nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Coyhaique, trece de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°143-2026, mediante presentación de fecha 16 de junio de 2026, comparece don Ángel Alfonzo Velásquez Castañeda, abogado, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad boliviana, domiciliada en domicilio reservado, Región de Aysén, quien deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por la omisión ilegal y arbitraria consistente en no habilitar, emitir ni entregar, efectivamente, el estampado electrónico rectificado correspondiente a la recurrente, rectificación que fuere acogida, lo que conculca las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva: ordenar al Servicio Nacional de Migraciones adoptar, dentro del plazo breve y perentorio que S.S. Ilustrísima se sirva fijar, todas las medidas administrativas, técnicas y materiales necesarias para:

1. Habilitar la descarga, emitir o entregar efectivamente el estampado electrónico rectificado correspondiente a doña nombre reservado, asociado a la Resolución Exenta N.° 22371646, de fecha 24 de agosto de 2022, y al Estampado Electrónico N.° 437337, con la correcta individualización de la recurrente.

2. Corregir toda inconsistencia registral o informática que mantenga erróneamente consignado el nombre de la recurrente como “nombre reservado”, debiendo figurar correctamente como “nombre reservado”.

3. Informar o remitir los antecedentes pertinentes al Servicio de Registro Civil e Identificación, a fin de que la recurrente pueda renovar su cédula de identidad para extranjeros sin que el error ya rectificado por el Servicio Nacional de Migraciones constituya un nuevo obstáculo administrativo.

4. Informar documentadamente a esta Iltma. Corte el cumplimiento íntegro de lo ordenado, dentro del plazo que se fije al efecto.

Todo ello, con expresa condena en costas, o con las demás medidas que S.S. Ilustrísima estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la recurrente.”.

Con fecha 24 de junio de 2026 se incorporó el informe requerido por doña nombre reservado, abogada de la Dirección Regional Aysén del Servicio Nacional de Migraciones.

Asimismo, con fecha 5 de agosto de 2026, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 7 del mes y año en curso, sin la comparecencia de los apoderados de las partes; tras lo cual, se pasó al estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en lo pertinente, el recurrente funda su presentación señalando que, doña nombre reservado obtuvo el beneficio de residencia temporal, sin embargo, al extenderse el respectivo Estampado Electrónico N° 437337, activado con fecha 31 de agosto de 2022, la recurrente advirtió que el documento contenía un error en la individualización de su nombre, toda vez que aparecía registrada como “nombre reservado”, omitiéndose la letra “A” en su segundo apellido, el cual, correctamente corresponde a nombre reservado.

Que a raíz de lo anterior, la recurrente realizó una solicitud de rectificación de dicho estampado ante el Servicio Nacional de Migraciones, trámite ingresado bajo folio N.° 32568360 y código de trámite N.° 59615117, a lo cual, con fecha 28 de diciembre de 2022 el Servicio acogió su solicitud.

Pese a lo anterior, reclama la recurrente, que no pudo descargar el estampado electrónico corregido desde la plataforma respectiva a la fecha, lo cual le genera un impedimento para renovar su cédula de identidad para extranjeros.

Que por lo anterior, acudió a los módulos de atención del Servicio, sin resultados positivos, informándosele, ante tal imposibilidad, debía seguir usando el estampado erróneo, lo cual, la ha mantenido en una situación de incertidumbre documental, afectando su desenvolvimiento en el país, al dificultar la acreditación de su identidad y su situación migratoria ante organismos públicos y privados.

Afirma que la actuación del Servicio recurrido constituye una omisión ilegal y arbitraria, consistente en no habilitar, emitir ni entregar efectivamente el estampado electrónico rectificado, lo cual infringe los principios rectores del procedimiento administrativo, tales como el principio de celeridad, conclusivo, de economía procesal y de inexcusabilidad, además de vulnerar los plazos administrativos y el Reglamento de la Ley N° 21.325.

En cuanto a las garantías constitucionales conculcadas, refiere la igualdad ante la ley, pues la recurrente ha sido objeto de una diferencia arbitraria; el derecho de propiedad, pues se le priva de la eficacia práctica de un derecho ya reconocido por la Administración, además de afectarse la vida familiar y el interés superior del niño, pues tiene un hijo de 11 años a su cargo.

SEGUNDO: Que doña nombre reservado, abogada, mandataria judicial de la Dirección Regional de Aysén del Servicio Nacional de Migraciones, al evacuar el informe requerido, en lo pertinente, solicita el rechazo de la presente acción en todas sus partes por no existir acto u omisión arbitrario o ilegal que atente contra las garantías constitucionales incoadas, con costas.

Indica que con fecha 24 de agosto de 2022, mediante Resolución Exenta N° 22371646, se otorgó permiso de residencia temporal a doña nombre reservado, por el periodo de un año, a lo cual, con fecha 27 de diciembre de 2022, la actora presentó una solicitud de rectificación de Estampado Electrónico, lo cual fue completado con fecha 28 de diciembre de 2022, habiéndosele notificado los pasos a seguir para su descarga.

Agrega que, el referido Estampado Electrónico N° 510076 se mantuvo vigente desde el 31 de agosto de 2022 y hasta el 31 de agosto de 2023, período en el que la extranjera nunca habría realizado la descarga respectiva.

Por lo anterior, concluye que el presente arbitrio, carece de oportunidad y eficacia, toda vez que la solicitud de la recurrente se encuentra resuelta.

TERCERO: Que en esta materia, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece : “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, en criterio que este Tribunal comparte, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo, ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo se afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión a adoptar por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

Igualmente, este remedio institucional sólo tiene por objeto proteger derechos indubitados, no situaciones jurídicas que consistan en una esperanza o mera expectativa de constituir un derecho, pues no se está enfrente de un juicio declarativo de los mismos.

SEXTO: Que en esta línea de argumentación, y conforme los antecedentes existentes en la presente causa, debe consignarse que, en la acción constitucional materia del presente arbitrio, el núcleo del conflicto radica en la presunta omisión del Servicio Nacional de Migraciones recurrido, en el sentido de rectificar el Estampado Electrónico relativo a la residencia temporal de la actora, lo que configura, a criterio de la recurrente, una omisión ilegal y arbitraria que vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que apreciando los antecedentes reunidos, de conformidad a las reglas de la sana crítica y teniendo presente específicamente lo informado por la recurrida en presentación ingresada a folio 5, más documentación acompañada, se advierte que mediante comunicación electrónica N° 32568361, de 28 de diciembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones, se informó la modificación de la información requerida por la solicitante, así como los pasos a seguir para la descarga del referido Estampado Electrónico, sin que ello se haya efectuado por la recurrente, lo cual se desprende de la captura de pantalla del portal de trámites digitales del Servicio Nacional de Migraciones.

En tal sentido, no se acreditó por la recurrente, la imposibilidad de acceder al portal indicado en el plazo de 5 días previsto para la descarga del documento, desde su notificación, sin perjuicio de haberse mantenido éste vigente y disponible por un año, según se señaló en el informe evacuado.

De este modo, habiendo la recurrida, dado respuesta a la petición de la recurrente, situación que motivó la interposición de la acción constitucional que se conoce, el arbitrio interpuesto ha perdido oportunidad.

OCTAVO: Que, en consecuencia, este Tribunal de Alzada, de conformidad a lo solicitado por la recurrente, la naturaleza cautelar de esta herramienta constitucional y a lo precedentemente razonado ; ninguna otra providencia puede disponer para restablecer el imperio del derecho y la debida protección de la afectada, por cuanto la presunta infracción denunciada fue subsanada en su oportunidad, según se indicó, resultando por ende inoficioso analizar la efectividad de alguna vulneración de garantías fundamentales.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, se resuelve:

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don Ángel Alfonzo Velásquez Castañeda, abogado, en favor de doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Fiscal Judicial Titular, Sr. nombre reservado.

Rol Corte Nº 143-2026 (Protección).