, y según se observa en la resolución impugnada, sólo la recurrente aparece afectada.

UNDÉCIMO: Que, en relación a lo anterior cabe consignar que aquélla facultad especial que se concede a la Administración, no puede ejercerse de modo meramente discrecional y sin un motivo preciso y determinado y siendo de la esencia del ejercicio del Poder Público, que sus decisiones sean no sólo imparciales, sino también razonables y razonadas como lo establece el artículo 53, de la Ley 18,575, Orgánica Constitucional de Bases Generales del Estado, en opinión de este Tribunal de Alzada, le está vedado a la recurrida poner término anticipado a una contrata, omitiendo expresamente los antecedentes fácticos que le permiten aseverar por qué los servicios de este funcionario a contrata han dejado de serle necesarios, lo que conlleva entonces, a que la decisión adoptada sea meramente voluntariosa, discrecional y caprichosa, sin que se funde en antecedentes que le den sustento y la hagan razonable en derecho, es decir, es arbitraria, no bastando la sola cita de disposiciones legales en las cuales se basó para no renovar la contrata reclamada, observándose, en suma, una ausencia de un legítimo procedimiento de destitución.

En efecto, aparte de hacer uso de la mentada frase “mientras sean necesarios sus servicios” del considerando Séptimo de la resolución impugnada, como ya se razonó, la misma no es suficiente; como tampoco lo es el presunto fundamento consignado en el basamento Quinto de dicha Resolución Afecta: “Que, las tareas encomendadas al aludido, tienen especiales componentes estratégicos y de confianza, por lo que la autoridad se encuentra facultada para evaluar la necesidad de mantener la contratación o no.”.

La primera parte, el que las funciones del recurrente “tengan especiales componentes estratégicos”, es una burda razón que ofende no solo al recurrente sino que a quién analice dicha resolución; motivo por el que, además, la recurrida poco o nada dijo, debiendo entenderse que nace del fruto de la repetición no meditada. Resulta difícil imaginar el componente estratégico que pueda tener el desempeño de conductor y labores asociadas a ese cargo, con la labor de la SEREMI del Trabajo en la Región de Aysén o con los proyectos de implementación o desarrollo, máxime si el grado de contratación del recurrente era 16°, de la E.U.S..

Ahora bien, que, también dichas labores “tengan un especial componente de confianza”, en los términos en que ha informado la recurrido no resultan tampoco viables a los efectos perseguidos; porque se enteraría de las conversaciones de la autoridad que transporta? Acaso el deber de prudencia no es virtud y obligación de la autoridad? No se acreditó ninguna indiscreción de parte del recurrido al respecto. Sobre la sanción de que fue objeto por exceso de velocidad en Abril del año 2016, no se sabe en qué circunstancias y contexto en que ello ocurrió y además, de considerarse tan grave dicha conducta, por qué no se tomaron las medidas correctivas, de hecho la calificación por el período 2015-2016, fue de nota 7 y el período 2016-2017, de 6,2. Por lo demás, en la resolución impugnada ninguna de estas consideraciones se reseñaron, sólo surgieron a raíz del informe justificativo de la recurrida.

Mas bien, dicho componente de confianza, pareciera referido a la situación de los cargos de exclusiva confianza, cuyo no es el caso.

Asimismo, ninguna de las otras conductas que el recurrido reprocha al recurrente fueron mencionadas o explicitadas por la autoridad en el acto que se impugna, de manera que habrá de concluirse con que dicho acto se encuentra, efectivamente infundado.

DUODÉCIMO: Que, atendido lo razonado y expuesto precedentemente, se hace innecesario y huelga cualquier referencia a las demás garantías o derechos invocados por la recurrente, por lo que se omitirá el respectivo análisis.

Consecuencialmente con lo expuesto, mérito de autos y lo establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, disposiciones legales citadas y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, del 24 de Junio del año 1992 y sus modificaciones, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales se resuelve que:

I.- Que, SE ACOGE el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de don nombre reservado, R.U.T. número RUT reservado, en contra de la Subsecretaria del Trabajo, RUT RUT reservado, representado por don nombre reservado, R.U.T. RUT reservado, y en consecuencia se deja sin efecto la Resolución Exenta RA número 290/88/2018, de fecha tres de Mayo del año dos mil dieciocho, dictada por el Subsecretario del Trabajo;

II.- Que, atendido lo resuelto, la recurrida deberá disponer la inmediata reincorporación del recurrente en el cargo que servía, estamento Administrativo, grado 16° de la Escala Única de Sueldos, de la Secretaría Regional Ministerial de la Región de Aysén, debiendo la autoridad recurrida arbitrar las medidas conducentes a solucionar los estipendios que le corresponden durante el período que estuvo separado de sus funciones y hasta su efectiva reincorporación al servicio; y, III.- Que, no se condena en costas a la recurrida.

Acordada la sentencia anterior, en cuanto se eximió a la recurrida del pago de las costas, con el voto en contra del Ministro Titular don Sergio Fernando Mora Vallejos, quien fue de opinión de condenar en costas a dicha recurrida, en atención a haber sido totalmente vencida en este recurso y no tener motivos plausibles para litigar, en atención a los propios razonamientos dados en la presente sentencia que determinó que la decisión adoptada por la Subsecretaría del Trabajo careció de fundamentos y fue arbitraria, por los motivos que se señaló en la misma.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactado, el voto de mayoría, por el Ministro Titular, don Pedro Alejandro Castro Espinoza, y el disidente, por su propio autor.

Rol N°: 146-2018.-