Recurso de protección

Coyhaique, a diecinueve de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En Rol de esta Corte Nº137-2026, el 09 de junio de 2026, comparece don Oscar Alejandro Ulloa Oviedo, abogado, en favor de don nombre reservado, funcionario de Gendarmería de Chile, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, y en contra del Director Nacional de Gendarmería de Chile don nombre reservado o quien lo subrogue, reemplace o represente, domiciliado en domicilio reservado, por cuanto estima que el recurrido ha cometido una acción u omisión arbitraria, consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°NUM000 de fecha 16 de marzo de 2026; lo que priva, perturba y amenaza sus garantías constitucionales resguardadas en los numerales 1 y 2 del artículo 19, de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva, se “deje sin efecto la acción arbitraria e ilegal que se materializa en la aplicación de la medida disciplinaria de DESTITUCION, ya que ha actuado en forma discriminatoria , arbitrarie ilegal respecto de otros funcionarios de Gendarmería de Chile ,que incurrieron en la misma falta administrativa que don nombre reservado. Asimismo, que también se tomen las medidas que se estimen convenientes para restablecer el imperio del derecho, dando a US. Ilma., todas las competencias para actuar en beneficio de la persona en favor del cual se recurre, todo lo anterior con expresa condenación en costas del recurrido de autos”. (SIC).

Con fecha 02 de julio de 2026, don nombre reservado, abogado, de la Unidad de Fiscalía de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, incorporó el informe requerido.

Con fecha 13 de agosto de 2026, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 17 del mismo mes y año, alegando en esta causa-presencialmente- contra el recurso, el abogado don Cristóbal Bardales Rioseco; quedando ésta en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente sostiene que, fue objeto de un sumario administrativo ordenado por medio de la Resolución Exenta N°NUM001 de fecha 29 de mayo de 2025 de la Dirección Regional de Aysén, por salir del país estando con reposo médico y con fecha 29 de mayo de 2026, fue notificado del contenido de la Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 16 de marzo de 2026, por medio del cual se le aplica la medida disciplinaria de destitución.

Reclama que se le ha destituido por haber salido del país encontrándose con licencia médica, en circunstancias que a otro funcionario de Gendarmería de la misma Región de Aysén, don nombre reservado, que viajó con reposo médico a la ciudad de Tacna Perú, solo se le aplicó suspensión del cargo por 30 días, y suspensión de su sueldo del 50 %, lo que refleja una arbitrariedad y un trato discriminatorio ante situaciones similares y en la misma región.

Sostiene que, el año 2023 el recurrente transitó por la República de Argentina para concurrir a la ciudad de Osorno a efectuarse exámenes médicos por una diabetes mellitus tipo II que arrastra hace años, viaje que incluso no pudo concretar debido a las condiciones climáticas imperantes en el mes de julio de 2023.

Aclara que, la resolución recurrida indica que se le aplica esta medida disciplinaria de destitución porque vulneró gravemente el principio de probidad administrativa, y el recurrido hace suyo el argumento del ente contralor en el sentido de que “cuando la ley asigna una medida disciplinaria especifica, la autoridad administrativa se encuentra obligada a disponerla“, no obstante, solo en el caso del recurrente su actuación vulnera gravemente el principio de probidad administrativa y que el recurrido por el dictamen de la Contraloría estaría obligado a aplicar la destitución , y en el resto de los casos ello no ocurre, y por el mismo hecho se aplican medidas disciplinarias menos gravosas.

Indica que, la autoridad administrativa debe ponderar la existencia de factores que mitiguen o excluyan la responsabilidad administrativa, de manera tal que, de ser así, ella se encontraría en el imperativo de aplicar una sanción proporcional a la falta cometida y a sus circunstancias concomitantes pues el recurrente no fue a vacacionar solo utilizó a la República de Argentina como vía de tránsito para concurrir a médico a la ciudad de Osorno.

Expone que, la conducta arbitraria e ilegal ejercida y materializada por el recurrido, ha infringido el derecho a la integridad física y síquica, del artículo 19 Nº1, de la Constitución Política del Estado, ya que el recurrido con su actuar ha desestabilizado la normalidad psicológica del recurrente con actos u omisiones arbitrarios e ilegales, que sin duda son de suyo graves.

Refiere que, se ha infringido la igualdad ante la ley, del artículo 19 N°2, de la Carta Fundamental, dado que el recurrido ha establecido de facto un trato poco igualitario, frente a un mismo hecho, esto es, salir del país estando con reposo médico, ya que, a algunos como en el caso del recurrente, se le aplica la medida disciplinaria de destitución y a otros, medidas disciplinarias menos gravosas.

SEGUNDO: Que, don nombre reservado, abogado, de la Unidad de Fiscalía de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, solicita el rechazo de la presente acción en todas sus partes, con costas, por carecer de todo fundamento fáctico y jurídico de acuerdo con las consideraciones que expone.

Precisa que, el proceso sumarial que culminó con la destitución del recurrente, tiene su origen en el Oficio Confidencial N°NUM002, de 22 de mayo de 2025, del Jefe de la División de Fiscalización de la Contraloría General de la República, mediante el cual se remitió una nómina de funcionarios de Gendarmería de Chile que, haciendo uso de licencia médica, registraron salidas o permanencia en el extranjero entre los años 2023 y 2024, conforme a lo informado por la Policía de Investigaciones de Chile y la Superintendencia de Seguridad Social, en el marco del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° NUM003, de 2025 del referido Ente Contralor.

Indica que, a raíz de dichos antecedentes, la Dirección Nacional dictó la Resolución Exenta N°NUM004, de fecha 23 de mayo de 2025, que ordenó instruir sumario administrativo, y la Resolución Exenta N°NUM005, del 27 de mayo de 2025, que dispuso desagregar las respectivas aristas de investigación a nivel de cada Dirección Regional. En cumplimiento de lo anterior, la Dirección Regional de Aysén dictó la Resolución Exenta N°NUM001, de 29 de mayo de 2025, que ordenó instruir sumario administrativo respecto del funcionario nombre reservado, designando como Fiscal Administrativo al Suboficial Mayor don nombre reservado y como actuaria a la Sargento Segundo doña nombre reservado.

Sostiene que, la investigación estableció, sin controversia y con reconocimiento del propio inculpado, que éste hizo uso de la licencia médica electrónica N°NUM006, que decretó reposo laboral total por 11 días, entre el 11 y el 21 de julio de 2023, en su domicilio domicilio reservado; y que, no obstante ello, el funcionario salió del país el día 14 de julio de 2023 por el paso fronterizo Huemules, con destino a la República Argentina, reingresando por el mismo paso fronterizo el día 20 de julio de 2023, conforme lo informado por el Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Coyhaique mediante Oficio N°NUM007, de 12 de junio de 2025.

Refiere que, en su declaración prestada ante la Fiscalía Administrativa, el funcionario reconoció expresamente los hechos, señalando que el viaje tuvo por objeto obtener una segunda opinión médica en la ciudad de Osorno respecto de una eventual condición de diabetes o prediabetes que arrastraba desde el año 2022, propósito que no logró concretar debido a las condiciones climáticas y al estado de la ruta, permaneciendo en la ciudad de Bariloche hasta su regreso a Chile. Agrega que, reconoció no haber informado su salida del país ni a su jefatura directa ni a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) respectiva, y no acompañó al proceso antecedente alguno que diera cuenta de una derivación médica hacia el país de destino ni de una atención médica efectivamente recibida en el extranjero.

Expone que, ponderados los antecedentes reunidos, la Fiscalía Administrativa emitió su Dictamen Final con fecha 27 de agosto de 2025, en el cual, considerando como atenuante la colaboración eficaz prestada por el inculpado —quien reconoció los hechos sin más trámite— y la ausencia de agravantes, propuso aplicar la medida disciplinaria de suspensión del empleo por tres meses, con goce del 50% de las remuneraciones, contemplada en el artículo 124 del D.F.L. N° 29, sobre Estatuto Administrativo. Dicha proposición fue informada favorablemente por la Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Aysén mediante informe de 20 de octubre de 2025.

Señala que, no obstante lo anterior, la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, en ejercicio de la potestad sancionadora que le confiere la ley, no acogió la proposición de la Fiscalía Administrativa y, mediante la Resolución Exenta D.N. N°NUM000, de 16 de marzo de 2026, aplicó al funcionario nombre reservado la medida disciplinaria de destitución, contemplada en el artículo 121 letra d), en relación con el artículo 125, ambos del D.F.L. N°29, de 2005, por estimar que los hechos acreditados en el proceso sumarial constituyen una infracción grave al principio de probidad administrativa consagrado en la letra g) del artículo 61 del citado cuerpo legal. Añade que, para arribar a dicha conclusión, la autoridad tuvo especialmente en cuenta que el inculpado no acompañó al proceso antecedente alguno que acreditara la necesidad médica del viaje realizado, la derivación de un facultativo hacia el país de destino, o que efectivamente hubiese recibido atención médica en el extranjero.

Indica que, el acto administrativo impugnado se funda, además, en el dictamen de la Contraloría General de la República N°47.561, de 2006, conforme al cual, cuando la ley asigna una medida disciplinaria específica para una determinada infracción, la autoridad administrativa se encuentra obligada a disponerla, no pudiendo ejercer las atribuciones privativas que le permitirían determinar, según su propio criterio, otra sanción que a su juicio resulte más acorde con la conducta observada, ni ponderar circunstancias que eventualmente atenuaran la responsabilidad funcionaria, una vez calificada la infracción como grave.

Finalmente señala que, no ha existido actuación arbitraria o ilegal por parte de la autoridad recurrida que pudiese ser objeto de reproche, ni que signifique una vulneración de las garantías constitucionales que el recurrente estima conculcadas, razones por las que el presente recurso de protección debe ser rechazado.

TERCERO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia de este se afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión a adoptar por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, en resumen, la parte recurrente ha hecho consistir el acto ilegal y arbitrario, en la dictación de la Resolución Exenta N°NUM000 de fecha 16 de marzo de 2026, notificada con fecha 29 de mayo de 2026, por medio de la cual se aplica al funcionario profesional grado 12°, nombre reservado, la medida disciplinaria de destitución; infringiendo con ello, sus garantías constitucionales consagradas en los números 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile.

SÉPTIMO: Que, a fin de despejar los aspectos a dirimir, apreciando los antecedentes reunidos de conformidad a las reglas de la sana crítica y teniendo presente las alegaciones efectuadas por las partes, es posible dar por asentados los siguientes hechos: 1.- Por medio de Resolución Exenta N°NUM004, del 23 de mayo de 2025, de la Dirección Nacional, se ordenó instruir un sumario administrativo, destinado a investigar las eventuales irregularidades informadas por Oficio Confidencial N°NUM002, del 22 de mayo de 2025, del Jefe de División de Fiscalización de la Contraloría General de la República, relacionadas con los funcionarios del Servicio, que haciendo uso de licencia médica, registraron salidas o permanencia en el extranjero entre los años 2023 y 2024. 2.- Don nombre reservado, fue objeto de un sumario administrativo ordenado por medio de la Resolución Exenta N°NUM001, de 29 de mayo de 2025, de la Dirección Regional de Aysén, por salir del país estando con reposo médico, desde el 11 de julio de 2023 al 21 de julio de 2023. 3.- Mediante la Resolución Exenta N°NUM000, de 16 de marzo de 2026, firmada por don nombre reservado, Director Nacional de Gendarmería de Chile, se le aplica al recurrente la medida disciplinaria de destitución, contemplada en el artículo 121 letra d) en relación con el artículo 125 por la responsabilidad administrativa que le cupo específicamente al infringir gravemente el deber establecido en la letra g) del artículo 61, del D.F.L. N°29 de 2025.

OCTAVO: Que, para la resolución del presente conflicto, resulta importante tener presente la siguiente normativa:

El artículo 61, en sus letras d) y g), del D.F.L.N°29 de 2025, texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834 del Estatuto Administrativo, señala que: “Serán obligaciones de cada funcionario: d) Cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios que ordene el superior jerárquico; g) Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado.”.

Por su parte, el artículo 125, del mismo cuerpo legal, en lo pertinente, dispone que: “La destitución es la decisión de la autoridad facultada para hacer el nombramiento de poner término a los servicios de un funcionario.

La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa…”.

NOVENO: Que, en cuanto a la eventual ilegalidad del actuar de la recurrida, no aparece discutido que la decisión de iniciar un sumario administrativo en contra de la recurrente, se encuentra dentro del marco de sus atribuciones, y, principalmente, por la instrucción impartida por la Contraloría General de la República por medio de Oficio N°NUM002, de modo que dicho acto no es ilegítimo o ilegal desde este punto de vista, ya que se procedió por quien estaba facultado para hacerlo y en el marco de sus atribuciones legales.

DÉCIMO: Que, cabe señalar, además, que desde una perspectiva sustantiva y considerando los antecedentes aportados tanto en el proceso sumarial como en esta instancia, no se ha demostrado que la salida al extranjero del recurrente se fundara en la necesidad de realizar un procedimiento médico relacionado con la patología de diabetes mellitus tipo II en la ciudad de Osorno, conforme a lo exigido en los dictámenes N°17.132, de 2018, y 44.044, de 2025, emitidos por la Superintendencia de Seguridad Social, por lo que tampoco se advierte el actuar arbitrario e ilegal alegado por el recurrente.

Del mismo modo, del análisis del proceso sumarial no se desprenden irregularidades en su tramitación, encontrándose todas las resoluciones incorporadas en esta sede debidamente examinadas y valoradas, tanto en relación con los descargos presentados por la parte recurrente como con la prueba rendida al efecto.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, ya es un aspecto jurisprudencialmente aclarado, que el mérito de las sanciones impuestas por la autoridad administrativa no resulta factible de ser revisado por medio de esta vía cautelar, en atención a su propia naturaleza no declarativa, sino sumarísima de urgencia, además de significar el riesgo de incurrir en extralimitación de atribuciones e invasión indebida en el marco competencial de otros órganos del Estado, vulnerando así el artículo 7 de la Carta Fundamental.

DUODÉCIMO: Que, asimismo, se ha constatado que la decisión adoptada por la autoridad administrativa recurrida ha estado adecuadamente fundada en sus distintos acápites, lo que se respalda debidamente en los diversos medios de prueba ponderados, haciendo factible, en definitiva, la aprobación de la investigación sumaria e imposición de la sanción que se conoce, de modo tal que, a juicio de estos sentenciadores, se ha cumplido satisfactoriamente el estándar de motivación que imponen los artículos 3, 11 y 41 de la Ley N°19.880, gozando la resolución impugnada por esta vía, de presunción de legalidad, imperio y exigibilidad, que no han sido desvirtuados mediante las alegaciones ni pruebas de descargo aportadas por el actor, al punto de haber sido reconocidas las conductas infractoras por el propio investigado, introduciendo únicamente justificaciones adicionales, a saber, que utilizó la República de Argentina como país de tránsito para concurrir a la ciudad de Osorno a efectuarse exámenes médicos por una diabetes mellitus tipo II que arrastra hace años, viaje que incluso no pudo concretar debido a las condiciones climáticas imperantes en el mes de julio de 2023, que no han hecho mella en la solidez de las imputaciones realizadas en su contra.

DÉCIMO TERCERO: Que, en consecuencia, estimándose por estos sentenciadores, que la decisión administrativa impugnada no adolece de ilegalidad o arbitrariedad, se deberá rechazar el recurso de protección que se conoce, sin que se advierta una vulneración del artículo 19, de la Constitución Política, en sus números 1 y 2 cuyo análisis pormenorizado resulta inoficioso al faltar un requisito previo para su procedencia.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE DECLARA:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don Oscar Alejandro Ulloa Oviedo, abogado, en favor de don nombre reservado, en contra del Director Nacional de Gendarmería de Chile don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la señora Ministra titular, doña Natalia Marcela Rencoret Oliva.

Rol N°: 137-2026. (Protección).-