nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Coyhaique, a veintiocho de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°129-2026, el 29 de mayo de 2026, comparecen don Mario Andrés Espinosa Valderrama, abogado, en representación de don nombre reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, quien deduce recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, representada por su gerente general don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, y en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, representada por su gerente general don nombre reservado, ingeniero civil industrial, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, por cuanto estima que las recurridas han cometido una acción u omisión arbitraria, que consiste en los descuentos unilaterales y sin previo aviso que ha percibido en sus remuneraciones, por concepto de cobro de crédito social; lo que priva, perturba y amenaza su garantía constitucional resguardada en el numeral 24 del artículo 19, de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva:

‘‘i. Que la recurrida cese todo tipo de retención o descuento en mi remuneración;

ii. Que la recurrida restituya los descuentos efectuados, así como también los que puedan llevar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción;

iii. Que, para el improbable caso de que S.S. Iltma. rechazare la presente acción de protección por falta de oportunidad, se declare la obligación de cesar los descuentos en mi remuneración y restituir los montos descontados y aquellos que lleguen a descontarse de forma posterior a la sentencia que rechaza el recurso por falta de oportunidad, siendo de común ocurrencia los descuentos de forma posterior a la dictación del fallo;

iv. Condenar en costas a la recurrida.’’ (sic)

Con fecha 9 de junio de 2026, doña Yasna Vukic Zalaquett, abogado en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, incorporó el informe requerido.

Con fecha 23 de junio de 2026, doña nombre reservado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, incorporó el informe requerido.

Con fecha 20 de julio de 2026, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 22 del mismo mes y año, sin la comparecencia de los apoderados de las partes; quedando ésta en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente de autos fundamenta su recurso, en lo sustancial, señalando que con fecha seis de marzo del año 2023 suscribió el pagaré N°017CON104548593 en favor de la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por la suma de $4.863.979.-, a un interés del 2.2% mensual, pagadero en 48 cuotas mensuales y sucesivas de $ 169.728.- cada una, venciendo la primera de ellas el 29 de febrero de 2024.

Refiere que, debido a complejidades de índole financiera pagó solamente la primera cuota. En ese contexto, Caja de Compensación Los Andes hizo exigible el total de la obligación insoluta, interponiendo con fecha 6 de junio de 2024, demanda en causa ROL C-10397-2024, tramitada ante el 9º Juzgado Civil de Santiago.

Expone que, a partir de la liquidación del mes de enero del presente año, se refleja una merma, constando un descuento aplicado por ítem denominado “LA ARAUCANA”, cuyo descuento asciende a la suma de $169.358. Precisa que el descuento reflejado en la liquidación de sueldo aplicado por Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, atiende al sistema de descuentos INTERCAJAS.

Manifiesta que, la recurrida tomó la determinación de sustraer del ámbito extrajudicial el cobro del crédito que le fue otorgado, a pesar de haber interpuesto demanda de cobro de pesos, la cual se encuentra en tramitación. En ese contexto, señala que el actuar de la recurrida constituye un acto arbitrario, tanto en su realización como en el monto que ordenó retener a su empleador, revistiendo un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades respecto al cobro oportuno de los créditos sociales (Ley N°18.833) descontando una proporción estructural de remuneración líquida, de manera intempestiva, sin la entrega de información previa.

Todo lo expuesto, a su parecer, vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida Caja de Compensación La Araucana, informa que el recurrente no figura en los registros de La Araucana C.C.A.F. con algún crédito social cuyo estado sea vigente o moroso, sino que única y exclusivamente, a requerimiento de la C.C.A.F. Los Andes, y como mandataria de esta, ha informado a su empleador de la existencia de una deuda, solicitando el respectivo descuento en virtud del Proyecto InterCajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar Cajas de Chile A.G.

Reconoce que a la fecha han recibido dos descuentos que fueron remesados a C.C.A.F. Los Andes, por el monto de $169.358.- cada uno, con fecha 14 de abril y 14 de mayo del presente.

Finaliza su exposición solicitando el rechazo de la presente acción constitucional incoada en contra de C.C.A.F. La Araucana, teniendo es especial consideración la calidad jurídica en que ha obrado en relación con los descuentos reclamados por el recurrente.

TERCERO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida Caja de Compensación Los Andes, indica que con fecha 6 de marzo de 2023, otorgó al recurrente el crédito social amparado en el pagaré e instrumento signado bajo el Código Nº017CON104548593. El capital inicial de la acreencia se fijó en la suma de $4.863.979, con una tasa de interés mensual del 2,200% (26,400% anual) y un plazo de restitución de 48 meses, mediante dividendos sucesivos de $169.728.- cada uno (incluyendo la prima de seguro de desgravamen de $4.631), con primer vencimiento el 31 de mayo de 2023.

Agrega que, de los registros institucionales de pago consta que el mutuario solucionó regularmente las cuotas N°1 a N°6 (correspondientes a los meses de mayo a octubre de 2023) entre el 5 de junio de 2023 y el 6 de noviembre de 2023. La cuota N°7 (noviembre de 2023) fue diferida por haber hecho uso de licencia médica. Enseguida, las cuotas N°8, N°9 y N°10 (diciembre de 2023, enero de 2024 y febrero de 2024) fueron efectivamente enteradas con fecha 4 de enero de 2024, 23 de abril y 28 de mayo, ambas de 2026.

Refiere que a la fecha, la citada operación de mutuo presenta morosidad respecto de las cuotas N°11 a N°36 (devengadas entre marzo de 2024 y abril de 2026), encontrándose las cuotas restantes pendientes de vencimiento hasta el 31 de mayo de 2027. Ante dicha morosidad, la recurrida interpuso demanda ejecutiva de cobro de pagaré ante el 9° Juzgado Civil de Santiago, causa Rol C-10397-2024.

Manifiesta que, la aparición de la glosa "LA ARAUCANA" por la suma de $169.358.-, en su liquidación de remuneraciones de SLEP Aysén, no obedece a un capricho extrainstitucional, sino a la ejecución estandarizada del sistema integrado de recaudación "Intercajas", donde Caja La Araucana opera como diputada para el cobro y mandataria de retención en favor de Caja Los Andes, en estricto cumplimiento del mandato irrevocable conferido por el deudor en el acto de otorgamiento del crédito.

Expone que el actor busca someter a la jurisdicción cautelar una controversia jurídica de lato conocimiento referente a la exigibilidad de una obligación mercantil, la concurrencia de acciones cambiarias y la reliquidación de un mutuo dinerario, materias que escapan a la naturaleza cautelar de urgencia. Asimismo, el deudor carece de un derecho indiscutido que enerve la legitimidad de los cobros, en cuanto el crédito social se encuentra plenamente vigente y no ha sido declarado prescrito por sentencia judicial ejecutoriada.

Finalmente, enfatiza que su obrar no es ilegal, toda vez que la recaudación de las cuotas crediticias a través de la retención patronal se asila en el estricto cumplimiento del artículo 22 de la Ley N°18.833, el artículo 58 del Código del Trabajo, la Ley N°17.322 y las disposiciones del Libro III del Compendio de Normas de la SUSESO. Acota que tampoco reviste un acto de autocomposición, sino la ejecución de un estatuto de seguridad social, descartando, asimismo, la arbitrariedad, pues la remesa de la cuota crediticia obedece a un procedimiento administrativo estandarizado, reglado y carente de animadversión.

Concluye señalando que, al suscribir el pagaré, el deudor confirió expresamente un mandato especial irrevocable a sus empleadores futuros para deducir los dividendos de sus emolumentos.

CUARTO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

QUINTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEXTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo se afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión a adoptar por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SÉPTIMO: Que, en síntesis, la parte recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en los descuentos unilaterales y sin previo aviso que ha percibido en sus remuneraciones, por concepto de cobro de crédito social; infringiendo con ello, su garantía constitucional consagrada en el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile.

OCTAVO: Que, se debe tener presente la siguiente normativa al efecto:

El artículo 22 de la Ley N°18.833, señala que: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas.’’ Por su parte, en lo pertinente, el artículo 58 del Código del Trabajo, dispone que: “Art. 58. El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.

Asimismo, con acuerdo del empleador y del trabajador, que deberá constar por escrito, el empleador podrá descontar de las remuneraciones cuotas destinadas al pago de la adquisición de viviendas, cantidades para ser depositadas en una cuenta de ahorro para la vivienda y sumas destinadas a la educación del trabajador, su cónyuge, conviviente civil o alguno de sus hijos. Para estos efectos, se autoriza al empleador a otorgar mutuos o créditos sin interés, respecto de los cuales el empleador podrá hacerse pago deduciendo hasta el 30% del total de la remuneración mensual del trabajador. Sin embargo, el empleador sólo podrá realizar tal deducción si paga directamente la cuota del mutuo o crédito a la institución financiera o servicio educacional respectivo.

Sólo con acuerdo del empleador y del trabajador que deberá constar por escrito, podrán deducirse de las remuneraciones sumas o porcentajes determinados, destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza. Con todo, las deducciones a que se refiere este inciso, no podrán exceder del quince por ciento de la remuneración total del trabajador.

Cualquiera sea el fundamento de las deducciones realizadas a las remuneraciones por parte del empleador, o el origen de los préstamos otorgados, en ningún caso aquéllas podrán exceder, en conjunto, del 45% de la remuneración total del trabajador.’’ A su turno, la SUSESO en su Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, define a éstas: “Desde el punto de vista de su naturaleza jurídica y conforme lo señala el artículo 1° de la Ley N°18.833, que contiene su Estatuto Orgánico, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social, constituidas como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro y que, como tales, se rigen por la referida Ley y, supletoriamente, por las normas contenidas en el Título XXXIII del Libro I del Código Civil , siendo su objeto la administración de prestaciones de seguridad social.”.

NOVENO: Que, en efecto, como quedó establecido, en la especie se pretende el cobro y recaudación de obligaciones en dinero por la Caja de Compensación recurrida, en base a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, cuyo objeto es facilitar el cobro de los créditos otorgados contra un fondo social que ha de contar con los recursos necesarios para financiar iguales prestaciones de seguridad social al resto de los afiliados, lo que dice relación con la frase final de dicha disposición, esto es, que tratándose de los descuentos realizados por el empleador y no enterados a las Cajas correspondientes, impone su tratamiento por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.

DÉCIMO: Que, de otra parte, como consta del pagaré que se acompaña en la presente causa de fecha 6 de marzo de 2023, suscrito por don nombre reservado, a la orden de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por la suma de $4.656.506.-, pactándose que el capital e intereses se pagarán por el suscriptor en 48 cuotas, mensuales, iguales y sucesivas de $169.728, con fechas de vencimiento el último día de cada mes; que el recurrente lo suscribió, en conocimiento y aceptación de la naturaleza del crédito social, especialmente en lo referente al artículo 22 de la Ley N°18.833, por lo que ante la eventualidad de incurrir en mora de lo adeudado, aquel tenía la certeza que dicho monto sería descontado de la remuneración que le correspondía recibir por la prestación de sus servicios por la entidad empleadora; por lo que no puede estimarse como arbitraria la decisión de la institución que representa a la acreedora, en orden a requerir directamente al empleador del trabajador el descuento mensual de las cuotas adeudadas mediante la vía de efectuar éste en la remuneración que se paga al trabajador, como ocurrió en la especie, máxime si es el mismo recurrente quien reconoce en su escrito recursivo que por sus condiciones personales, económicas y financieras ha caído en mora, no pudiendo cumplir de forma cabal con este compromiso de pago.

UNDÉCIMO: Que, de todo lo reflexionado se sigue que, atendida la controversia anotada, no es posible a estos sentenciadores tener por acreditada la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal; razón por la que se deberá rechazar el recurso de protección que se conoce, como se dirá, sin que, por lo mismo, haya podido constatarse una vulneración del artículo 19, de la Constitución Política, en su numeral 24, cuyo análisis pormenorizado, atendido lo antes expuesto, resulta inoficioso.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE DECLARA:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fecha veintinueve de mayo de dos mil veintiséis, por don nombre reservado en representación de don nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana y contra Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Sra. Ministro Titular, doña Natalia Marcela Rencoret Oliva.

Rol N°129-2026. (Protección).-