nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CISNES

En Coyhaique, a treinta y uno de julio del año dos mil veinticinco.

VISTOS:

En lo principal de la presentación de 6 de junio del año 2025, comparece don FERNANDO ANDRÉS CORONADO MELLADO, abogado, en favor de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, quien, en lo principal, deduce recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CISNES, representada legalmente por don nombre reservado, Alcalde de la comuna de Cisnes, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la omisión en la realización de la poda de los árboles de calle José María Caro sin número, lo que vulnera las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°1, 2 y 24, de la Constitución Política de la República; solicitando, en definitiva: “1.- Se acoja a tramitación el presente recurso; 2.- Se solicite informe a la recurrida; 3.- Se ponga término a la omisión ilegal y arbitraria de la Municipalidad de Cisnes; 4.- Se ordene a la recurrida la poda y/o corte de los árboles que se encuentran en el sector; 5.- Se fije un plazo para aquello; 6.- Se adopten todas las medidas inmediatas para el establecimiento del imperio del derecho y los derechos y garantías establecidos en el N° 1, 2, 24 del artículo 19 de la Constitución de la República de Chile’’ Con fecha 19 de junio del año 2025, don Fabián Rojas Muñoz, abogado, en representación del recurrido, incorporó el informe requerido.

Con fecha 18 de julio del año 2025, se ordenó traer los autos en relación y el 29 del mismo mes y año, se procedió a la vista de la causa con la comparecencia, por el recurso, del abogado Fernando Coronado Mellado, y contra del recurso, el abogado Fabián Rojas Muñoz, quedando la misma en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, fundamentando su recurso, la recurrente expone que, el 7 de mayo de 2025, los locatarios de la Feria de Puerto Cisnes de la comuna de Puerto Cisnes, enviaron una carta al Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Cisnes, don Francisco Javier Roncagliolo Lepío, para que resolvieran la situación derivada de la existencia de un grupo de árboles, que se ubican en calle José María Caro sin número, que representan un serio y directo peligro para la vida e integridad de los habitantes de la comuna.

Refiere que, en el lugar se encuentran varios árboles que superan los 15 metros de altura, los cuales presentan evidentes signos de deterioro estructural; esta condición, sumado a factores climáticos provocan una fricción constante entre los árboles y las estructuras, propiciando una eventual caída.

Arguye que, el lugar donde se encuentran los árboles es de propiedad de la Ilustre Municipalidad de Cisnes, por lo que es responsabilidad de dicho municipio la poda o corte de estos. Así las cosas, a la fecha no ha existido pronunciamiento por parte del Municipio, debiendo reiterarse la solicitud, sin que hasta la fecha se tenga respuesta.

Refiere estar dentro del plazo establecido para ejercer la presente acción constitucional, toda vez que la primera carta fue enviada con fecha 7 de mayo de 2025.

Alega que la conducta en que se incurrió por el recurrido es arbitraria, toda vez que el referido Municipio efectúa mantenciones en otras calles y caminos bajo su competencia, sin que se advierta causa legítima que justifique la omisión en la realización de la poda. Asimismo, sostiene que es ilegal, puesto que es responsabilidad del Municipio la debida administración de los bienes nacionales de uso público y los bienes municipales o del patrimonio municipal, conforme lo dispuesto en la Ley Nº18.695 denominada Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

En cuanto a las garantías vulneradas, expone que se infringe el artículo 19 N°1 de la Constitución, relativo al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, en perjuicio de los transeúntes del lugar referido; el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2, dado que el recurrido ha realizado mantenciones y podas en diversas calles y caminos de la comuna, pero no así en la calle José María Caro, sin número; y el derecho de propiedad, establecido en el artículo 19 N°24, todos ellos protegidos por nuestra Carta Fundamental, ya que los árboles generan fricción con otras estructuras y su eventual caída podría causar daños tanto a los locales comerciales, como a las propiedades colindantes y a la propiedad pública y municipal.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe de rigor, sostiene la recurrida no haber incurrido en una ilegalidad por la supuesta omisión de respuesta al requerimiento formulado mediante carta de fecha 7 de mayo de 2025; sostiene que su actuar se ha ajustado a las normas constitucionales y al imperio del derecho que obliga y rige las actuaciones de los servicios del Estado.

Expone que, la recurrente funda su acción en la presunta omisión de la entidad edilicia al no dar respuesta a su solicitud. Así las cosas, sin mediar ni aún menos acompañar documento alguno que dé cuenta fehaciente de tal omisión, más que el solo relato de no haber recibido respuesta, la recurrente parece desconocer las normas relativas al procedimiento administrativo, de manera que la presunta omisión obedece más a su negligencia de ejercer aquellas acciones que la Ley N°19.880, sobre Procedimiento Administrativo, impone al particular.

Sostiene que, el día 6 de junio del presente año se interpone la presente acción constitucional, sin antes haber requerido previamente a la Administración un pronunciamiento en relación con su solicitud. Refiere que, tal vez, y bajo una interpretación favorable a la recurrente, ésta haya aplicado el denominado silencio administrativo; sin embargo, ni siquiera en tal supuesto, se encuentra en la situación de considerarse agraviada por la presunta omisión, especialmente cuando ha sido la propia recurrente quien no ha cumplido con las cargas procesales que le exige el legislador.

Fundamenta lo anterior, en el inciso primero del artículo 2 de la Ley N°19.880, señalando que las normas contenidas en dicho texto, en relación con el procedimiento administrativo, son aplicables para el caso de la Municipalidad, y, por ende, deben observarse y cumplirse las disposiciones contenidas en aquella ley.

Así las cosas, el libelo de autos solo se limita escuetamente a señalar que la ilegalidad que se comete nace de la omisión de respuesta que debe darse a su solicitud. Sin embargo, no consta en su libelo, ni aun menos en los documentos que se aportan, que la recurrente haya ejercido los derechos consagrados y contenidos en los artículos 10 y 17 de la Ley 19.880, por cuanto, no existen posteriores comunicaciones del interesado en orden a requerir información sobre el estado de su solicitud y aún menos alegó supuestos defectos de tramitación de ésta.

Refiere que, de la lectura completa de ambas cartas se desprende que éstas han sido formuladas al tenor de las normas generales del procedimiento administrativo, y, por ende, son completamente aplicables las normas contenidas en la Ley N°19.880, sin que en ningún párrafo de su solicitud indique que tal presentación se acoja a normas especiales.

Ahora bien, la recurrente dio inicio con su presentación, mediante el respectivo ingreso en la Oficina de Partes, el 14 de mayo de 2025, en donde solicitó a la entidad edilicia la poda o tala preventiva de los árboles comprometidos. De tal manera, con la referida solicitud, la recurrente procura que la Administración se pronuncie en relación con aquella, a través de la instrucción de un proceso que arribe a una decisión definitiva por parte de esta entidad edilicia con relación a ella.

En ese entendido, la recurrente sin esperar debidamente los plazos de sustanciación del proceso recurre de protección para alegar un supuesto arbitrio o ilegalidad por la omisión de respuesta, cuando en lo concreto, no existe tal vulneración o arbitrio, toda vez que la entidad edilicia se encuentra amparada debidamente en los plazos que establece la Ley N°19.880, respecto a la emisión de una decisión definitiva en relación con la solicitud del interesado.

Fundamenta que, de la lectura del Artículo 24 de la Ley N°19.880, se sostiene que nuestro legislador ha señalado que, en el caso de las decisiones definitivas, éstas deben expedirse dentro de los 20 días siguientes, contados desde la fecha que el solicitante solicite se certifique que el acto se encuentra en estado de resolución. De lo anterior se sigue que el legislador impone una carga procesal al solicitante, consistente en pedir a la Administración la certificación que el acto se encuentra en estado de resolución, y, en ese sentido, no consta en su recurso, ni existen pruebas o indicios que den cuenta que la recurrente haya solicitado tal certificación, y, por ende, no podría alegar una supuesta ilegalidad por la omisión de respuesta, cuando su solicitud, a mayor abundamiento, no se encuentra en etapa de resolución, y aun menos, ha solicitado tal certificación, que le habilite a exigir de parte de la Administración una decisión definitiva dentro del plazo de 20 días hábiles.

Expone que, es efectivo que se han ingresado dos requerimientos, el primero con fecha 14 de mayo de 2025, recibiéndose en la Oficina de Partes de esta Municipalidad, la carta de la recurrente, ingresada bajo el N°2103, folio 61 y el segundo, con fecha 26 de mayo de 2025, en que fue recibida en la Oficina de Partes de esta Municipalidad, una nueva carta de la recurrente, ingresada bajo el N°2238, folio 67.

Argumenta que, la solicitud efectuada corresponde a trabajos en altura, de manera que cualquier intervención debe contar con ciertos elementos y personal capacitado para ejecutar esas labores. En ese sentido, la Municipalidad comenzó con el 26 de febrero de 2025, la tramitación de compras de EPP, solicitando a la Dirección de Finanzas los ítems presupuestarios pertinentes para generar la licitación pública para tales elementos de protección.

Agrega que, en los meses de abril y mayo de 2025, por estricta aplicación de los principios señalados, se generaron las respectivas cotizaciones que permitieran adquirir los Elementos de Protección Personal necesarios para que los funcionarios habilitados para el trabajo en altura puedan realizar aquellos en forma segura, compras que fueron autorizadas con fecha 9 de junio de 2025, por lo que se efectuará la respectiva licitación o compra pública conforme a la Ley N°19.886.

Refiere, además, que el 10 de junio de 2025, la Municipalidad se contactó con la recurrente a través de la Directora (S) de Obras Municipales, doña nombre reservado, informándole de las gestiones realizadas y en las cuales se acordó talar los árboles, y no podarlos.

En cuanto a las garantías fundamentales vulneradas, alega que no existe afectación al derecho a la vida e integridad física, toda vez que, como ya se ha prevenido, la Municipalidad con anterioridad a la petición de la recurrente ha adoptado las medidas administrativas necesarias para resguardar la integridad de todos los habitantes de la comuna de Cisnes, disponiendo oportunamente los estudios e identificación de las especies arbóreas de la localidad de Puerto Cisnes, la certificación de personal municipal para ejercer las labores en altura; como así también las compras y coordinaciones necesarias para materializar dicha labor. Asimismo, sostiene que no existe afectación al derecho de propiedad, toda vez que no ha habido acto alguno por el cual la Municipalidad prive de cualquier manera el uso, goce o disposición de los bienes de la recurrente. Por último, arguye que, no existe afectación al derecho de igualdad ante la ley, toda vez que la Municipalidad ha actuado amparada bajo el principio de legalidad y de juridicidad de sus actos, ha dado debida respuesta a la recurrente y de la misma manera se ha dicho que las acciones municipales previas se han implementado para dar servicio y seguridad a toda la comunidad de la localidad de Cisnes, no existiendo trato discriminatorio o arbitrario.

Concluye indicando que la acción cautelar deducida por la recurrente es absolutamente improcedente e inadmisible, toda vez que en ninguna de las hipótesis planteadas se configurarían supuestas arbitrariedades o ilegalidades por la presunta omisión de respuesta que la recurrente ha planteado, incluso en el caso de hacer interpretaciones favorables en relación con su presentación.

TERCERO: Que, en esta materia se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º, 12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

Igualmente, debe esclarecerse que este remedio institucional sólo tiene por objeto proteger derechos indubitados y que no constituyan una esperanza o mera expectativa de erigirse en un derecho, pues no es un juicio declarativo de los mismos.

QUINTO: Que, la recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal denunciado, en la omisión por parte de la Ilustre Municipalidad de Cisnes en la entrega de respuestas a sus requerimientos, lo cual estima que vulnera sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°s 1, 2 y 24, de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que, pertinente a la materia en discusión, resulta útil tener presente lo dispuesto en el artículo 11 en sus letras a) y c) del Código Sanitario.

‘’Artículo 11°.- Sin perjuicio de las atribuciones que competen al Servicio Nacional de Salud, corresponde, en el orden sanitario, a las Municipalidades: a) proveer a la limpieza y a las condiciones de seguridad de sitios públicos, de tránsito y de recreo; c) velar por el cumplimiento de las disposiciones que sobre higiene y seguridad se establecen en la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.’’ SEPTIMO: Que, a mayor abundamiento y en aras de una adecuada resolución, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional N°18.695 sobre Municipalidades, específicamente en lo pertinente del Artículo 5º: ‘’Para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades tendrán las siguientes atribuciones esenciales: c) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido su subsuelo, existentes en la comuna, salvo que, en atención a su naturaleza o fines y de conformidad a la ley, la administración de estos últimos corresponda a otros órganos de la Administración del Estado.”

Que, asimismo, se tiene a la vista el Artículo 25 de la misma norma, que establece que ‘’A la unidad encargada de la función de medio ambiente, aseo y ornato corresponderá velar por: a) El aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general, de los bienes nacionales de uso público existentes en la comuna; c) La construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la comuna.’’ Lo anterior se refuerza en el Artículo 63: ‘’El alcalde tendrá las siguientes atribuciones: f) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público de la comuna que correspondan en conformidad a esta ley’’ OCTAVO: Que, de la lectura de las disposiciones antes referidas, se extrae como natural conclusión que la Ilustre Municipalidad de Cisnes tiene la obligación de resguardar la seguridad de la población, especialmente en sectores de uso público y en espacios de propiedad del Estado, como es del caso de marras, lo que le impone la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para prevenir cualquier peligro inminente que amenace la vida, integridad física y seguridad de los ciudadanos que transitan por dicho sector.

NOVENO: Que, el recurrido, si bien ha manifestado que se encuentra en proceso de evaluación de la situación, no ha demostrado siquiera la adopción de medidas urgentes tendientes a mitigar el riesgo derivado de la existencia de los árboles que motiva el requerimiento de la recurrente, lo que se constituye en una clara omisión en el ejercicio de los deberes y responsabilidades que le imponen las normas citadas, omisión que resulta contraria a la obligación de la Administración Pública de actuar de manera eficiente y diligente frente a la presencia de un peligro inminente para la seguridad pública, como en este caso se aprecia ocurrir respecto de la recurrente y artesanos aledaños a la citada arboleda.

DÉCIMO: Que, en cuanto a la respuesta otorgada por la Ilustre Municipalidad de Cisnes a la solicitud presentada, se observa que, si bien el 10 de junio de 2025, la Directora (S) de Obras Municipales, se comunicó telefónicamente con la recurrente, manifestándole que se procedería a la tala de los árboles en cuestión, dicha respuesta se estima incompleta y de evidente incertidumbre, pues no se le proporcionó una fecha cierta ni menos un plazo determinado para la ejecución de la medida impetrada.

Así las cosas, la falta de claridad y la ausencia de plazos específicos para la ejecución de las medidas de seguridad solicitadas, no solo genera incertidumbre, sino que también mantiene el riesgo existente, perpetuando la situación de peligro que afecta a los locatarios, transeúntes y habitantes de la comuna de Cisnes, que se desplazan por los alrededores inmediatos del sector en que se ubican los árboles cuya poda o tala se ha solicitado.

UNDÉCIMO: Que, a pesar de la promesa de acción, hasta la fecha del presente fallo, los árboles continúan en el mismo estado, sin que se haya realizado la intervención necesaria para mitigar el riesgo inminente que representa para la seguridad de la población. La falta de una respuesta formal y clara constituye una omisión en el cumplimiento de la obligación de la administración municipal de proteger la seguridad y bienestar de los ciudadanos, la cual reviste los caracteres sino de ilegalidad, a lo menos de arbitrariedad exigidos para otorgar la tutela que por esta vía se requiere, dada la carencia de razonabilidad de la tardanza en la respuesta al requerimiento formulado, advirtiendo la concurrencia de una amenaza de afectación del derecho a la integridad física de la recurrente y vecinos del sector adyacente, que incumbe ser corregido mediante la adopción de las providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y a otorgar la debida protección impetrada.

Por consiguiente, atendido las normas referidas y circunstancias antes expuestas, se habrá de acceder al presente arbitrio deducido, del modo como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas, y visto, además, lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que, SE ACOGE, con costas, la acción de protección promovida por don Fernando Coronado Mellado, abogado, en favor de doña nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Cisnes, representada por Alcalde don Francisco Roncagliolo Lepío, en cuanto se ordena a esta última la poda o tala de los árboles ubicados en el sector calle José María Caro sin número, en un plazo prudencial de 30 días, contados a partir desde que quede ejecutoriado el presente fallo.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Señor Fiscal nombre reservado, don nombre reservado.

Corte Rol N°135-2025 (Protección).