Protección contra Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile

Coyhaique, a veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°128-2024, en lo principal de la presentación de 15 de abril de 2024, comparece don Andrés Sebastián Almonacid Subiabre, abogado, en nombre de don nombre reservado, Subprefecto (R) de la PDI, domiciliado en domicilio reservado, y de don nombre reservado, funcionario activo de la PDI, con el cargo de Comisario, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, representada legalmente por don nombre reservado, Jefe de la Jefatura Nacional de Administración y nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la omisión de pago de los saldos remuneratorios adeudados de la “asignación de grado efectivo”, código H0050, que es una remuneración imponible, permanente y no accidental, desde el período de ingreso a la institución al 26 de abril de 2021, afectando el derecho contenido en el Art. 19 N° 24 de la Carta Fundamental, esto es el “derecho de propiedad” sobre las remuneraciones del recurrente cuyo incumplimiento se ha devengado mes a mes, solicitando, en definitiva: “se regularice el pago por los montos adeudados de la asignación por el período que ha fijado la jurisprudencia en los asuntos de esta naturaleza, esto es desde el ingreso a la institución hasta el 26 de abril de 2021 (SIC)”.

Con fecha 12 de junio de 2024, don Omar Alonso Castro Torres, abogado, en representación de don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, incorporó el informe requerido.

El 9 de julio de 2024, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 18 del mismo mes y año.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, los recurrentes fundan su solicitud en que: respecto de don nombre reservado, éste ingresó a la PDI el 1 de febrero de 2002 y se mantiene en servicio activo, su remuneración se devenga mes a mes y actualmente posee el cargo de Comisario; mientras el recurrente don nombre reservado, ingresó a la PDI el 1 de febrero de 1996 y se acogió a retiro en el grado de Subprefecto, presentando su solicitud de retiro en el mes de enero de 2022, acto que se afinó en mayo de ese año.

Precisan que la asignación de grado efectivo, código H0050, constituye remuneración y se paga en la planta de oficiales desde el grado de Detective y sucesivamente en los demás cargos superiores. Que desde el ingreso al cargo de Detective, se les generó el derecho a percibir la “Asignación de Grado Efectivo”, la que tiene incremento por asignación de zona que en Coyhaique equivale a un 105%.

Refieren que, en el mes de mayo de 2019, la PDI informó a la totalidad del personal que “habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo”, lo cual fue comunicado mediante Radiograma N° 225 del 30 de mayo de 2019 de la JENAPERS, por lo que ese mes se cancelará de manera íntegra dicha asignación. No obstante, en junio de 2019 el monto íntegro de dicha remuneración se dejó de pagar para aquellos funcionarios que tenían del derecho al incremento conforme a la zona, mediante Radiograma N° 285 de fecha 2 de julio de 2019, el que dispone:

“Conforme a lo anterior, las remuneraciones con asignación de zona continuarán cancelándose utilizando la base de cálculo original hasta recibida la respuesta del Ente Contralor, a partir de la cual se procederá conforme a derecho al pago en cuestión”

Por lo antes expuesto, se solicita al personal MANTENERSE A LA ESPERA hasta que esta Jefatura Nacional reciba el referido pronunciamiento por parte de la Contraloría General de la República”. [SIC]

Indican que el pago íntegro fue suspendido y que con fecha 26 de abril de 2021 la Contraloría General de la República, emitió respuesta al pronunciamiento de la PDI evacuando Dictamen N° E98928 / 2021 que, en síntesis, señala que la forma de pago efectuada en el mes de mayo de 2019 se había hecho correctamente y que, pese a haberse agilizado el proceso para el pago de dicha remuneración, le siguen adeudando el saldo no pagado en el tiempo comprendido desde el mes de febrero del año 2016 al 26 de abril del año 2021.

Luego, invoca fallos de esta Ilma. Corte de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema, a propósito de peticiones similares realizadas en esta jurisdicción.

Precisa que tomó conocimiento del actuar ilegal de la recurrida con fecha 23 de abril del presente año, con la confirmación de la sentencia que acogió el recurso de protección en causa Rol N° 6-2024 de esta Corte de Apelaciones.

En cuanto a las garantías conculcadas, refiere la igualdad ante la ley, respecto de otros funcionarios que sí recibieron el pago, y el derecho de propiedad, citando los artículos 97 y 98 del DFL 1 de 1980 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones, que consagran el derecho a las remuneraciones por los servicios prestados desde que asumen el cargo y el derecho a percibir la integridad de las remuneraciones.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, el recurrido señala que la asignación de especialidad al grado efectivo en el texto original del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 1968 no estaba contemplado como beneficio; sin embargo, el artículo 41 del Decreto Ley Nº 3.551, de 1980, estableció un beneficio denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, en favor del personal que indica, entre ellos, el de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, cuyos montos serían los que allí se expresan, añadiendo en su inciso final, que el reseñado estipendio no debía ser considerado para los efectos de la asignación de zona.

Destaca que, a través del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1998, del Ministerio de Defensa Nacional, se sustituyó el artículo 46 del citado decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros, estableciéndose un nuevo beneficio, también denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, cuyo monto en moneda nacional y reajustado en conformidad a la ley, se fijará de acuerdo con el grado jerárquico o de encasillamiento respectivo, en conformidad al Decreto Ley N° 3.551, de 1980, y sus modificaciones.

Sostiene que, en armonía con el criterio sostenido en los dictámenes N°38.004, de 2005 y N°57.527, de 2015, de ese origen, el establecimiento del beneficio recientemente señalado, importó respecto de los servidores de Carabineros y de Investigaciones, la derogación tácita del estipendio de similar denominación concedido originalmente por el artículo 41 del citado Decreto Ley N°3.551, de 1980, con excepción de la regulación relativa a montos.

Agrega que, en abril de 2021, y tras los cambios normativos, la Contraloría General de la República se pronunció sobre la incorporación de la citada asignación de especialidad en la base de cálculo de la gratificación de zona, cuyo criterio adoptado dio lugar a diferencias en las sumas a ser enteradas al personal con derecho a la gratificación.

Indica que, la gratificación de zona para el personal de la Policía de Investigaciones de Chile se encuentra regulada en el artículo 3°, letra d), del D.S. N°135, de 2009, del Ministerio de Defensa Nacional y respecto del Dictamen N° E98928, de 2021, de la Contraloría General de la República, refiere que, este pronunciamiento no tuvo en ningún caso efecto retroactivo, acotando que la locución “actualmente”, contenida en dicho pronunciamiento, significa “en el tiempo actual”.

Finalmente, indica que, no ha existido actuar ilegal o arbitrario de la Policía de Investigaciones de Chile, pues se ha procedido conforme lo señala la Contraloría General de la República, y en conclusión, niega que se atente en contra de los derechos fundamentales de los recurrentes, desmintiendo que el dictamen tenga efecto retroactivo y expresando que no procede el pago del período comprendido desde el ingreso a la institución al 26 de abril del año 2021.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, los recurrentes han hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en privar a los actores sin expresión de causa del pago íntegro de la “asignación de especialidad al grado efectivo”, estipendio que debía aplicarse el cálculo de la “Gratificación de Zona”, el cual tiene el carácter de remuneración y como tal ingresó a su patrimonio; vulnerando así, sus garantías constitucionales reconocidas en los N°2 y 24, de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, de los elementos allegados durante la tramitación de la presente acción, los que fueron apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se pueden dar por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que, don nombre reservado ingresó a la Policía de Investigaciones el 1 de mayo de 2002 y se mantiene en servicio activo con el cargo de Comisario; mientras que don nombre reservado, ingresó a la PDI el 1 de febrero de 1996 y se acogió a retiro en el grado de Subprefecto, presentando su solicitud de retiro en el mes de enero de 2022.

2.- Que, con fecha 30 de mayo de 2019, mediante Radiograma N° 225 de 30 de mayo de 2019 de la JENAPERS, se informa al personal que para los trabajadores de la Policía de Investigaciones habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo.

3.- Que, con fecha 2 de julio de 2019, mediante Radiograma N° 285, se informa que las remuneraciones con asignación de zona continuarán pagándose, utilizando la base de cálculo original hasta recibida la respuesta del Ente Contralor, solicitándose al personal mantenerse a la espera.

4.- Que, con fecha 26 de abril de 2021, la Contraloría General de la República, emitió respuesta al pronunciamiento de la PDI evacuando Dictamen N° E98928 / 2021, en el que se dispone que la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe el personal de la Policía de Investigaciones de Chile, debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio.

OCTAVO: Que, para un mejor acierto de lo que se resolverá, cabe destacar que entre las funciones de la Contraloría General de la República, como ente fiscalizador, está la de velar por la legalidad de los actos de los organismos administrativos. De este modo, para cumplir dicha labor, tal organismo puede emitir informes y dictámenes, de naturaleza declarativa e interpretativa sobre cuestiones cuyo pronunciamiento se requiera. Es dable señalar, además, que en atención a que dichos actos se entienden incorporados a las leyes o reglamentos interpretados, no rige para ellos la prohibición de retroactividad.

Dicho esto, ha de considerarse la solicitud efectuada por la JENAPERS, por intermedio del Radiograma N° 285 del 2 de julio del año 2019, a la Contraloría General de la República, con el objeto de aclarar la manera en que debía conformarse la base de cálculo para el pago de la gratificación de zona, la cual fue respondida por el órgano contralor, mediante el Dictamen E98928, de 26 de Abril de 2021, que precisamente constituye una aclaración en relación a la manera en que debían efectuarse los cálculos relativos a la gratificación de zona, lo que, a su vez, dista de ser un acto constitutivo de derechos, que implique el nacimiento de estos para las partes a contar de tal Dictamen, desde que sólo aclara y explica los derechos que ya existían a la fecha de realizarse la consulta por parte de la JENAPERS. En consecuencia, no se trata de una aplicación retroactiva de las normas vigentes sobre la materia, sino la declaración o explicitación de lo ya existente.

NOVENO: Que, asentado lo anterior, cabe señalar que no resulta atendible lo alegado por la recurrida en su informe evacuado, que dice relación con haber realizado todas las actuaciones que le competen para satisfacer su pago a quienes les asiste la asignación de especialidad al grado efectivo, considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio, de conformidad al Dictamen N° E98928, de fecha 26 de abril de 2021, de la Contraloría General de la República, la cual estima no poseer efecto retroactivo, puesto que ello resulta ser una interpretación errónea de lo señalado por el ente contralor, atendido lo indicado en el considerando precedente, pues dicha fecha de pronunciamiento no representa el nacimiento o constitución de los derechos de los recurrentes, sino que corresponde a una mera declaración contenida en una resolución consultiva sobre la materia.

DÉCIMO: Que, así las cosas, estos sentenciadores estiman que la recurrida Policía de Investigaciones de Chile ha actuado de forma arbitraria, desde que a través de una interpretación errada y desprovista de razonabilidad respecto de lo señalado por Contraloría, ha configurado una excusa artificiosa de la que se ha valido para no disponer el pago de una asignación, que forma parte integrante de las remuneraciones a que tienen derecho los recurrentes de autos, y respecto de las cuales tal derecho es de carácter indubitado y preexistente, por lo que no resulta procedente, en consecuencia, que a los actores se les prive de recibir durante todo este tiempo parte de sus remuneraciones por hechos u omisiones de la Administración, que no les son atribuibles, verificando así la afectación a su garantía constitucional consagrada en el artículo 19, en su numeral 24, de la Constitución Política de la República, esto es, a su derecho de propiedad, desde que se les ha privado del ingreso a su patrimonio de los emolumentos correspondientes a la asignación discutida, a los cuales tenían derecho.

Asimismo, el actuar arbitrario de la recurrida ha significado la afectación del derecho a la igualdad ante la ley que tienen los recurrentes y que se encuentra reconocido en el artículo 19 N°2, de la Constitución Política de la República, pues de los hechos asentados se desprende que se les ha discriminado de forma arbitraria, en relación a los demás funcionarios de su institución, que en semejantes circunstancias han podido gozar de la señalada asignación de especialidad del grado efectivo.

UNDÉCIMO: Que, así las cosas, y habiendo incurrido la Policía de Investigaciones, en un actuar arbitrario e ilegal que priva a los recurrentes de las garantías constitucionales referidas, cabe a esta Corte acoger el presente arbitrio de la manera en que se dirá.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don Andrés Sebastián Almonacid Subiabre, abogado, en representación de don nombre reservado y de don nombre reservado, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, la que deberá adoptar todas las providencias que sean necesarias para disponer el pago de las sumas adeudadas a los recurrentes que son motivo de la presente causa, durante el período en que éstos se encontraron efectivamente destinados en la ciudad de Coyhaique.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular, don Luis Moisés Aedo Mora, quien no firma por encontrarse haciendo uso de permiso administrativo.

Rol 128-2024 Protección.