nombre reservado con CONTRALORÍA REGIONAL AYSEN

Coyhaique, a dieciocho de febrero de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, Ingeniero Forestal y consejero regional por la nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, quién deduce recurso de protección, conforme lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en contra de la Contraloría General de la República, representada por su Contralor General don Jorge Bermúdez Soto por, según señala, habérsele vulnerado sus garantías constitucionales consagradas en el Artículo 19 Números 2, 3, 4 y 16 de la Carta Fundamental , pidiendo en definitiva que se tenga por interpuesto el Recurso, darle tramitación y acogerlo en definitiva, declarando como arbitraria e ilegal la omisión de la Contraloría General de la República, al negar su competencia de intervenir mediante el ejercicio de sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, en el procedimiento y resultados de la investigación interna llevada adelante en su contra por la Corporación Nacional Forestal, declarando con ello también su desvinculación como arbitraria e ilegal, restituyéndolo en su empleo, con el correspondiente reintegro de las remuneraciones de la que ha sido privado, desde el momento de la separación de sus funciones y se ordene, además, la correspondiente investigación por las faltas a la probidad de las autoridades, funcionarios o jefaturas de dicha Corporación, tanto para la sustanciación del procedimiento u otras que en derecho corresponda, y en virtud de los fundamentos que expone en su Recurso, restaurando así la protección de sus derechos fundamentales vulnerados.

Sostiene el recurrente que con fecha 30 de Septiembre de 2022 le fue notificada la resolución N°7.388/2022 de la Contraloría General de la República que desestimó su recurso de reposición en contra de la decisión de no ejercer sus facultades y atribuciones fiscalizadora sobre el actuar-ilegal y arbitrario- de la Corporación Nacional Forestal y por el cual, en definitiva fue desvinculado de sus funciones como trabajador de la dotación permanente de CONAF que inició en el mes de Marzo del año 1997 y de los cuales, los últimos 14 años los desempeñó en la Comuna de Cochrane, nombre reservado de la Región de Aysén.

Señala a continuación que conforme a lo previsto por el Decreto N° 2.421 de 1964, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto coordinado, refundido y sistematizado de la Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, en particular a lo señalado en el inciso segundo de su artículo 16, en concordancia con el decreto ley N° 1.263 de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado del citado Ministerio, recurrió ante la Contraloría General de la República para que ésta, en uso de las atribuciones y facultades con la que se encuentra investida, procediera a la revisión de la denominada “ investigación interna”, llevada adelante por la Dirección Regional de Aysén de la Corporación Nacional Forestal en su contra, entidad de derecho privado pero que, conforme reza la ley y la abundante jurisprudencia sobre la materia, se encuentra sometida a su control, para el resguardo del cumplimiento de las normas jurídicas, del patrimonio público y la probidad administrativa.

Agrega seguidamente que la reclamación presentada tenía por objeto la revisión de la legalidad y racionalidad del procedimiento disciplinario, signado como “ investigación interna”, llevado a cabo por la sede regional Aysén de la nombrada Corporación, CONAF, en virtud de la cuál el Director Ejecutivo de la Corporación, don nombre reservado, procedió mediante Resolución N° 360 de 03 de Mayo de 2022, a poner término a su contrato de trabajo, extinguiendo unilateralmente la relación contractual existente, con el mérito del Informe Final de investigación emitido por el fiscal del referido proceso, aprobándolo en el mismo acto como también compartiendo sus conclusiones.

A continuación señala que la antes citada Resolución le fue notificada personalmente el 06 de Mayo de 2022, mediante la entrega de la carta N° 13 de fecha 05 del mismo mes y año, de la Directora Regional de CONAF, doña Claudia Alejandra Reyes Santelices, en la cuál expresa que desde esa misma fecha se puso término a su contrato en aplicación de la causa del Artículo 160 N° 1, letra a) del Código del Trabajo, esto es, falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones.

Indica que el origen de la Investigación Interna se encuentra en lo que la Dirección Regional de Conaf consideró como la instrucción del propio Contralor Regional de Aysén, en su ORD. N°E167314/2021, frente, a su vez, a la consulta realizada por el entonces Director Regional, en Oficio N° 238 de 2021, por eventuales faltas a la probidad por “ la doble función que este trabajador ejerce como actor público, esto es, por parte ser funcionario de la Corporación Nacional Forestal de la Oficina Capitán Prat, con sede en Cochrane y por otra, ser Consejero Regional de la nombre reservado. Precisa que desde el año 2014 ha ejercicio el cargo de elección popular de consejero regional por la nombre reservado, conformando desde entonces, el Consejo Regional de Aysén y que durante todos estos años de “doble función” ha compatibilizado ambas labores con irrestricto apego a la ley.

Continúa señalando que no obstante lo anterior, en el contexto de Pandemia por COVID-19, CONAF, mediante la señalada investigación interna, según se intenta fundamentar, se arribó a lo que se estimó como una irrefutable conclusión, de que cometió una grave falta a la probidad, ejecutando el contrato de mala fe. Que la conducta por la que fue desvinculado, según el razonamiento del Fiscal instructor de dicha investigación, “consiste en haberme mantenido en teletrabajo en CONAF, no obstante su abultada participación en actividades presenciales en rol de consejero regional, lo cual y a su juicio, configura una infracción grave a la probidad, aplicándole la causal de despido justificado del artículo 160 letra a) del Código del Trabajo”.

Expresa seguidamente que en su escrito de descargos presentado el 22 de Marzo de 2022, expuso los argumentos de su defensa, formulando recusación en contra del fiscal y ofreciendo prueba sobre los puntos, que en síntesis se refieren a: a.- Que mediante una serie de resoluciones fue autorizado a desempeñar sus funciones de manera remota, entre ellas la Resolución N°458 de 16 de Septiembre de 2020 y Resolución N°549 de 19 de Octubre de 2020, emitidas por el Director Ejecutivo de CONAF. Que el antecedente tenido a la vista para que CONAF estimase la concurrencia de los requisitos para que realizara teletrabajo fue el hecho que padece asma bronquial, lo que se acreditó mediante certificado de patología GES. Que la citada autorización se enmarcó en las diversas medidas adoptadas por las distintas entidades públicas como privadas para hacer frente a los riesgos de contagio en la pandemia por CORONAVIRUS y de lo cual da cuenta la Resolución N° 159 de 2020 del Director Ejecutivo de CONAF, que instruye el Protocolo de Coronavirus, la Resolución N° 163 del mismo año y origen que facultó a los directores regionales para autorizar el personal bajo su dependencia ejecute labores desde su domicilio. Que en virtud de lo señalado fue autorizado para realizar en modalidad no presencial, teletrabajo o remoto sus labores, las que corresponden, en calidad de interino, al de Encargado del Programa de Fiscalización y Evaluación Ambiental en la Oficina Provincial de nombre reservado, ciudad de Cochrane, Región de Aysén, lo que conlleva ser Jefe de Analistas de la provincia, del Sistema de Administración y Fiscalización Forestal (SAF), Jefe Unidad de Fiscalización Provincial, Encargado de Autorizaciones Simples de Corta de la Oficina Provincial nombre reservado, funciones que están establecidas en el Manual de Procedimientos de Administración Forestal, en el Instructivo de Operación del Sistema SAF y normativa Forestal.

Agrega que con fecha 25 de Agosto de 2021, don nombre reservado, Gerente de la Gerencia de nombre reservado de CONAF emitió el Memorándum N° 3941, que corresponde a “ Precisiones Protocolo Seguridad Sanitaria para el Reintegro Gradual Ley N° 21.342”. Que en aplicación del plan de retorno gradual se dictó, por el Director Ejecutivo de CONAF, la Resolución N° 878 de 04 de Noviembre de 2021, conforme a la cuál se le mantuvo en modalidad e trabajo remoto o a distancia.

Que en relación a sus funciones como Consejero Regional, señala que es necesario indicar que, con ocasión del Dictamen N° 6.693 de 2020 de la Contraloría General de la República, con fecha31 de Marzo de 2020 mediante acuerdo N° 5.623, el Consejo Regional de Aysén modificó su Reglamento Orgánico y de Funcionamiento por el cual se agregó el Título Duodécimo de Normas Especiales sobre procedimiento excepcional por COVID-19, cuyo artículo 135 estableció que el trabajo del Consejo Regional de Aysén, tanto en Comisiones como en Pleno, se realizaría bajo modalidad remota y que de ese modo ejecutó sus funciones entre el 31 de Marzo de 2020 y hasta el 11 de Agosto de 2021, fecha en que, según lo requerido por la Gobernadora Regional, se adoptó el Acuerdo N° 5.893, que modificó el citado artículo 135, solo en cuanto a que el trabajo en plenario del Consejo Regional se efectuara de manera presencial y que el trabajo remoto del Consejo Regional de Aysén se mantenía solo para las comisiones, hasta el día 09 de Diciembre de 2021, en que por acuerdo N° 5.959 fue derogado el Título Duodécimo de Normas Especiales Sobre Procedimiento Excepcional por COVID -19, volviendo a la presencialidad. Añade que el período en que realizó teletrabajo en CONAF y funciones presenciales como consejero regional coincidieron parcialmente entre el 11 de Agosto de 2021 con el Acuerdo N° 5.893 y totalmente, al retornarse al trabajo presencial de las Comisiones, desde el 09 de Diciembre de 2021.

A continuación expresa que durante el tiempo que desarrolló sus funciones de modo telemático reportó su trabajo y cumplimiento diario de su jornada laboral a su jefatura directa, la Jefa Provincial de CONAF, doña nombre reservado, todo ello usando los medios que ordinariamente CONAF ha dispuesto para ello, es decir, Registro de Asistencia y en el Sistema de Administración y Fiscalización Forestal (SAFF) y que los registros de asistencia fueron remitidos mensualmente a su jefatura inmediata, dándose cuenta del cumplimiento de los días trabajados para CONAF como también aquellos que debió desarrollar en su calidad de Consejero Regional, informes que fueran validados por la Jefa Provincial de CONAF, para luego ser enviados a Recursos Humanos, unidad que se encargaba de tramitar la consecuente resolución. Señala que su trabajo lo realizó y registró sus acciones asociadas en el Sistema de Administración y Fiscalización (SAFF), como habitualmente lo había realizado a contar del año 2018 y que diariamente mantuvo comunicación telefónica y electrónica con la Jefa Provincial de CONAF, como con quiénes formaban parte del equipo, esto es, para el reporte, coordinación de acciones y recepción de información. Señala seguidamente que el tiempo dedicado a su labor de consejero regional fue descontado de su remuneración mensual, por ser considerado como servidor público y, por ende, la aplicación de lo previsto en el inciso 2° del Artículo 39 bis de la Ley N° 19.175.

En cuanto a los hechos que constituirían la vulneración de derechos señala que en la reclamación interpuesta ante la Contraloría General de la República se hizo ver que ésta, en uso de sus facultades y de las atribuciones establecidas en la Ley N° 10.336, antes citada, resultaba competente para conocer del asunto reclamado, citando el Dictamen N° 5.665 de 2014, del mismo Órgano Contralor, sobre la facultad de ésta Entidad Fiscalizadora para ordenar la reapertura de una investigación efectuada en la Corporación Nacional Forestal, que transcribe en su parte pertinente; que no obstante todo lo expresado, la Contraloría General de la República, mediante Resolución Exenta N° 6682/ 2022 se abstuvo de conocer el asunto, en atención a “que de acuerdo con lo informado en Dictámenes N° 31.269, de 2010 y 10.928 de 2013, este organismo fiscalizador carece de competencia para pronunciarse sobre el asunto planteado, por cuanto el control del régimen jurídico y de remuneraciones del personal de la mencionada Corporación corresponde a la Dirección del Trabajo, atendida la circunstancia de que se trata de una entidad de derecho privado” ( Considerando N° 2)“. Agrega que ante ello y con fecha 08 de Septiembre de 202, solicitó al Señor Contralor General la reconsideración de esta decisión, presentando, a mayor abundamiento las consideraciones que indica respecto a la competencia de la Contraloría, entre otras, que CONAF cumple una función pública, que al ser una corporación de derecho privado, la Contraloría General de la República ha reconocido que, generalmente en su actuar y relación con terceros, CONAF se rige por sus estatutos y ante el silencio de éstos, por las normas pertinentes del Código Civil; que sin perjuicio de lo anterior, dicho Organismo Contralor ha señalado que “ no obsta a que, en el carácter de corporación de derecho privado y por la participación mayoritaria que en ella tiene el Estado, la referida Corporación se encuentra sometida a la fiscalización de esta Contraloría Regional con arreglo a lo previsto en el artículo 16, inciso segundo, de la Ley 10.336, entre otros aspectos, para cautelar la regularidad de sus operaciones”.

Agrega que resulta del todo coherente la solicitud de fiscalización del procedimiento denominado “ investigación interna”, pues del solo examen de los antecedentes aparecen de manifiesto las graves infracciones al principio del debido proceso, materia que no puede ser ajena al interés fiscalizador de Contraloría en el quehacer de una entidad que cumple funciones públicas, a saber: haber sido sujeto de un procedimiento carente de racionalidad y justicia, haber sido “ juzgado” con total falta de imparcialidad, el habérseme negado diligencias probatorias, la ausencia de posibilidad de impugnación, la carencia de motivación real de la decisión final, entre los principales. Cita y transcribe a continuación el artículo 8° N° 1 de la Constitución Política de la República, el que señala que es absolutamente aplicable a CONAF, como se señala en el Dictamen N° 40.405 de 2011 de la Contraloría General de la República.

A continuación, argumenta que del expediente de la Investigación Interna aparecen eventuales faltas cometidas en la conducción directiva de CONAF, especialmente de su jefatura directa provincial y a nivel regional, configurándose al respecto una posible contravención al principio de probidad a que se encuentran sujetos.

Expresa finalmente que lo solicitado no es acción de naturaleza laboral, señalando que la intervención de Contraloría no sólo es procedente, si no también necesaria; que la declaración del asunto como materia laboral-y en razón de ello derivarla a la Inspección del Trabajo-consultando la calidad de corporación de derecho privado de CONAF, no permitiría sino ejercer en dicha sede la acción por despido injustificado, dado la evidente falta de causa legal para su desvinculación y que esta tesis lo dejaría sólo con la opción de demandar la indemnización correspondiente, a consecuencia de-la previa-declaración del despido como justificado. Indica que en consecuencia, esta reclamación solo pudo interponerse ante Contraloría, dado su mandato constitucional, lo previsto en su Ley Orgánica y en la abundante jurisprudencia de esa misma sede administrativa, pues su desvinculación es producto directo e inmediato de un procedimiento contrario a lo razonable y justo, falta al principio del debido proceso y sobre lo cual la Contraloría es competente para investigar, mediante la correspondiente auditoría, investigación o lo que estime pertinente. Concluye que no obstante lo expuesto, mediante Resolución Exenta N° 7.388/2022 notificada mediante correo electrónico con fecha 30 de Septiembre de 2022, fue nuevamente desestimada su solicitud, reiterando las mismas razones que las solicitada reconsiderar.

En cuanto al Derecho y procedencia del Recurso de Protección, cita y transcribe el Artículo 98 de la Carta Fundamental; la Ley Orgánica Constitucional N° 10.336, en especial su artículo 16 inciso 2°, señalando además que la propia Contraloría General de la República, mediante los Dictámenes que indica, ha establecido que es de su competencia el control de la Corporación Nacional Forestal, en aplicación del precitado inciso 2°, especialmente por cuanto “ ejerce “ funciones públicas cualquier persona que cumple una actividad pública en procura del interés general, por lo que tales expresiones no se reducen únicamente a quienes revisten la calidad de empleados públicos sometidos al Estatuto Administrativo. En tal contexto, a los trabajadores que se desempeñen en la Corporación Nacional Forestal les son aplicables las disposiciones contenidas en el Título III de la Ley N° 18.575.

Que en razón de lo expuesto, señala que cabe concluir que el Ente de Control se encuentra facultado para investigar las infracciones cometidas por los servidores de la Corporación Nacional Forestal a los deberes que exige el principio de la probidad administrativa, en virtud del Artículo 21 A de la Ley N° 10.336, a fin de establecer las responsabilidades pertinentes( Dictamen 40.405 de 2011); que en esa línea y respecto de sus atribuciones directas en los procedimientos disciplinarios llevados a efecto por CONAF, ha establecido que “ en cuanto a la imposibilidad de reabrir la citada investigación interna” planteada por CONAF, acorde a lo contemplado en su Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad, es dable precisar que los artículos 133 y siguientes de la Ley N° 10.336, facultan al Contralor General o a cualquier otro funcionario en que aquél haya delegado dicha atribución, para instruir sumarios administrativos con el fin de determinar los hechos sujetos a investigación, las eventuales infracciones, los involucrados, sus grados de culpabilidad y aplicar o proponer, según sea el caso, las acciones disciplinarias que correspondan. Agrega que, de esta manera, en la medida que el procedimiento realizado por la CONAF garantice el principio del debido proceso, resulta indiferente que dicha tramitación no tenga la denominación de sumario administrativo o de investigación sumaria, de aquellas reguladas por el Estatuto Administrativo, por cuanto lo determinante es que, en virtud de la normativa y jurisprudencia antes señalada, la Contraloría General de la República cuenta con las potestades para disponer la instrucción, o bien la reapertura de la “ investigación interna” sustanciada por la referida Corporación, todo ello con el objeto de hacer efectiva las responsabilidades de los directivos y empleados de la misma. Sostener lo contrario, agrega, significaría amparar situaciones arbitrarias que irían en contra del correcto ejercicio de la facultad disciplinaria por parte de la autoridad, avalando irregularidades que, en la especie, pudieran afectar el apropiado destino de los recursos públicos entregados a la CONAF, ( Dictamen N° 5.665 de 2014).

Concluye señalando el recurrente respecto al Derecho y procedencia del Recurso de Protección que resulta incomprensible la decisión de la Contraloría General de la República de haberse abstenido de intervenir en este asunto, ante la excusa de ser CONAF una corporación de derecho privado; que es en consecuencia la inhibición de la Contraloría, un acto arbitrario, dado la ausencia de argumentos de fondo y razonamiento suficiente que permita motivar adecuadamente su decisión; además de ser ilegal pues desatiende su mandato constitucional, su Ley Orgánica y su propia jurisprudencia.

En lo relativo a la vulneración de garantías constitucionales, señala el recurrente que la falta de intervención y ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República le han dejado en la total indefensión, vulnerando garantías constitucionales protegidas por el legislador mediante el ejercicio de la acción de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, a saber, la Igualdad ante la Ley consagrada en el artículo 19 N° 2, derecho fundamental que consiste en que la aplicación de las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y que en el presente caso, la omisión arbitraria e ilegal de la Contraloría ha vulnerado su garantía constitucional al dar un tratamiento distinto a su denuncia y solicitud de intervención en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, no obstante encontrarse en los mismos presupuestos a que se refieren los dictámenes citados; que procede considerar las normas contenidas en la resolución N° 6 de 2019 de la Contraloría, en particular en su Artículo 11, el que consigna “ Están afectos al trámite de toma de razón los decretos y resoluciones que se dicten sobre las materias que a continuación se indican:”, transcribiendo los números 5,6 y 7 de la citada norma. Agrega que la Resolución N° 360 de fecha 03 de Mayo de 2022, del Director Ejecutivo de CONAF por la cuál dispuso el término unilateral de su contrato de trabajo, en virtud de la mencionada investigación interna, es de carácter exenta, carente de todo control preventivo de legalidad, cuestión que también hizo valer en la reclamación interpuesta.

En cuanto a la infracción a lo establecido en el Artículo 19 N° 3, de la Constitución Política de la República expresa que en el Recurso se ha advertido y enunciado las patentes transgresiones al principio del debido proceso con que CONAF llevó adelante la Investigación Interna, que en definitiva dio paso a su desvinculación de la citada Corporación y en esto, señala que la decisión arbitraria e ilegal de la Contraloría General de la República de no intervenir ha sido clave. Que si bien la Constitución no define expresamente el contenido del debido proceso, tanto la doctrina como la Jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia han logrado establecer las diligencia y parámetros, cuya concurrencia- o no – permiten dilucidar, con elementos configurativos, si se está frente a un proceso racional y justo.

Agrega seguidamente que ante la naturaleza y connotación de los hechos constitutivos de la denuncia, Contraloría se encontraba en el deber de intervenir, en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras sobre el actuar, a su vez arbitrario e ilegal, de una entidad sujeta a su control, como lo es la Corporación Nacional Forestal, siendo además la falta de toma de razón de la resolución que dispuso su desvinculación, también una vulneración a esta garantía fundamental, toda vez que y como se dijo, para nacer a la vida del derecho, debió haber superado aquél examen preventivo de legalidad por parte del Órgano Contralor y no obstante lo cual, se encuentra apartado de sus funciones sin que se hubiera cumplido con el requisito anotado.

Continúa señalando que el procedimiento de esta Investigación Interna se encuentra regulado en el Título XXII “ De las Infracciones que ameriten Investigación y sus Sanciones, del Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de CONAF, citando su artículo 76 y refiriéndose especialmente a las disposiciones contenidas en el artículo 77 del citado Reglamento.

En cuanto a las faltas al debido proceso alegadas señala, en primer lugar, la falta de imparcialidad en la sustanciación del procedimiento: Recusación formulada en contra del Investigador, nombre reservado. Señala que con ocasión de la presentación de sus descargos, procedió a formular recusación en contra del Fiscal, como se denomina en autos, consistente en la manifiesta enemistad de nombre reservado para con su persona, fundando dicha causal en las actuaciones que constan en el propio procedimiento sancionatorio, en el que, según señala, se hacen aseveraciones y formulaciones con total carencia de objetividad e imparcialidad, distorsionando la apreciación de los hechos, haciendo juicios de valor y atribuyéndole conductas no acreditadas, con un abierto y concreto ánimo solo de dañar, usando expresiones como las que transcribe.

Continúa señalando a este respecto que el Fiscal no solo desestimó la prueba por el ofrecida, que además desechó su defensa a este respecto, sustentando en que el procedimiento fijado en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad no considera la posibilidad de recusación, sin ningún análisis de la significancia de esta institución como garantía de un proceso imparcial y justo. Que, a pesar de ello, bien pudo el Fiscal acusar su propia implicancia, tal como si lo contempla el procedimiento en el citado Reglamento En segundo lugar señala la negación de las diligencias probatorias que solicitó, en orden a que se tomara declaración a personas específicas, sobre puntos también específicos. Que no obstante el hecho de que fueron tomadas las declaraciones a las personas indicadas, ellas no fueron interrogadas al tenor de lo solicitado en el marco de su defensa de acuerdo a lo alegado, en un procedimiento totalmente secreto, no teniendo noticias de estas diligencias sino solo al tiempo en que le fue notificada la Resolución N° 360 de 2022 del Director Ejecutivo de CONAF, con cuya notificación se me entregó el Informe Final de Investigación Administrativa.

En tercer lugar alude a la imposibilidad de ejercer una debida defensa: formulación de cargos abiertos e imprecisos : señala que al momento de formular sus descargos hizo ver la imprecisión y amplitud de las conductas que se le imputan; que exigen las condiciones para una debida defensa, el conocer las conductas e imputaciones concretas y precisas que se formulan, de modo tal que permitan conocer el detalle de los hechos constitutivos de la o las infracciones que se atribuyen y como éstas han afectado los deberes que establecen las normas legales que se dicen vulneradas; que no resulta posible la imputación mediante la descripción de conductas genéricas, amplias y/o imprecisas, vagas y poco concretas, puesto que no son suficientes para ejercer debidamente el derecho a defensa; que en la formulación de cargos hecha por el Sr. Fiscal, no consta ninguna conducta debidamente descrita, que solo se anotan conductas abiertas, imprecisas y vagas, señalando a modo de ejemplo, las siguientes: “ queda objetivamente establecido, que el trabajador investigado premeditada, deliberada y conscientemente ha desarrollado sus actividades como autoridad política regional de Consejero Regional (CORE) de manera pública, con absoluta normalidad y de manera presencial en diversas localidades de la Región de Aysén”, que “ El señor nombre reservado asiste a sesiones y actividades en terreno en distintas comunas de la Región en su calidad de Consejero Regional, e incluso se ha acreditado la participación de este en diversas actividades de carácter deportivas las cuáles serían del todo perjudiciales en virtud de la enfermedad que acredita ( Asma Crónica) y que lo invalida para efectuar actividades de carácter presencia, en el marco de la Pandemia COVID. Agrega que no se comprende de modo objetivo y fundado, como el Fiscal, al formular cargos pudo arribar a dichas conclusiones, cuando no fueron aportados ejemplos sino solo citas vagas. A continuación se formula ciertas preguntas sobre los perjuicios, percances, afectación del clima laboral, cuál es la conducta imputada y que la categoriza como abusiva, en que caso se configuró una inadecuada atención a usuarios que su actuar habría generado, en que consistieron; preguntas que nunca fueron formuladas por el Fiscal y por supuesto no contestadas ni acreditadas en la Investigación Interna llevada en su contra.

Agrega, citando diversa Jurisprudencia, que la debida defensa obliga a otorgar a las partes o interesados en un proceso las condiciones y medios adecuados de defensa, que le permitan “ oportuna y eficazmente presentar sus pretensiones, discutir las de la otra parte, presentar pruebas e impugnar las que otros presenten, de modo que, si aquellas tienen fundamento, permitan el reconocimiento de sus derechos, el restablecimiento de los mismos o la satisfacción que, según el caso proceda”; quedando por cierto excluido todo procedimiento que “ no permita a una persona hacer valer sus alegaciones o defensas o las restrinja de tal forma que la coloque en una situación de indefensión o inferioridad” ; que la Constitución asegura a todas las personas: la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, el emplazamiento, adecuada defensa y asesoría con abogados, la producción libre de pruebas conforme a la ley, el examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recursos para revisarlas sentencias dictadas por tribunales inferiores, siendo la función del debido proceso establecer la necesidad de cumplir ciertas exigencias o estándares básicos dentro del procedimiento o de la investigación, en su caso, a objeto de que el derecho a la acción no se torne ilusorio y que la persona que lo impetre no quede en un estado objetivo de indefensión. Termina señalando que la garantía del debido proceso ha sido contemplada por el constituyente respecto de los órganos que ejercen jurisdicción, concepto que es mas amplio que el de Tribunales Judiciales, siendo deber, también de la Contraloría General de la República, velar por su irrestricta observancia, cuestión que indica, no ocurrió.

En cuanto a la infracción a lo establecido en el Artículo 19 N° 4, de la Constitución Política de la República señala que la Constitución garantiza a todas las personas el respeto y protección a la honra de la persona, “ sinónimo de derecho al respeto y protección del “ buen nombre”, derecho de carácter personalísimo que es expresión de la dignidad humana consagrada en el artículo 1° de la Carta Fundamental; agrega que es consejero regional por la nombre reservado, electo por votación directa en sufragio universal, que es su tercer período desde la elección del año 2013; que la finalidad de este cuerpo colegiado es hacer efectiva la participación de la comunidad regional; que la omisión de la Contraloría General, en cuanto a su decisión de no intervenir, avala o ampara el grave accionar de CONAF por el cuál, en un procedimiento a todas luces irregular, se llegan a conclusiones caprichosas en que se asevera que “ he actuado de mala fe”, “ anteponiendo mi interés particular y político, por sobre el interés general”, de forma “ premeditada, deliberada y consiente”; que ante la ausencia de las reglas mínimas de un debido proceso como de prueba suficiente tendiente a acreditar un actuar por su parte de mala fe, se ha vulnerado su derecho constitucional a la honra, existiendo una afectación del respeto y buena opinión que pueda tenerse respecto de su dignidad y cualidades morales, afectando su reputación como autoridad de elección popular. Concluye señalando que las conclusiones en que se sustenta su desvinculación, falta a la probidad, constituye una falsedad que distorsiona el concepto público que se tiene de él como autoridad regional y como individuo y que la omisión de la Contraloría de intervenir mediante la fiscalización requerida, la hace cómplice de la vulneración de la garantía constitucional.

En cuanto a la infracción a lo establecido en el Artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, el derecho a la libertad de trabajo y su protección, señala que “ claro es el artículo 20 de la Constitución Política de la República, al establecer la tutela mediante el ejercicio de la acción de protección del derecho a la libertad de trabajo, el cuál conforme a la ya asentada doctrina y jurisprudencia, se extiende al resguardo del trabajo mismo, en atención al compromiso inseparable de respeto a la dignidad del trabajador en la forma que efectúa su labor y a la ineludible función social que cumple el trabajo.” Agrega que, en consecuencia, “ la Constitución también protege al trabajo propiamente tal, no consagrando el derecho al trabajo en términos generales, pero si derechos que constituyen elementos fundamentales de éste y que pueden exigirse efectivamente al Estado”; seguidamente expresa que la protección jurídica sobre el trabajo incluye no solo la libertad de buscarlo sino también el trabajo en si y que el Código del Trabajo entiende que el derecho al trabajo es el que asegura al trabajador cierta estabilidad o permanencia en su empleo o labor.

Concluye expresando que nunca ha sido su pretensión lograr la indemnización por despido injustificado, solicitando que su Recurso sea acogido y que en definitiva se declare como arbitraria e ilegal la omisión de la Contraloría General de la República.

Con fecha 3 de enero de 2023, se ordenó traer los autos en relación. Con fecha 26 de enero de 2023, se procedió a la vista de la causa, ocasión en que se anunciaron para alegar y así lo hicieron, don nombre reservado, por el Recurso y don nombre reservado, en contra del Recurso, quiénes reiteraron los argumentos consignados en sus presentaciones.

La causa quedó en estado de acuerdo.

Con fecha 26 de Enero de 2023 se decretó, como medida para mejor resolver, que la recurrida remitiera copia del Oficio N° 238, de 2021 remitido por la Corporación Nacional Forestal, CONAF a la Contraloría Regional y copia del Oficio N° E167314, de 2021, de la Contraloría Regional de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo.

Con fecha 06 de Febrero de 2023, se tuvo por cumplida la medida para mejor resolver decretada.

.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que don nombre reservado, interpone recurso de protección en contra de la Contraloría General de la República, representada por don Jorge Bermúdez Soto por, según señala, su omisión arbitraria e ilegal, al desestimar el recurso de reposición presentado por el recurrente en contra de la decisión de no ejercer sus facultades y atribuciones fiscalizadoras sobre el actuar- ilegal y arbitrario- de la Corporación Nacional Forestal y por el cuál, en definitiva, fue desvinculado de sus funciones como trabajador de la dotación permanente de CONAF que inició en el mes de Marzo de 1997 y de los cuáles, los últimos 14 años los desempeñó en la Comuna de Cochrane, nombre reservado, de la Región de Aysén.

Agrega que recurrió ante la Contraloría General de la República para que Ésta, en uso de sus atribuciones y facultades procediera a la revisión de la investigación interna llevada adelante por la Dirección Regional de Aysén de la Corporación Nacional Forestal en contra del recurrente, con el objeto de que se revisara la legalidad y racionalidad del procedimiento disciplinario, en virtud del cual se procedió por el Director Ejecutivo de dicha Corporación, don nombre reservado, a poner término a su contrato de trabajo con fecha 03 de Mayo de 2022, procedimiento en que, según acota, aparecen graves infracciones al principio del debido proceso, tales como haber sido sujeto de un procedimiento carente de racionalidad, haber sido juzgado con total falta de imparcialidad, el habérsele negado diligencias probatorias, la ausencia de posibilidad de impugnación y la carencia de motivación real de la decisión final, entre las principales. Agrega que la resolución emanada de la Contraloría General de la República vulnera sus garantías constitucionales, específicamente las contempladas en la Constitución Política de la República en su Artículo 19 N° 2, esto es, la igualdad ante la ley, la del Artículo 19 N° 3, el debido proceso, la contemplada en el Artículo 19 N° 4 , el derecho a la honra y la del Artículo 19 N° 16, el derecho a la libertad de trabajo y su protección.

Solicita que por las razones expuestas en su Recurso sea éste acogido en definitiva, declarando como arbitraria e ilegal la omisión de la Contraloría General de la República, al negar su competencia de intervenir mediante el ejercicio de sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, en el procedimiento y resultados de la Investigación Interna llevada adelante en su contra por la Corporación Nacional Forestal, declarando con ello también su desvinculación como arbitraria e ilegal, restituyéndole a su empleo, con el correspondiente reintegro de las remuneraciones de las que ha sido privado desde el momento de separación de sus funciones y se ordene además, la correspondiente investigación por las faltas a la probidad de las autoridades, funcionarios o jefaturas de dicha Corporación, tanto por la sustanciación de este procedimiento u otras que en derecho correspondan, en el marco de los antecedentes de hecho y de derecho expuesto o bien que de ello se deriven, restaurando de este modo la protección de los derechos fundamentales vulnerados, conforme a lo precedentemente expuesto.

SEGUNDO: Que informando el Recurso señala la Contraloría General de la República, como antecedentes del Recuso, que cabe precisar que por medio el Oficio N° E167.314, de 2021, la Contraloría Regional de Aysén, frente a una presentación efectuada por la Corporación Nacional Forestal, CONAF, acerca de diversas circunstancias que configurarían a su juicio, falta a la probidad administrativa por parte del recurrente como trabajador de esa entidad, quién además se desempeñara como Consejero Regional de esa Región, concluyó que esa Corporación debía ordenar el inicio de un procedimiento de investigación para indagar tales hechos.

Agrega que, luego cabe señalar que la Dirección Regional de Aysén de CONAF ordenó la aludida investigación interna por medio de la Resolución N°7, de 2022, la cual fue concluida por esa Corporación mediante resolución exenta N° 360, de 3 de Mayo de 2022, por la que se dispuso el término del contrato de trabajo del actor, de acuerdo a lo previsto en el artículo 160, N°1, letra a) del Código del Trabajo, basado en la infracción al principio de probidad, atendido que, pese a no asistir presencialmente a sus labores como fiscalizador de la CONAF en la Región de Aysén, porque padecería una afección de salud, concurría a trabajo presencial como Consejero Regional de esa Región.

Manifiesta a continuación que, seguidamente el actor solicitó a esta Entidad de Control- a través de presentación ingresada bajo la referencia N° 111.576 de 2022, que ordenara su reincorporación, declarando improcedente su desvinculación dispuesta por la CONAF mediante la citada resolución N° 360 del mismo año. Que al respecto, y mediante la resolución exenta N° 6.682, de 1 de Septiembre de 2022 la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago determinó abstenerse de emitir un pronunciamiento sobre el asunto planteado, toda vez que de acuerdo con el criterio contenido en los dictámenes Nos. 31.269, de 2010 y 10.928, de 2013, el control del régimen jurídico y de remuneraciones del personal de la mencionada Corporación corresponde a la Dirección del Trabajo, razón por la cual remitió los antecedentes a la Dirección del Trabajo.

Que posteriormente, el señor nombre reservado dedujo reposición respecto de la citada resolución exenta N° 6.682, tras lo cual se determinó que el recurrente no aporto nuevos antecedentes ni elementos de juicio que permitieran variar lo resuelto, desestimándose en consecuencia tal impugnación, a través de la resolución exenta N° 7.388, de 30 de Septiembre de 2022, de la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago.

Que en ese contexto, el actor interpone la presente acción cautelar respecto de la precitada resolución exenta N° 7.388 de 2022 de la I Contraloría Regional Metropolitana, por haber sido objeto de un procedimiento investigativo por parte de la CONAF, el que estima no se ajustó al debido proceso, y considerando que supuestamente este Ente de Control habría vulnerado las garantías fundamentales contenidas en el Artículo 19 Nos :2, 3, 4 y 16 de la Constitución Política de la República, pidiendo se declare como arbitraria e ilegal la determinación de este Órgano Contralor de no intervenir en ese proceso de investigación, como en sus resultados.

A continuación argumenta la falta de legitimación pasiva, expresando que debe considerarse lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley 19.880 que establece que interpuesta por un interesado una reclamación ante a Administración no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquella no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimado y que luego, el inciso segundo de ese artículo dispone que planteada una reclamación ante la administración se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional. Que en la especie, el actor denunció ante este Organismo de Control el acto mediante el cual CONAF puso término a su contrato de trabajo, lo que determinó la interrupción del plazo para interponer la presente acción cautelar en contra de esa decisión. Que el mismo artículo 54 de la Ley N° 19.880 continúa indicando que el plazo volverá a contarse desde la fecha en que se notifique el acto que la resuelve o, en su caso, desde que la reclamación se entienda desestimada por el transcurso del mismo. Que en consecuencia, agotada la vía ante la I Contraloría Regional Metropolitana, con la notificación al actor verificada el 30 de Septiembre de 2022 de la citada resolución exenta N° 7.388, de esa fecha y origen, por la que se desestimó el recurso de reposición deducido por este acerca de la N° 6.682, del mismo año, sobre la abstención de esa entidad Contralora de pronunciarse respecto de su denuncia en contra del citado organismo, de conformidad con lo dispuesto en el reseñado inciso segundo del artículo 54 de la Ley 19.880, se reanudó el plazo para que el señor nombre reservado interpusiera ante los Tribunales de Justicia la acción jurisdiccional de que se trata, mas no en contra de este ente de Control sino en contra de la Corporación Nacional Forestal que determinó, al finalizar tal investigación interna, por medio de la resolución exenta N° 360, del mismo año, ponerle término a su contrato de trabajo, de acuerdo al Artículo 160 N° 1 , letra a) del Código del Trabajo, el que, por ende, eventualmente, podría causarle la afectación que reclama el recurrente.

Señala a continuación que, en el evento de ser procedente la impugnación de la referida determinación administrativa por la vía del recurso de protección, en ningún caso debió dirigirse en contra de este Ente Fiscalizador, quién no dispuso el cese de la relación laboral del interesado, sino que se abstuvo de revisar lo relacionado con el término de su contrato de trabajo, pues compete a la Dirección del Trabajo fiscalizar tal materia, ya que esta Contraloría General, solo tiene injerencia en relación a la CONAF, en lo que se refiere al ejercicio de funciones públicas, pero no en relación a eventuales derechos laborales de sus trabajadores, quiénes no revisten el carácter de funcionarios públicos. Concluye solicitando que se desestime el recurso de protección por falta de legitimación pasiva del Organismo Contralor.

Plantea a continuación la falta de emplazamiento de la CONAF, señalando que de acuerdo al libelo de autos, queda de manifiesto que el recurrente busca cuestionar lo obrado por la CONAF, en el marco del procedimiento de investigación interna efectuado por dicha corporación, de modo tal que cualquier determinación que se adopte en relación con lo actuado por CONAF otorga a dicho organismo la calidad jurídica de interesado.

Seguidamente sostiene la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad. Señala que los trabajadores de la Corporación Nacional Forestal no son funcionarios públicos; que cabe señalar que atendidas las funciones que CONAF desarrolla- respecto de aquellas cuya ejecución conlleva el ejercicio de labores que revestirían la naturaleza de públicas- esta entidad de control tiene atribuciones de fiscalización, pero aquellas no alcanzan el régimen laboral de sus trabajadores. Agrega que, en efecto al tratarse de una persona jurídica de derecho privado, su personal se rige por las normas del Código del Trabajo, y quién debe pronunciarse sobre las materias vinculadas al régimen laboral de sus servidores, es la Dirección del Trabajo, conforme al decreto con fuerza de ley N° 2 de 1967. Termina expresando que por las consideraciones expuestas, no compete a la Contraloría General resolver el reclamo laboral del recurrente, pues lo que el cuestiona en definitiva y busca revertir es el término de su contrato de trabajo, dispuesto por la CONAF.

Argumenta seguidamente que la abstención confirmada a través del oficio recurrido se ajusta a derecho, pues la Resolución exenta N° 7.388, de 2022 impugnada, no puede ser calificada de ilegal ni arbitraria, toda vez que la I Contraloría Regional Metropolitana, a través de aquel acto, se limitó, luego del estudio de los antecedentes, a confirmar la procedencia de abstenerse de pronunciarse sobre el asunto planteado por el actor, por ser competente la Dirección del Trabajo. Agrega que sobre el particular, el recurrente sostiene erradamente que la Contraloría General desatendería el mandato constitucional y legal, encontrándose facultada para indagar las supuestas infracciones cometidas por los servidores de esa Corporación, conforme al artículo 21 A de la Ley N° 10.336, que prevé diversas atribuciones para efectuar auditorías en resguardo del patrimonio público y de la probidad administrativa. Sobre este último aspecto expresa que cabe considerar que los diversos dictámenes que cita el recurrente que facultarían a la Contraloría General para investigar a funcionarios de la CONAF por una eventual vulneración a la probidad administrativa, su aplicación no resulta efectiva por cuanto la atribución fiscalizadora de la Contraloría General de la República, no se extiende a verificar si se ajustó o no a derecho el término del contrato de trabajo de un trabajador de esa entidad, pues lo concerniente a los derechos laborales de aquellos, debe ser fiscalizado por la Dirección del Trabajo.

En tercer lugar señala Contraloría General en su informe, que el actor contradice sus propios actos, argumentando que lo reclamado por el actor sobre el cese dispuesto por la CONAF respecto de su relación laboral, corresponde a un asunto en el cuál es competente para pronunciarse es la Dirección del Trabajo, más aun, teniendo en cuenta que el actor había recurrido ante dicho organismo por el pago de diversas prestaciones laborales. Que con fecha 26 de Agosto de 2022 fueron citados, junto a CONAF por la Inspección del Trabajo, que del examen del acta de comparendo de conciliación celebrada entre CONAF y el actor ante el Centro de Conciliación y Mediación, Región Metropolita Poniente de la Dirección del Trabajo, aparece que reclama el pago de feriado legal, finiquito, como de indemnización por años de servicios, lo cual según señala, ratifica que su vínculo laboral se encuentra sujeto a la fiscalización de la mencionada Dirección y la procedencia de que este Órgano de Fiscalización se haya abstenido de intervenir en la materia.

En cuarto lugar, hace presente que lo sostenido por la Dirección del Trabajo en la materia es conteste con el criterio de la Contraloría General, toda vez que la Dirección del Trabajo se ha pronunciado profusamente acerca de la CONAF sobre cuestiones concernientes a materias tales como remuneraciones, beneficios, concursos, materias sindicales, entre otras, del personal de la Corporación.

En quinto lugar señala que el actor puede reclamar ante las instancias que le franquea la legislación laboral y que es menester puntualizar que lo resuelto por este Organismo Contralor implica que el actor quede en la indefensión en relación con la situación que el reclama, pero corresponde que haga sus alegaciones por las vías que la legislación laboral le franquea.

En cuanto a los derechos supuestamente constitucionalmente vulnerados, señala la Contraloría General de la República, que en cuanto al Derecho contemplado en el Artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, el señor nombre reservado no ha acreditado la existencia de una diferencia arbitraria que lesione su derecho a la igualdad ante la ley, circunscribiéndose a citar pronunciamientos que no resultan aplicables al asunto planteado por por tratarse de dictámenes que el Organismo Fiscalizador ha emitido en el marco de sus facultades examinadoras, no resultándole aplicable tales criterios, a las materias de índole laboral que pretende extender el actor; que en cuanto a la resolución N° 360 de 2022 de CONAF, que dispuso el término de su relación laboral, no se sujeta a control de legalidad por parte del Ente Fiscalizador por corresponder éste a la Dirección del Trabajo.

En relación al Derecho contemplado en el Artículo N°3, de la Constitución Política de la República, señala la Contraloría que el derecho invocado no se encuentra garantizado mediante la acción de protección de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 20b de la Constitución. Que, con todo, cabe puntualizar que la supuesta afectación esgrimida por el recurrente dice relación con el proceso investigativo llevado a cabo por la CONAF, en que esta entidad de control no intervino, de manera que no se vislumbra de que manera el actuar de este Órgano de Fiscalización haya podido perturbar, amenazar o conculcar tal garantía.

Refiriéndose al Derecho contenido en el Artículo 19, N° 4, de la Constitución Política de la República, señala el Organismo Contralor, que frente a las afirmaciones del actor, no puede entenderse que la abstención del conocimiento del asunto planteado por el actor ante esta Contraloría General, por no corresponde a una materia de su competencia de acuerdo a la normativa y jurisprudencia citada, pueda implicar una lesión a la honra de una persona.

En cuanto al Derecho contemplado en el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, señala la recurrida que de acuerdo al Artículo 20 de la Constitución Política de la República, la acción constitucional solo es aplicable respecto del numeral en estudio, en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación y a lo establecido en su inciso cuarto, que se refiere a la negociación colectiva y que no se advierte como la emisión de la resolución exenta recurrida pudiera amenazar, perturbar o privarle de su derecho a buscar, obtener, ejercer o desempeñar cualquier actividad remunerativa, profesión u oficio lícitos.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

CUARTO: Que conforme al numeral 1° del auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, establece que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

QUINTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEXTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SÉPTIMO: Que, el recurrente ha hecho consistir, fundamentalmente, el acto arbitrario o ilegal en la negativa de la Contraloría General de la República, a la revisión de la investigación Interna incoada en su contra por CONAF.

OCTAVO: Que se desprende de los antecedentes acompañados, que CONAF inició una investigación interna en contra del recurrente, por instrucción del ente contralor según se deduce del contenido del ORD.N°: E167314/2021, conforme al cuál la Contraloría, respondiendo el ORD: N° 238/2021 del Director Regional Dirección Regional Aysén OR.XI, instruye a la Dirección Regional de dicha Institución en cuanto a que “ las faltas a la probidad que se describen respecto del funcionario de CONAF, corresponde precisar que los mecanismos contemplados en el ordenamiento jurídico estatutario para una idónea administración de los recurso humanos del organismo de que se trate, entregan a la autoridad que detenta las potestades jerárquicas y disciplinarias, la discrecionalidad para evaluar la situación según su gravedad y adoptar las medidas necesarias”; que considerando que esa Corporación cuenta con facultades para investigar eventuales faltas a la probidad en las que haya incurrido uno de sus trabajadores, se instruye a CONAF que deberá ordenar el inicio de un procedimiento de investigación para indagar las circunstancias comunicadas en esta oportunidad, en la que se vele por el respeto al principio del debido proceso, y remitir a esta Sede Regional copia del acto correspondiente, dentro de plazo de quince días hábiles, contados desde la recepción de este oficio”

NOVENO: Que la esencia de lo discutido, radica en si la Contraloría General de la República, conforme a lo señalado por la Ley N° 10.336 y en uso de sus facultades y atribuciones, debía o no, intervenir en el procedimiento iniciado en contra del recurrente, denominado investigación interna, a objeto de verificar la existencia o no de hechos que pudieran llegar a constituir una falta al principio del debido proceso y respecto a la imparcialidad de los actuantes en el desarrollo de dicho procedimiento investigativo.

DÉCIMO: Que en lo relativo al debido proceso, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado señalando que "el procedimiento legal debe ser racional y justo. Racional para configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo para orientarlo a un sentido que cautele los derechos fundamentales de los participantes en un proceso" (Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol N° 1838, de 7 de julio de 2011, c. 10).

UNDÉCIMO: Que el procedimiento de investigación o “ investigación interna” iniciado en contra del recurrente, independiente del nombre que se dé a ésta, estaba destinado a indagar los hechos comunicados por CONAF a la Contraloría General de la República en su ORD.N° 238/2021, respecto a la conducta del recurrente y que la primera consideraba como contradictorios al principio de probidad.

DUODÉCIMO: Que tratándose de hechos y/o conductas relativas a infracciones al debido proceso y al principio de probidad denunciadas, más cuando ellas son investigadas por instrucciones de la Contraloría General de la República, según se desprende del Oficio N° E167314, en que instruye a CONAF en cuanto a que en el procedimiento se debe velar por el principio al debido proceso y ordena remitirle copia del acto correspondiente, fijándole un plazo, es de parecer de este Tribunal que el Ente Contralor debió intervenir mediante el ejercicio de sus atribuciones y facultades fiscalizadoras en la investigación interna desarrollada por CONAF a objeto de verificar el cumplimiento de sus instrucciones emanadas del citado ORD.N° E167314 / 2021, de acuerdo a los artículos 16 y 133 y siguientes del Decreto 2421 que fija el texto refundido de la ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República y lo señalado en los artículos 2, 3, 10, 19 y 26 de la Resolución N°510, que aprueba el Reglamento de Sumarios Instruidos por la Contraloría General de la República, por lo que al no haber intervenido tal omisión resulta ilegal, sin perjuicio que el actuar de la recurrida aparece contradictorio al ordenar investigación y luego sostener que no tiene facultad de fiscalización en dicho procedimiento investigativo, careciendo por ello su conducta de lógica y, por ende, surge del todo arbitraria.

DÉCIMO TERCERO: Que, la omisión ilegal y arbitraria en lo resuelto por la Contraloría General de la República en orden de abstenerse de revisar la investigación, conculcó la debida protección de la garantía constitucional establecida en el Art 19 N°2 de la Constitución Política de la República, que le asiste al recurrente al dar un tratamiento distinto a éste respecto a su denuncia y solicitud de intervención en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, frente a otras personas que se hayan en los mismos presupuestos.

DÉCIMO CUARTO: Que, no se advierten vulneradas las otras garantías invocadas por el recurrente, a saber, las del N°3, N°4 y 16 de la Carta Fundamental, dado que el debido proceso, la honra y la libertad de trabajo no se vincula directamente con la omisión del ente contralor recurrido sino más bien con lo obrado por CONAF y que debe ser objeto de revisión por el Órgano Contralor.

DÉCIMO QUINTO: Que, de este modo se acogerá el recurso, solo en cuanto la recurrida deberá pronunciarse en el procedimiento y resultados de la investigación interna llevada adelante en contra del recurrente por la Corporación Nacional Forestal, sin que se pueda acceder a su petición de que esta Corte declare su desvinculación como arbitraria e ilegal, restituyéndolo en su empleo, con el correspondiente reintegro de las remuneraciones de la que ha sido privado, desde el momento de la separación de sus funciones y se ordene, además, la correspondiente investigación por las faltas a la probidad de las autoridades, funcionarios o jefaturas de dicha Corporación, tanto para la sustanciación del procedimiento u otras que en derecho corresponda, dado que ello escapa a la competencia de esta Corte y debe ser objeto de pronunciamiento de la recurrida.

Por estas consideraciones, lo dispuesto por la Ley N° 10.336 y la Ley N° 18.575, citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, se resuelve:

I.- Que SE ACOGE, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Contraloría General de la República, representada por don Jorge Bermúdez Soto, solo en cuanto ésta deberá pronunciarse sobre la concurrencia o no de infracciones al debido proceso en la tramitación de la investigación realizada en contra del recurrente por la Corporación Nacional Forestal.

II.- Que no se condena en costas a la recurrida, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del señor Fiscal nombre reservado (S), don nombre reservado.

Se deja constancia que no firman, la señora Ministra Titular doña Natalia Marcela Rencoret Oliva, por encontrarse haciendo uso de feriado legal, ni el señor Fiscal nombre reservado don nombre reservado, al haber cesado en su cometido; no obstante hacer concurrido a la Vista y al Acuerdo de la presente causa.

Rol N°: 1444-2022.-