nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

En Coyhaique, a veintitrés de Julio del año dos mil dieciocho.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, Educador Diferencial, Profesor de Historia, y otros, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, de la ciudad de Aysén, interponiendo el presente recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representado por el señor Claudio Lautaro Reyes Barrientos, ambos domiciliados en domicilio reservado, de Coyhaique, por la afectación a las garantías constitucionales previstas en el artículo 19, número 1, 22 y 24, de la Constitución Política de la República, a raíz de la dictación de la Resolución Exenta número IBS N°05086-2018, que confirmó el rechazo de las licencias médicas de parte de la COMPIN de la Región de Aysén, que sostiene es arbitraria e ilegal, solicitando, en definitiva, “se ordene restablecer el imperio del derecho, haciendo cesar definitivamente el acto arbitrario e ilegal cometido por la recurrida, disponiendo que la recurrida debe acoger mi reclamo y ésta debe ordenar a la Compin Región de Aysén tener por aprobadas las licencias médicas números 54993799, 55612750, 55167509, 55167518, ordenando el pago de cada una de ellas a la COMPIN Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, todo con expresa condena en costas.”, acompañando a su acción cautelar los antecedentes que citó en el segundo otrosí de su presentación.

Al evacuar su informa, la recurrida, en lo principal, alegó la extemporaneidad del recurso; en subsidio, en el primer otrosí, informó acerca del fondo, solicitando el rechazo del mismo, con costas, acompañando, a su vez, el expediente administrativo Código 05086-2018, relativo al caso de autos.

Con fecha 18 de Julio del año 2018, se dictó la providencia Autos en Relación.

A la audiencia de la vista de la causa, compareció el abogado don Gonzalo López Ojeda, y el apoderado de la parte recurrida, abogado, del Consejo de Defensa del estado, don nombre reservado.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente, funda la acción constitucional impetrada, haciendo presente que es educador diferencial, en el Colegio Mater Dei, de Coyhaique, desde el año 2017, con residencia en la ciudad de Aysén, debiendo trasladarse diariamente a sus labores, que es casado y padre de familia con una hija menor de 8 meses de edad que nació con arritmia cardíaca, encontrándose con muchas dificultades económicas lo que hizo que su salud colapsara, sumado a un sobreesfuerzo laboral por perfeccionamiento en lo laboral por lo que acudió al CESFAM de Puerto Aysén, en donde en Octubre del año 2017 se le diagnosticó un Trastorno Depresivo Recurrente no Especificado, atendido por una psicóloga, episodios que se arrastran de a lo menos unos 7 años. Indicó tratamiento indicado por un psiquiatra como de su médico tratante, como de los medicamentos que se le recetaron.

Indicó que en el año 2017 se le prescribieron una serie de descansos laborales emitiéndosele cuatro licencias médicas por un total de 94 días, a contar desde el día 27 de Septiembre del año 2017, reincorporándose al trabajo en el mes de Diciembre del año 2017; licencias médicas que fueron rechazadas por la Compin Región de Aysén, reclamando ante la Superintendencia de Seguridad Social, con fecha 01 de Febrero del año 2018, la que por Resolución IBS N° 0586-2018, declaró que habiendo estudiado los antecedentes y con su mérito, concluyó que el reposo prescrito por las licencias citadas –las cuatro-, no se encontraba justificado, ya que tales antecedentes no permitían establecer incapacidad laboral más allá del período de reposo ya autorizado, por lo que resolvió confirmar el rechazo de las citadas licencias.

Sostuvo que los requisitos de procedencia del recurso de protección se dan en la especie, sosteniendo que la resolución impugnada como la decisión del Compin son ilegales y arbitrarias ya que no existirían antecedentes que contradigan los diagnósticos ni prescripciones farmacológicas ni el derecho a descanso laboral prescrito por los médicos tratantes en su calidad de paciente. Al respecto cita Jurisprudencia y hace alusión al artículo 16, 21 y 22, del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por la COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, que citó; todo lo cual le hace concluir a la recurrente que lo resuelto por la COMPIN obedece a actuaciones ilegales y arbitrarias porque los fundamentos para la negativa a pagar las licencias son falsos e insuficientes, de lo que se apoyó la recurrida por lo que también se hace arbitrario e ilegal al desatender sus funciones de supervigilancia.

Todo ello significaría, según la recurrente, vulneración a su garantía del artículo 19, número 24, porque le impide o le priva de la retribución monetaria en el caso de imposibilidad de trabajar por enfermedad; también la del número 1, ya que le ha significado, el actuar de la recurrida recaídas y preocupaciones que acrecientan sus síntomas y diagnóstico.

SEGUNDO: Que, la recurrida, por su parte, primeramente, solicitó la extemporaneidad del recurso, ya que se recurrió en contra de la Superintendencia que resolvió el recurso Superior Jerárquico Administrativo interpuesto en contra de otro órgano del Estado y que, por tanto, no importa, en ningún caso, el acto (rechazo de licencias médicas), que se quiere revertir, el cual fue, de acuerdo con la ley, ejecutado por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), de la Región de Aysén, ya que el actuar de dicha Superintendencia lo fue dentro de sus facultades y en conformidad a la ley, y que es el mismo recurrente quien cita que fue COMPIN quien rechazó las licencias médicas, incluso luego de interpuesto el respectivo recurso de reposición administrativo, de manera que la presente acción se interpuso fuera del plazo fatal de 30 días, lo que quedaría de manifiesto con el mérito de los antecedentes administrativos que acompañó: 1 de Febrero del año 2018, el recurrente acudió a la Superintendencia en contra de la COMPIN de la Región de Aysén y en suma se resolvió confirmar el rechazo dispuesto por la COMPIN, lo que no importa en ningún caso el acto (rechazo de licencias médicas), que se quiere revertir, ya que el plazo se cuenta desde que se comete la actuación ilegal o arbitraria o se incurre en una omisión de las mismas características, o, según la naturaleza del acto, debe (sic) que el afectado toma conocimiento cierto del mismo. Y consta que la COMPIN, con fecha 14, tres de ellas y 30 de Noviembre de 2017, la restante, solicitando la recurrente reposición ante la misma comisión médica, resueltos por Resoluciones números 538, del 12 de Diciembre de 2017 y 552, del 26 de Diciembre del año 2017, y de las que finalmente reclamó ante la Superintendencia con fecha 1 de Febrero del año 2018.

Así, al deducir esta acción, recién con fecha 24 de Mayo del año 2018, resulta a todas luces extemporáneo y corresponde su rechazo, ya que este recurso no es subsidiario de otras vías de reclamación que pudieran existir, según el inciso final del artículo 20, de la Constitución Política del Estado, tratándose, el plazo para deducirlo, de un plazo de carácter objetivo, lo que se desvirtuaría con la sucesiva interposición de otros recursos de orden administrativo, como el caso de autos, lo que resulta inadmisible. Al respecto cita Jurisprudencia.

En subsidio de lo anterior, informó respecto al fondo del asunto debatido y planteado, lo que, atendido a lo que se resolverá, se obviará su análisis.

TERCERO: Que, en efecto, el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, cuya tramitación se regula en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, establece en su numeral primero, que el recurso de protección deberá interponerse en el plazo fatal de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

CUARTO: Que, el acto administrativo que amenazó las garantías constitucionales del recurrente, según su recurso, es la dictación de la resolución Exenta IBS (Intendencia de Beneficios Sociales)número 05086-2018, del 2 de Abril del año 2018, firmada por orden del Superintendente de Seguridad Social, suscrita por el Dr. nombre reservado Balmaceda, coordinador médico del Departamento de Ciencias Médicas, resolución que, resolviendo Recurso Superior Jerárquico Administrativo, confirmó el rechazo de las licencias médicas números 54993799, 55612750, 55167509 y 55167518, extendidas por un total de 94 días, a contar del 27 de Septiembre del año 2017, por reposo no justificado, que fue el motivo del rechazo de parte de la COMPIN (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez), de la Región de Aysén, fundando la recurrida que del estudio de los antecedentes y con su mérito le hacen concluir que el reposo prescrito por las licencias ya citadas, no se encontraba justificado. Conclusión que se basó en que los antecedentes médicos aportados no permitían establecer incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado.

Asimismo, cabe reiterar el petitorio de la recurrente, “disponiendo que la recurrida debe acoger mi reclamo y ésta debe ordenar a la Compin Región de Aysén tener por aprobadas las licencias médicas números –ya citadas-, ordenando el pago de cada una de ellas a la COMPIN REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, todo con expresa condena en costas.”.

QUINTO: Que, del análisis de los antecedentes aportados por la recurrente y recurrida, de conformidad a las normas de la sana crítica, se han de tener como hechos de la causa, que las licencias médicas números 54993799, 55612750 y 55167509, con fecha de reposo del 27 de Septiembre del año 2017, 11 de Octubre del año 2017 y 26 de Octubre del año 2017, respectivamente, fueron rechazadas por la COMPIN de la Región de Aysén, con fecha 14 de Noviembre del año 2017, y la licencia médica número 55167518, con fecha de inicio de reposo desde el 25 de Noviembre del año 2017, fue rechazada por la misma institución, con fecha 30 de Noviembre del año 2017; y por Resolución Exenta número 538, del 12 de Diciembre del año 2017, el Presidente de la COMPIN de la Región de Aysén, resuelve no acoger el recurso de reposición, respecto de las tres primeras licencias rechazadas; y por Resolución Exenta número 552, del 26 de Diciembre del año 2017, se rechazó, por el Presidente de la COMPIN mencionada, la reposición al rechazo de la última licencia ya citada.

Con fecha 1 de Febrero del año 2018, el recurrente deduce apelación o Recurso Superior Jerárquico ante la Superintendencia de Seguridad Social, que culminó con la resolución recurrida.

SEXTO: Que, en consecuencia, quien rechazó el efecto natural de las cuatro licencias médicas extendidas en favor del recurrente, fue la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, de la Undécima Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, por estimar que respecto de todas ellas, el reposo no se encontraba justificado, manteniendo dicha decisión, al rechazarse la reposición que se interpuso; de manera que, al menos o por último, al primero de Febrero del año 2018, al deducir apelación de lo obrado por la COMPIN, el recurrente ya había tomado conocimiento del acto administrativo terminal respecto del rechazo de sus licencias médicas, acto que es el que motiva la afectación, privación, agravio y perturbación y que dice haber sufrido el recurrente de las garantías constitucionales que citó, que se encuentra constituido, precisamente, por el rechazo de la COMPIN de la Región de Aysén.

De esta manera, la acción cautelar impetrada aparece manifiestamente fuera del plazo en que se debía presentar, y al haberlo hecho recién con fecha 24 de Mayo del año 2018, el recurso deberá rechazarse y así se declarará.

En efecto, considerando que el plazo de treinta días corridos para deducir la acción constitucional de protección está determinado de manera precisa y acotada, en la forma reseñada en el Auto Acordado referido y transcrito anteriormente y que siendo éste de carácter objetivo, en donde el recurso intentado persigue como finalidad poner pronto remedio a los efectos que puede provocar a un derecho relevante y especial de toda persona un acto que puede reputarse como arbitrario o ilegal, justifica que el plazo para intentar el recurso de protección se cuente desde la fecha en que el interesado conoce del agravio, real o inminente, a sus derechos esenciales que, en el caso específico, lo es, al menos, a contar del día primero de Febrero del año 2018, según lo asentado precedentemente, fecha, ésta última, en la que el recurrente tomó real y total conocimiento del acto agraviante, el que fue objeto de recurso de apelación o Recurso Superior Jerárquico, que en caso alguno suspende el plazo de treinta días corridos para deducir esta acción constitucional, atendido lo expresamente consignado en la parte final del inciso 1 del artículo 20, de la Constitución Política del Estado.

Razonar de otra forma, sería concederle a esta especial acción tutelar, una suerte de naturaleza subsidiaria respecto de recursos administrativos o vías de impugnación paralelos.

SÉPTIMO: Que, de otra parte, se tiene que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar a quien, por causa de actos y omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías preexistentes que la misma Carta Fundamental enumera, mediante la adopción inmediata por parte de la Corte de Apelaciones, de providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

En el presente caso, a mayor abundamiento, con el recurso intentado, se desnaturaliza, además, el fin y objeto de la acción de protección en cuanto este Ilustrísimo Tribunal no podría adoptar las medidas o providencias necesarias para el eventual restablecimiento del imperio del derecho, toda vez el petitorio del recurso, ya que al resolverse según lo solicitado se estaría involucrando a un ente administrativo estatal que no ha sido oído en esta instancia, produciéndose una suerte de falta de legitimación pasiva.

OCTAVO: Que, atendido lo precedentemente expuesto, razonado y concluido, resulta del todo inoficioso referirse al fondo del asunto cuestionado por la recurrente, como asimismo, lo sostenido en el primer otrosí, del informe de la recurrida, por lo que se omitirán pronunciamientos a su respecto.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y sus modificaciones, SE DECLARA QUE SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en lo principal del escrito presentado con fecha 24 de Mayo del año 2018, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada por el Superintendente, don Claudio Lautaro Reyes Barrientos.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por el Ministro Titular, don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Rol N°: 133-2018.