nombre reservado con BNP PARIBAS CARDIF SEGUROS DE VIDA S.A.

En Coyhaique, a veintisiete de diciembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

Con fecha 21 de septiembre de 2022, comparece doña nombre reservado, trabajadora independiente, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, quien, en lo principal, deduce recurso de protección en contra de BNP PARIBAS CARDIF SEGUROS DE VIDA S.A., del giro de su denominación, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por cuanto estima que la recurrida ha cometido un acto ilegal y arbitrario, que significa privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos garantizados en la Constitución Política de la República; solicitando que la Compañía de Seguros recurrida pague la indemnización acordada en el contrato de seguros reclamado, correspondiente a 4000 Unidades de Fomento en favor de la beneficiaria y recurrente al tipo de cambio que este Tribunal de Alzada determine, con los intereses y reajustes que corresponda, todo ello con expresa condena en costas.

Fundamenta su recurso en el contrato suscrito con fecha 26 de enero de 2016, por su cónyuge, nombre reservado, R.U.T. N° RUT reservado, con BNP PARIBAS CARDIF SEGUROS DE VIDA S.A. referido a un Seguro de Vida, intermediado por Falabella Corredores de Seguros Ltda., y formalizado a través de la póliza 21302562/08040983. Agrega que dicha póliza corresponde a la formalización de la propuesta 52653128, asociado al producto comercialmente identificado como “(VCAVIP)- VIDA FULL-PLAN 8”, y que fue suscrito por el asegurado cumpliendo con todas las formalidades requeridas por el asegurador. Expresa que la referida póliza cubre el riesgo VIDA, ramo que habitualmente se comercializa junto a coberturas adicionales para diversas formas y grados de invalidez permanentes derivadas de accidentes. Y que en este caso el señor nombre reservado -el asegurado- nominó como única a beneficiaria contractual de las indemnizaciones que derivaran del seguro válidamente contratado a la recurrente, cónyuge del asegurado hasta el fallecimiento de éste, hecho acaecido el día 30 de abril de 2022.

Indica que, junto a la denuncia oportuna del siniestro, se acompañó el certificado de defunción que confirmaba el fallecimiento del asegurado, así como la causa de muerte, precisando que la declaración del siniestro se tuvo por presentada siendo las 14:17 horas del día 4 de mayo de 2022. Expresa que con la misma fecha de la denuncia la Compañía de Seguros de Vida procedió a notificar a los señores Liquidadores de Seguros en Red Carvallo Limitada, cuyo nombre de fantasía es SEGURED Ltda., quienes cumplieron con iniciar el procedimiento independiente de liquidación que se les encomienda conforme a los artículos 61 a 64 del Título II del Decreto con Fuerza de Ley N° 251 de 1031, denominado “De los Auxiliares del Comercio de Seguros”, y en el Decreto Supremo N! 1155, de 20 de diciembre de 2012, que contiene el Reglamento de los Auxiliares del Comercio de Seguros. Procedimiento de liquidación, señala, es independiente y se inicia con el propósito de que un tercero imparcial corrobore la existencia de una hipótesis de cobertura y, en caso afirmativo, recomiende al asegurador emitir un pago en favor del beneficiario que corresponde según la póliza materia de la liquidación o ajuste. Agrega que en el caso concreto el denuncio de fecha 4 de mayo de 2022 motivó la apertura del siniestro N° 547850, el que fue sustanciado por la empresa SEGURED y que tuvo como resultado la emisión del Addendum N°1 al Informe de Liquidación N° VDA05-2022/011371797, cuya conclusión fue: “ III Causal del Rechazo: Conforme a lo establecido en los puntos precedentes y luego de haber practicado el análisis de cobertura pertinente con los antecedentes aportados, el presente siniestro carece de cobertura debido a que la patología de Daño Hepático Crónico fue diagnosticado el 13-02-2015, esto quiere decir que fue con anterioridad a la contratación del seguro y no fue informado en la declaración personal de salud informada con fecha 26-01-2016, asegurado omitió el verdadero estado de su salud, razones por las cuales corresponde rechazar el pago de la indemnización reclamada y proceder al cierre del siniestro analizado”.

Señala que, conforme al procedimiento estándar de liquidación y de acuerdo al artículo 26 del “Reglamento de Auxiliares del Comercio de Seguros”, y ante el rechazo del siniestro por los liquidadores en otorgar la cobertura contratada, utilizó su derecho de impugnación a través del envío de una carta enviada el 16 de agosto de 2022, complementada el día 17 del mismo mes y año.

Agrega que en respuesta a dicha impugnación la recurrida, y luego de un nuevo análisis, su Contraloría Médica determinó que la causa de muerte del asegurado obedeció a un “Shock distributivo refractario peritonitis secundaria, daño hepático crónico”, reiterando la preexistencia previa a la contratación del seguro por lo que ratificó el rechazo al pago del seguro contratado.

Estima, en concreto la recurrente que la compañía, frente a este segundo rechazo en el pago de la póliza se está aprovechando de una técnica comercial, la de la contratación por adhesión para imputar una supuesta negligencia a un asegurado que simplemente se limitó a cumplir con aquello que le fue requerido y por lo que pagó aproximadamente seis años hasta su fallecimiento. Refiere, además, que la recurrida, incurrió en una falta administrativa en el sentido que no le fue notificada del Informe de Liquidación, sino solamente del Addendum N° 1 a dicho informe por el cual se le informó preliminarmente del rechazo de cobertura efectuado por los liquidadores independientes.

En cuanto a los antecedentes de derecho expresa que en su calidad de beneficiaria no es acreedora de ninguna obligación particular para efectos de reclamar la cobertura que por el presente recurso se exige, por lo que basta tener por acreditada su posición de beneficiaria y derecho a percibir la indemnización por la sola circunstancia de no constar al momento del fallecimiento del contratante revocación alguna en tal denominación, como tampoco la rescisión o resolución del contrato en que se ampara, por lo que, concluye, es la persona natural que se está viendo directamente afectada por el acto arbitrario de la compañía de seguros consistente en negar infundadamente una indemnización de perjuicios que legítimamente le corresponde percibir por haberse constatado en los hechos una hipótesis de cobertura amparada en el contrato de seguros respecto del cual figura como beneficiaria, hechos y antecedentes que corroboran su legitimación activa.

Refiere, además, que la presente acción constitucional fue interpuesta dentro del plazo señalado en el N°1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, esto es, dentro de los treinta días desde que se ha tomado conocimiento desde que fue notificada de la carta respuesta a la impugnación formulada con fecha 16 de agosto de 2022, lo que ocurrió el día 22 del mismo mes y año.

Además, alega que no existe incumplimiento alguno por parte del asegurado, al tratarse de un consumidor financiero que cumplió con sus deberes requeridos por el oferente, fijando éste el estándar de información que requiere considerar para efectos de valorar o estimar un riesgo como asegurable o no, al efecto cita algunas conceptualizaciones de Riesgo Asegurable, tales como: a) El hecho: i) debe constituir un peligro o amenaza; ii) en términos de ocurrencia, debe ser un riesgo posible; iii) conocido o describible en su contenido o extensión; y iv) no imputable a dolo del asegurado: el cual es un elemento ex post, pero que desde el punto de vista casuístico-profesional del suscriptor, debe ser un elemento analizable ex ante, al efecto alude a los artículos 530, 549 y 551 del Código de Comercio que permiten distinguir entre aquellos riesgos que corresponden naturalmente al Asegurador, aquellos por lo que solo responde en caso de mención expresa y aquellos por los que derechamente no responde.

Señala que en este caso la Compañía de Seguros pretende hacer creer que el contratante asegurado presentó un Riesgo Asegurable que no era tal al momento de contratar, por ser conocido, es decir, por ser preexistente y romper con ello el requisito de la probabilidad. Al respecto cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, precisando que el fundamento de dichos fallos estriba en la definición de enfermedad preexistente.

Concluye que no hay antecedentes de hecho o de derecho que permitan sustentar que el asegurado ocultó información, sino, más bien, una eventual falta de información por el diseño comercial del negocio de la Compañía de Seguros, y malamente se podría imputar ello a falta de diligencia del asegurado, menos aun siendo que los deberes de responsabilidad y diligencia en la delimitación de riesgos en cadenas de contratación por adhesión es de cargo del oferente. En sustento de lo anterior señala que la Declaración Personal de Salud (DPS) habitualmente se acompaña de exámenes, que en este caso se omitieron, porque derechamente no se solicitaron. Por lo anterior, expresa, no hay culpa del asegurado y/o, de haberla, hay una culpa concurrente con la de la compañía de seguros al momento de calificar el riesgo como asegurable. Hace presente que la Póliza en análisis nada indica respecto de obligaciones o deberes especiales del beneficiario, es decir, constatándose la muerte del asegurado, basta meramente efectuar el denuncio respectivo para que el beneficiario quede en posición de acreedor respecto de la indemnización indicada en la póliza.

Agrega que la recurrida incurrió en dos incumplimientos graves: a) no realizó una investigación seria que permitiera a los liquidadores de seguros cumplir con el estándar mínimo de diligencia contenido en el artículo 63 del Decreto con Fuerza de Ley 251, sobre “el deber de investigar las circunstancias del siniestro para determinar si el riesgo asegurado goza de la cobertura contratada en la póliza”. Incumplimiento que se refleja en la deficiente redacción del Addemdum N°1 al Informe del Liquidación que fue notificado a la recurrente, en el cual se refleja que el Liquidador de Seguros se valió de antecedentes internos de la Compañía de Seguros que no fueron transparentados a esta parte y, b) la falta de notificación del Informe de Liquidación, lo que esta recurrente no recibió en tiempo y forma dicho documento, sino que fue notificada del Addemdum N°1 al Informe de Liquidación, lo cual es una transgresión flagrante a los deberes procedimentales que rigen el actuar de los Liquidadores de Seguros conforme al artículo 19 del Decreto Supremo N° 1055. Revistiendo ambas faltas un incumplimiento y negligencia en el seguimiento y control administrativo del procedimiento de liquidación formulado por la compañía de seguros recurrida.

Sobre este capítulo arguye que la recurrida no puede negarse a cubrir el siniestro, ni aplicar algún remedio o sanción del artículo 525 del Código de Comercio, a menos que acredite una posición dolosa del asegurado, lo que en los hechos no ha ocurrido.

Finalmente estima que la recurrida, atendidos los antecedentes de hecho y de derecho ha vulnerado gravemente la garantía consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República del derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Específicamente ante la negativa injustificada a cumplir con el contrato de seguros vigente al momento del siniestro, lo que deviene en negarse en forma ilegal y arbitraria a la posibilidad de acceder a una indemnización o compensación legítimamente acordada entre la Compañía de Seguros y el Asegurado, en favor de la tercera recurrente en estos autos, al no existir diagnóstico médico anterior a la contratación que sea excluyente respecto de las patologías denunciadas como preexistentes por la compañía aseguradora, no existiendo, además, claridad fehaciente respecto de la identidad entre aquel diagnóstico y la causa real de muerte. Refiere que el derecho de propiedad conculcado debe entenderse sobre el patrimonio del beneficiario, quien ha visto imposibilitado el ejercicio de la acreencia establecida en su favor a través del contrato de seguros que se reclama.

Con fecha 14 de octubre 2022, la recurrida, informa el recurso de protección, solicitando que éste se rechace.

Señala como antecedente que efectivamente la recurrente contrató con la compañía recurrida la póliza N° 21302562, la cual incorporaba dentro de sus coberturas la de fallecimiento e invalidez total y parcial y que con fecha 4 de mayo de 2022 se denunció el fallecimiento del asegurado, hecho acaecido el día 30 de abril de 2022, motivo por el cual le fue asignado el número de siniestro N° 3039638, dándose inicio a un procedimiento de liquidación el cual arrojó primeramente que el siniestro carecía de cobertura ya que el fallecimiento se produjo con ocasión de una enfermedad diagnosticada previo a la contratación del siniestro y que no fue declarada. Agrega que, luego de una reevaluación del siniestro que afectó a la recurrente, proceso tras el cual se estimó acoger, de manera excepcional y de manera comercial, la solicitud de cobertura e indemnización solicitada por ella.

Indica que, en razón de lo anterior, con fecha 4 de octubre de 2022, se procedió a emitir un informe de autorización excepcional de pago, mediante el cual se procedió a indemnizar el siniestro. Señala que para efectos de la conversión y pago del monto a indemnizar fue emitido el vale vista por $137.032.900 a nombre de la recurrente, disponible en cualquier sucursal del Banco Santander.

Señala que el recurso de protección, materia de estos autos no cumple con ninguno de los requisitos que lo hacen procedente, de acuerdo al artículo 20 de la Constitución, dado que no ha existido perturbación a las garantías invocadas y no ha existido acto arbitrario o ilegal, por lo que deberá ser rechazado.

Con fecha 20 de diciembre de 2022, se ordenó traer los autos en relación.

Con fecha 22 de diciembre de 2022, se procedió a la vista de la causa, quedando ésta en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

SEGUNDO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

TERCERO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

CUARTO: Que, de los antecedentes que obran en autos y lo informado por la recurrida, BNP PARIBAS CARDIF SEGUROS DE VIDA S. A. apreciados conforme a la sana crítica, se tiene que son hechos de la causa los siguientes:

1.- El 26 de enero de 2016 el asegurado, nombre reservado, suscribió con BNP PARIBAS CARDIF SEGUROS DE VIDA S. A. un seguro de vida, intermediado por Falabella Corredores de Seguros Ltda., nominando como única beneficiaria contractual a su cónyuge, nombre reservado.

2.- Que, la cobertura de dicho contrato de seguro, según la póliza contemplaba una indemnización en caso de fallecimiento de causante por cualquier causa equivalente a 4.00 Unidades de Fomento según el plan contratado y una indemnización opcional de invalidez total y permanente por accidente, indemnizaciones que debían ser pagadas íntegramente a la única beneficiaria señora nombre reservado.

3.- Que, el fallecimiento del asegurado, nombre reservado acaeció el 30 de abril de 2022, por lo que denuncio del siniestro la recurrente y beneficiaria, señora nombre reservado, lo ingresó con fecha 4 de mayo de 2022, lo cual motivó que la recurrida, con esa misma data notificara a los Liquidadores de Seguros en Red Carvallo Limitada, SEGURED Ltda. a fin de iniciar el procedimiento de liquidación del siniestro materia del denuncio.

4.- Que, la liquidación y análisis del denuncio fue primeramente rechazado conforme al Addendum N°1 al concluir que el fallecimiento del asegurado obedeció a una preexistencia no declarada por el asegurado en su Declaración Personal de Salud (DPS).

5.- Que, la beneficiaria, haciendo uso de su derecho de impugnación presentó con fecha 16 y 17 de agosto de 2022 la que fue respondida por la compañía el 22 de agosto de 2022, ratificando el rechazo del pago del seguro por cuanto estimó, a través de su Contraloría Médica, que el fallecimiento del asegurado correspondió a un “Shock distributivo refractario, peritonitis secundaria, daño hepático crónico”, por lo que según la entidad recurrida, dado que la póliza fue contratada el 29 de enero de 2016, no corresponde la aprobación del siniestro.

6.- Que, la recurrida en su informe reconoce la existencia del contrato de seguros suscrito por el asegurado nombre reservado y la recepción del denuncio del siniestro ingresado el día 4 de mayo de 2022. Además, admite que la primera liquidación del siniestro fue rechazada con ocasión de una preexistencia no declarada por el asegurado al momento de suscribir el contrato de seguro de vida pero que previa una reevaluación del siniestro que afectó a la recurrente se estimó acoger de manera excepcional y de manera comercial la solicitud de cobertura e indemnización solicitada emitiendo con fecha 4 de octubre de 2022 un vale vista por la suma de $137.032.900 disponible a nombre de la recurrente en cualquier sucursal del Baco Santander.

QUINTO: Que, resulta pertinente precisar que la recurrente ha hecho consistir el acto u omisión arbitrario o ilegal, en la circunstancia que BN.P PARIBAS CARDIF SEGUROS DE VIDA S.A: no ha cumplido el pago de la indemnización pactada por su cónyuge fallecido nombre reservado, en cuanto al pago de los montos acordados por el siniestro de muerte por cualquier causa, por estimar que se vulneran los derechos garantizados en la Constitución Política de la República, pidiendo concretamente que la recurrida pague el monto total de la indemnización pactada una vez ocurrido el siniestro de muerte, circunstancia que fue oportunamente denunciada a la recurrida.

SEXTO: Que, el presente recurso de protección ha perdido oportunidad, desde que el objetivo del mismo plasmado en lo petitorio del libelo pretensor, esto es, que la recurrida pague el monto total contemplado en la póliza de seguros, equivalentes a 4.000 Unidades de Fomento, se encuentra satisfecho, dado que es un hecho inconcuso de la causa que, con fecha 4 de octubre de 2022 la recurrida, dispuso emitir un vale vista por la suma de $137.032.900 a favor de la recurrente, de lo se colige que no existe saldo pendiente de pago, razón por la cual, resulta inoficioso que esta Corte dictamine sobre la indemnización solicitada, desde que ya ha sido resuelto de esa forma por la recurrida.

SÉPTIMO: Que, lo anterior se reafirma con lo expuesto en estrados por ambos letrados en la audiencia de vista de la causa.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20, de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, cuyo texto refundido se encuentra en el Acta Número 94, del año 2015, se resuelve:

Que, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de BNP PARIBAS CARDIF SEGUROS DE VIDA S.A, sin costas, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro Titular Natalia Marcela Rencoret Oliva, quien no firma por encontrarse haciendo uso de permiso administrativo.

Rol N° 1267-2022.-