Protección contra Tesorería General de la República

Coyhaique, diecisiete de Diciembre de dos mil quince.

VISTOS:

De fojas 5 a 8, comparece don nombre reservado, chileno, mayor de edad, cédula nacional de Identidad número RUT reservado,con domicilio en domicilio reservado, quien conforme al Auto Acordado de la Excma., Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección y Garantías Constitucionales, deduce recurso de protección en su favor, en contra de la Tesorería General de la República, de su mismo giro, representada por don nombre reservado, Director Regional, ambos para estos efectos domiciliados en domicilio reservado, por el acto ilegal y abusivo del citado Servicio Público, consistente en el no pago del bono post laboral que otorga la Ley N° 20.305 a los funcionarios públicos que se acogen a jubilación, todo ello con expresa condenación en costas.

De fojas 1 a 4, rolan a antecedentes acompañados por el recurrente.

A fojas 10 se declara admisible el recurso y se pide informe a la recurrida.

De fojas 17 a 18, don nombre reservado, Director Regional Tesorero de Aysén, por la recurrida, evacua informe acompañando los antecedentes pertinentes al caso, solicitando a esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, rechace el presente recurso, por cuanto han dejado de existir los hechos que le sirvieron de fundamento.

A fojas 20 se trajeron los autos en relación.

A fojas 26, atendido el mérito de autos, como medida para mejor resolver, se solicita a la recurrida, certificación respecto del pago del bono reclamado.

A fojas 30 se agrega informe de la recurrida, dando cumplimiento a la medida para mejor resolver decretada.

A fojas31 rige el estado de acuerdo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente don nombre reservado, funda su libelo de protección en cuatro puntos.

Por el n° 1 señala, que por Ley N° 20.305, publicada en el Diario Oficial de 5 de diciembre del año 2008, que mejora las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo en sus pensiones, el recurrente, postuló en su debido tiempo al beneficio que concede la citada ley, obteniendo como resultado final una tasa de reemplazo líquida de 52,45%, reuniendo para ello todos los requisitos generales que exige dicho cuerpo legal.

Como punto n° 2 dice, que con fecha 21 de noviembre del año 2014, la señora nombre reservado, Jefa del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2, inciso 3 y artículo 3, inciso 5 de la referida Ley N° 20.305, notificó al recurrente que la tasa de reemplazo líquida informada por la Superintendencia de Pensiones es de 52,45%.

Como punto n° 3 dice, que con fecha 24 de Agosto del año 2015, la señora nombre reservado, Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la Subsecretaría del Interior, le informó al recurrente de autos que el Servicio hizo todos los trámites legales, ingresando el expediente con fecha 8 de Enero del 2015 a la Tesorería General de la República, y, por lo tanto, de acuerdo al artículo 8 de la Ley 20.305, corresponde a este Servicio Público, proceder al pago del beneficio impetrado.

Agrega que, se acogió a jubilación a contar del 1 de Abril del presente año, por lo tanto ya a contar del mes de Junio del año 2015, debería estar recibiendo el citado pago, lo que a la fecha no ha ocurrido.

En el punto n° 4 dice, que con fecha 10 de Septiembre del 2015, remitió carta certificada al señor Tesorero Regional de la Tesorería General de la República, don nombre reservado, a objeto de obtener alguna respuesta satisfactoria a sus pretensiones, la que en términos generales no ha recibido contestación.

Por todo ello señala que, la omisión del Tesorero recurrido constituye privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales contempladas en el n° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, razón por la cual interpone el presente recurso, ya que, injustificadamente y, en un acto arbitrario e ilegal, se le ha privado de recibir en forma oportuna el pago del bono post laboral otorgado por la ley, por lo que solicita se acoja este recurso y se restablezcan su derechos garantizados constitucionalmente.

SEGUNDO: Que, informando la recurrida de fojas 17 a 18, a través de don nombre reservado, en su calidad de Director Regional, Tesorero de Aysén, señala que, en la especie, según el recurrente, la omisión reclamada radicaría, en síntesis, en que habiendo postulado en tiempo y forma al bono post laboral establecido en la Ley N° 20.305, a la fecha no ha recibido el pago del beneficio impetrado por parte del Servicio de Tesorerías. Al respecto, dice, que es útil recordar que el artículo 1° de la Ley N° 20.305, en su inciso primero, otorga un bono de naturaleza laboral, para el personal que, a su entrada en vigencia, ejerza un cargo de planta o a contrata y al contratado conforme al Código del Trabajo, en los órganos y servicios públicos regidos, entre otros, por el Título II de la Ley N° 18.575, esto es, que integren la Administración del Estado. Enseguida, el artículo 2° de la citada ley, previene que para tener derecho al bono, será necesario cumplir con los requisitos copulativos que establece, entre los cuales, en el numeral 4, se encuentra el "tener cumplidos 65 años de edad en el caso de los hombres y 60 años de edad tratándose de las mujeres", y en el numeral 5, el "cesar en el cargo o terminar el contrato de trabajo, en las instituciones señaladas en el artículo 1° de la ley, sea por renuncia voluntaria, por obtener pensión de vejez de conformidad con el Decreto Ley N° 3.500, de 1980, por supresión del empleo o por aplicación del inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, dentro de los 12 meses siguientes de cumplirse las edades señaladas en el número anterior, según corresponda." Continúa señalando, que de esta forma, cabe concluir que la regla general establecida en la Ley N° 20.305 para acceder al bono en análisis, establece que el beneficiario debe cesar en funciones dentro de los 12 meses de haber cumplido las edades requeridas, cuestión que no ocurre en el caso en estudio, toda vez que el recurrente habría cesado en sus funciones a contar del 31 de Marzo de 2015, en circunstancias que cumplió la edad requerida el 4 de Enero de 2014. No obstante lo anterior, la Ley N° 20.734, que fija condiciones especiales para la bonificación por retiro voluntario por el período que indica y otorga otros beneficios por retiro, en su artículo 7o, dispone que el personal que perciba la bonificación adicional que indica, durante los años 2014 y 2015, tendrá derecho a presentar la solicitud para acceder al bono post laboral, conjuntamente con la postulación a aquella, considerándose para este efecto, los plazos y edades que dispone el primer texto legal citado, sin que sea aplicable el plazo de doce meses señalado en los artículos 2° número 5, y 3° de la Ley N° 20.305, manteniéndose todos los demás requisitos que la Ley N° 20.305 y sus modificaciones establecen.

Agrega, que del texto transcrito, queda en evidencia que la Ley N° 20.734, ha otorgado un derecho a ciertos beneficiarios de dicha ley, dentro de los cuales se encuentra la ampliación del plazo para cesar en el cargo y para presentar la solicitud, pero ello sólo en la medida que las solicitudes para acceder a ambos beneficios se realicen en forma conjunta.

Termina la recurrida su informe, diciendo, que conforme los antecedentes que fueran remitidos a este Servicio de Tesorerías, consta que la solicitud de postulación realizada para acceder a los beneficios contemplados en la Ley N° 20.734, habría sido presentada en forma conjunta con la solicitud para acceder al bono post laboral como requiere el precitado artículo 7°, por consiguiente, efectuado un análisis de los documentos del recurrente, se informa que el Servicio de Tesorerías dispondrá el pago del bono post laboral establecido en la Ley N° 20.305 a don nombre reservado, a contar del mes de Diciembre del presente año.

Atendido lo anterior, dice, queda de manifiesto que el acto u omisión que habría motivado la presente acción cautelar, cualquiera sea la calificación jurídica que se tenga del mismo, ha desaparecido, por lo que carece de razón de ser el presente recurso de protección y solicita que éste sea rechazado.

TERCERO: Que, atendido lo informado por la recurrida, esta Corte de Apelaciones decretó como medida para mejor resolver solicitar al recurrido Director Regional Tesorero de Aysén, certificación relativa al pago del bono post laboral al recurrente, informando éste con fecha 11 de Diciembre de 2015, según consta a fojas 30, que el pago del bono referido, fue aprobado el día 23 de Noviembre de 2015, y que con fecha 01 de Diciembre de 2015, Tesorería, desde nivel central, se remite la información a la Aseguradora Penta Vida S.A. sobre los montos que se depositarán a fin de pagar el bono post laboral en comento, agregando que, según se indicó desde el nivel central de su Servicio, se realizará el traspaso de todos los fondos insolutos del recurrente a su Aseguradora, que corresponden a los meses de Abril a Diciembre de este año, quedando radicada en dicha institución la responsabilidad del pago durante el mes de Diciembre del 2015. El recurrido adjunta a lo informado, en cumplimiento a la medida para mejor resolver decretada por este Tribunal, certificado impreso con firma del funcionario del Servicio don nombre reservado que indica el ingreso que se producirá desde este Servicio a la Aseguradora del recurrente Penta Vida S.A. , donde se especifican los traspasos a realizar, a contar de Abril 2015.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar a quien, por causa de actos y omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías preexistentes que la misma Carta Fundamental enumera, mediante la adopción inmediata por parte de la Corte de Apelaciones, de providencias necesarias para restablecer el imperio de derecho y asegurar la debida protección del afectado.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes, protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el tribunal ante el cual se interpone.

SEXTO: Que, de la relación de los hechos descritos en los motivos Primero y Segundo se desprende que la garantía conculcada reclamada por el recurrente, es el derecho de propiedad resguardado en el n° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, acusándose como arbitrario e ilegal la privación de que se le ha hecho en su calidad de funcionario jubilado del Servicio de Tesorería General de la República, de percibir el bono post laboral que otorga la Ley N° 20.305 a los funcionarios públicos que se acogen a jubilación.

SÉPTIMO: Que, de lo informado por el Servicio recurrido a través del Director Regional Tesorero de Aysén, don nombre reservado, según consta de fojas 17 a 18, el Servicio después de revisar un análisis de los documentos del recurrente señala que dispondrá el pago del bono post laboral establecido en la ley 20.305 a don nombre reservado, a contar del mes de Diciembre del presente año.

No obstante la recurrida dando cumplimiento a la medida para mejor resolver decretada por esta Corte, con fecha 11 de Diciembre en curso, junto con los documentos que acompaña, tenidos a la vista, aparece que la situación reclamada por el recurrente es efectiva, y la recurrida se limita a indicar que el pago del bono post laboral del recurrente fue aprobado el día 23 de Noviembre de 2015 y que a contar del 01 de Diciembre del mismo año se remitiría la información a la Aseguradora de aquel, Penta Vida S.A., sobre los montos que se le depositaran para que se proceda al pago correspondiente, reconociendo que los fondos insolutos del recurrente corresponden a los meses de Abril a Diciembre de este año, lo que se refrenda con el reporte adjunto a fojas 29.

OCTAVO: Que, así, en las condiciones señaladas, se tiene que la recurrida ha incurrido en la omisión denunciada por el recurrente, en cuanto a privarlo del disfrute del bono post laboral a que tenía derecho, a contar de la fecha de jubilación, esto es, 01 de Abril de 2015, pagadero a contar del mes de Junio del presente año,