nombre reservado con SERVICIO DE REGISTRO CIVIL DE IDENTIFICACIÓN DE CHILE

En Coyhaique, a dieciocho de Mayo del año dos mil veintitrés.

VISTOS:

En estos antecedentes, Rol Corte 14-2023, se presentó don Ricardo Flores Tapia, abogado, Defensor Penal Público, Cédula Nacional de Identidad número RUT reservado, en representación de doña nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad número RUT reservado, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, representado por su Director (S), don nombre reservado, abogado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal que rechazó la solicitud de eliminación de antecedentes penales de la recurrente, que conculcó sus derechos establecidos en los números 2 y 4, del artículo 19, de la Constitución Política de la República, solicitando a este Ilustrísimo Tribunal que:

“Se proceda a acoger en todas sus partes la solicitud n° 18 de fecha 2 de mayo de 2022, presentada por la recurrente doña nombre reservado, RUT RUT reservado, ante la Oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación de Coyhaique, ordenando al organismo recurrido que proceda a eliminar por aplicación de la letra e) y g) ambas del artículo 8° del Decreto Supremo 64, y demás disposición legales aplicables en la especie, del Registro General De Condenas y extracto de filiación y antecedentes penales de la afectada, sus anotaciones prontuariales señaladas en el cuerpo del presente recurso, por estimar que el acto resolutivo contenido en el documento ORD. N° 18, dictado por el Subdepartamento de Filiación Penal de la oficina de Coyhaique, emanado del organismo recurrido Servicio de Registro Civil e Identificación, ha constituido un acto arbitrario e ilegal que ha causado la privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 3, 4, y 16, del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, con costas”.

Con su recurso, presentó los antecedentes que se explicitan en el primer otrosí de su presentación.

Con fecha 20 de Enero del año 2023, se declaró admisible el recurso de protección y se ordenó pedir informe a la recurrida.

Informó la recurrida, Servicio de Registro Civil e Identificación, por intermedio de doña nombre reservado, Subdirectora Jurídica (S), acompañando la documentación que se ordenó agregar con fecha 26 de Enero del año 2023.

El 10 de Mayo del año 2023, se trajeron los Autos en Relación.

A la vista de la causa, el día 12 del mes y año citados, concurrieron a alegar en estrado, mediante videoconferencia, los letrados don nombre reservado, por el recurso, y don nombre reservado, en contra del mismo, quedando la causa en estado de acuerdo.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente de protección, en la representación que señala, fundamentando su acción cautelar indica, como antecedentes de contexto, que su representada, en el ejercicio de sus derechos presentó, con fecha 2 de Mayo de 2022, solicitud escrita ante la oficina de Coyhaique del recurrido, Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, con el objeto de obtener, por parte de dicho organismo, la eliminación de determinadas anotaciones de su extracto de filiación y antecedentes penales, a saber: Causa RIT 800-2005, seguida ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, por los delitos de hurto y daños, condenada con fecha 7 de Julio de 2006, a la pena única de multa de dos (2) Unidades Tributarias Mensuales, multa que fue substituida por cinco (5) días de reclusión y cumplida el día 27 de noviembre del año 2007, del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique y; Causa RIT 536-2006, seguida ante el mismo juzgado, por la falta común prevista en el inciso 3 del artículo 50 de la Ley 20.000, sancionada en el inciso primero del articulo y ley citados, consumada, condenada con fecha 25 de noviembre del año 2006, a una pena de multa de cinco (5) Unidades Tributarias Mensuales, que pagó íntegramente.

Añade que, la referida solicitud se fundó en que, respecto de la segunda anotación, esto es, el registro de la falta contenida en el artículo 50 de la Ley 20.000, se basó en la existencia de un error manifiesto, ya que en aplicación de lo dispuesto en la letra e), del artículo 8°, del Decreto Supremo 64, del Ministerio de Justicia, que reglamenta la eliminación de prontuarios penales, de anotaciones y el otorgamiento de certificado de antecedentes, ya que estima que la anotación es doble y manifiestamente errónea, en razón a que viola lo dispuesto el artículo 3° del Decreto Ley 645, del Ministerio de Justicia, que crea y regula el registro general de condenas, normas que reproduce, en lo pertinente, agregando que el primer error radica en que el organismo recurrido procedió a realizar la anotación prontuarial de una sola falta, que no se encuentra comprendida dentro de la normativa aludida, pues la falta a la que fue condenada la recurrente es aquella consagrada en el artículo 50 de la ley 20.000, y no a alguna de aquellas que taxativamente regula el citado artículo 3° del Decreto Ley 645 del Ministerio de Justicia.

Adiciona que, el segundo error, consiste en que nuevamente se viola norma legal expresa, el artículo 3° Decreto Supremo 64, del Ministerio de Justicia, que reglamenta la eliminación de prontuarios penales, de anotaciones y el otorgamiento de certificado de antecedentes, que también reproduce, en lo pertinente, alegando que el organismo recurrido ha incurrido en un error manifiesto, pues la anotación prontuarial con que se procedió a abrir un prontuario a su representada, ha violado tanto lo dispuesto en artículo 3° del DL 645, por tratarse de una falta que no se encuentra consagrada como aquellas que dispone taxativamente la normativa; y, además, ha violado lo dispuesto en el artículo 3° del DS 64, por tratarse de una sola falta y no la tercera, como lo presupuestó la citada disposición legal, por lo tanto, la actuación realizada por dicho Servicio, tanto de proceder a abrir prontuario sólo con una falta y a registrar una falta que no ha sido consagrada legalmente para su registro, no encuentra su justificación en la normativa en que se funda, por el contrario, atenta contra norma expresa.

Agrega que, consecuencia del error manifiesto y sin que aquél se haya corregido, se hace incurrir en una aparente falta de requisitos, que harían impedir acoger la solicitud de eliminación del registro, del simple delito, señalando que, respecto de la primera anotación, esto es, la condena por simple delito cumplida hace más de 14 años, el órgano recurrido, y corregidos que hayan sido los errores, aludidos en lo referente a la falta, debió proceder en aplicación de lo dispuesto en la letra g) del artículo 8°, del Decreto Supremo 64, a su eliminación, ya que, transcurridos que hayan sido -como es el caso- más de 5 años desde el cumplimiento de la condena por simple delito, se debió proceder, por mandato de la normativa citada, a la eliminación definitiva de esta anotación del extracto de filiación y antecedentes penales de la recurrente afectada, sin embargo, el organismo recurrido, resolvió rechazar la solicitud, con fecha 8 de mayo de 2020, mediante ORD. N° 23143, emanado del Subdepartamento de Filiación Penal, del Servicio de Registro Civil e Identificación, por estimar que no concurren los requisitos señalados en el artículo 8°, letra g), del DS 64 de, 1960 del Ministerio de Justicia, “por cuanto registra más de una anotación”, según señala.

Refiere que, en razón a que la recurrente (sic) al rechazar la solicitud de eliminación de antecedentes penales, ha incurrido en un acto arbitrario e ilegal que, a la luz de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, ha dado lugar a interponer el presente recurso de protección constitucional, y que como se advierte de la solicitud que acompaña en un otrosí de su presentación, la solicitante requirió del Registro Civil su eliminación de antecedentes a lo cual no se resuelve y sólo se tomó conocimiento que ésta se rechazó, conforme extracto de filiación actualizada informada por el tribunal con fecha 20 diciembre del año recién pasado.

Indica que, como ha explicado, la recurrente, al contar con dos anotaciones prontuariales, el primer registro procedente de errores manifiestos, se alega que el sólo hecho de registrar posteriormente una pena asociada a un simple delito, no puede hacer revivir una anotación por una multa que, según las normas citadas, sólo corresponde inscribir en el prontuario penal cuando los infractores hayan sido condenados por tercera vez o cuando se trate de las faltas a que se refieren los artículos 494 N° 19, 494 bis y 495 N° 21, del Código Penal, lo que en la especie no ocurre, haciendo presente que, al momento de procederse a registrar la pena asociada al simple delito, habían transcurrido más de dos años desde la pena por la falta, y que el organismo recurrido, no consideró, para los efectos de acoger la eliminación de ella, fundado en la letra e) del artículo 8° del DS 64, y con ello hacer revivir una pena fenecida para luego proceder, en ese escenario, a abrir prontuario con aquella única sola falta que, además, no se trataba de aquellas que la norma autorizaba para su registro.

Manifiesta que, este actuar, arbitrario e ilegal, hizo que la recurrente, contara con dos anotaciones en su extracto de filiación y antecedentes penales, que le impiden poder acceder a su eliminación pues, el acto arbitrario e ilegal de la recurrida, la llevó a supuestamente a no cumplir con la disposición que exige contar solamente con una anotación, sin perjuicio de que ella, sí cumple con los requisitos para su concesión, por lo que se alega, que la decisión de rechazar su solicitud, pronunciada por el organismo recurrido a través del ORD. N° 23143, de fecha 8 de mayo 2020, por constituir un acto arbitrario e ilegal, que ha violado sus garantías constitucionales, de los numerales 2°, 4° y 16°, del artículo 19, de la Carta Fundamental.

En cuanto a la primera vulneración denunciada, de igualdad ante la ley, refiere que el acto recurrido hizo revivir ilegalmente una pena por una falta, sin que aquel acto se encuentre revestido de fundamentos racionales que resulten necesarios para ser considerados como fundado y aquello no hace sino, vulnerar el derecho de la recurrente a la igualdad ante la ley, ya que otro individuo que sea condenado por esa misma falta, no se la registrarán en su extracto de filiación, por impedirlo así la ley y, de esa manera, la afectada, deberá contar con una sola anotación en su extracto, que corresponde a un simple delito respecto del cual, por cumplir con los requisitos legales, se deberá proceder a su eliminación, en aplicación de lo dispuesto en la letra g), del artículo 8°, del Decreto Supremo 64, conforme fundó su solicitud de eliminación.

Respecto de la segunda garantía conculcada, estima que el acto recurrido, ha violado las garantías constitucionales de la Igual protección ante la ley, consagrado en el numeral 4° del artículo 19, de la Constitución Política de la República, esto es, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia; y la libertad de trabajo y su protección, contenida en el numeral 16, todos del artículo 19 de la Carta Fundamental, ya que el impedir tras un rechazo ilegal y arbitrario la eliminación de antecedentes penales de una persona, conlleva necesariamente a vulnerar las garantías constitucionales invocadas, pues coarta la posibilidad de ser contratada para cumplir un trabajo remunerado, ya que es sabido que para postular a aquellos, se exige un extracto de filiación y antecedentes penales, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 18.216; asimismo, afecta a la honra pues, el acto recurrido importará mantener una mancha en los antecedentes de vida de la recurrida, y por supuesto aquel acto vulnera la protección que el ordenamiento jurídico concede a las personas que cumplen con los requisitos para eliminar sus antecedentes penales, al impedir tras el acto recurrido, enfrentar en igualdad de condiciones su igual protección ante la ley.

SEGUNDO: Que, la recurrida, Registro Civil e Identificación, informando el recurso por intermedio de doña nombre reservado, Subdirectora Jurídica (S), solicita su rechazo por no haberse incurrido en acto ilegal o arbitrario, con expresa condena en costas.

Al respecto, refiere que la recurrente registra solicitud de Evaluación de Antecedentes Penales, ingresada en la Oficina de Coyhaique N° 124, de ese Servicio, informándose al efecto por el Subdepartamento de Filiación Penal, mediante carta respuesta FP ORD.92519, de 19 de Diciembre de 2016, que en causas 800-2005 y 536-2006, ambas del Juzgado de Garantía de Coyhaique, se otorgó beneficio de omisión de antecedentes penales en certificados para fines particulares y para fines especiales, en virtud del artículo 21 de la Ley 19.968, sobre Protección de la Vida Privada.

Señala que, conforme lo disponen los artículos 3° del Decreto Ley N° 645, de 1925, y 3° del Decreto Supremo N° 64, de 1960, ambos del Ministerio de Justicia, procede tener ocultas, sin ser registradas en el prontuario penal, los delitos de faltas, salvo las expresamente indicadas en el Decreto Ley N° 645, por lo tanto, existiendo tres conductas tipificadas como faltas, se generará la apertura de prontuario penal, reflejándose en el prontuario penal respectivo.

Indica que cuando se condena a una persona por un delito simple, se genera la apertura del prontuario penal por sí, una vez comunicada al Registro General de Condenas, por lo que al abrirse prontuario penal por una causa cuya conducta penal se encuentra asociada a la pena de un simple delito, se refleja dicha causa y, en el evento de encontrarse en la hipótesis de registrar el usuario afectado una falta que se encuentra en calidad de archivada manualmente, ya que por sí sola no genera la apertura del prontuario, y en forma posterior, el usuario es condenado por un simple delito, el prontuario penal arrojará no solamente una causa, sino que refleja la causa que se encontraba anteriormente en calidad de archivada, y que las causas indicadas en el libelo presentado indican los artículos 494 N° 19, 494 bis y 495 N° 21, del Código Penal, las cuales abren prontuario penal por sí solas, por tanto no existe duplicidad de anotaciones registradas. Agrega que, en el presente caso, el prontuario penal se crea por la comunicación de una sentencia condenatoria comunicada por el Juzgado de Garantía de Coyhaique en causa RIT N° 800/2005, y luego, se agrega a los antecedentes de la recurrente, la causa RIT N° 536/2006, del mismo tribunal.

Hace presente que no existe un registro para faltas y otro para delitos simples y crímenes, sino que hay un solo prontuario penal que, en la actualidad, sólo registra sentencias condenatorias y que no procede, por ese Servicio, la eliminación de las anotaciones registradas por cuanto, uno de los requisitos del Decreto Supremo N° 64, es que debe existir una sola anotación registrada en el prontuario penal, pudiendo, la recurrente, acogerse al Decreto Ley N° 409, de 1932, del Ministerio de Justicia, acercándose a Gendarmería de Chile para la eliminación de sus anotaciones.

Manifiesta que, conforme a los antecedentes relatados, ese Servicio se encuentra imposibilitado de acceder al beneficio solicitado, ya que las causales de eliminación se encuentran expresamente indicadas en los artículos 8 y 9 del Decreto Supremo N° 64, de 1960, que se encuentra obligado a respetar, por lo que no se incurre en ningún acto ilegal o arbitrario por la negativa de eliminar la causa RIT 536-2006 y, tampoco, se incurre en discriminación al aplicar la normativa vigente, la que señala claramente las formas de eliminar antecedentes penales, normas que son iguales para todos quienes se encuentren en las mismas circunstancias y diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes, agregando, finalmente, que ese Servicio, se encuentra regido en sus actuaciones y decisiones por el principio de legalidad, lo que implica que sólo puede hacer aquello que la ley expresamente le autoriza.

TERCERO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excelentísima Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1°, del Código Civil -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes, protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el tribunal ante el cual se interpone.

QUINTO: Que, conforme los antecedentes acompañados por las partes, como del contenido de sus escritos principales, se tienen como hechos pacíficos y no discutidos que la recurrente, doña nombre reservado, en rol interno del Tribunal 800-2005, del Juzgado de Garantía de Coyhaique, el día 7 de Julio del año 2006, fue condenada a la pena única de multa de dos Unidades Tributarias Mensuales, como autora de los delitos de hurto y daños, pena sustituida por 5 días de reclusión, pena cumplida el 27 de Noviembre del año 2007; asimismo que en rol interno del juzgado de Garantía de Coyhaique, el 25 de Noviembre del año 2006, fue condenada al pago de una multa de 5 Unidades Tributarias Mensuales, como autora de una falta del artículo 50, de la ley 20.000, ambas infracciones que fueron anotadas en el prontuario de la recurrente.

Que, el 2 de Mayo del año 2022, la recurrente solicitó, por escrito, ante la oficina de Coyhaique, del recurrido Servicio de registro Civil e Identificación de Chile, la eliminación de tales anotaciones de su extracto, lo que fue resuelto por F.P. ORD. N°: 92529, del Subdepartamento de Filiación Penal, del 19 de Diciembre del año 2016 (sic), que respecto de ambas anotaciones se otorgó el beneficio de omisión de antecedentes penales en certificados para fines particulares y especiales, de acuerdo al artículo 21, de la Ley 19.628, sobre Protección de la vida privada.

SEXTO: Que, la recurrente solicita, en suma, se elimine la primera anotación, por el tiempo transcurrido y la segunda por cuanto no corresponde su incorporación al extracto de filiación y antecedentes penales por no encontrarse en las hipótesis que la ley contempla.

SÉPTIMO: Que, la normativa aplicable en la especie, son: “Art. 3°. En el prontuario respectivo se inscribirán todas las sentencias condenatorias definitivas y ejecutoriadas por delitos y simples delitos, así como por las faltas a que se refieren los artículos 494, N° 19, 494 bis y 495, N° 21, del Código Penal.”, Decreto Ley 645, que crea el Registro General de Condenas.

“Art. 3°. Se procederá a filiar y abrir prontuario penal a las personas declaradas procesados por crímenes, simples delitos y cuasidelitos. A los infractores de faltas se les filiará y abrirá prontuario cuando hayan sido condenados por tercera vez.”; “Art. 8°. Se eliminará una anotación prontuarial:..e) Cuando se trate de anotaciones manifiestamente erróneas. Esta circunstancia será determinada por el Director del Servicio basado en antecedentes e informes que así lo demuestren. No obstante, si por fuerza mayor comprobada fuere imposible verificar la anotación, resolverá en conciencia….f) Cuando se trate de faltas, respecto de las cuales han transcurrido tres años desde el cumplimiento de la condena. G) Cuando se trate de personas sancionadas por cuasidelito, simple delito o crimen, con multa o con pena corporal o no corporal hasta de tres años de duración, y hayan transcurrido diez años, a lo menos, desde el cumplimiento de la condena en los casos de crimen, y cinco años a más, en los casos restantes.”. Decreto Supremo N° 64, sobre Prontuarios Penales y Certificados de Antecedentes.

OCTAVO: Que, como se anticipó, a raíz de sentencia condenatoria respecto de infracción de hurto y daños, se abrió prontuario a la recurrente y seguidamente se le agregó condena por falta del artículo 50, de la ley 20.000, circunstancia que el recurrido, en suma, explica que una vez abierto el prontuario, éste automáticamente incorpora las demás sentencias condenatorias, como lo fue en el caso de autos.

NOVENO: Que, en consecuencia, atendidas las disposiciones legales transcritas, los hechos a los que se ha negado el recurrido, se transforman en situaciones contrarias a la ley que afectan la garantía de la igualdad ante la ley de la recurrente, toda vez que otro particular, en iguales circunstancias, primeramente, no se le debe agregar al prontuario una falta que la ley no considera y de otra parte, ha de borrársele la anotación por simple delito, atendido el tiempo transcurrido desde la fecha de su cumplimiento.

En efecto, la anotación derivada del RIT 800-2005, del Juzgado de Garantía de Coyhaique, por simple delito de hurto y daños, que ameritó una pena única de multa, fue cumplida por sustitución de la pena (cinco días de reclusión), con fecha 27 de Noviembre del año 2007, de manera que a la fecha de la respuesta de la solicitud de eliminación de antecedentes penales, 8 de Mayo del año 2020, casi trece años después, ameritaba su eliminación de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8, letra g), del Decreto Supremo número 64, toda vez que dicha anotación debió ser la única existente en el prontuario de la recurrente.

Que, concordante con lo anterior, la segunda anotación por la falta del artículo 50, de la Ley 20.000, derivada de sentencia condenatoria en el RIT 536-2006, del Juzgado de Garantía de Coyhaique, jamás debió inscribirse en el prontuario de la recurrente en atención a que no se trata de aquellas faltas que el artículo 3, del Decreto Ley número 645 establece, ni en las precisadas en el artículo 3, del Decreto Supremo número 64.

Tanto el cumplimiento de las sanciones, como las anotaciones mencionadas, fluyen de la sola lectura del Extracto de Filiación y Antecedentes de la recurrente acompañado a estos autos por ambas partes.

Atendido lo precedentemente razonado, resulta inoficioso referirse a las demás garantías que la recurrente dice le han sido amenazadas, perturbadas y/o conculcadas.

DÉCIMO: Que, no obsta a lo que se resolverá lo dispuesto en el Decreto Ley número 409, dado lo expresamente establecido en el artículo 20, inciso primero, parte final, en cuanto prescribe que lo actuado por esta vía, lo será “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”.

En consecuencia, atendido lo expuesto, disposiciones legales y reglamentarias mencionadas Se Declara que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección presentado por el abogado don Ricardo Flores Tapia, Defensor Penal Público, en representación de doña nombre reservado, en contra del Servicio de Registro Civil, representada por su Director (S), don nombre reservado, debiendo dicho servicio, a la brevedad, omitir y sacar del extracto de filiación y antecedentes penales de la recurrente la anotación derivada por la falta del artículo 50, de la Ley 20.000, producto de la condena recaída en la causa Rol Interno del Juzgado de Garantía de Coyhaique, número 536-2006; asimismo, a continuación, atendido lo explicitado precedentemente, deberá la recurrida eliminar del prontuario de la recurrente, la anotación derivada del Rol Interno del Juzgado de Garantía de Coyhaique, número 800-2005.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por el Ministro Titular, don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Se deja constancia que no suscribe la presente sentencia, la Ministro doña Natalia Marcela Rencoret Oliva, quien no obstante haber concurrido a la vista de la causa y presente acuerdo, por encontrarse en uso de cometido funcionario.

Rol N°: 14-2023. (Protección).-