nombre reservado con SERVICIO DE SALUD AYSEN

Coyhaique, doce de Mayo de dos mil veintidós.

VISTOS:

Que, en lo principal de la presentación de fecha veintitrés de Marzo de dos mil veintidós, comparece don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, Ingeniero Mecánico e Industrial, entonces empleado público, contrata, planta profesional grado 14 EUS, funcionario de la Unidad de Mantención, movilización y telecomunicaciones del Servicio de Salud de Aysén, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio de Salud Aysén, representado legalmente por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Afecta N° 01, de fecha 24 de Enero de 2022, mediante la cual se le aplica la medida disciplinaria de destitución, del artículo 121, letra d), del estatuto Administrativo, en relación al artículo 125, inciso segundo, del mismo cuerpo legal, acto administrativo que le fuera notificado con fecha 22 de Febrero de 2022, y que vulnera sus garantías constitucionales de los numerales 2, 3, inciso quinto y 24, del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva, que conforme a los argumentos de hecho y de derecho que expone y restableciendo el imperio del derecho, se decrete: “1.- Que, la parte recurrida incurrió en un acto arbitrario e ilegal que priva, perturba y amenaza mis derechos constitucionalmente garantizados referidos, en los términos en que se han explicitado en el presente libelo, al dictar la Res. Afecta recurrida. 2.- Que, se disponga la reapertura del sumario administrativo, sustanciado en los términos de la Res. Exenta N 2949 de fecha 20.09.2020, retrotrayéndolo hasta la etapa de formulación de cargos, o la etapa en que V.S. Iltma., en derecho estime al efecto disponer. 3.- Que, en mérito de lo anterior, se deja sin efecto la Resolución Afecta impugnada, y consecuentemente, se me reincorpore a mis labores habituales, reintegrándome aquella parte de las remuneraciones que no he percibido durante el tiempo que ha durado la destitución.”; acompañando los documentos que relaciona en el primer otrosí de su presentación.

Que, con fecha 28 de marzo de 2022, se declaró admisible el recurso de protección y se ordenó pedir informe a la recurrida.

Que, con fecha 8 de abril de 2022, don Joaquín Esteban Acosta Vergara, abogado, en representación de la recurrida, evacuando el informe, solicita se le tenga por evacuado.

Que, con fecha 7 de Mayo de 2022, se trajo los autos en relación, procediéndose a la vista de la causa el 10 del mismo mes y año, compareciendo a alegar en estrados, por videoconferencia, por la recurrente, la abogado doña Nataly Reyes Silva, por el recurso, y doña nombre reservado, por la recurrida, contra el recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente de protección expresa, como antecedentes de hecho, que fue notificado de los siguientes cargos administrativos en el sumario sustanciado por Resolución Exenta 2949, de fecha 11 de septiembre de 2020: “1. Haber faltado a la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo Artículo 84, la que establece que el funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones: 1) Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2°, inciso segundo, del Código del Trabajo, y 2. Haber faltado al Procedimiento de Denuncia e Investigación del Maltrato, acoso laboral y acoso sexual del Servicio de Salud Aysén y toda red asistencial, el que consta según Resolución Exenta N° 787 del 28 de marzo de 2019.”.

Luego de relacionar y reproducir, en lo pertinente, los hechos que motivaron los cargos administrativos citados precedentemente, y lo concluido en la Vista Fiscal, indica que es aquí donde se concentra el hecho que sustenta la infracción, a juicio de la Sra. Fiscal, y es nada menos que su propia confesión espontánea en la ocurrencia de los hechos y que permitió, insoslayablemente, llegar a esa aseveración de culpabilidad en su contra, ¿pero, que le permite reforzar esa idea de manera irrefutable?, lo expresado por la propia Fiscal, quien en su punto número 2, señala: “2. Que de las declaraciones de todos los individualizados en el punto II, Letra B, se concluye que ninguno de los mencionados tanto por la denunciante, como por el denunciado estuvieron presentes cuando ocurrieron los hechos, por lo que no pueden aportar aseveraciones certeras de lo que aconteció durante el cometido funcionario descrito.”

Al respecto señala que siguiendo la jurisdicción constitucional europea, especialmente española y alemana, el Tribunal Constitucional ha señalado que los principios inspiradores del orden penal contemplados en la Constitución Política de la República, han de aplicarse, por regla general y con matices, al derecho administrativo sancionador, puesto que ambos son manifestaciones del ius puniendi propio del Estado. Agrega que, en el caso, se hace indispensable abordar la aminorante de colaboración sustancial, con el éxito de la investigación, en mérito de las propias conclusiones de la Sra. Fiscal, en su Dictamen, punto 2, por cuanto la jurisprudencia está conteste en señalar que para poder reconocerla, fundada en la conducta del autor con posterioridad a la comisión de la falta, requiere que la colaboración sea sustancial, es decir, que sea un verdadero aporte a la investigación, que sea el fundamento del esclarecimiento de los hechos, lo que lleva a concluir que de no haber mediado su colaboración a través de su confesión espontánea, el sumario habría tenido otro curso, ajeno a la realidad de los hechos, los que desde el primer momento han sido pertinentes para arribar a la recreación de lo ocurrido en aquella comisión de servicio.

Añade que nunca pretendió eludir la ocurrencia de los hechos, y que ciertamente pudo haber faltado a la verdad a su jefatura directa, pero, su propia necesidad de enmendar los hechos y pedir las disculpas del caso a la denunciante, siempre lo mantuvieron apegado a una sola postura, no faltar nunca a la verdad y asumir la realidad tal cual fue, y que en mérito de los principios de legalidad, racionalidad y proporcionalidad que debe inspirar toda medida disciplinaria de destitución, la administración debió, por un lado, valorar y finalmente tener por acreditada la aminorante citada, que era del todo determinante para el esclarecimiento de los hechos, sino que, además, debió valorar, ponderar, reconocer y tener asimismo, por acreditada, la atenuante de irreprochable conducta anterior, para al menos rebajar la medida disciplinaria a una de menor intensidad si fuere el caso, pero menos gravosa que la aplicada, acompañando certificado de antecedentes para fines especiales y hoja de vida de conductor, sin reproches, agregando que se siente un funcionario querido y respetado por sus pares mujeres y varones, y que en el sumario, obra certificado emanado de la Sra. nombre reservado de la Oficina de Personal, que señala que no cuenta con notas de demérito, ni hace referencia alguna a medidas disciplinarias anteriores, lo que refuerza todo el argumento de encontrarse configurada la causal.

Que, lo anterior, se corroboró en la propia Vista Fiscal, la que señaló en lo que respecta a su conducta funcionaria: “Se expresa que don nombre reservado ha tenido precedentemente una conducta adecuada y acorde a sus funciones como profesional en la Unidad de Mantención, con buenas relaciones con sus compañeros de trabajo.”, y aunque manifiesta a continuación, incomprensiblemente, que la presente investigación, no tuvo por objeto investigar su conducta funcionaria con el resto del personal, no puede olvidar que su actuar se debía ajustar al principio de objetividad y ecuanimidad en la propuesta de la sanción disciplinaria; aminorantes que no están tratadas ni en la Vista Fiscal, en el informe de legalidad y menos aún en la Resolución Exenta 5734, como en la Afecta 1.

Refiere, que el artículo 121, inciso final, del Estatuto Administrativo, consagra el principio de proporcionalidad de las medidas disciplinarias a aplicar y señala que: “la medida disciplinaria se aplicará tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida y las circunstancias agravantes o atenuantes que arroje el mérito de los antecedentes”, en armonía con el derecho al debido proceso previsto en el artículo 19, Nº 3, de la Constitución y el derecho a un racional y justo procedimiento aplicable a los procesos disciplinarios, que consagra el artículo 18, inciso segundo, de la Nº 18.575; citando jurisprudencia de la Contraloría General de la República, al respecto, agregando que la Resolución Afecta recurrida ha hecho un uso ilegítimo de la potestad discrecional, ello es, un uso excesivo o abusivo de la discrecionalidad administrativa, que trasunta en una afectación del fin que persigue el acto administrativo discrecional (desviación de poder) o una extralimitación de dicha facultad que torna al acto administrativo, resolución impugnada, en arbitraria, irracional o irrazonable, lo que en último término implica un actuar ilegal o antijurídico de la Administración.

Se pregunta ¿Por qué, la Vista Fiscal, debiendo, no se hizo cargo, de los hechos, materia de la investigación, los que no fueron plasmados en la Res. Afecta recurrida?, al tenor de lo dispuesto por el artículo 139, inciso segundo, del DFL 29/2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.834/89, “Estatuto Administrativo”, que reproduce, en lo pertinente, relacionando, luego, lo que dice la Sra. Fiscal, en su dictamen, para determinar el hecho que arriba a su culpabilidad, por lo que la pregunta es ¿Cuál es el hecho basal que determinó la culpabilidad del suscrito?, por cuanto, la Sra. Fiscal, no dijo nada respecto, a la ocurrencia de los hechos investigados, no estableció los pormenores ni sus circunstancias, basándose, únicamente en el análisis de sus dichos contenidos en el escrito de descargos, pero olvidó hacerse cargo, de lo que es el sentido de todo sumario administrativo, al tenor de un imperativo exigido legalmente, ¿qué es? la ocurrencia de los hechos, sus pormenores, circunstancias, y como llegó a dicha conclusión, antecedente, que no se encuentra reparado, ni en el informe de legalidad, como tampoco, en la Res. Exenta 5734, como la Afecta 1, debiendo en mérito del artículo 140 del DFL 29/2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.834/89, Estatuto Administrativo, proceder obligadamente a disponer la reapertura del sumario con la diligencia precisa que corrija este vicio sustancial del procedimiento, que infringió abiertamente los principios de legalidad, y del debido proceso.

Expresa, que es necesario hacerse cargo de la tipicidad y antijuridicidad de las normas eventualmente vulneradas y, en primer término, un reglamento dispuesto por la autoridad administrativa como es el procedimiento de Denuncia e Investigación de Maltrato, Acoso Laboral y Acoso Sexual de Servicio de Salud Aysén y toda su Red Asistencial, que consta según Resolución Exenta N° 787, del todo relevante por cierto, no cuenta con rango legal para sustentar en sí misma una infracción administrativa, por cuanto uno de los elementos esenciales de la sanción administrativa es que debe estar consagrada en el ordenamiento jurídico administrativo constitucional y legal, que guarda estrecha relación con el principio de legalidad y tipicidad, lo que implica obligadamente que al menos el núcleo de la conducta u omisión que motiva la sanción esté necesariamente establecido en la ley, aunque ciertos rasgos accesorios del tipo infraccional pueden estar consagrados a nivel reglamentario e incluso infrarreglamentario, debiendo tenerse presente que ha sido sancionado vulnerar un reglamento o acto administrativo, que no tiene rango legal alguno; ello, no impide a que se haga presente, dicho procedimiento, en la narración de un cargo administrativo, en este tipo de procedimientos, pero, no puede ser referido, como una seudo norma vulnerada que, en su caso, debiese ser otra, y no en sí mismo el reglamento.

Precisa, respecto a la tipicidad de la conducta, que ha sido notificado de una sanción administrativa que se sustenta en una conducta de acoso sexual, en contra de una ex colega de labores, lo cierto, es que se hace inviable concluir aquello, si la Vista Fiscal, no describió los hechos, pormenores y circunstancias que permitiría arribar a dicha conclusión, y lo cierto, es que, no ha habido de su parte ninguna conducta asociado al tipo acoso sexual, salvo, y lo señala, específicamente, analizando los propios requisitos para su configuración analizados en la Vista Fiscal, del todo copulativos, conductas que si bien no están analizadas en mérito de la existencia o no de prueba inculpatoria, que obraría en el sumario, Vista Fiscal, cuenta con continente pero, no cuenta con contenido, acto administrativo que le es aplicable lo razonado en la LBPA, y ampliamente recogido en la jurisprudencia judicial y administrativa, esto es, la fundamentación, que se encuentra ausente, en la Vista o Dictamen Fiscal, que la Res. Exenta hace suya, sin reparos, y con todas las imperfecciones que se han enunciado, aplicando una medida disciplinaria de destitución, que le genera un grave perjuicio, por vicio sustancial del procedimiento.

Señala que, además, la prueba al efecto no ha sido valorada, de manera alguna, por cuanto se ha mantenido una errada tesis de que debió conocer el estado emocional de la denunciante, luego de ocurrido los hechos, y ello se aparta del contexto y realidad de los acontecimientos, no porque lo diga él, únicamente, sino porque están expresados irrefutablemente en el sumario administrativo, citando, seguidamente, algunos extractos señaladas por la doctrina y la jurisprudencia en la materia, referidas al principio de proporcionalidad, a la colaboración sustancial.

En cuanto a las garantías constitucionales conculcadas, refiere que la medida disciplinaria aplicada ha sido determinada fuera de los márgenes legales que establecen los cuerpos normativos por los cuales se rigen los procedimientos administrativos, de forma desproporcionada, a diferencia de lo que ocurre con la generalidad de dichos procedimientos impulsados por la administración, llevados dentro de los límites de razonabilidad para obtener una resolución eficiente y proporcionada, y no se ha aplicado igualitariamente la ley reguladora por la indagación de la acusación que se le imputó, y si lo que se pretendió fue ejercer la potestad disciplinaria, en toda su extensión, ello no quedó plasmado en las resoluciones que aplicaron las medidas, bajo los principios de la razón, la lógica, o las máximas de la experiencia.

Que, también, afectaría al principio del debido proceso, pues las resoluciones dictadas deben cumplir con un procedimiento con caracteres de racional y justo, ya que según su naturaleza, obligaba a que la Sra. Fiscal cumpliera su cometido con la mayor diligencia, considerando que la colaboración sustancial con la investigación y la irreprochable conducta anterior, debía necesariamente disminuir la apreciación del grado de culpabilidad del afectado, lo que la ha convertido en una verdadera comisión especial, del todo prohibida por la Constitución, desentendiéndose de las aminorantes, sustentando únicamente la necesidad de desecharlas por una seudo acreditación de conducta gravosa, sin aportar mayores antecedentes legales que sustentaran dichas conclusión.

Que, además, con la determinación de aplicar la medida disciplinaria de destitución, del todo arbitraria e ilegal, el Órgano Administrativo no sólo infringe los artículos 89, 93 y 94 del Estatuto Administrativo, sino que le perturba en el ejercicio de propiedad sobre el cargo que sirve en la administración y a la vez le priva y perturba en el uso, goce y disposición de su empleo, y la consecuente remuneración mensual y únicos ingresos que percibía de sustento laboral, causándole grave perjuicio.

SEGUNDO: Que, informando el recurso, don Joaquín Esteban Acosta Vergara, abogado, en representación de la recurrida, luego de citar y relacionar, en lo pertinente, el marco normativo en el que se desempeña el Servicio de Salud de Aysén, como órgano de la administración del Estado, indica, sobre los hechos sometidos a investigación mediante la Resolución Exenta N° 2949, de 11 de Septiembre de 2020, que se deben tener a la vista las resoluciones que dan inicio y término al sumario administrativo sostenido por la Fiscal de ese Servicio, destinada a cumplir dicha labor, y que esa repartición dictó cada una de ellas con apego a las normas que informan el derecho administrativo, agregando que las dos Resoluciones Exentas a las que se hace mención son las N° 2949, de 11 de septiembre de 2020, y la N° 5734, de 2 de noviembre de 2021, siendo esta última recurrida mediante reposición administrativa y apelación subsidiaria, por don nombre reservado, con fecha 10 de noviembre de 2021.

En relación con la primera Resolución, la N° 2949, que cita y reproduce en su parte considerativa, que da inicio al sumario administrativo, refiere que de su sola lectura se desprende la motivación de la misma, por cuanto indica claramente la existencia de una denuncia realizada por doña nombre reservado, en contra del recurrente, teniendo dicho antecedente la fuerza suficiente de hacer que nazca en el Servicio de Salud de Aysén, la obligación de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades, si las hubiere, resolución que se basta a sí misma para la comprensión respecto de los hechos y antecedentes fundantes que llevan a la administración a cumplir con su obligación respecto al inicio del sumario administrativo, agregando que la Fiscal del proceso disciplinario realiza la investigación con arreglo a derecho y a las normas que rigen la materia, por lo cual ésta toma declaración a los intervinientes y a quienes tuvieron conocimiento de los hechos, entre ellos, al sindicado como agresor, que depone de fojas 59 a 61, indagatoria que también cita y reproduce, en extenso, y que habiendo confesado él mismo respecto a los actos que se le imputan, no cabía más que aplicar lo establecido por los criterios contenidos tanto en el Estatuto Administrativo como en su jurisprudencia.

Agrega que, en cuanto a la formulación de cargos, se realizan conforme a derecho y respetando lo establecido en el Estatuto Administrativo, siendo resorte del inculpado indicar las causales de implicancia o recusación respecto del Fiscal, cuestión que no se verificó en la especie, precluyendo su derecho a realizarlo; que en los descargos, a juicio del Fiscal, no se logra disipar ni excluir al inculpado de la responsabilidad - confesada-, respecto a los hechos imputados, cuestión gravitante puesto que ellos se tienen por reconocidos, indicando que, la vista fiscal del proceso, contiene un desarrollo lógico respecto a la acreditación de la responsabilidad del recurrente, siendo gravitante en ese punto determinar la responsabilidad y medida que debe ser impuesta al mismo, haciendo presente lo indicado en los párrafos del primer punto tratado en el informe, dado que dicha sanción surge de lo estatuido en la ley como en las interpretaciones de la Contraloría General de la República.

En cuanto a la Resolución Afecta N° 5734, refiere que, al igual que las anteriores, contienen los elementos fundamentales para la aplicación de la medida expulsiva que se tomó por parte de ese Órgano del Estado, encontrándose motivada, con un desarrollo lógico y armónico respecto a la acreditación del hecho y a cómo se llega a la conclusión del mismo, haciendo presente además las etapas que nutren el debido proceso, la que cita y reproduce, en su parte considerativa, resolución que tiene el carácter de Exenta puesto que aún no existe un acto administrativo terminal que materialice la sanción destitución, encontrándose en período impugnatorio.

Señala que, el recurrente, deduce recurso de reposición en contra de la citada Resolución Exenta, con alegaciones del mismo tenor que las sostenidas en el cuerpo del recurso de protección, con lo que queda de manifiesto que en modo alguno se le ha privado de su derecho a defensa o que se ha vulnerado lo contenido en las normas constitucionales invocadas, reposición que fue resuelta con fecha 24 de Enero de 2022, mediante Resolución Afecta N° 1 y siendo la motivación del rechazo de sus alegaciones las que se explican en la misma, que transcribe, la que por su naturaleza de Afecta, se la remite con todos los antecedentes a la Contraloría Regional de Aysén, a fin de que tome razón de dicho acto, siendo notificado el sumariado con el correspondiente timbre de tomada de razón que da cuenta de su ejecutividad, con fecha 22 de febrero de 2022, por funcionario competente de ese Servicio.

Añade que, en un rubro aparte debe ser analizada la medida adoptada, ello debido a la obligación jurídica impuesta por la ley a los Servicios Públicos de seguir los dictámenes de Contraloría en los actos que pueda ejecutar la Administración, lo que se evidencia en el considerando Noveno de la Resolución Exenta N° 5734, que aplica la medida, como en el considerando Quinto de la Resolución Afecta N° 1, que concluye el proceso, que indican con claridad el domicilio reservado, de 4 de agosto de 2017, que reproduce, en lo pertinente, agregando que, con todo, se cumple a cabalidad con lo indicado en dicho dictamen por parte de ese Servicio, siendo la única vía autorizada tanto por la ley como por la jurisprudencia administrativa, la medida expulsiva, siendo importante relevar, a modo de conclusión, el sentido y alcance del reconocimiento en su declaración de la conducta imputada, la que se encuentra consistente con lo declarado por la víctima, reconocimiento que se realiza libre y espontáneamente en su declaración y se reafirma a lo largo del proceso, y que tanto la jurisprudencia como la aplicación de la ley al respecto, se encuentra conforme a derecho, siendo la conducta -según lo indicado por Contraloría- de aquellas faltas al estatuto que ameritan la expulsión directa.

Que, desde el punto de vista de las atenuantes esgrimidas por el recurrente, hace presente que esa parte continúa con apego al principio de legalidad y no las tiene en consideración por ser obligatorio según lo que informa Contraloría a través de sus dictámenes, los que no son obligatorios respetar, empero los mismos pueden ser revisados judicialmente respecto a su pertinencia, oportunidad y fondo del asunto de que se trate.

Manifiesta, seguidamente, que ese Servicio no ha vulnerado las garantías constitucionales del recurrente, ya que para que ello hubiese ocurrido debió haberse infringido el proceso o haberse tramitado con desapego a lo que el derecho establece, ya que el quid del asunto se debe entender bajo la lógica de que la ley define un proceso sumario a fin de determinar las responsabilidades, contenido y reglado en la Ley 18.834, proceso que legalmente tramitado no puede vulnerar las garantías constitucionales del funcionario, dado que su fuente se encuentra en la ley, y de intentar sostener lo contrario, no se debería realizar por vía de un recurso de protección, puesto que, según su opinión, dicho conocimiento debe quedar entregado al Tribunal Constitucional; por lo tanto, para que existiera una vulneración se debería infringir manifiestamente las normas del debido proceso y que ello generara una lesión de tal magnitud que sólo fuese posible resarcirla mediante la intervención de un órgano judicial, como es del caso, y del libelo de protección no se observa en qué momento o lugar del proceso existe una infracción manifiesta al derecho a defensa del recurrente y, por otro lado, la dependencia de los demás derechos mencionados como vulnerados, son consecuencia del primero, por lo que éstos quedan sin sustento fáctico y jurídico.

TERCERO: Que, como se ha sostenido reiteradamente por esta Corte, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinado a amparar las garantías constitucionales de quien, por causa de actos y omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de derechos preexistentes e indiscutidos, a través de la adopción inmediata por parte de la Corte de Apelaciones, de providencias necesarias para restablecer el imperio de derecho y asegurar la debida protección del afectado.

CUARTO: Que para la procedencia de la pretendida acción, es menester la existencia de un acto ilegal o arbitrario, esto es, la concurrencia de un acto contrario a la ley, o que sea producto del mero capricho de quien lo realiza, afectando de este modo, una o más de las garantías que la Constitución Política de la República protege. Así, únicamente en el caso de existir un acto que reúna tales elementos, podría ser sometido al presente arbitrio, caso contrario, necesariamente debiese ser desatendido por esta vía constitucional.

Que, asimismo, la Excelentísima Corte Suprema ha señalado, también, que el recurso de cautela de derechos constitucionales constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, el cual no puede llegar a constituirse en una instancia de declaración de derechos, el que no procede en este tipo de procedimientos.

QUINTO: Que, para resolver el recurso de protección que se ha planteado en estos autos, cabe señalar que éste se ha deducido en contra de la Resolución Afecta N° 01, de fecha 24 de Enero de 2022, mediante la cual se aplicó al recurrente la medida disciplinaria de destitución, del artículo 121, letra d), del Estatuto Administrativo, en relación al artículo 125, inciso segundo, del mismo cuerpo legal, habiéndose solicitado, en lo petitorio del mismo, se acoja este arbitrio cautelar en atención a que la recurrida habría incurrido en un acto arbitrario e ilegal, que priva, perturba y amenaza sus derechos constitucionalmente garantizados, específicamente los señalados en el artículo 19 N° 2, 3, inciso quinto, y 24 de la Constitución Política de la República, y se disponga la reapertura del sumario administrativo sustanciado mediante Resolución Exenta 2949, de 20 de septiembre de 2020, retrotrayéndose éste a la etapa de formulación de cargos y se deje sin efecto la Resolución Afecta impugnada, reincorporándosele a sus labores habituales y reintegrándole las remuneraciones que no ha percibido durante el tiempo que ha durado la destitución.

SEXTO: Que, en consecuencia, de lo señalado precedentemente, se infiere claramente que el recurso deducido pretende que esta Corte de Apelaciones proceda a reabrir un sumario administrativo sustanciado por el Servicio de Salud de Aysén, empleadora de la recurrente, argumentándose para ello, principalmente, que dicho sumario, que terminó con la destitución del actor, se fundó, para llevar a efecto la sanción impuesta, en la propia confesión espontánea de éste en la ocurrencia de los hechos y que permitió llegar a la aseveración de su culpabilidad y que, asimismo, no se consideró, a su respecto, la existencia de causales aminorantes de responsabilidad administrativa, específicamente la de colaboración sustancial en la investigación ni su irreprochable conducta anterior, las que debieron ser valoradas, ponderadas y reconocidas, de las cuales la Fiscal Investigadora no se hizo cargo, señalándose, además, que tampoco se hizo cargo de la tipicidad y antijuridicidad de las normas eventualmente vulneradas, infringiéndose, asimismo, el principio de proporcionalidad de la sanción.

SÉPTIMO: Que, en relación con lo señalado y apareciendo explícitamente que se ha impugnado el sumario administrativo que fuera sustanciado en contra del denunciado, cabe expresar, en primer lugar, que lo solicitado por la recurrente resulta impropio e improcedente desde que se pretende, en el hecho, se anule un sumario incoado respecto de determinados hechos que fueron sometidos a investigación, constatándose, sin embargo, que se llevó a efecto en éste todos los procedimientos, actuaciones e instancias desde su comienzo a la conclusión del mismo, el cual se ajustó plenamente a las normas que rigen éstos y el cual actualmente se encuentra ya terminado y afinado.

OCTAVO: Que, en efecto, como lo señaló la recurrida, la relación entre un funcionario público y la administración se encuentra regulado en el DFL N° 29, de 2005, Estatuto Administrativo, en el cual se establece, en forma clara y precisa, los derechos y obligaciones de los funcionarios que se encuentran sometidos a éste, entre ellos, el recurrente y, en los artículos 119 a 145, bajo el título De La Responsabilidad Administrativa, se señala cuál es el procedimiento existente para determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios de la Administración del Estado.

NOVENO: Que, en las condiciones señaladas precedentemente se pueden constatar los siguientes hechos:

a) Que por Resolución Exenta N° 2949, de 11 de septiembre de 2020, del Servicio de Salud de Aysén, se dispuso instruir sumario administrativo a fin de determinar eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos expuestos en el formulario de denuncia por acoso laboral, sexual o maltrato en el ámbito del trabajo, específicamente en el caso que se trata, de doña nombre reservado, quien denunció acoso sexual por parte de su compañero de trabajo nombre reservado.

b) Que, en el mismo sumario, consta que con fecha 4 de noviembre de 2020, por la Fiscal a cargo, doña nombre reservado, se formuló cargos en contra del recurrente nombre reservado, profesional de la Unidad de Mantención, Movilización y Telecomunicaciones de la Dirección del Servicio de Salud de Aysén, indicándose, como primer cargo, el de haber faltado a la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, artículo 84, que establece que el funcionario estará afecto a la prohibición de realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios, considerándose como una acción de este tipo, el acoso sexual, entendido en los términos que lo señala el artículo 2°, inciso segundo, del Código del Trabajo; acto atentatorio reconocido y descrito por el denunciado ante la Fiscalía en su declaración respectiva, insertándose parte de ésta en dicha formulación de cargos.

c) Que, asimismo, se le formuló como segundo cargo el haber faltado al Procedimiento de Denuncia e Investigación del Maltrato, Acoso Laboral y Acoso Sexual del Servicio de Salud Aysén, el que consta en la Resolución Exenta N° 787, de 28 de marzo de 2019, que en su artículo cuarto conceptúa el acoso sexual como aquél contrario a la dignidad humana, entendiéndose por tal, que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimiento de carácter sexual, no consentido por quien lo recibe, señalándose, igualmente, los requisitos copulativos que configuran dicha conducta, esto es, que exista requerimiento de carácter sexual que se puede realizar de forma oral, gestual y física; que el requerimiento no sea consentido por quien lo recibe y que exista un perjuicio para el hombre o la mujer, detallándose en esta formulación de cargos las circunstancias, diálogos o expresiones sostenidos entre las partes, como también el eventual perjuicio de la funcionaria víctima de ello, determinándose que en el proceso quedó suficientemente acreditada su responsabilidad en los hechos investigados.

d) Que, el recurrente, con fecha 20 de noviembre de 2020, realizó los descargos pertinentes, constando que efectivamente, en lo sustancial, reconoció la ocurrencia de los hechos, en especial que fue hasta la pieza de su compañera de trabajo y le dijo que compartieran cama, que ésta se negó, replicándole que “no pasa nada, dormimos poto con poto”; que ésta nuevamente le dijo que no, regresándose a su habitación.

e) Que, en la Vista Fiscal del proceso sumarial, agregado a fojas 131 y siguientes, del sumario administrativo tenido a la vista, se dejó constancia de los diversos actos administrativos realizados, especialmente de las entrevistas y declaraciones de la víctima, del sumariado y de diversos funcionarios, los que se individualizaron, dándose por cerrado el período indagatorio de dicho sumario; se consideró los cargos y descargos efectuados y, en los considerandos respectivos, se concluyó, luego del análisis de los antecedentes, que éstos constituyen una falta a la Ley 18.834, pues el denunciado ejerció acoso sexual contra otra funcionaria y también una falta al Procedimiento de Denuncia e Investigación del Maltrato, Acoso Laboral y Acoso Sexual del Servicio de Salud de Aysén, que consta de la Resolución Exenta 787, de 28 de marzo de 2019. Se determinó, asimismo, que existen antecedentes que ameritan responsabilidad administrativa de la persona sumariada; se realizó un análisis de la contestación de los cargos y se establecieron los hechos, proponiéndose, en base a los antecedentes existentes, la medida de destitución, de acuerdo a lo previsto en el Estatuto Administrativo, artículo 125, por haberse infringido las disposiciones de la letra l), del artículo 84 de dicho cuerpo legal. Igualmente se incorporó al sumario administrativo un informe previo de legalidad del Departamento Jurídico del Servicio de Salud de Aysén.

f) Que, con fecha 2 de noviembre de 2021, por Resolución Exenta N° 5734, del Servicio indicado, se procedió a aplicar al funcionario sumariado nombre reservado, la medida disciplinaria de destitución del artículo 121, letra d) del Estatuto Administrativo, en relación al artículo 125, inciso segundo, del mismo cuerpo legal, la que le fue notificada personalmente el día 3 de noviembre de 2021.

g) Que, consta asimismo, que el anterior, dedujo recurso de reposición, con apelación subsidiaria, el que fue resuelto el 24 de enero de 2022, por Resolución Afecta N° 1, que es la que se recurre, mediante la cual se rechazó el recurso de reposición y de apelación, ordenándose remitir los autos a la Contraloría Regional de Aysén, conjuntamente con el expediente del sumario administrativo, constando que se tomó razón de ello por dicho Ente Contralor con fecha 18 de febrero de 2022.

DÉCIMO: Que, de todo lo señalado con antelación y, como ya se dijo, no puede sino concluirse que el sumario administrativo llevado a cabo por el Servicio de Salud de Aysén en contra del funcionario recurrente cumplió plenamente con todas las etapas y condiciones que señala la normativa aplicable al caso, Estatuto Administrativo, observándose que en aquél se determinó los hechos y la responsabilidad del sumariado; se escuchó a las partes involucradas y a los testigos correspondientes; se agregó la documentación pertinente; se efectuó los descargos y se formuló los descargos respectivos; se hizo efectiva la proposición de destitución por la Fiscal sumariante y se dictó la resolución pertinente la que, atendida su naturaleza y entidad fue tomada de razón por la Contraloría Regional, quedando ésta a firme y ejecutoriada; por lo que se cumplió con todos los trámites y exigencias que señala la ley para ello, mediante una tramitación plenamente apegada a la legislación vigente, motivos por los cuales no es factible ni procedente, como lo solicita el recurrente, dar por establecida alguna ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida, observándose que se dio pleno cumplimiento a los principios de tipicidad y antijuridicidad presentes en el caso investigado y se respetó plenamente el derecho de defensa.

UNDÉCIMO: Que, la parte recurrente fundó también su recurso señalando que no se consideró en favor del funcionario sumariado la existencia de dos atenuantes de responsabilidad administrativa, esto es, la colaboración sustancial y su irreprochable conducta anterior, señaladas en el artículo 11 N° 6 y 9 del Código Penal, aplicables al caso, y que en atención a ello la sanción aplicada fue desproporcionada por ser la más gravosa, faltándose al principio de proporcionalidad del artículo 121, inciso final, del Estatuto Administrativo, debiendo considerarse, respecto a ello, que en atención a la medida disciplinaria aplicada, de destitución, fundada en un hecho que se considera como de gran gravedad y entidad, la autoridad administrativa respectiva y que ejerce la potestad disciplinaria, procedió a aplicar dicha gravosa medida, que le resultaba imperativa, por lo que era irrelevante analizar las circunstancias a que se hizo referencia precedentemente.

DUODÉCIMO: Que, por ende, no divisándose que en el caso que se conoce, por parte de la recurrida se haya incurrido en un acto vulneratorio de las garantías constitucionales que fueron reclamadas, del artículo 19 N° 2, 3, inciso quinto, y 24, de la Constitución Política de la República, no cabe sino desestimar el recurso de protección interpuesto y, así se declarará.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se declara:

I) Que, se RECHAZA el recurso de protección, interpuesto por don nombre reservado, en contra del Servicio de Salud Aysén, representado legalmente por don nombre reservado.

II) Que, no se condena en costas a la recurrente, por estimarse que tuvo motivos plausibles para recurrir.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular, don Sergio Fernando Mora Vallejos.

Rol Corte N° 128-2022 (Protección).