nombre reservado con SUBSECRETARIA RELACIONES EXTERIORES

Coyhaique, diecinueve de noviembre del año dos mil veintidós.

VISTOS:

Con fecha 28 de septiembre de 2022, comparece don Kevin Abel Canedo Cueto, abogado, en favor de doña nombre reservado, venezolana, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, en representación del Consulado de Chile en Caracas y del Ministerio de Relaciones Exteriores, domiciliado en domicilio reservado, por cuanto estima que la recurrida ha privado y perturbado en forma ilegal y arbitraria el derecho a la igualdad ante la ley de la recurrente, vulnerando así el artículo 19 N°2, de la Constitución Política de la República; solicitando, en definitiva, “ordenar informar a la Dirección de Asuntos Consulares sobre los actos ilegales y arbitrarios ya descritos; y, en consecuencia, se le ordene conceder el remedio solicitado y, en general, adoptar todas las demás medidas que estime necesarias para esos efectos, con expresa condena en costas.”

Con fecha 06 de octubre de 2022, se declaró admisible el recurso de protección interpuesto y se pidió informe a la recurrida.

Con fecha 11 de octubre de 2022, don nombre reservado, Embajador, Director General de Asuntos Consulares, Inmigración, y de Chilenos en el Exterior (S), en representación de la recurrida, evacua el informe requerido, y solicita el rechazo del recurso en todas sus partes.

Con fecha 09 de noviembre de 2022, se trajeron los autos en relación, y con fecha 11 del mismo mes y año, se llevó a cabo la vista de la causa, sin la comparecencia de abogados.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente fundamenta su recurso en lo sustancial, en que doña nombre reservado y doña nombre reservado son hermana y madre de la recurrente. Además, son residentes legalmente en el país.

Señala que, en el año 2020, la recurrente, solicitó la visa de responsabilidad democrática a través del Sistema Atención Consular. Luego, con fecha 30 de junio de 2020, se le comunica la noticia de que su solicitud fue recibida satisfactoriamente. Posteriormente, con fecha 11 de noviembre de 2020, fue víctima del cierre masivo de solicitudes de visa de responsabilidad democrática. Alega que, dicho acto constituye un acto ilegal y arbitrario porque resuelve de manera genérica todas las solicitudes de visa que se encontraban en trámite, siendo evidente que no todas las personas se encuentran en la misma situación, lo que además estima que constituye una infracción grave al deber que impone a la Administración el artículo 41 de la Ley 19.880.

Agrega que, el rechazo de las solicitudes se funda en el cierre temporal de lugares habilitados para el ingreso y egreso de extranjeros dispuesto en virtud del Decreto Supremo N° 102, fundamento que a juicio de la recurrente no resulta acertada, pues si bien el citado acto administrativo prohibía el tránsito de extranjeros a territorio nacional, dicho decreto sufrió diversas modificaciones. Así las cosas, el Decreto Supremo N° 102, fue derogado por el Decreto Supremo N° 295 de fecha 30 de noviembre de 2021. Por tanto, estima que los motivos que dieron origen al cierre de las solicitudes de fecha 11 de noviembre de 2020, actualmente, ya no existen.

Indica que las solicitudes de visa cerradas en virtud del correo electrónico de fecha 11 de noviembre de 2020, se encontrarían en trámite. Sin embargo, habiendo transcurrido casi 2 años desde el cierre de las solicitudes no han reportado ningún avance.

Posterior a citar textualmente lo resuelto por la Contraloría General de la República, en su Dictamen N°E92182, señala que si bien el Estado decide a quien admite en su territorio y la situación migratoria de los extranjeros, ello no puede comprometer la esencia del derecho de la libertad ambulatoria y no debe invertirse la relación entre el derecho y su restricción, esto es entre la norma y la excepción, por cuanto estas últimas deben ser necesariamente aplicadas para proteger los derechos sustanciales, debiendo dichas restricciones adecuarse al principio de proporcionalidad.

Agrega que la Resolución 2/18 sobre Migración Forzada de Personas Venezolanas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un antecedente internacional suficiente para entregar el reconocimiento del principio universal de acoger a los amparados en Chile y se complementa con lo atinente de la Nota de ACNUR para los Refugiados que solicitan a los Estados la aplicación del Principio de No Retorno, y los alienta a que consideren los mecanismos orientados a la protección que les permita una estancia legal a los venezolanos, con las salvaguardas adecuadas.

Manifiesta que, las circunstancias descritas importan un problema de seguridad jurídica, dejando a la actora en una situación de incertidumbre injustificada, vulnerando la garantía de la igualdad ante la ley frente al resto de los ciudadanos cuyas solicitudes son resueltas en tiempo oportuno, lo que amerita adoptar una medida en resguardo de los derechos de los afectados.

Continúa su alegación, citando el artículo 19 N°2, de la Constitución Política de la República, referente a la igualdad ante la ley. Asimismo, cita la Resolución 2/18 Migración Forzada de Personas Venezolanas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, específicamente, su numeral 3 y 4.

Posterior a acompañar jurisprudencia pertinente, solicita resolver la solicitud de la recurrente, y citarla a validar presencialmente antecedentes en el consulado de Chile, señalando que la solicitud deberá resolverse dentro de un plazo prudente que no podrá exceder de 30 días corridos.

SEGUNDO: Que, don nombre reservado, Embajador, Director General de Asuntos Consulares, Inmigración, y de Chilenos en el Exterior (S), en representación de la recurrida, evacuando el informe requerido, solicita el rechazo en todas sus partes del presente recurso señalando que, concurre la triple identidad del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, siendo el recurso de amparo Rol N°3564-2022 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, -declarado inadmisible, y confirmado por la Excma. Corte Suprema-, es exactamente idéntico al presente recurso de protección Ro Corte 1278-2022 de esta Corte de Apelaciones, salvo el domicilio en ambos recursos, el cual estima, fue alterado solo para efectos de modificar la competencia, encontrándose el afectado en su país de origen, Venezuela.

Posterior a citar amplia jurisprudencia al respecto, indica que, es aplicable el mismo razonamiento de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en la causa Rol N°3564-2022, y que fue confirmada por la Excma. Corte Suprema, pues en el presente caso de autos nos encontramos con una sentencia firme y ejecutoriada que el recurrente intenta eludir, interponiendo una nueva acción, en una Corte de Apelaciones distinta, pero fundada en los mismos hechos y alegaciones, correspondiente a la misma afectada, contraviniendo lo ya resuelto por la Excma. Corte Suprema.

Sostiene que, el derecho alegado por la recurrente no es indubitado, desde que el requirente está sometido a cumplir ciertas condiciones objetivas para obtener eventualmente la autorización por parte de la autoridad consular competente. Agregando que, el único derecho que se configura para el administrado por haber presentado una solicitud de visa ante el Consulado respectivo es el de obtener una respuesta por parte de la autoridad consular.

Señala que, para el caso de autos, no se ha configurado el derecho constitucional del artículo 19 N°7 letra a) de la Constitución Política de la República de ingresar a Chile, por cuanto éste establece que las personas tendrán el derecho de entrar y salir del territorio de la república en la medida que cumplan con las normas establecidas en la ley y salvando siempre el perjuicio de terceros.

Por otra parte, señala que existen procedimientos de reclamo ante los órganos administrativos respectivos para el caso en que la parte solicitante estime que se hubiere producido un vicio de legalidad que afecte los derechos de los interesados, siendo evidente que ésta no es una materia que corresponda ser resuelta por medio de la presente acción cautelar de protección, ya que no constituye una instancia de declaración de derechos, sino de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados se encuentran afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, y en situación de ser amparados, más si se considera que la recurrente no reside en Chile, encontrándose en el extranjero.

TERCERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, conforme los antecedentes existentes en la presente causa, debe consignarse, que en la acción constitucional materia del presente arbitrio, el conflicto de marras radica en el hecho que la recurrente en el año 2020 solicitó la visa de responsabilidad democrática a través del Sistema Atención Consular, y con fecha 30 de junio de 2020, se le comunicó de que su solicitud fue recibida satisfactoriamente, la que a pesar de ser la recurrente víctima del cierre masivo de solicitudes, se encontraría en trámite, sin embargo, transcurridos casi dos años, no han reportado ningún avance. Todo lo cual contraría la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, lo resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Decreto Ley 1094, y, lo dispuesto por el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, referente a la igualdad ante la ley, lo que relaciona con los demás administrados que han obtenido una respuesta a sus permisos de residencia en plazos racionales.

SÉPTIMO: Que, para la resolución del presente conflicto, resulta importante tener presente lo previsto en los artículos 7° y 8° de la ley N°19.880, el cual impone a la Administración la obligación de actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión; así como de dictar un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, comunicándola en tiempo razonable, dando así estricto cumplimiento al principio de celeridad y del principio conclusivo, debiendo, además, observar en dicho procedimiento los principios de eficiencia, eficacia, simplificación y rapidez a que se refieren los artículos 3°, 5°, inciso primero y 8°, inciso primero de la ley N°18.575; obligaciones que a juicio de este Tribunal de Alzada, se encuentran insatisfechas, toda vez que desde la iniciación de los trámites, esto es, la solicitud de la visa de responsabilidad democrática, hasta la fecha de interposición del presente recurso el día 28 de septiembre de 2022, ha transcurrido un tiempo que ha excedido con creces los seis meses el procedimiento administrativo desde su iniciación para pronunciarse sobre la materia de autos, no pudiendo estimarse razonable la excepción estatuida en el artículo 27 de la Ley N° 19880, la cual señala que, “salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”.

OCTAVO: Que, conforme lo razonado en los considerandos anteriores, se debe tener presente que el procedimiento administrativo en comento, más allá del estado actual en que se encuentra, según lo informado por la recurrida en su informe, ha incurrido en demoras excesivas que pugnan con la razón, y se oponen de manera hostil a los principios referidos en la presente sentencia, omisión que, además, se estima innecesaria e injustificada, lo que la torna arbitraria e ilegal. Tal irregularidad, como se señaló, constituye una infracción grave al deber que impone a la Administración la ley vigente y los principios citados.

A mayor abundamiento, de la lectura del informe evacuado por la recurrida, se desprende que las razones que ésta esgrime para justificar la omisión denunciada, resultan ser impertinentes, genéricas y poco razonables para el lapso habido entre la solicitud efectuada por la recurrente y la fecha de presentación del presente recurso, ya que la observancia del principio de celeridad que debe regir a la Administración, está dirigido en beneficio del administrado, lo que conlleva estimar que la omisión en el pronunciamiento de un acto administrativo conclusivo, no se condice con el deber de celeridad y de eficiencia, eficacia, simplificación y rapidez que deben dirigir los actos administrativos.

NOVENO: Que la omisión en que incurrió la recurrida, es calificable de arbitraria e ilegal, de conformidad a los antecedentes establecidos, y a la normativa legal aplicable, lo que además, vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, en tanto implica una discriminación arbitraria en contra del recurrente, y que se manifiesta en el trato diferenciado en relación a otros solicitantes que, en estado y condiciones jurídicas similares, han podido tramitar debidamente sus visas de responsabilidad democráticas, obteniendo un pronunciamiento administrativo terminal acerca de la solicitud efectuada, obteniendo una resolución fundada y oportunamente notificada en la que se contienen las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente, permitiendo de este modo, a esos otros administrados, requerir, de ser ello procedente, la revisión jurisdiccional del acto respectivo.

DÉCIMO: Que, es preciso por esta Corte, atender a lo estipulado a lo señalado por la recurrida, en cuanto arguye que por haber presentado la solicitud de visa, la actora no adquiere el derecho a obtener dicha visación para residir en Chile, estando sometido a cumplir ciertas condiciones objetivas que dispone la normativa citada en su informe, para eventualmente obtener la autorización por parte de la autoridad consular competente.

Que, si bien es cierto, la tramitación de este tipo de documentación es regida por un procedimiento establecido, tal y como expresa la recurrida, incluyendo el análisis sobre el cumplimiento de condiciones objetivas establecidas por la ley, todos ellos, aspectos de forma que en nada altera o modifica lo razonado por este Tribunal de Alzada, toda vez que la demora y la omisión en el pronunciamiento acerca de la solicitud efectuada, cuyo lapso excede en demasía los referidos 6 meses, siendo la demora de completa responsabilidad del Servicio, pues no se advierte que exista alguna actuación pendiente del recurrente, por lo que no le es imputable a ésta, la irregularidad en el cumplimiento de los plazos y observancia de los principios que rigen la tramitación de los actos administrativos.

UNDÉCIMO: Que, resulta útil indicar que esta Corte ha de limitarse a disponer de las providencias necesarias para dar continuidad al proceso por el cual se tramita la respectiva solicitud, a objeto de otorgar la debida protección a las garantías fundamentales vulneradas, restableciendo, de este modo, el imperio del derecho, para finalmente compeler a la recurrida a modificar su actuar, y una vez enmendado, se proceda como en derecho corresponda a fin de obtener un pronunciamiento terminal oportuno por parte del Servicio recurrido sobre la solicitud de la visa de responsabilidad democrática de la recurrente, por lo que el presente recurso de protección habrá de prosperar, y consecuentemente, se acogerá en los términos que se consignarán en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las garantías constitucionales de la Excma. Corte Suprema, se declara:

Que, SE ACOGE, sin costas, la acción de protección deducida por don Kevin Abel Canedo Cueto, abogado, en favor de doña nombre reservado, debiendo en consecuencia, pronunciarse la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, en representación del Consulado de Chile en Caracas y del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre la solicitud de visa de responsabilidad democrática de la recurrente, dentro de un plazo de 60 días contados desde la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Anótese, notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del señor Ministro Titular, don José Ignacio Mora Trujillo.

Rol Corte Nº 1278-2022 (Protección).