nombre reservado con nombre reservado

En Coyhaique, a trece de Mayo del año dos mil veinte.

VISTOS:

Que, con fecha veintiuno de Marzo del año dos mil veinte, comparece don nombre reservado, agricultor, Cédula Nacional de Identidad número RUT reservado, con domicilio en sector recta nombre reservado de la ciudad y comuna de Coyhaique, quien, en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 20, de la Constitución Política de la República, recurre de protección en contra de don nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, ignora profesión u oficio, domiciliado en domicilio reservado, por la acción u omisión ilegal y arbitraria que vulnera el derecho establecido en el artículo 19, numeral 24, de la Constitución Política de la República, al cerrar el camino vecinal histórico por el que podía acceder a su predio rural ubicado en “el cajón”, también conocido como “el laja”, de Río Ibáñez, comuna de Río Ibáñez, solicitando, en definitiva, que se acoja el presente recurso y declare que el recurrido actuó arbitraria e ilegalmente afectando su derecho de propiedad al obstaculizar el camino de acceso a su predio, acompañando la documentación que detalla en un otrosí de su presentación.

Con fecha veinticuatro de Marzo del año dos mil veinte se declaró admisible el recurso de protección y se ordenó pedir informe al recurrido.

Con fecha 11 de Abril del año 2020, la parte recurrida informó al tenor del recurso solicitando su rechazo en virtud de los argumentos expuestos en su informe.

Con fecha 15 de Abril del año 2020, dado lo dispuesto en el artículo 3, del Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se ofició al Ministerio de Obras Públicas para que informe al tenor del presente recurso, cuya respuesta fue evacuada mediante Ordinario Nº 382, del 28 de Abril del año 2020, de la Dirección Regional de Vialidad, suscrita por su Director, don Jaime Alarcón Alarcón.

Con fecha cinco de Mayo del año dos mil veinte, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente de protección don nombre reservado, funda su acción cautelar indicando que es dueño del predio inscrito a fojas 180, bajo el número 118, del Registro de Propiedad del año 2014, cuyos deslindes detalla, refiriendo que el 27 de Febrero del año 2020, su vecino don nombre reservado, habría cerrado el camino vecinal histórico por el que accede a su predio según constaría en el plano que acompaña, el que aparecería como “camino maderero”, y que, al consultarle el motivo, éste le habría dicho que debía comprarle media hectárea, siendo que históricamente lo han usado incluso los anteriores dueños.

Indica que años atrás habría instalado un puente para poder acceder a su predio en el que corta leña y madera, su principal fuente de ingreso, por lo que la actuación del recurrido al cerrar el camino que es la única forma de acceder a su inmueble, afectaría su derecho de propiedad.

Asimismo solicita a esta I. Corte, que en uso de sus facultades, adopte de inmediato las providencias necesarias para permitir el pronto restablecimiento del derecho conculcado, consistente en estos autos en la prohibición de ingreso a su propiedad por la empresa mencionada o los trabajadores de la misma, quienes sin consentimiento o título alguno hacen ingreso de forma ilegal y arbitraria a su propiedad (sic).

SEGUNDO: Que, los abogados don Alan Espinoza Ortiz, don Francisco Cuevas Muñoz y don Nicolás Jara Jara, en representación del recurrido don nombre reservado, al tenor del recurso pidieron el rechazo de éste, en razón de que su representado es dueño de un predio del sector Río Cajón, de la comuna de Río Ibáñez, en virtud de compraventa efectuada a don nombre reservado el 23 de Octubre del año 2006.

Así, refieren que don nombre reservado, anterior dueño, habría adquirido el predio a título gratuito, por Decreto Supremo 163, del 15 de Mayo del año 1985, siendo inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Chile Chico y luego reinscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique, conforme los datos que aporta.

En tal sentido, indican que el predio del recurrido tendría acceso directo a la Ruta 7 Sur, ejecutándose en la actualidad un proyecto que contempla obras básicas de 30 km., de la Ruta 7 Sur en el sector entre Alcantarilla Cascada y Puente Las Ovejas, en razón de lo cual la Dirección de Vialidad le informó, mediante el Ordinario n° 1197, de 8 de Agosto del año 2016, de las expropiaciones necesarias para la ejecución del proyecto y que afectan su predio.

Así, señalan que dicho proceso de expropiación le habría sido notificado mediante Ordinario n° 9, de 4 de Enero de 2017, afectando 76.408 m2, y el monto de indemnización provisional sería de $13.424.360.-, correspondiendo a la faja de camino preexistente.

Con todo, plantean que dichas obras fueron licitadas y adjudicadas a la Sociedad Ingeniería, Construcción y Maquinarias SPA., el 23 de Abril del año 2019, mediante Resolución n° 42, de la Dirección de Vialidad, tomada de razón por Contraloría General de la República y con 510 días de plazo de ejecución, instalando para ello siete portones de madera de dos hojas en dicho tramo de camino según constaría en el cuadro n° 24, que acompañan en un otrosí.

Conforme lo anterior, no existiría a su juicio arbitrariedad sino más bien hechos que justificarían la decisión toda vez que tratándose de un proceso expropiatorio del Ministerio de Obras Públicas que habría afectado una faja del camino preexistente en el predio del recurrido, tomado de razón como se dijo, se encontraría revestido de legalidad y no procedería en consecuencia la presente acción cautelar.

Así, sostienen que el derecho de propiedad que se acusa conculcado por el recurrente tendría su excepción en el inciso 3, del n° 24, del artículo 19, de la Constitución Política de la República, señalando que en este caso se habría expropiado por el Estado por motivo de utilidad pública o interés nacional.

Con lo mismo, refieren que el recurrente pide se habilite nuevamente el camino que le permita acceder a su predio, lo que significaría reconocer una servidumbre de tránsito que tendría como predio sirviente el de su representado, lo que no constaría en ningún título, por lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 882, del Código Civil, siendo la servidumbre de carácter discontinua, debe constar en un título, ya que tampoco el recurrido ha reconocido la servidumbre.

Finalmente alegan la falta de legitimación pasiva de su representado ya que el camino que reclama en la presente acción ya no formaría parte del predio del recurrido a raíz de la expropiación que implicó la instalación de cierros.

TERCERO: Que, mediante Ordinario nº 382, de 28 de Abril del año 2020, el Director Regional de Vialidad informó al tenor del presente recurso, señalando que en el contexto de la obra pública Mejoramiento Ruta 7 Sur, se realizaron expropiaciones, obligándose el Ministerio de Obras Públicas a efectuar cerramientos conforme los nuevos deslindes resultantes, así como también a reponer los accesos a caminos públicos, si existieren y según convengan con el dueño conforme los antecedentes existentes y el levantamiento que hace la Comisión de Peritos Tasadores, ejecutando en definitiva dichas obras la empresa adjudicataria.

Refiere que, en el presente caso, la empresa contratista levantó cercos según nuevos deslindes, dejando el espacio para la instalación de siete portones de doble hoja y que el 6 de Enero de 2020, se apersonó en la oficina de Asesoría de Inspección Fiscal, la cónyuge del recurrido, la que en representación de éste, hizo peticiones sobre los accesos, solicitando que el acceso ubicado en la DM 140.300, fuera suprimido y continuase con línea de cerco.

Así entonces, señala que según los antecedentes no hay derecho en favor de tercero respecto de la huella identificada por el recurrente como camino maderero, ni tampoco existiría en la faja expropiada camino bajo la tuición de Vialidad, por lo que no habría impedimento para que el recurrido modifique las obras de reposición de cercos, agregando que el camino maderero es una huella con características de servidumbre de tránsito, que no está graficada en planos ni inscrita en los títulos del lote 18, de propiedad del recurrido don nombre reservado.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil-, o arbitrario, -esto es, producto del mero capricho de quien lo comete- y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes, protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el Tribunal ante el cual se interpone.

SEXTO: Que, en razón de la controversia de autos, cabe primeramente dilucidar si el acto que se reclama como vulneratorio de garantías constitucionales y que el recurrente imputa a don nombre reservado, consistente en el cierre del camino histórico de que sirve de acceso a su predio, fue efectuado por éste o por un tercero, especialmente si se ha alegado la falta de legitimidad pasiva.

SÉPTIMO: Que, atendido lo precedentemente señalado, y considerando los antecedentes reunidos, apreciados de conformidad a las normas de la sana crítica, es posible dar por sentado lo siguiente:

a) Que, el recurrente don nombre reservado, es dueño del predio rural ubicado en “el Cajón”, también conocido como predio “el Laja”, de la comuna de Río Ibáñez; en tanto que el recurrido don nombre reservado, es dueño del predio ubicado en el lugar denominado “Río Cajón”, comuna de Río Ibáñez, provincia del General Carrera, Región de Aysén, de una superficie de 199 hectáreas.

b) Que, mediante Ordinario n° 1197, del 8 de Agosto del año 2016, el Director Regional de Vialidad de la Región de Aysén, comunicó al recurrido que conforme las facultades legales que cita, debe realizar expropiaciones necesarias para la ejecución del proyecto Mejoramiento Ruta 7 Sur, sector Alcantarilla Cascada– Puente Las Ovejas, Tramo Km 737,031 a Km 752,031, comuna de Río Ibáñez, Provincia de General Carrera, Región de Aysén, afectando el predio ubicado en la comuna de Río Ibáñez, signado con el Rol de Avalúo n° 231-52, del Servicio de Impuestos Internos, de su propiedad, afectándose en aproximadamente 76.408 m2 de terreno, identificado como lote 18.

c) Que, por Ordinario n° 9, de 4 de Enero del año 2017, del Director Regional de Vialidad de la Región de Aysén, se comunicó a don nombre reservado que, en el contexto de la obra pública ya referida, se está llevando a cabo el proceso de expropiaciones, informándole el monto de indemnización provisional y demás antecedentes que comunica.

d) Que, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, por Resolución n° 42, del 23 de Abril del año 2019, adjudicó la licitación pública de las obras de Mejoramiento Ruta 7 Sur, sector Alcantarilla Cascada – Puente Las Ovejas, Tramo Km 737,031 a Km 752,031, comuna de Río Ibáñez, Provincia de General Carrera, Región de Aysén, a la empresa Sociedad Ingeniería, Construcción y Maquinarias SPA.

e) Que, dicha empresa, como adjudicataria de la licitación efectuada por el Ministerio de Obras, supervisada por la Oficina de Asesoría de Inspección Fiscal de la Dirección de Vialidad Regional, realizó trabajos de cerramiento de los terrenos expropiados y que afectan al camino cuyo despeje solicita el recurrente.

OCTAVO: Que, conforme se desprende de la documental allegada a la causa y a los hechos que se tuvieron por acreditados, es posible concluir que el recurrido, don nombre reservado, carece de legitimación pasiva, toda vez que, la propia Dirección Regional de Vialidad, reconoce haber afectado el predio de don nombre reservado por la ejecución del proyecto más arriba referido, expropiación que abarcó la franja correspondiente a aproximadamente 76.408 m2 de terreno y que, conforme el Informe de Tasación de la Comisión de Peritos, incluye la faja de camino preexistente y que, al acceso denominado DM 140.300, en donde inclusive se dejaron los postes para la colocación de una tranquera, colocaron cerco y obviaron un portón, por solicitud de la cónyuge del recurrido, la que no identifica.

NOVENO: Que, habiéndose establecido aquello, estos sentenciadores estiman que el recurso intentado en contra del citado don nombre reservado, no puede prosperar en atención a que la propiedad sobre dicho terreno ya no le pertenece, por acto expropiatorio y porque, además, no ha efectuado ni realizado acciones u omisiones que perturben, amenacen o amaguen derechos del recurrente, y así se declarará.

DÉCIMO: Que, no obstante, lo precedentemente razonado, sí se encuentra acreditado que a los fines de cerramiento de los terrenos expropiados al recurrido por parte del Ministerio de Obras Públicas y licitada que fuere la obra a una empresa del rubro, ésta, por mandato de aquella, vía Dirección Regional de Vialidad, sí procedió a obstaculizar el libre tránsito de quien, aun cuando carece de servidumbre legalmente constituida, regularmente lo hacía para acceder a su predio, de manera que dicha acción constituye una acción de auto tutela que afecta el derecho de propiedad del recurrente en cuanto se le limita e impide el acceso a su predio para desarrollar las labores con él relacionadas, específicamente, el acceso para la extracción de madera; esto es, se han perturbado, en consecuencia, el derecho de propiedad del número 24, del artículo 19, como también, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, que no es contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, contenido en el número 21, del artículo citado, ambos de la Constitución Política de la República.

En efecto, es la misma Dirección de vialidad quien reconoce tales hechos cuando informa que: “revisados los planos y demás antecedentes de expropiación no existen derechos constituidos en favor de terceros respecto de la huella ahí existente e identificada por el recurrente como ‘camino maderero’. Asimismo, tampoco existen dentro de la faja expropiada caminos que se encuentren bajo la tuición de esta Dirección de Vialidad, por lo que no se advierten impedimentos para que el recurrido modificara las obras de reposición de cercos y portones que debían ejecutarse.

Que, en inspección personal realizada por funcionarios de esta Dirección, se constata que el denominado ‘camino maderero’ corresponde a una huella con características de servidumbre de tránsito, que no se encuentra graficada en los planos ni debidamente inscrita en favor del predio del recurrente, de acuerdo a los títulos del Lote 18 de propiedad de don nombre reservado.”.

Que, de tales afirmaciones se constata que la circunstancia de la existencia del camino a que alude el recurrente, es efectiva; asimismo, que en dicho camino o huella, se han efectuado labores de cerramiento mediante cercos y se han instalado portones.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, sin perjuicio de que el recurso de protección deducido habrá de ser rechazado, respecto del primitivo recurrido, por la razón previamente aludida, esto es, falta de legitimidad pasiva del recurrido, este Ilustrísimo Tribunal, en uso de las facultades que le confiere el artículo 20, de la Constitución Política de la República, ordenará lo que en lo resolutivo se expresará y teniendo presente la circunstancia de que el numeral tercero del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, recientemente modificado, ha de concluir que la Dirección Regional de Vialidad se ha constituido en parte en el presente recurso, a cuyo efecto se le solicitó expresamente informe, el que evacuado que fuera, la citada Dirección Regional, tuvo la oportunidad de hacer sus descargos y acompañar la documentación precedente, que motivo la acreditación de la efectividad de los hechos relatados por el recurrente, al menos en lo que dice relación con los obstáculos que se le han puesto a un camino que siempre ha utilizado para acceder a su predio, de manera que, en esta parte, el presente recurso de protección se acogerá y así se declarará.

Con lo expuesto, mérito de autos y lo establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de 24 de Junio del año 1992, de la Excma. Corte Suprema de Justicia, sobre Tramitación y Fallo del Recurso sobre Garantías Constitucionales y sus modificaciones, se resuelve que:

I.- SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, solo en contra don nombre reservado;

II.- Asimismo, también SE DECLARA, que SE ACOGE, sin costas, el citado recurso de protección deducido por don nombre reservado, en cuanto se ha estimado como recurrida la Dirección de Vialidad de la Undécima Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, representada por su Director Regional, don Jaime Alarcón Alarcón, Ingeniero Constructor, y se ordena a ésta repartición para imparta, inmediatamente, las instrucciones pertinentes a la empresa Sociedad Ingeniería, Construcción y Maquinaria SPA., Aysén, en el evento que continué en la ejecución de la obra licitada, en el sentido que no debe obstaculizarse el libre tránsito por el camino o huella maderera al recurrente, a fin de que pueda acceder a su predio mediante el uso de dicha vía, que se encuentra en el acceso denominado DM 140.300.-, o, si la empresa hubiere terminado la ejecución de las obras licitadas, la Dirección de Vialidad, adoptará las medidas necesarias a tal fin, esto es, de permitir, inmediatamente, el tránsito del recurrente por el citado acceso, oficiándose al efecto.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Señor Ministro Titular don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Rol N°: 129-2020 (Protección).