nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION

En Coyhaique, a cuatro de Abril del año dos mil veinticuatro.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°14-2024, con fecha primero de Febrero del año 2024, comparece don Joaquín Bizama Tinado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en favor de don nombre reservado, ciudadano venezolano, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por cuanto estima vulneradas sus garantías constitucionales, en virtud de que con fecha 21 de abril de 2020, el recurrente envió por correo al Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicitud de regularización de permanencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 91, numeral 8° del Decreto Ley N°1.094 y el artículo 177 numeral 8° del Decreto Supremo 597, sin haber sido respondido hasta la fecha de interposición del recurso, todo lo cual estima que infracciona sus derechos establecidos en el artículo 19 N° 1 y 2, de la Constitución Política de la República, referido a la integridad psíquica y a la igualdad ante la ley. En definitiva, solicita que se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la omisión señalada; que se han vulnerados los derechos a la integridad psíquica y la igualdad ante la ley; se ordene a la administración, resolver la solicitud de regularización migratoria, en un plazo de treinta días desde que el fallo se encuentre firme y ejecutoriado; se impartan instrucciones al recurrido, a fin de que sus protocolos de actuación y actuaciones se adecuen a las leyes, Constitución Política de la República, y tratados internacionales; se ordene al recurrido que instruya las investigaciones y/o sumarios internos respectivos que permitan dilucidar las responsabilidades administrativas; y, que se adopten todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del Derecho.

Con fecha 9 de Febrero del año 2024, se declaró admisible el recurso de protección interpuesto y se pidió informe a la recurrida.

Con fecha 16 de Febrero del mismo año, la recurrida solicitó tener por evacuado el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto.

Con fecha 28 de marzo del año en curso, se trajeron los autos en relación, y con fecha 2 del mismo mes y año, se llevó a cabo la vista de la causa, con la comparecencia del abogado, don Luciano Gonzalez Gronemann, por el recurso y don nombre reservado, en contra de éste.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, fundamentando el recurso interpuesto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, señala que tomó conocimiento de la situación del recurrente, quien ingresa a Chile desde Perú el 18 de julio de 2018 por paso no habilitado, sin registrar su pasaporte, quien vivía en Venezuela y decide migrar a Chile.

Señala que, previamente se había decretado orden de expulsión en su contra, la que fue dejada sin efecto mediante sentencia dictada con fecha 7 de Febrero de 2020, en recurso de Amparo Rol 7-2020, de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Coyhaique.

Agrega que, con fecha 21 de Abril del año 2020, envió por correo al Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicitud de regularización, la que hasta el día de hoy, transcurridos más de 3 años y 8 meses, aún no tiene respuesta y al hacer las consultas se le señala que aún se mantiene en trámite.

Actualmente trabaja en la comuna de Coyhaique, en “Patagonia Barber-shop”, y no posee antecedentes penales ni en Venezuela ni en Chile.

Acusa que la omisión ha devenido en la afectación en el ejercicio de sus derechos fundamentales, especialmente, los contenidos en el artículo 19 N° 1 y 2 de la Constitución Política de la República.

Indica, posterior a hacer referencia al artículo 19 y 20, de la Constitución Política de la República que, el acto ilegal y arbitrario de la autoridad recurrida contra el que se dirige esta acción de protección es la omisión de respuesta a la solicitud de regularización de permanencia de don nombre reservado, formulada con fecha 21 de Abril del año 2020, sin que a la fecha exista un pronunciamiento por parte de la autoridad.

Alega que de este modo se infringe la ley N° 19.880, sobre Procedimientos Administrativos, particularmente, los principios señalados en el Capítulo I de la ley, como el principio de celeridad, el principio conclusivo y el principio de inexcusabilidad, relacionado con el artículo 8 de la Ley 18.575, agregando que, la administración del Estado no está facultada para omitir su pronunciamiento sobre la solicitud realizada por el recurrente, ya que, por el contrario, la administración está expresamente obligada a resolver la referida solicitud.

Agrega que, el artículo 23 de la Ley señala que existe una obligación en los plazos, al señalar que:

"Artículo 23. Obligación de cumplimiento de los plazos. Los términos y plazos establecidos en esta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de la Administración en la tramitación de los asuntos, así como los interesados en los mismos".

Y al respecto, el párrafo 1° del Capítulo II de la Ley, que se refiere precisamente a las normas básicas de los procedimientos administrativos, establece los plazos que deberán observarse en todo procedimiento administrativo. En particular el artículo 24 de la Ley, señala que:

"Artículo 24. El funcionario del organismo al que corresponda resolver, que reciba una solicitud, documento o expediente, deberá hacerlo llegar a la oficina correspondiente a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a su recepción.

Las providencias de mero trámite deberán dictarse por quien deba hacerlo, dentro del plazo de 48 horas contado desde la recepción de la solicitud, documento o expediente.

Los informes, dictámenes u otras actuaciones similares, deberán evacuarse dentro del plazo de 10 días, contado desde la petición de la diligencia.

Las decisiones definitivas deberán expedirse dentro de los 20 días siguientes, contados desde que, a petición del interesado, se certifique que el acto se encuentra en estado de resolverse. La prolongación injustificada de la certificación dará origen a responsabilidad administrativa." A su vez, indica que, el artículo 27 de la misma ley señala: "Artículo 27. Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final." Finalmente, estima como garantías conculcadas, el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2, de la Constitución Política de la República, al estimar que se le ha brindado un tratamiento diferenciado en relación a otras personas que, en situación jurídica equivalente, han visto tramitadas sus solicitudes a la administración sin entorpecimientos ni dilaciones como la de este caso.

Asimismo, estima vulnerado el derecho a la integridad psíquica, consagrado en el artículo 19 N°1, de la referida Carta Política, toda vez que el acto recurrido lo mantiene en una situación de constante incertidumbre, pues no tiene conocimiento efectivo sobre el estado de su solicitud, situación ésta que, afecta su vida personal y le causa serias perturbaciones, toda vez que se trata de una persona que cuenta con arraigo laboral y social en el país.

SEGUNDO: Que, don Israel Villavicencio Chávez, abogado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, evacuando el informe requerido, solicita el rechazo en todas sus partes del presente recurso, señalando que el recurrente ingresó al país mediante paso no habilitado según consta en parte policial N° 2741, de fecha 18 de Junio del año 2019, de la Policía de Investigaciones de la región de Arica y Parinacota.

Mediante sentencia de fecha 7 de Febrero del año 2020, esta Ilustrísima Corte, en autos Rol Amparo 7-2020, dejó sin efecto su expulsión del territorio nacional, constando así en el Registro Nacional de Extranjeros.

Obra en sus registros, que se recepcionó con fecha 13 de Abril de 2020, la solicitud del recurrente para regularizar su situación migratoria, conforme lo dispuesto en el artículo 91 N° 8, del decreto (ahora derogado) 1.094 de 1975, situación que actualmente se regula en el artículo 155 N° 8 y 9, de la Ley 21.325.

Señala que, hasta el 11 de febrero de 2022, las regularizaciones de condición migratoria se regulaban en el derogado Decreto Ley 1.094, de 1975, del entonces Ministerio del Interior, el cual en su artículo 91 N° 8, le otorgaba dicha facultad al referido Ministerio.

Así, actualmente es la Ley 21.325, de Migración y Extranjería, la norma que regula estas materias, la cual, en sus artículos 69 inciso 2, y 155 N° 8 y N° 9, establece que corresponde a la Subsecretaría del Interior, entre otras funciones, el disponer, en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, el establecimiento de mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición irregular.

Por tanto, el Servicio Nacional de Migraciones sólo es el encargado de recibir las solicitudes de regularización, gestionar su procedimiento, remitiendo la información por medio de proyecto de resolución a la Subsecretaría del interior, siendo la autoridad llamada por Ley a resolver la solicitud de la recurrente.

En cuanto a la autoridad competente, señala que, dicha solicitud tiene origen en el ingreso clandestino del recurrente al país, haciéndolo por un paso no habilitado para tal efecto, lo que impidiera que accediera por la vía regular a un permiso de residencia en el país, ya que carecía de un requisito básico para ello, como lo es el ingreso regular al territorio nacional. En tal sentido, y en virtud del artículo 155 N°8 y 9 de la ley 21.325, los cuales cita.

Sobre el silencio administrativo, señala que, para la aplicación del art. 64 de la ley 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos, que rigen los actos de la administración del Estado, la declaración respecto del silencio administrativo debe ser hecha por la autoridad que debe resolver el asunto sometido a su conocimiento. En este sentido el Servicio Nacional de Migraciones no es la autoridad competente para resolver su solicitud.

A su vez, en cuanto al tiempo de tramitación, señala que de acuerdo con la reiterada jurisprudencia judicial y administrativa, el plazo máximo de 6 meses que el artículo 27 de la ley N° 19.880 establece para todo procedimiento administrativo no constituye un plazo fatal, por lo que su vencimiento no implica la caducidad ni invalidación del acto respectivo TERCERO: Que, por otra parte, el artículo 20, de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

CUARTO: Que, en ese ámbito, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20, antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, en tal orientación, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo, se afecte una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, en esa línea y conforme los antecedentes existentes en la presente causa, debe consignarse, que en la acción constitucional materia del presente arbitrio, el conflicto de marras radica en el hecho que don nombre reservado, con fecha 21 de Abril del año 2020, envió por correo al Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicitud de regularización, de acuerdo a lo establecido en el artículo 91, numeral 8° del Decreto Ley N°1.094 y el artículo 177 numeral 8° del Decreto Supremo 597, normativa vigente a la fecha de la solicitud, sin que a la fecha de interposición del recurso, esto es, el primero de Febrero del año 2024, se haya resuelto sobre ésta, lo que configura, a su juicio, una omisión ilegal y arbitraria en la emisión de resolución que pone fin al procedimiento administrativo, todo lo cual le ha provocado diversos perjuicios al permanecer en un estado de incertidumbre, afectando con ello su derecho a la vida e integridad física, así como el derecho de igualdad ante la ley.

SÉPTIMO: Que, es preciso indicar que artículo 69, inciso 2°, de la Ley 21.325, refiriéndose a los Criterios de otorgamiento de la residencia temporal de los extranjeros, señala: “(...)El Subsecretario del Interior podrá establecer mecanismos de regularización de extranjeros conforme lo señala el artículo 155, Nº 8.”

Que, por su parte, el artículo 155 N°8, de mismo cuerpo legal, sobre las funciones de la Subsecretaría del Interior, indica que: “(...) Corresponderán a la Subsecretaría del Interior las siguientes funciones: (...) 8. Disponer, en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, el establecimiento de mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular, fijando los requisitos correspondientes, los cuales deberán ser determinados prudencialmente con el objeto de facilitar y promover la regularidad migratoria, pudiendo considerar el tiempo de permanencia en condición migratoria irregular que tuviere el interesado.”

Que, a su vez el N°9 del referido articulado, refiere además que, también corresponderá a la Subsecretaría del Interior: “9. Disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria del beneficiario, debiendo informar anualmente el número de permisos otorgados al Consejo de Política Migratoria. Esta potestad será indelegable.”

OCTAVO: Que, aclarado lo anterior, y para la resolución del presente conflicto, resulta importante tener presente que de los escasos antecedentes acompañados al proceso, es dable advertir como un hecho pacífico que el recurrente mantiene en el país una situación irregular, el cual tiene su origen en el haber hecho ingreso al país por un pasó no habilitado, y en consecuencia, su acceso a los mecanismos de regulación migratoria, se encuentra limitado a las circunstancias que se especificaron en el considerando precedente, como lo es en casos calificados o por motivos humanitarios, beneficio cuyo otorgamiento, competencia y potestad está indelegablemente radicada en la Subsecretaría del Interior, según lo expresado por el artículo 155 N°9, de la Ley N° 21.325.

NOVENO: Que, conforme lo razonado en los considerandos anteriores, se debe tener presente que el procedimiento administrativo en comento, más allá del estado actual en que se encuentra, según lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones en su informe, se encuentra radicado en la Subsecretaría del Interior.

Que, así las cosas, habiéndose deducido el presente recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones y no en contra de la autoridad legalmente facultada para emitir la resolución que ponga término al procedimiento administrativo sobre la solicitud de regularización de la situación migratoria del extranjero, se verifica a juicio de esta Corte de Apelaciones, la falta de legitimación pasiva del servicio recurrido, y en consecuencia, el presente recurso deberá ser rechazado, en los términos que se expresará en lo resolutivo de la sentencia.

DÉCIMO: Que, en virtud de lo razonado precedentemente, resulta inoficioso analizar de manera pormenorizada si la omisión denunciada es calificable de arbitraria e ilegal, de conformidad a los antecedentes establecidos, y a la normativa legal aplicable, y asimismo, si es efectivo que vulnera la garantía del derecho a la vida e integridad física o psíquica, e igualdad ante la ley del recurrente, consagradas en el artículo 19 N°1 y 2, de la Constitución Política de la República.

Que, sin perjuicio de lo anterior, igualmente esta Corte ha de limitarse a disponer de las providencias necesarias para dar continuidad al proceso por el cual se solicita la regularización de la condición migratoria del extranjero recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las garantías constitucionales de la Excma. Corte Suprema, se declara:

Que, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por don Joaquín Bizama Tinado, abogado, en favor de don nombre reservado, sin perjuicio de que el Servicio Nacional de Migraciones, deberá agilizar las gestiones tendientes a obtener el pronunciamiento de la Subsecretaría del Interior sobre la solicitud de regularización del recurrente.

Anótese, notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular, don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Se deja constancia que no firma la presente sentencia el Ministro Titular don Luis Moisés Aedo Mora, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y presente acuerdo, por encontrarse en uso de permiso del artículo 347, del Código Orgánico de Tribunales.

Rol Corte Nº: 14-2024.- (Protección).