nombre reservado con BANCO DEL ESTADO CHILE

Coyhaique, a dieciocho de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En Rol de esta Corte N°141-2026, el 15 de junio de 2026, comparece don nombre reservado, funcionario público, domiciliado en domicilio reservado, quien, en lo principal, deduce recurso de protección en contra del Banco del Estado de Chile, representado legalmente por doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por cuanto estima que la recurrida ha cometido una acción u omisión ilegal y arbitraria, consistente en negarse a restituir los fondos sustraídos desde sus cuentas, lo que priva, perturba y amenaza sus garantías constitucionales resguardadas en los numerales 2 y 24 del artículo 19, de la Constitución Política de la República; solicitando, en definitiva: “que la recurrida me restituya la totalidad de los fondos fraudulentamente sustraídos, reajustados de conformidad al índice de precios del consumidor, aplicando la tasa de interés máxima convencional, con costas o en subsidio ordene se me restituya la totalidad de los fondos sustraídos sin reajustes ni intereses o aun en subsidio de ello ordene que se me restituya hasta la suma de 35 UF, cualquiera de ellas con expresa condena en costas.”. (SIC).

Con fecha 23 de julio de 2026, y con el objeto de dar curso progresivo a estos autos, se prescinde del informe del recurrido.

Con fecha 31 de julio de 2026, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose, el día 11 de agosto del mismo año, a la vista de la causa, en la que alegó doña nombre reservado, por el recurso; quedando la causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente fundamenta su acción en que el día 01 de febrero del año 2025, recibió una llamada de un ejecutivo del Banco del Estado quien le informa que se estaban realizando compras en línea con sus tarjetas desde la ciudad de Santiago, pese a residir en Coyhaique, leyéndole, el supuesto operativo bancario, los números de sus tarjetas, fechas de vencimiento y códigos de seguridad, quien le solicita ingrese a la aplicación de la entidad bancaria para no autorizar estos movimientos, cuestión que según su apreciación de los hechos realizó, sin entregar en ningún momento sus claves secretas y sin registrar ningún cambio de clave en sus productos bancarios.

Precisa que los montos defraudados ascienden a la suma de $2.499.995, correspondiendo las primeras tres operaciones a la suma de $1.499.997, las que no se le han restituido conforme mandata la norma. Agrega que, cuando se percata que había sido objeto de un fraude y encontrándose dentro de plazo legal, procede a seguir las instrucciones del banco, entregando la documentación pertinente el día 06 de febrero de 2025.

Refiere que, pese a lo anterior, el banco decide suspender de forma unilateral la restitución de los fondos, solicitando ante el Juez de Policía Local competente, con fecha 25 de febrero de 2025, se decrete en forma de medida prejudicial, la suspensión de cancelación de cargos y/o restitución de los fondos, atendido que había mediado a su juicio, dolo o culpa grave de su parte, solicitando al primer otrosí se otorgue una ampliación de 10 días hábiles para presentar la demanda declarativa de dolo o culpa grave que hubiese permitido no restituirle los fondos fraudulentamente sustraídos.

Expone que dicha solicitud fue presentada extemporáneamente, pues el artículo 5 de la Ley N.º 20.009 establece que esta solicitud se debe presentar en un plazo de 3 días hábiles, luego del vencimiento de los 10 días hábiles para restituir los fondos, habiendo transcurrido entre el 6 de febrero, fecha en que realizó el reclamo y el 25 de febrero que ingresa la solicitud, un plazo de 16 días hábiles y no de 13 como franquea la ley. Añade que, se resuelve, con fecha 26 de febrero de 2025, no dar lugar a la medida prejudicial de suspensión de restitución de los cargos, pero otorgando un plazo de 10 días hábiles para presentar la demanda definitiva.

Sostiene que el banco no presentó, dentro del plazo concedido por el tribunal ni de aquel establecido en la Ley N.º 20.009, la demanda destinada a obtener la declaración de dolo o culpa grave, por lo que, habiendo caducado dicha acción, estima que le asiste un derecho indubitado a obtener la restitución de los fondos sustraídos.

Precisa que, a la fecha y pese sus insistencias, aún no se le han restituido los fondos fraudulentamente sustraídos, viéndose incluso en la obligación de presentar una carta al banco con fecha 27 de mayo de la presente anualidad, la cual a la fecha de presentación de este recurso aún no ha sido respondida.

En cuanto a las garantías que estima infringidas, señala que el acto ilegal vulnera el legítimo ejercicio de los derechos de igualdad ante la ley, establecido en el artículo 19 N°2, de la Constitución Política de la República, toda vez que en casos similares las instituciones reguladas en la Ley N°20.009 han procedido a la cancelación de cargos o restitución de fondos, mientras que en el caso de autos la recurrida ha negado este derecho, pese a no haber presentado la demanda respectiva dentro de plazo, mediando una resolución judicial que declara la caducidad de la acción y otra que indica la inexistencia de dolo o culpa grave de su parte en el estadio procesal de la medida prejudicial.

Asimismo, indica que se infringe el derecho de propiedad establecido en el artículo 19 N°24, de nuestra Constitución Política de la República, al no reintegrar los montos defraudados en su patrimonio que ascienden a la suma de $1.499.997, existiendo mandato legal expreso en el artículo 5 de la Ley N°20.009 a este respecto.

Precisa que, la afectación al derecho de propiedad reviste especial gravedad en la especie, por cuanto no nos encontramos frente a una mera expectativa de carácter patrimonial, sino ante un derecho cierto, determinado y actualmente exigible. En efecto, habiendo el banco recurrido ejercido fuera de plazo las acciones que la Ley N 20.009 le franquea para controvertir la procedencia de la restitución de los fondos y habiendo posteriormente caducado la posibilidad de deducir la demanda declarativa destinada a acreditar la existencia de dolo o culpa grave, desapareció cualquier fundamento jurídico que habilitara a la recurrida para mantener en su poder los fondos indebidamente sustraídos.

Finalmente expone que, de esta forma, la negativa u omisión de restituir las sumas reclamadas importa una privación ilegítima del dominio que ostenta sobre dichos recursos, afectando una facultad esencial del derecho de propiedad, cual es la de usar, gozar y disponer libremente de los bienes que integran su patrimonio, situación que se ha prolongado por más de un año sin que exista resolución judicial alguna que justifique dicha retención.

SEGUNDO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

TERCERO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien lo comete y que, como consecuencia del mismo se afecte una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión a adoptar por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

QUINTO: Que, en síntesis, la parte recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en la negativa de la entidad recurrida, Banco Estado, a restituir la totalidad de los fondos sustraídos por un tercero desde sus cuentas; infringiendo con ello, sus garantías constitucionales consagradas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile.

SEXTO: Que, a fin de despejar los aspectos a dirimir, apreciando los antecedentes reunidos de conformidad con las reglas de la sana crítica, es posible dar por asentados los siguientes hechos:

1.- Con fecha 06 de febrero de 2025, don nombre reservado, presenta reclamo formal ante el Banco Estado, dando cuenta de haber sido víctima de fraude respecto de su cuenta corriente y de sus tarjetas Martercard Gold y Visa Internacional, por un monto de $2.499.995.

2.- El Banco Estado, el 14 de febrero de 2025, determina que los antecedentes de las operaciones analizadas no corresponden a la existencia de un patrón de fraude en lo que respecta a la ejecución de las operaciones desconocidas, afirmando que las operaciones fueron realizadas mediante las credenciales de seguridad del cliente reclamante, descartando una eventual vulneración a los sistemas de seguridad de Banco Estado.

3.- Con fecha 25 de febrero de 2025, el Banco interpone ante el Juzgado de Policía Local de Coyhaique, solicitud de medida prejudicial, consistente en la suspensión de cancelación de cargos y/o restitución de los fondos.

4.- El 15 de abril de 2025, el Juzgado de Policía Local de Coyhaique resuelve la caducidad de la acción de demanda declarativa, considerando que: “desde la fecha en que el tribunal acogiese la tramitación la medida prejudicial presentada por la entidad bancaria, esto es desde el 25 de febrero de 2025, ha transcurrido con creces el plazo de 10 días dispuesto en el artículo 5 bis de la ley N° 20.009 para interposición de la respectiva demanda declarativa que franque el artículo 5° del mismo cuerpo legal, habiendo caducado la posibilidad de su interposición”. (Sic)

SÉPTIMO: Que, en aras de una acertada resolución del asunto planteado, se debe tener presente la normativa atingente al caso, contenida en la Ley N°20.009.

En tal sentido, la referida norma en su artículo 2° inciso primero, señala: “Los titulares o usuarios de medios de pago, así como los titulares de otras cuentas o sistemas similares que permitan efectuar transacciones electrónicas, en adelante referidos en forma conjunta como los "usuarios", podrán limitar su responsabilidad, en los términos establecidos por esta ley, en caso de hurto, robo, extravío o fraude, dando aviso oportuno al emisor”.

Por su parte, el artículo 4 del citado cuerpo legal, regula el procedimiento instruido para reclamar ante la institución financiera, estableciéndose que éste se realiza en el plazo de treinta días hábiles siguientes al aviso y que, para hacer efectiva la reclamación, se podrá exigir al usuario la suscripción de una declaración jurada simple que indique el monto reclamado, la fecha de la operación, así como el producto y el medio a través del cual se realizó el fraude; además, para la cancelación o restitución de los fondos reclamados, se debe realizar una denuncia por los hechos constitutivos de fraude, debiendo acompañarse un respaldo al emisor.

Se agrega que, en los casos en que el usuario desconozca haber autorizado una operación, corresponderá al emisor probar que ella fue autorizada por el usuario y que se encuentra registrada a su nombre, precisando que el solo registro de las operaciones no bastará, necesariamente, para demostrar que esta fue autorizada por el usuario, ni que el usuario actuó con culpa o descuido.

Luego, el artículo 5, de la Ley N°20.009, dispone que: “Siempre que el monto reclamado sea igual o inferior al umbral establecido de conformidad con el inciso final de este artículo, el emisor deberá proceder a la cancelación de los cargos o a la restitución de los fondos correspondientes a las operaciones reclamadas en virtud del artículo 4, dentro de diez días hábiles contados desde la fecha del reclamo o desde que se hubiere producido el daño patrimonial. Si la operación reclamada consistiere en giros en avances en efectivo o cajeros automáticos, el plazo para la cancelación de los cargos o a la restitución de los fondos será de quince días hábiles.

Si el monto reclamado fuere superior al referido umbral, el emisor deberá proceder a la cancelación de los cargos o la restitución de los fondos, según corresponda, hasta el equivalente al monto de dicho umbral, en igual plazo que el inciso precedente. Respecto del monto superior a dicha cifra el emisor tendrá siete días adicionales para cancelarlos, restituirlos al usuario o ejercer las acciones del inciso siguiente, debiendo notificar al usuario la decisión que adopte de la manera indicada en el inciso tercero del artículo 2 de esta ley.

Si en el plazo anterior, el emisor recopilare antecedentes que acrediten la existencia de dolo o culpa grave por parte del usuario, podrá ejercer ante el juez de policía local todas las acciones que emanan de esta ley, siendo competente aquel que corresponda a la comuna del domicilio del usuario. Cuando estas acciones recaigan sobre el mismo usuario se acumularán los autos.

Si el juez declarare por sentencia firme o ejecutoriada que no existen antecedentes suficientes que acrediten la existencia de dolo o culpa grave del usuario, el emisor quedará obligado a restituir al usuario el saldo retenido, debidamente reajustado, aplicando para ello la tasa de interés máxima convencional calculada desde la fecha del aviso, y al pago de las costas personales o judiciales.

Si se acreditare por sentencia firme o ejecutoriada que el usuario ha participado en la comisión del delito, que obtuvo un provecho ilícito o que actuó con dolo o culpa grave facilitando su comisión, se procederá a dejar sin efecto la cancelación de los cargos o la restitución de fondos, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan según la normativa aplicable.

El procedimiento para ejercer esta acción será el establecido en los Párrafos 1° y 2° del Título IV de la ley N°19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores.

Tratándose de un pago o transferencia electrónica iniciada a través de un proveedor de servicios de iniciación de pagos, si el responsable de la operación no autorizada es el proveedor de servicios de iniciación de pagos, éste deberá resarcir al emisor por las pérdidas sufridas o las sumas abonadas para efectuar la devolución al usuario, incluido el monto de la operación no autorizada.

El emisor estará impedido de ofrecer a los usuarios la contratación de seguros cuya cobertura corresponda a riesgos o siniestros que el emisor deba asumir en conformidad a esta ley.

Un reglamento emitido por el Ministerio de Hacienda, suscrito además por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a través de uno o más decretos supremos, bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", previa consulta a la Comisión para el Mercado Financiero, definirá uno o más umbrales de restitución de acuerdo con lo establecido en este artículo. El o los umbrales podrán ser diferenciados para distintos medios de pago y productos, y podrán considerar los montos promedios de las operaciones reclamadas, así como otros criterios que permitan ponderar el buen funcionamiento del mercado financiero, y los intereses y protección de los usuarios. Con todo, el o los umbrales establecidos no podrán ser inferiores a 15 unidades de fomento, ni superiores a 35 unidades de fomento. El o los umbrales deberán ser revisados por los Ministerios de Hacienda y de Economía, Fomento y Turismo al menos anualmente, y podrá determinarse fundadamente la mantención del o los umbrales vigentes o el cambio de uno o más de ellos.”.

Finalmente, el artículo 5 bis de la misma normativa establece que: “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, si hubiere antecedentes suficientes de la existencia de dolo o culpa grave por parte del usuario, el emisor podrá suspender la cancelación de cargos y/o la restitución de los fondos, cualquiera sea el monto reclamado. La suspensión será informada al usuario en el mismo plazo previsto en el mencionado artículo, dando cuenta de los fundamentos que la justifican.

El emisor deberá solicitar al juez de policía local competente, dentro de los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en el inciso segundo del artículo anterior, una autorización para mantener la suspensión de la cancelación de cargos y/o restitución de fondos, la que será otorgada por el juez de policía local respectivo cuando el emisor acompañe comprobantes que constituyan una presunción grave de que hubo dolo o culpa grave por parte del usuario, o concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 5 ter. Esta solicitud se tramitará de acuerdo con los artículos 273 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, dentro de un plazo de diez días hábiles.

Si el juez de policía local rechaza la solicitud, el emisor deberá restituir y/o cancelar los cargos que queden bajo el umbral de restitución a que se refiere el inciso primero del artículo 5 de esta ley, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución del tribunal, aplicando el interés máximo convencional, salvo que el juez ordenare la restitución o cancelación completa de los cargos reclamados. Respecto del monto que exceda dicha cantidad, el emisor podrá continuar con la demanda de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 5 anterior, o restituir y/o cancelar los cargos correspondientes.

Si el juez de policía local acoge la solicitud de suspensión, el emisor deberá, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución del tribunal, presentar su demanda y pedir, en el mismo acto, que se mantenga la suspensión hasta la notificación de la sentencia definitiva. Este plazo podrá ampliarse hasta diez días adicionales por motivos fundados. Admitida a tramitación la demanda, el emisor deberá notificar judicialmente al usuario dentro de los cinco días hábiles desde la notificación de dicha resolución, de lo que deberá dejar constancia en el expediente. Cuando la suspensión recaiga sobre la cancelación de cargos, el emisor también suspenderá el cobro de comisiones, intereses y otros cargos asociados a dichas operaciones, durante la tramitación del procedimiento ante el juez de policía local. Si los referidos cargos hubieren sido pagados por el usuario, estos deberán ser cancelados o restituidos por el emisor hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva.

Para efectos de este procedimiento, se entenderá abandonado el procedimiento cuando las partes hayan cesado en su prosecución durante tres meses, contados desde la fecha de la última resolución recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos. El juez de policía local podrá declarar esta circunstancia de oficio.

Si el juez declarare por sentencia firme que no existen antecedentes suficientes que acrediten la existencia de dolo o culpa grave del usuario, o si el procedimiento termina anticipadamente por otra causa, el emisor deberá restituir y/o cancelar los cargos al usuario dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, debidamente reajustados, aplicando para ello la tasa de interés máxima convencional, con costas. El usuario podrá solicitar la indemnización de perjuicios dentro del mismo procedimiento.

Si el juez declarare por sentencia firme que se acreditó la existencia de dolo o culpa grave del usuario, quedará firme la suspensión de la cancelación de los cargos o la restitución de los fondos, debiendo el usuario cancelar el monto de las comisiones, intereses, y otros cargos asociados a los cargos suspendidos durante el procedimiento, debidamente reajustados y los fondos que le hubieren sido restituidos y/o cancelados, de conformidad con el inciso tercero de este artículo, si la suspensión no hubiere sido concedida.

Con todo, procederá siempre la suspensión de la cancelación de cargos y/o restitución de los fondos cuando el usuario tuviere uno o más procedimientos en curso, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de esta ley, en cuyo caso el emisor deberá informar al usuario de dichas circunstancias y presentar los antecedentes al juez de policía local respectivo debiendo acumularse los autos y resolverse en una misma sentencia por el juez respectivo. Asimismo, procederá siempre la referida suspensión cuando, ante una citación del juez de policía local dentro del procedimiento, el usuario se encontrare en rebeldía.”

OCTAVO: Que, en el caso de marras, la recurrida se rehusó a la restitución de fondos, argumentando que los antecedentes de las operaciones analizadas no corresponden a la existencia de un patrón de fraude en lo que respecta a la ejecución de las operaciones desconocidas, desde que las operaciones fueron realizadas mediante las credenciales de seguridad del cliente reclamante, descartando una eventual vulneración a los sistemas de seguridad de Banco Estado.

NOVENO: Que, de la normativa antes reseñada se desprende que, efectuado oportunamente el desconocimiento de las operaciones por el usuario, corresponde al emisor proceder a la cancelación de los cargos o restitución de los fondos en los términos previstos en la Ley N°20.009, recayendo sobre éste la carga de acreditar que las operaciones fueron autorizadas por aquél, sin que su solo registro resulte suficiente para demostrar dicha circunstancia ni que el usuario haya actuado con culpa o descuido. Asimismo, si el emisor estima que existen antecedentes de dolo o culpa grave que justifiquen suspender la restitución, debe ejercer las acciones que la propia ley contempla y someter tal cuestión al conocimiento del juez competente, no pudiendo atribuir unilateralmente al usuario las consecuencias jurídicas de dichas conductas.

DÉCIMO: Que, en la especie, Banco Estado, luego de concluir que las operaciones desconocidas habían sido realizadas mediante las credenciales de seguridad del recurrente, acudió el 25 de febrero de 2025 al Juzgado de Policía Local de Coyhaique solicitando la suspensión de la cancelación de cargos y/o restitución de fondos. Sin embargo, no dedujo posteriormente la demanda destinada a obtener la declaración de dolo o culpa grave del usuario, circunstancia que determinó que, por resolución de 15 de abril de 2025, dicho tribunal declarara expresamente caducada la posibilidad de ejercer aquella acción.

UNDÉCIMO: Que, en tales circunstancias, la sola afirmación de la entidad bancaria en orden a que las operaciones fueron efectuadas mediante las credenciales de seguridad del recurrente y que no habría existido vulneración de sus sistemas no constituye fundamento suficiente para mantener la retención de los fondos reclamados. En efecto, la concurrencia de dolo o culpa grave del usuario no puede ser establecida unilateralmente por el emisor, tanto más cuanto éste dispuso del procedimiento especialmente previsto por el legislador para obtener judicialmente dicha declaración y dejó transcurrir el plazo para ejercer la acción correspondiente.

DUODÉCIMO: Que, por otra parte, el umbral de restitución previsto en el artículo 5 de la Ley N°20.009 no constituye un límite definitivo de la responsabilidad patrimonial del emisor, sino que determina la suma que éste debe restituir inicialmente en los plazos que la ley establece, quedando sujeto el saldo que exceda dicho umbral al mecanismo contemplado por el mismo cuerpo legal para controvertir judicialmente la responsabilidad del usuario. Así se desprende del propio artículo 5, que distingue entre la restitución hasta el monto del umbral y el saldo superior a éste, respecto del cual faculta al emisor para restituirlo o ejercer las acciones legales pertinentes.

DÉCIMO TERCERO: Que, por consiguiente, habiendo la recurrida optado por controvertir la procedencia de la restitución mediante el mecanismo judicial previsto en la Ley N°20.009 y, posteriormente, omitido ejercer dentro de plazo la acción destinada a obtener la declaración de dolo o culpa grave del recurrente, cuya caducidad fue judicialmente declarada, no subsiste fundamento jurídico que la habilite para mantener retenido el saldo reclamado. Entender lo contrario importaría reconocer al emisor la posibilidad de mantener indefinidamente dicho saldo sobre la sola base de su propia apreciación acerca de la conducta del usuario, pese a no haber obtenido la declaración judicial que la ley contempla para producir ese efecto.

DÉCIMO CUARTO: Que, asentado que el fraude denunciado ascendió originalmente a $2.499.995 y que el monto que permanece sin restituir corresponde a las primeras tres operaciones reclamadas, por un total de $1.499.997 -según se expone en el recurso- la medida necesaria para restablecer el imperio del derecho debe comprender precisamente esta última suma, esto es, la totalidad de los fondos reclamados que permanecen sin restituir, y no únicamente aquella parte comprendida dentro del umbral previsto en el artículo 5 de la Ley N°20.009.

DÉCIMO QUINTO: Que, en consecuencia, la persistencia de la recurrida en no restituir la referida suma, una vez extinguida la posibilidad de obtener judicialmente la declaración de dolo o culpa grave que invocó para justificar su retención, constituye una omisión ilegal que afecta el legítimo ejercicio del derecho de propiedad del recurrente, garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, al privarlo de fondos de contenido patrimonial cuya retención carece actualmente de sustento jurídico, razón por la cual la presente acción cautelar será acogida.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de 24 de junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE DECLARA:

I.- Que SE ACOGE, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra del Banco del Estado de Chile y, en consecuencia, se dispone que la recurrida deberá restituir al recurrente la totalidad de los fondos reclamados que permanecen sin restituir, ascendentes a $1.499.997, con los reajustes e intereses que correspondan de conformidad con la Ley N°20.009, dentro del plazo de tres días hábiles contado desde que la presente sentencia quede firme y ejecutoriada.

II.- Que se condena en costas a la recurrida.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del señor Ministro Titular, don José Ignacio Mora Trujillo.

Rol N°141-2026. (Protección).