nombre reservado con SERVICIO NACIONAL MIGRACIONES

Coyhaique, a diecisiete de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°142-2026, mediante presentación de fecha 16 de junio de 2026, comparece don nombre reservado, de nacionalidad colombiana, domiciliado en domicilio reservado, Región de Aysén, quien deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado legalmente por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por la omisión ilegal y arbitraria consistente en la emisión de la Resolución Exenta que pone fin al recurso administrativo ejercido por la recurrente en fecha 23 de mayo de 2025, lo que conculca la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva, ordenar “… al recurrido que se pronuncie sobre la misma dentro de un plazo no mayor a 30 días, conforme con los principios que le impone su reglamentación en el artículo 37 de la Ley 21.325 y en el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo Nº 296 de 2022 o el que Vuestra Señoría estime conforme al mérito de autos y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, todo lo anterior con expresa condena en costas. (SIC)”.

Con fecha 24 de junio de 2026 se incorporó el informe requerido por doña María José Astudillo Vásquez, abogada de la Dirección Regional Aysén del Servicio Nacional de Migraciones.

Con fecha 3 de agosto de 2026, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 10 del mes y año en curso, con la comparecencia de manera telemática por videoconferencia del abogado don Andrés Gómez Castellón, por el recurso; tras lo cual se pasó al estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente funda su presentación, señalando que, ingresó a Chile en el año 2019 y se radicó, manteniendo una residencia continua, desempeñándose como Administrador de Hoteles S.A., habiendo presentado el 30 de marzo de 2020 ante el Servicio Nacional de Migraciones solicitud de permiso de residencia definitiva N° 39242142.

Que, mediante notificación electrónica de 29 de julio de 2024 se le otorgó un plazo de 10 días para presentar antecedentes, en particular copia de la sanción de residir en el país con el permiso de residencia vencido, sin embargo, antes de recibir dicha notificación, tuvo que viajar fuera del país por una emergencia médica familiar, lo que le impidió cumplir con lo requerido dentro del plazo administrativo, razón por la que con fecha 18 de diciembre de 2024 se dictó la Resolución Exenta N° 24585454 que rechazó su solicitud y dispuso el abandono del país, frente a lo cual con fecha 23 de mayo de 2025 interpuso recurso administrativo.

Pese a lo anterior, agrega, no ha recibido ninguna respuesta del Servicio recurrido, lo que lo mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre.

En refuerzo de su postura, cita fallos de los Tribunales Superiores de Justicia y destaca el principio de celeridad en materia administrativa, en tanto los órganos de la Administración del Estado deben actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión, evitando trámites dilatorios.

En otro ámbito, descarta que se deba agotar la vía administrativa frente al ejercicio de una acción judicial a efectos de reestablecer el imperio del derecho y sostiene que la recurrida no ha adoptado medidas reales y eficaces para dar respuesta a las peticiones planteadas por los administrados, dentro de un procedimiento administrativo reglado, con plazos claros establecidos en la ley que obligan a las autoridades en la tramitación de los asuntos, plazos que se pretenden dejar abiertos sin importar que ello vulnere derechos fundamentales.

SEGUNDO: Que, doña María José Astudillo Vásquez, abogada, en representación del Servicio recurrido, evacuando el informe requerido, solicita el rechazo de la presente acción en todas sus partes por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguna de las garantías reconocidas en el artículo 19, de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los antecedentes de hecho, expone que con fecha 30 de marzo de 2022, el recurrente solicitó el beneficio de la residencia definitiva, mediante la solicitud N° ID 39242142. Luego, con fecha 10 de octubre de 2023, se solicitó subsanar la circunstancia de encontrarse con su permiso de residencia vencido, otorgando un plazo de 60 días.

Que, no habiéndose cumplido con lo solicitado dentro de plazo, con fecha 29 de julio de 2024, mediante comunicación electrónica, se le habría informado el eventual rechazo de su petición, reiterando lo requerido y otorgándole un plazo de 10 días para realizar descargos, lo que tampoco aconteció dentro de plazo, razón por la que mediante Resolución Exenta N° 24585454, su solicitud de residencia es rechazada.

Frente a lo anterior, indica, el extranjero con fecha 23 de mayo de 2025 interpuso recurso administrativo, el que se encuentra en tramitación, en etapa de visto bueno por la jefatura del departamento jurídico.

En lo que respecta a los antecedentes de derecho, señala que habiendo el actor interpuesto recurso de reposición y jerárquico, de conformidad al artículo 54 de la Ley N° 19.880, no podía deducir igual pretensión ante un Tribunal de Justicia, mientras no se resolviera el recurso administrativo; además, hace presente que al deducirse un recurso administrativo se suspenden los efectos de dicha resolución, retomando el estatus anterior, conforme a lo establecido en el artículo 140 de la Ley N° 21.325, situación que también fue informada al recurrente.

En cuanto al tiempo de tramitación, indica que, según lo señalado en el artículo 27 de la Ley N°19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial que afectó a nuestro país y distorsionó los tiempos normales de tramitación de los procedimientos administrativos durante los años 2020 y 2021.

Por otro lado, refiere que dicho plazo es “no fatal”, debido a que la ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza, como tampoco existe alguna sanción de caducidad asociada al transcurso del plazo, siendo uno referencial para la administración, no perentorio y posible de ser prorrogado, citando también jurisprudencia al efecto.

Señala que la tramitación de la solicitud del recurrente sigue la misma tramitación legal y reglamentaria que cualquier otro extranjero, no existiendo ninguna diferencia arbitraria ni ilegal y mientras se mantenga en tramitación la solicitud, las personas no tienen más limitaciones para salir e ingresar al país que las que establece la ley, así como plena libertad de desarrollar actividades remuneradas lícitas y, en general, adquirir todo derecho u obligación civil conforme lo establecido en el artículo 57 del Código Civil.

TERCERO: Que, en esta materia, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, en criterio que este Tribunal comparte, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo, ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia de este se afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión a adoptar por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

Igualmente, este remedio institucional sólo tiene por objeto proteger derechos indubitados, no situaciones jurídicas que consistan en una esperanza o mera expectativa de constituir un derecho, pues no se está enfrente de un juicio declarativo de los mismos.

SEXTO: Que, en esa línea y conforme los antecedentes existentes en la presente causa, debe consignarse, que en la acción constitucional materia del presente arbitrio, el conflicto de marras radica en el hecho que don nombre reservado, con fecha 23 de mayo de 2025, interpuso un recurso administrativo en contra de la Resolución Exenta N° 24585454, que rechaza su solicitud de residencia definitiva y ordena el abandono del país, sin que a la fecha de interposición del recurso, esto es, el día 16 de junio de 2026, se haya resuelto sobre éste, lo que configura, a su juicio, un acto ilegal y arbitrario en el silencio administrativo que mantiene el Servicio, todo lo cual le ha provocado diversos perjuicios.

SÉPTIMO: Que, sin embargo, de los antecedentes sometidos al conocimiento de esta Corte y a través de la aplicación de los criterios que reglan la sana crítica, es posible inferir que las afectaciones que el recurrente invoca como vulneradoras de la plena realización de una vida cotidiana en el país, en base a las cuales se fundamenta la interposición del presente libelo, se originan, supuestamente, por no contar con residencia definitiva y por la resolución que rechaza la misma y ordena su consecuente abandono del país, todo lo cual le impediría la realización de múltiples trámites de carácter cotidiano, tratándose, desde luego, de un migrante en situación regular, debiendo precisarse sobre el rechazo de su solicitud que el recurso administrativo deducido por ésta se encuentra pendiente de resolución, suspendiéndose los efectos del mismo.

OCTAVO: Que, para la resolución del presente conflicto, resulta importante tener presente la siguiente normativa:

Lo previsto en la Ley N°21.325, en su artículo 38, dispone que: “Ingresos y egresos. No habrá límite al número de ingresos y egresos del territorio nacional que pueden efectuar los extranjeros residentes, en tanto esté vigente el permiso de residencia respectivo y se cumplan los requisitos que exigen esta ley y su reglamento.

Si el extranjero residente hubiere solicitado el cambio o prórroga de su permiso de residencia temporal o hubiere solicitado el permiso de residencia definitiva, y acredita que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente, no tendrá limitaciones al número de ingresos y egresos del territorio nacional, aun cuando el permiso de residencia que posea no se encuentre vigente.”.

El artículo 43, que prescribe: “Cédula de identidad. Los residentes temporales y definitivos deberán solicitar cédula de identidad ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de entrada en vigencia del respectivo permiso de residencia.

El Servicio tendrá acceso a la información actualizada de las cédulas de identidad que el Servicio de Registro Civil e Identificación haya otorgado a los residentes, con la identificación completa, nacionalidad, fecha de nacimiento y número de cédula y vigencia respectiva.

La cédula de identidad que se otorgue en virtud de este artículo deberá expedirse de conformidad con los nombres y apellidos y plazo de vigencia que registre el permiso de residencia respectivo.

Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud.”

A su turno, el artículo 156, dispone que: “Créase el Servicio Nacional de Migraciones como un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Interior.

El Servicio estará sujeto a las normas del Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley Nº 19.882, que regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica. Su personal estará afecto al decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y al régimen de remuneraciones contemplado en el decreto ley Nº 249, de 1974, que fija escala única de sueldos para el personal que señala y su legislación complementaria.”.

Por su parte, el N°5 y 6 del artículo 157, indica que: “Funciones del Servicio Nacional de Migraciones. Corresponderán al Servicio Nacional de Migraciones las siguientes funciones: 5. Resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia y determinar la vigencia de los mismos, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la autoridad migratoria en el exterior. 6. Resolver los cambios de categorías y subcategorías migratorias para los extranjeros que así lo soliciten.”.

Asimismo, lo dispuesto en el artículo 139: “Recursos administrativos. Los extranjeros afectados por alguno de los actos y o resoluciones establecidas en la presente ley, exceptuando la medida de expulsión, podrán interponer los recursos establecidos en la ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.”.

Finalmente, el artículo 140 de la citada norma: “Efectos de los recursos administrativos. La interposición de los recursos administrativos señalados en el artículo anterior suspenderá los efectos del acto o resolución impugnada.”.

NOVENO: Que, los preceptos transcritos en el motivo precedente, incluidos en un cuerpo normativo que viene a modernizar la legislación vigente en esta materia, corrobora lo razonado por estos sentenciadores y reafirma que la circunstancia denunciada, esto es, el solo hecho de no existir pronunciamiento por parte de la recurrida acerca del recurso administrativo deducido sobre la resolución que rechazó la solicitud de residencia definitiva del recurrente, no es antecedente suficiente para conculcar los derechos invocados, pues tanto del tenor del recurso como de los conocimientos que emanan de las máximas de la experiencia, es posible concluir que el único documento oficial cuya falta de vigencia puede obstar al desarrollo de la vida cotidiana en el país es la cédula de identidad y es, precisamente, el artículo 43 de la Ley N°21.325, el que determina la mantención de la vigencia, de pleno derecho, de tal instrumento, mientras se tramita la solicitud recaída sobre la situación migratoria de un extranjero, sumado a la suspensión de los efectos del acto del acto impugnado en caso de haberse deducido algún recurso administrativo, según reza el artículo 140 de la misma norma, previendo así cualquier perturbación incluso en grado de amenaza, por el hecho que el Servicio tarde más de seis meses en tramitar el recurso respectivo.

En consecuencia, no resulta efectivo que el extranjero esté impedido de realizar trámites esenciales con su cédula de identidad ante cualquier entidad pública o privada, tratándose de extranjeros en situación regular en el país, no advirtiendo esta Corte que existan impedimentos que obsten al desarrollo del proyecto de vida del recurrente, al mantenerse la vigencia de su cédula de identidad, pudiendo entrar y salir del país y desplazarse dentro de éste, siempre y cuando cuente con un certificado de residencia -temporal o definitiva- en trámite vigente, así como el de encontrarse en tramitación un recurso administrativo, como efectivamente ocurre en este caso.

DÉCIMO: Que, dilucidado lo anterior, ahora en cuanto al tiempo transcurrido desde el ingreso del recurso administrativo de 23 de mayo de 2025, no existe transgresión al artículo 27 de la Ley N°19.880, desde que, tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia en relación a este plazo, el mismo no es fatal y que tal norma debe interpretarse en el sentido, que la Administración se encuentra obligada a pronunciarse o concluir un procedimiento en un plazo razonable, en consecuencia, no logra configurarse una omisión ilegal o arbitraria, en los términos que exige el arbitrio de protección.

UNDÉCIMO: Que, en virtud de las consideraciones consignadas en los motivos precedentes, no habiéndose acreditado que la demora en la dictación del acto administrativo que resuelva el recurso administrativo en cuestión suscite efectivamente una privación, perturbación o amenaza a la garantía constitucional invocada, ni aún en grado de amenaza, el presente recurso deberá ser desestimado de la manera que se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20, de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, cuyo texto refundido se encuentra en el Acta Número 94, del año 2015, SE RESUELVE:

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, de nacionalidad colombiana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sin perjuicio de lo cual se ordena a la entidad recurrida a que dentro de un breve plazo, emita un pronunciamiento fundado respecto de la solicitud ID N° 73333155, de conformidad al artículo 37 de la Ley N°21.325 y al artículo 46 del Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°296 de 2022.

Anótese, notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Sra. Ministra Titular, doña Natalia Rencoret Oliva.

Rol Corte Nº 142-2026 (Protección).