nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

En Coyhaique, a veintiuno de julio del año dos mil veinticinco.

VISTOS:

En lo principal de presentación de fecha 29 de mayo de 2025, comparece don Francisco Javier Carrasco Araya, en representación de don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, quien deduce recurso de protección en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, o en su casa matriz, ubicada en General Calderón Nº121, comuna de Providencia, Región Metropolitana, debido al acto ilegal y arbitrario perpetrado al descontar y retener parte de la remuneración percibida por el recurrente, sin causa legal, privándolo injustificadamente del legitimo ejercicio de las garantías establecidas en el Articulo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva: ‘’restablecer el imperio del Derecho, ordenando que la recurrida cese en su solicitud de descuentos a mi empleador, y que restituya los descuentos ya señalados, por ser arbitraria e ilegal su actitud, con costas del recurso’’ (sic).

Con fecha 16 de junio de 2025, la abogada doña Inés Riquelme Arao, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, incorporó el informe requerido.

Con fecha 2 de julio de 2025, el abogado don Julio César Villalobos Villarroel, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, incorporó el informe requerido.

El 14 de julio del año 2025, se ordenó traer los autos en relación y el día 17 del mismo mes y año, se procedió a la vista de la causa, sin la comparecencia de los apoderados de las partes, quedando la misma en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente funda su recurso señalando que, desde abril de 2025, se le ha descontado de sus remuneraciones pagos por un supuesto crédito que no ha solicitado a la recurrida. Señala que su último crédito fue solicitado en 2014 a la Caja de Compensación La Araucana y que dicho crédito estaría prescrito para su cobro.

Expone que, al consultar sobre los descuentos en la Caja de Compensación Los Andes, se le informó que estos correspondían al proyecto “intercajas” de Compensación de Asignación Familiar.

Luego, cita el artículo 22 de la Ley N°18.833, que dispone que el empleador se encuentra obligado a deducir de las remuneraciones de los trabajadores afiliados a una Caja de Compensación de Asignación Familiar, las cantidades que éstos hayan percibido por concepto de créditos sociales con el fin de remitirlas a la Caja respectiva, deducciones que deberán regirse por las normas aplicables a los descuentos de las cotizaciones previsionales.

Arguye que, la conducta de la recurrida es arbitraria e ilegal, toda vez que no existe norma que autorice el cobro de un crédito a una persona con la que no existe vínculo jurídico vigente, ni obligación de deuda ni mora, mucho menos si no se han ejercido acciones judiciales tendientes al pago. De este modo, se estaría privando al recurrente de su remuneración, sin causa legal.

En cuanto a sus garantías conculcadas, refiere el Derecho de Propiedad, consagrado en el artículo 19 numeral 24 de nuestra Carta Fundamental, toda vez que se trata de sus remuneraciones, que constituyen una necesidad básica de carácter alimentario, por lo que debe ser protegido, siendo de carácter excepcional su entrega a un tercero ajeno, máxime si no existe norma legal que lo permita y respecto de la cual no se han ejercido las acciones judiciales pertinentes, vulnerándose así el referido numeral.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida solicita el rechazo del arbitrio. Expone que, a contar del mes de abril 2025, se dio inicio al cobro de retenciones de crédito denominado “Descuento Intercajas’’, proceso a través del cual la Caja de Compensación La Araucana solicitó a la recurrida gestionar los descuentos correspondientes a favor del recurrente.

Indica que, en ese contexto, el 10 de mayo de 2025, se recibió la suma de $190.610, valor que fue transferido a la Caja de compensación La Araucana en la última semana del mes. Añade que no dispone de mayor información, pues se trata de información de carácter privado entre la entidad y el recurrente.

Aclara que, la Caja Los Andes ha procedido como mandataria de la Caja de Compensación La Araucana, para efectuar el cobro y recibir el pago, conforme al convenio celebrado el 15 de abril de 2013 entre las Cajas de Compensación, bajo el nombre “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”, cuyo objetivo es permitir que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información necesaria para ubicar a los deudores morosos que han perdido la calidad de afiliados en la Caja, permitiéndole acordar con la Caja a la que se ha incorporado el deudor la recaudación de las cuotas adeudadas. Cada Caja de Compensación, conforme a los requisitos de este proyecto, está obligada a proporcionar la información requerida por el operador SINACOFI, quien actúa como mandataria delegada de C.C.A.F. de Chile A.G. La información necesaria se basa en los archivos y procesos internos de cada Caja y debe ser transmitida mensualmente a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), conforme a las Circulares Nº 2714, 2743 y 2839 de dicha entidad.

De acuerdo con este marco normativo, la Caja Los Andes, a requerimiento de la Caja de Compensación La Araucana, ha informado al empleador del recurrente sobre la existencia de la deuda y ha solicitado el descuento correspondiente en la remuneración del recurrente, conforme al artículo 22 de la Ley N°18.833.

Por último, la recurrida sostiene que el pago de la cuota de crédito social descontada a la remuneración del recurrente extingue parcialmente la deuda con la Caja acreedora, conforme al artículo 22, inciso 2° de la Ley N°18.833. Este pago, realizado a través de la diputada para el cobro, constituye una representación del acreedor, quien recibe el pago según lo dispuesto por los artículos 1576 y 1448 del Código Civil.

TERCERO: Que, comparece don Julio César Villalobos Villarroel, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, quien, evacuando el informe requerido, arguye que si bien el recurrente argumenta que nunca ha tenido un crédito con la Caja Los Andes, reconoce haber solicitado un préstamo en 2014 en la Caja La Araucana. Alega, sin embargo, que dicho crédito se encuentra prescrito, considerando los descuentos como ilegales y arbitrarios, lo que vulneraría su derecho de propiedad.

Detalla que, según los registros en sus sistemas, el recurrente mantiene dos créditos morosos: 1) N°110-000106347, contraído el 4 de julio de 2014, por la suma de $874.914, pagadero en 24 cuotas de $50.439; 2) N°110-000127467, contraído el 3 de diciembre de 2014 por la suma de $2.356.724, pagadero en 24 cuotas de $140.171.

En efecto, en base a la existencia de estas deudas, la Caja Los Andes notificó al empleador del recurrente, QUOCHILE S.A., sobre la existencia de las mismas y solicitó el descuento correspondiente, habiéndose realizado hasta la fecha cuatro remesas de pago.

Alega que no se han vulnerado los derechos constitucionales del recurrente, pues todas las acciones de la entidad han sido conforme a derecho, respetando la garantía constitucional del derecho de propiedad. Explica que no ha habido un traspaso ilegal de la remuneración del recurrente, ya que el cobro de la deuda se basa en una normativa que busca garantizar el pago de los créditos sociales, cuya naturaleza es de seguridad social, y que la modalidad de descuento se aplica para facilitar la recuperación de los fondos prestados.

Finalmente, solicita el rechazo de la presente acción incoada en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por cuanto los cobros realizados no son arbitrarios o injustificados, en atención a que las obligaciones existen y se mantienen vigentes al no existir una sentencia que declare que los mismos se encuentran extintos.

CUARTO: Que, en esta materia se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º, 12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

QUINTO: Que, en refuerzo del precepto constitucional traído a colación, se tiene en consideración que la Excma. Corte Suprema, en criterio compartido por este Tribunal, ha sostenido que el recurso de protección establecido en el artículo 20 antes transcrito constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo susceptibles de tomar ante un acto arbitrario o ilegal, que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEXTO: Que, en tales términos y como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo se afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión a adoptar por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

Igualmente, debe esclarecerse que este remedio institucional sólo tiene por objeto proteger derechos indubitados y que no constituyan una esperanza o mera expectativa de erigirse en un derecho, pues no es un juicio declarativo de los mismos.

SÉPTIMO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en haberse descontado de sus remuneraciones pagos por un supuesto crédito que no ha solicitado a la recurrida Caja Los Andes, originado por concepto de créditos sociales otorgados el año 2014 por la Caja de Compensación La Araucana, cuyas acciones de cobro se encontrarían prescritas, conculcando su derecho a la propiedad, contenido en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

OCTAVO: Que, en efecto, como quedó establecido, de acuerdo a lo expuesto por las partes en sus presentaciones principales, esto es, el recurso y los informes respectivos, se ha procedido por la recurrida Caja Los Andes como mandataria de la Caja de Compensación la Araucana, al cobro y recaudación de obligaciones en dinero a partir del descuento por planilla del sueldo del recurrente, en base a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Que, respecto a la norma recién citada cabe precisar, que se refiere sólo a las deudas actualmente exigibles, ya que su objeto es facilitar y garantizar a las cajas acreedoras el cobro de sus acreencias, lo que no puede implicar la imprescriptibilidad de tales obligaciones y, como lo plantea el recurrente en su alegación de prescripción de las acciones de cobro de las sumas descontadas de su remuneración, deben primar las disposiciones contenidas en los artículos 2514 y siguientes del Código Civil, sobre la prescripción como medio de extinguir las obligaciones.

NOVENO: Que, cabe hacer presente, que el artículo 54, y siguientes del Código del Trabajo, consagran el principio de la protección de las remuneraciones y la certeza de las mismas que tiene como objetivo garantizar la certidumbre al trabajador en cuanto a la remuneración que le corresponde recibir por la prestación de sus servicios; por su parte, el artículo 58 del cuerpo legal citado, obliga al empleador a deducir de las remuneraciones los impuestos que la graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos, naturaleza que no tienen los créditos que puedan solicitar los afiliados, más aún en aquellos casos en que una deuda haya sido contraída con mucha antigüedad, en que eventualmente podría discutirse una posible prescripción y tampoco consta que se haya incoado algún procedimiento o juicio contra los deudores en sede judicial para el cobro de la deuda; por lo que debe estimarse como arbitraria la decisión de la institución que se dice acreedora, en orden a requerir directamente a la empleadora el descuento de las cuotas adeudadas mediante la vía de efectuar éste en la remuneración mensual que se paga al trabajador, como ocurrió en la especie y sin que se hayan dilucidado previamente la circunstancia de efectivamente adeudarse éstas y otras eventuales excepciones o defensas que puedan hacerse valer.

DÉCIMO: Que, así las cosas, el actuar de la recurrida significó una alteración del statu-quo existente, mediando actos unilaterales, que implican la autotutela y vías de hecho como una forma de hacer efectivas sus pretensiones, lo que se encuentra vedado en nuestro estado de derecho.

En consecuencia, habiéndose constatado una serie de actos arbitrarios de la recurrida, ha de concluirse, necesariamente, que tales actos vulneran y amenazan el derecho de propiedad del recurrente sobre su remuneración, privándole de beneficios económicos, derecho que se encuentra amparado y protegido por el número 24, de la Constitución Política de la República, de lo que se colige que el recurrente debe ser amparado y su recurso acogido en la forma que se declarará.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas, y visto, además, lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RESUELVE:

Que, SE ACOGE, sin costas, la acción de protección promovida por el abogado don Francisco Javier Carrasco Araya, en representación de don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y, en consecuencia, se ordena el cese inmediato del descuento de remuneraciones del recurrente por concepto de los créditos sociales otorgados con fecha 4 de julio del 2014 y 3 de diciembre de 2014, por la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, ordenándose, además, se restituyan o devuelvan al recurrente todas las sumas mensuales que se descontaron de su remuneración a partir del mes de abril del año en curso y hasta la última de ellas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Sra. Ministro Titular, doña Natalia Marcela Rencoret Oliva.

No firma el Ministro Titular don Pedro Alejandro Castro Espinoza, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse haciendo uso de permiso administrativo.

Rol Corte N°: 125-2025 (Protección).-