Protección contra INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Coyhaique, a diecisiete de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°123-2025, con fecha 26 de mayo de 2025, don JOAQUÍN BIZAMA TIZNADO, abogado, Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en favor de don nombre reservado, domiciliado en la ciudad de Coyhaique, deduce recurso de protección en contra del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (en adelante I.P.S.), representado por su Director Nacional don JUAN JOSÉ CARCAMO HEMMELMANN, por la dictación de la Resolución Exenta N° 198, de 29 de abril de 2025, que rechaza otorgarle el beneficio de Pensión Garantizada Universal (PGU), lo que vulnera sus derechos establecidos en el artículo 19 N° 1, 2 y 24 y el artículo 20, todos de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva:

“1.- Que se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución de rechazo de beneficio exenta N° 198 de 29 de abril de 2025 dictada por el IPS, que rechaza otorgar beneficio de Pensión Garantizada Universal (PGU) a don nombre reservado.

2.- Se declaren vulnerados los derechos a la integridad física y psíquica, a la igualdad ante la ley, y de propiedad, consagrados en el artículo 19 N° 1, 2, y 24 respectivamente, de la Constitución Política de la República.

3.- Que se ordene al Instituto de Previsión Social acoger la solicitud de beneficio de Pensión Garantizada Universal de don nombre reservado, teniendo por acreditado para ello el requisito de residencia exigido por el artículo 10 letra c) de la ley 21.419 que crea la Pensión Garantizada Universal.

4.- Se impartan instrucciones al recurrido, a fin de que tanto sus protocolos de actuación, como sus actuaciones se adecuen a lo establecido en las leyes, en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales de derechos humanos” (sic).

Con fecha 18 de junio de 2025, don VICTOR JOEL ESPINOSA AGURTO, abogado, en representación del Instituto de Previsión Social, incorporó el informe requerido, solicitando el rechazo de la acción constitucional.

Con fecha 11 de julio de 2025, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 14 del mismo mes y año, con la comparecencia del abogado don Javier Albornoz Hernández, por el recurso; mientras en contra del mismo, del letrado don nombre reservado, tras lo cual el proceso quedó en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente alega que se le rechazó su solicitud de otorgamiento de la Pensión Garantizada Universal por parte del I.P.S., debido a que no cumplía con el requisito de 4 años de residencia en Chile, dentro de los últimos 5 años, tal como se desprende en Resolución de rechazo de beneficio Exenta N° 43, de 29 de agosto de 2024, que indica como causal de rechazo “COD. 8”, que hace referencia a lo anterior.

Si bien la resolución señalada no contiene mayor fundamentación de la causal, expresa que ésta se podría sustentar en el Certificado de Viajes expedido por el Departamento de Extranjería de la P.D.I., que informa como último movimiento migratorio suyo la salida del país el 17 de diciembre 2005, vía paso Huemules en la región de Aysén hacia Argentina, sin que se registre un retorno a Chile de forma posterior.

Sostiene que dicha situación no es efectiva, ya que ha vivido toda su vida en Chile, y que el error podría tener su origen en un viaje que hizo con su señora en el año 2005 desde Coyhaique hasta Puerto Montt vía Argentina, saliendo de Chile desde Coyhaique y volviendo a ingresar al país por el paso Cardenal Samoré, en la región de Los Lagos, tiempo en el que era auxiliar del bus en cuestión; que por el tiempo transcurrido no guarda registros ni comprobantes, agregando que, además, el paso fronterizo Cardenal Samoré resultó destruido en un incendio el año 2012. Por otro lado, menciona que el referido certificado de viajes resulta confuso, ya que hay inconsistencias en las salidas e ingresos.

Por lo anterior es que hizo un requerimiento de información al Servicio Electoral. a fin de informar respecto de su participación en votaciones, acreditándose que ha participado en votaciones desde el 2016 en adelante, registrando actividad los años 2016, 2017, 2020, 2021, 2022 y 2023, sufragando siempre en la ciudad de Coyhaique; que tales antecedentes fueron puestos en conocimiento del I.P.S., sin embargo, con fecha 29 de abril de 2025 la referida mantuvo su decisión, mediante Resolución de rechazo de beneficio Exenta N° 198, de 29 de abril de 2025, por la misma causal de falta de cumplimiento del requisito de 4 años de residencia en Chile dentro de los últimos 5 años (Código 8).

Además de lo anterior, refiere otros documentos que acreditarían su residencia en Chile, tales como: i. Renovación de cédula de identidad el 25 de enero de 2007; ii. Certificado de vacunación de fecha 5 de mayo de 2025, emitido por consultorio nombre reservado Domingo Silva, que registra vacunaciones, en los años 2020, 2021, 2022 y 2025; iii. Ficha clínica en Hospital Regional de Coyhaique, con registro de atenciones en septiembre de 2013, junio, julio, agosto y octubre de 2016, y marzo de 2021; iv. Liquidación de pago de pensión por AFP PlanVital de agosto de 2020, julio de 2020 y diciembre de 2023; v. Declaración jurada de don nombre reservado, de 19 de febrero de 2025, en la que declara que el recurrente “… trabaja conmigo realizando trabajos esporádicos, desde el año 200 (sic) a la fecha.”; vi. Copia de pasaje para barcaza desde Castro hacia Chaitén, de fecha 28 de febrero de 2023; vii. Copia de pasaje aéreo desde Puerto Montt a Balmaceda de fecha 28 de septiembre de 2024, compañía Latam.

Señala que el derecho a la pensión se reconoce como parte integrante del derecho a la seguridad social, consagrado en el Artículo 9 del Protocolo de San Salvador, lo que es reforzado por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores del año 2015. Por otro lado, que la Carta Fundamental, en su artículo 18 (sic) consagra el derecho a la seguridad social, el que ha venido a ser concretado mediante la Ley N° 21.419, que crea el beneficio de Pensión Garantizada Universal, correspondiendo al Instituto de Previsión Social concederla, extinguirla, suspenderla o modificarla, cuando corresponda, de conformidad a los requisitos contenidos en su artículo 10, complementándose con el artículo 14 del Decreto N° 52, que aprueba el Reglamento del beneficio de Pensión Garantizada Universal, a propósito de la acreditación de la residencia en Chile.

En cuanto a las garantías conculcadas, refiere la igualdad ante la ley y no discriminación, puesto que se le privó arbitrariamente de la garantía fundamental del derecho a la seguridad social, en tanto el I.P.S. no realizó un análisis acabado de los antecedentes para acreditar que reside en Chile, configurando un trato diferenciado respecto al afectado, con distingo en relación a otras personas en una misma situación a quienes sí se ha otorgado el beneficio; el derecho a la integridad física y psíquica, en tanto debido a la negativa de la recurrida ve afectada su calidad de vida y la posibilidad de satisfacer de forma adecuada sus necesidades básicas; el derecho de propiedad, por cuanto la negativa injustificada de la recurrida lo priva de percibir mensualmente el monto de la Pensión Garantizada Universal, además del derecho de pensionarse bajo el sistema de pensiones solidarias.

SEGUNDO: Que, don VICTOR JOEL ESPINOSA AGURTO, abogado, en representación de la recurrida, informando el recurso de protección solicita su rechazo.

Luego de referirse a los antecedentes del recurso, señala que la presente acción constitucional no es el medio idóneo para la solución del conflicto de autos, desde que se solicita el otorgamiento de una Pensión Garantizada Universal sin cumplir los requisitos para ésta, en específico, la exigencia de “Un período no inferior a 20 años continuos o discontinuos, desde que cumpliste 20 años de edad, y asimismo, no cumple con el requisito de residencia de 4 años los últimos 5 años” (sic), pretendiendo una declaración de derechos en su favor.

Hace presente que el recurrente ha presentado 3 solicitudes de Pensión Garantizada Universal en los últimos dos años, las que han sido rechazadas por el mismo motivo, precisando que el requisito de la residencia fue verificado internamente con la Policía de Investigaciones de Chile y que posteriormente el actor presentó certificado de viajes N° 71, emitido por P.D.I. Coyhaique de fecha 16.09.2024, el que da cuenta como último movimiento migratorio una salida el 17-12-2005, misma información reportada de forma interna, por lo que no es posible acreditar el cumplimiento del requisito de residencia.

Expresa que su decisión se ha realizado conforme al compendio de Normas del Sistema de Pensiones Solidarias de la Superintendencia de Pensiones, por lo que su rechazo se encuentra ajustado a derecho.

Por otro lado, afirma que el conflicto dice relación con el derecho de seguridad social contenido en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política, el que debe ventilarse en un juicio declarativo, ya que dicha garantía no está protegida por la acción de protección.

Así las cosas, señala que la recurrida ha actuado en todo momento ajustada a derecho, por lo cual no existe ningún acto ilegal o arbitrario imputable a su representada, pues dichos actos se encuentran ajustados al principio de legalidad, y enmarcados dentro de las competencias, que le han sido otorgadas por las Leyes N°20.255 y N°21.419.

En consecuencia, descarta la vulneración a alguno de los derechos fundamentales.

TERCERO: Que, en esta materia, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º, 12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, en criterio que este Tribunal comparte, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo, ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo se afecte una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión a adoptar por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

Igualmente, este remedio constitucional sólo tiene por objeto proteger derechos indubitados y que no constituyan una esperanza o mera expectativa de constituir un derecho, pues no se trata de un juicio declarativo de derechos.

SEXTO: Que, cabe indicar que la materia en estudio se encuentra regulada en la Ley N°20.255, la cual “Establece Reforma Previsional” contemplando una Pensión Básica Solidaria, y cuyos Títulos II y VIII, Párrafo Segundo, regulan la Nueva Institucionalidad Pública para el Sistema de Previsión Social. De igual modo, rige en este rubro la Ley N°21.419, que “Crea la Pensión Garantizada Universal y modifica los cuerpos legales que indica”, cuyo artículo 10 establece los requisitos para optar a este beneficio, entre los que se encuentra en la letra c): “Acreditar residencia en el territorio de la República de Chile por el lapso no inferior a veinte años continuos o discontinuos, contados desde que el peticionario haya cumplido veinte años de edad; y, en todo caso, por el lapso no inferior a cuatro años de residencia en los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acogerse al beneficio de esta ley.”

Luego, el artículo 14 puntualiza: “Con el objeto de acreditar el cumplimiento del requisito de residencia a que se refiere la letra c) del artículo 10 de la ley N° 21.419, el Instituto de Previsión Social requerirá a la Policía de Investigaciones de Chile la información que ésta registre de los eventuales beneficiarios, sobre entradas y salidas del territorio de la República de Chile. Sin perjuicio de lo anterior, los solicitantes del beneficio de Pensión Garantizada Universal podrán acreditar el cumplimiento de dicho requisito mediante otros medios de prueba.

Se entenderá además cumplido el requisito de la letra c) del artículo 10 de la ley N° 21.419, respecto de las personas que registren veinte años o más de cotizaciones en uno o más de los sistemas de pensiones en Chile. Para tal efecto, el Instituto de Previsión Social requerirá los datos pertinentes a los organismos correspondientes, de manera alternativa a la recabada conforme a lo dispuesto en el inciso precedente”.

SÉPTIMO: Que, según lo expuesto por la recurrente y por la recurrida, son hechos inconcusos de esta causa, que no se ha otorgado al recurrente la pensión garantizada universal o P.G.U. y que el rechazo de la solicitud de tal beneficio se funda en lo informado por la Policía de Investigaciones de Chile, tanto de manera interna como en el Certificado de Viajes N°71, de fecha 16 de septiembre de 2024, en que figura que el recurrente, con fecha 19 de abril de 2005, ingresa al país sin registrar salida previa de Chile y que, con fecha 17 de diciembre de 2005, registra sólo salida desde Chile a Argentina, mas no ingresos posteriores al país.

OCTAVO: Que, así las cosas, corresponde a esta Corte dilucidar si el rechazo del beneficio solicitado por el recurrente, asentado en no cumplir con el requisito de residencia exigido por el artículo 10 letra c), de la Ley N°21.419, se encuentra debidamente fundado y ajustado a los hechos y al derecho o, si por el contrario, como sostiene quien pretende, cumple con dicho requisito conforme a los antecedentes complementarios acompañados al I.P.S. y en este recurso.

NOVENO: Que, para la acertada resolución del presente arbitrio, forzoso resulta aplicar lo previsto en el artículo 14 de la Ley N° 21.419, en tanto se han aparejado otros medios de prueba tendientes a acreditar la residencia del recurrente, además de las posibles cotizaciones que pueda mantener el actor en un sistema de pensiones en Chile, pudiendo ser complementada la correspondiente información.

DÉCIMO: Que, por otro lado, de los antecedentes allegados al proceso, resultan evidentes las inconsistencias que obran en el Certificado de Viajes N° 71, de fecha 16 de septiembre de 2024 del Departamento de Migraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, el que se corresponde con la información interna obtenida por la recurrida según refiere, por cuanto contiene registros de entradas del recurrente, sin un registro de salida correlativa, y también a la inversa, esto es, un registro de salida sin el de entrada respectivo, situación que se asimila a otra ya resuelta en arbitrio distinto, que ha sido catalogada por la Excma. Corte Suprema, como una decisión “… irracional al no advertir las evidentes omisiones que obran en el referido certificado y que lo privan del carácter decisivo que se le ha otorgado, sin que dicha entidad haya recurrido al análisis del cumplimiento del requisitos para el otorgamiento del beneficio impetrado, por otros medios disponibles de manera previa a la dictación del acto recurrido, tales como los enunciados en el considerando tercero, a fin de dotar su decisión de la motivación suficiente en cumplimiento del mandato contenido en los artículos 11 y 41 del Estatuto Administrativo, proceder que, por lo demás, se hace enteramente exigible por mandato del artículo 8° de la Constitución Política de la República” (Excma. Corte Suprema, sentencia de 23 de septiembre de 2023, recurso de protección rol N°138.832-2022).

UNDÉCIMO: Que, en efecto, el recurrente ha acompañado diversa documentación que da cuenta de su estadía, al menos en Chile y particularmente en Coyhaique, en data posterior a la fecha de la última salida registrada en diciembre del año 2005, como lo son: la renovación de su cédula de identidad, certificado de vacunación, Ficha Clínica del Hospital de Coyhaique, liquidación de pago de la AFP PlanVital, una declaración jurada de su empleador, copia de pasajes en barcaza y en avión, sin que conste por la recurrida la realización de un análisis pormenorizado de tales antecedentes o el requerimiento oficioso de aclaraciones tendientes a superar tales dudas.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, estos sentenciadores estiman que el actuar de la recurrida se ha tornado al menos en arbitrario, al haber adolecido de razonabilidad y proporcionalidad el reiterado rechazo sin más del beneficio solicitado por el adulto mayor que ahora acciona por esta vía, ya que ha podido desplegarse una actitud proactiva y de coordinación más intensa con otros órganos del Estado, tendiente al esclarecimiento de las distintas aristas del caso examinado, cuya inactividad ha provocado una discriminación en la situación del peticionario carente de adecuado sustento y que conculca la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En virtud de lo anterior y congruente con lo que se resolverá, en aras de no subrogar a la autoridad administrativa en su rol decisorio en esta índole de materias, incumbiéndole realizar un nuevo análisis de los antecedentes que se logren acopiar en complemento, para, en definitiva, emitir un pronunciamiento fundado que recaiga en el beneficio de Pensión Garantizada Universal que le ha sido solicitado, aparece inoficioso pronunciarse sobre la eventual afectación de las garantías contenidas en los numerales 1 y 24 del aludido texto político.

Por estas consideraciones, mérito de autos y lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don JOAQUÍN BIZAMA TIZNADO, abogado, Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en favor de don nombre reservado, en contra del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (I.P.S.), sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución de Rechazo de Beneficios Exenta N° 198, de fecha 29 de abril de 2025, emitida por el Instituto de Previsión Social, a fin que el instituto recurrido realice un nuevo análisis de la postulación del actor al beneficio objeto de la presente acción, considerando -para la revisión de concurrencia del requisito que se ha esgrimido como incumplido en la resolución impugnada-, la evaluación de éste conforme a los antecedentes allegados al proceso, incluidos aquellos complementarios o aclaratorios, que se generen de oficio en coordinación con los restantes órganos del Estado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Señor Ministro Titular, don Luis Moisés Aedo Mora.

Rol Corte Nº 123-2025 (Protección).