nombre reservado con HOSPITAL REGIONAL DE COYHAIQUE

En Coyhaique, a veintisiete de Septiembre del año dos mil diecisiete.

VISTOS:

De fojas 15 a 22 vuelta, comparece don nombre reservado, chileno, Médico Dermatólogo, domiciliado en domicilio reservado, quién en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 20, de la Constitución Política de la República y encontrándose dentro de plazo legal, deduce Acción Constitucional de Protección, en contra del Hospital Regional de Coyhaique, representado por su Director (s), don nombre reservado, ignora profesión y R.U.T. o quien lo subrogue o represente legalmente o haga las veces de tal, ambos domiciliados para estos efectos, en domicilio reservado, por haber incurrido en una actuación arbitraria e ilegal al disponer la rebaja de su jornada laboral y como consecuencia de ello, la disminución de sus remuneraciones, hecho que se habría materializado al recibir su liquidación correspondiente al mes de Junio del presente año, recurriendo en contra de la Resolución Afecta número 911, de fecha 7 de Junio del año 2017, enviada a su correo electrónico, con fecha 27 de Junio del presente, la que no expresaría motivos ni razones para adoptar tal medida, hecho que afecta sus garantías constitucionales contempladas en el artículo 19, números 2 y 24, de la Constitución Política de la República.

Al efecto, solicitó, el recurrente, a esta Iltma. Corte, se acoja el presente recurso de protección, declarándose: 1) Que, se acoge el recurso deducido y en consecuencia se deje sin efecto la actuación impugnada y Resolución Afecta N° 911, de fecha 7 de Junio del año 2017, por ser arbitrarias e ilegales y haber conculcado los derechos consagrados en los numerales 2 y 24, del artículo 19, de la Constitución Política de República; 2) Que, la recurrida deberá arbitrar las medidas conducentes a solucionar el pago íntegro de todas las remuneraciones devengadas en el tiempo y hasta el restablecimiento del imperio del derecho; y, 3) Con costas del recurso, por carecer el acto administrativo impugnado de causa, y fundamentación.

A fojas 23, se ordenó dar cuenta respecto de la admisibilidad del recurso de protección.

A fojas 24, se declaró admisible el recurso interpuesto, se pidió informe a la recurrida, se tuvieron por acompañados los documentos del recurso y se negó lugar a la orden de no innovar solicitada por el recurrente, esto último confirmado por resolución de fojas 68, que resolvió recurso de reposición presentado por el recurrente.

De fojas 32 a 37, don nombre reservado, Director del Hospital de Coyhaique, comparece informando el recurso, solicitando su rechazo, con expresa condenación en costas.

A fojas 71, se ordenó traer los autos en relación.

A la vista de la causa, por el recurso, se presentó y alegó, el abogado don Eugenio Canales Canales, quien reiteró los fundamentos y peticiones de su libelo; por la recurrida, alegó por el rechazo del recurso, el abogado don Rodrigo Solís Solís.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de fojas 15 a 22 vuelta, como ya se dijo, comparece don nombre reservado, quién deduce acción constitucional de protección en contra del Hospital Regional de Coyhaique, representado por su Director (s), don nombre reservado, o quien lo subrogue o represente legalmente, o haga las veces de tal, por haber incurrido en una actuación arbitraria e ilegal, al disponer la rebaja de su jornada laboral y como consecuencia de ello, la disminución de sus remuneraciones, hecho que se habría materializado al recibir su liquidación correspondiente al mes de junio del presente año e igualmente, recurre, contra la Resolución Afecta N° 911 de fecha 07 de junio de 2017, enviada a su correo electrónico con fecha 27 de junio del presente, la cual no expresaría motivos ni razones para adoptar tal medida, hecho que afecta sus garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 2 y 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Como fundamento de su recurso y como antecedentes de hecho del mismo, sostuvo, el recurrente, que ingresó al Hospital Regional de Coyhaique en el año 2009, como médico dermatólogo, a contrata y con 44 horas de jornada laboral, prorrogándose el referido contrato, en los mismos términos, hasta el 31 de diciembre de 2017, según Resolución Exenta 8759, de fecha 30 de noviembre de 2016. Y, agrega, que así las cosas, con fecha 23 de junio del presente año, al solicitar su liquidación de remuneraciones del mes de junio, tomó conocimiento de una reducción en sus remuneraciones y jornada laboral, actuación que no le fue notificada formalmente con anterioridad a hacerse efectiva la rebaja horaria y de sus remuneraciones.

Agrega, que con fecha 27 de junio del presente año, nombre reservado, Jefe de la Oficina de Personal, Subdirección Gestión de las Personas del Hospital de Coyhaique, remitió a su correo electrónico un archivo que contenía la Resolución Afecta N° 911 fechada el 07 de junio de 2017, que en lo pertinente refiere: "REBAJA DE JORNADA LABORAL DE 44 HORAS A 22 HORAS, NOTIFICADO POR EL DIRECTOR REGIONAL DE COYHAIQUE EL 11/05/2017".

A este respecto, sostiene, que la resolución a que hace referencia, aún no le ha sido notificada formalmente, como en derecho corresponde, y le llama profundamente la atención que refiera que el contenido de aquella haya sido notificada por el Director del Hospital el 11 de mayo de 2017, en circunstancias que la Resolución se encuentra fechada el día 07 de junio de 2017, es decir la supuesta notificación habría ocurrido semanas antes de la Resolución Afecta N° 911.

Señaló, que a este respecto, le cabe hacer presente que el artículo 3° de la Ley 19.880 refiere "Concepto de Acto administrativo. Las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos. Para efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública.". Asimismo, sostiene, que el mismo cuerpo legal, en lo pertinente, refiere en el artículo 45: "Procedencia. Los actos administrativos de efectos individuales, deberán ser notificados a los interesados conteniendo su texto íntegro" y el artículo 46: "Las notificaciones se harán por escrito, mediante carta certificada dirigida al domicilio que el interesado hubiere designado en su primera presentación o con posterioridad"…."Asimismo, las notificaciones podrán hacerse en la oficina o servicio de la Administración, si el interesado se apersonare a recibirla, firmando en el expediente la debida recepción. Si el interesado requiriere copia del acto o resolución que se le notifica, se le dará sin más trámite en el mismo momento.".

Pues bien, sobre ello, expresó que ninguno de aquellos presupuestos contemplados en la Ley 19.880, para su validez, se ha cumplido en el caso de autos, ya que no recibió notificación por escrito con anterioridad de hacerse efectiva la disminución de horas, como la disminución de remuneraciones; es decir, se ejecutó un "acto administrativo" sin haberse formalizado en los términos de la Ley 19.880, vulnerándose, además, con ello lo dispuesto en el artículo 50, de la citada Ley, que dice: "La Administración Pública no iniciará ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico.

El órgano que ordene un acto de ejecución material de resoluciones estará obligado a notificar al particular interesado la resolución que autorice la actuación administrativa" Señaló el recurrente, además, que la Resolución Afecta N° 911 de fecha 07 de junio de 2017, enviada a su correo electrónico con fecha 27 de junio del presente, no expresa motivos de tal medida, los razonamientos y los antecedentes de hecho y de derecho que le sirven de sustento y conforme a los cuales ha adoptado su decisión, lo que, además, riñe con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 19.880, que señala: "La Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la sustanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte. Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sean que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos".

Hace presente, también, que esta actuación arbitraria e ilegal, al rebajar su jornada laboral de 44 horas a 22 horas, le impide seguir percibiendo en forma íntegra las remuneración que le correspondían hasta el término del contrato de manera inconsulta, razón por la cual, se ha vulnerado la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies corporales e incorporales, desde que se le ha impedido a esa parte percibir las remuneraciones pactadas y hasta el 31 de diciembre del año 2017, todo lo que en definitiva afecta sus garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Hacer presente, además, que ha desarrollado su actividad profesional con gran compromiso y esmero, tanto es así que en todas sus calificaciones ha figurado en Lista 1, como da cuenta el certificado que acompaña y, que le llama poderosamente la atención, que recientemente arribaron a la Región otros Médicos Dermatólogos, contratados por el Hospital de Coyhaique, asignándoles horas en el Departamento de Dermatología, de la referida institución, sin que existiera disponibilidad de horas médicas para ello, lo que lo lleva a pensar que las horas aparecieron disponibles luego de rebajarle las 22 horas de su jornada laboral y que éstas fueron asignadas a estos profesionales.

En cuanto a la inexistencia de fundamentos en la decisión recurrida, sostuvo el recurrente, que la actuación arbitraria e ilegal, que redujo su jornada laboral y, como consecuencia de ello, la disminución en sus remuneraciones, hecho que se materializó al recibir su liquidación correspondiente al mes de junio del presente año, igualmente la Resolución Afecta N° 911 de fecha 07 de junio de 2017, que no expresa motivos ni razones para adoptar tal medida, constituyen actos arbitrarios e ilegales que afectan las garantías constitucionales cuya protección solicita.

Agregó, que la decisión de rebajar la jornada laboral de 44 horas a 22 horas, implícitamente contenida en la Resolución impugnada, fue efectuada de forma unilateral y bajo el solo arbitrio de la autoridad, sin perjuicio de que, además, dicho acto administrativo no expuso las razones que pudieran justificar, razonada y racionalmente, la rebaja de la jornada laboral de dicha contrata. Además, su desempeño no ha sido objetado o cuestionado a lo menos durante los últimos cinco años, de manera que el deber de velar por la eficiente e idónea administración de los medios y de la función pública, al que se encuentra sujeta toda autoridad, por mandato del artículo 5 de la Ley General de Bases de la Administración del Estado, ha sido, en el caso de autos, soslayado.

También, hace presente, que conforme lo dispone el inciso 2°, del artículo 11, de la Ley 19.880, sobre Bases de Procedimiento Administrativos de los Órganos del Estado, que promueve, entre otros, la transparencia de las actuaciones de la Administración Estatal, los hechos y fundamentos de derecho, deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos, reafirmado por lo dispuesto por el artículo 41, del mismo cuerpo legal. Expresando, que en el caso sub lite, la falta de fundamentos de la resolución cuestionada aparece de manifiesto, como asimismo la carencia de racionalidad y razonabilidad.

Añade, que si bien es efectivo que la calidad de empleado de la administración pública a contrata, es transitoria o temporal y la permanencia del empleo se encuentra entregada a la necesidad del empleador de contar con los servicios de éste, ello no es suficiente ni autoriza al contratante recurrido, para hacer uso de su atribución en forma absolutamente discrecional, según su apreciación exclusivamente personal y en forma infundada, esto es, sin que exista una causa legal o contractual justificada y comprobada, para disponer la rebaja de su jornada laboral como funcionario público a contrata, toda vez de la reciente incorporación del concepto de la "confianza legítima" que debe existir y existe, entre los funcionarios y los órganos de la administración del estado, principio incumplido con el actuar de la recurrida y con ello los Dictámenes de la Contraloría General de la República, el último de ellos, atingente al caso, de fecha 28 de Noviembre del año 2016, como asimismo Jurisprudencia emanada de nuestro más alto Tribunal de Justicia de la República.

Afirma, que la decisión de la autoridad de rebajar su jornada laboral no lo exime, de la debida fundamentación, más aún en el caso de que la misma contrata y su jornada se renovó en ocho oportunidades, debiendo haber señalado en el acto administrativo, las razones jurídicas, reglamentarias y de hecho que sirven de sustento a su decisión, de manera de dejar expresa constancia en sus resoluciones las razones o motivos que la fundamentan, obligación que tiende a transparentar los actos del mismo, de forma tal que, un afectado con una medida de naturaleza esencialmente gravosa por su significación personal y social, como es perder parte de la jornada laboral del empleo servido, sin que existan reproches, tachas, o máculas en la conducta o función del empleado, lo que conlleva a la pérdida de parte de sus ingresos, sin que se fundamente la decisión que se adopta, debe conocer el contenido, fundamentos y razones de tal decisión, lo que indudablemente constituye un imperativo que debe ser cumplido por la autoridad, más aún si dicha resolución emana de un ente público administrativo, el que, al no cumplirlo, incurre en el uso arbitrario de una facultad que le otorga la ley, lo que acarrea como consecuencia la vulneración de la garantía constitucional reclamada, constituyéndose el acto reclamado, en consecuencia, en un acto arbitrario, por la ausencia de fundamentos.

Señala, además, que de acuerdo a lo expuesto, ha de coincidirse con ese recurrente, en cuanto se le ha afectado la garantía de la igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N° 2, de la Constitución Política del Estado, que conforme a la doctrina y jurisprudencia nacional, implica que la normativa debe ser igual para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros, que se encuentren en condiciones similares, y según se observa en la resolución impugnada, solo ese recurrente aparece afectado. En relación a lo anterior, consigna que las facultades especiales que se conceden a la Administración no pueden ejercerse de modo meramente discrecional y sin un motivo preciso y determinado y siendo de la esencia del ejercicio del Poder Público, que sus decisiones sean no sólo imparciales, sino también razonables y razonadas como lo establece el artículo 53 de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales del Estado, le está vedado a la recurrida rebajar la jornada laboral de 44 horas a 22 horas, omitiendo expresamente los antecedentes fácticos que le permiten aseverar que 22 horas de los servicios de ese funcionario a contrata han dejado de serle necesarios, lo que conlleva entonces, a que la decisión adoptada sea meramente voluntariosa, discrecional y caprichosa, sin que se funde en antecedentes que le den sustento y la hagan razonable en derecho, es decir, es arbitraria, no bastando la sola cita de disposiciones legales en las cuales se basó para rebajar la jornada laboral, observándose, en suma, una ausencia de un legítimo procedimiento.

En lo que respecta al acto en contra del cual se recurre de protección, sostiene, el recurrente, que recurre de protección en contra del acto arbitrario e ilegal, que dispuso la rebaja de su jornada laboral y, como consecuencia de ello, la disminución de sus remuneraciones, hecho que se materializó al recibir su liquidación correspondiente al mes de junio del presente año que contiene una rebaja de sus remuneraciones equivalente a 22 horas, igualmente contra la Resolución Afecta N° 911 de fecha 07 de junio de 2017, enviada a su correo electrónico con fecha 27 de junio del presente, la que no expresa motivos ni razones para adoptar tal medida.

En cuanto al plazo de presentación del recurso deducido, señala que según el Auto Acordado de Tramitación del recurso de protección, el plazo de interposición del mismo es de 30 días corridos desde la ejecución del acto u ocurrencia de la omisión, o según la naturaleza de éste, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, de manera que se encuentra dentro del plazo legal, ya que el acto arbitrario e ilegal, que redujo su jornada laboral y, como consecuencia de ello, la disminución de sus remuneraciones, se materializó al recibir su liquidación, concretamente el día 23 de junio del presente año e igualmente respecto de la Resolución Afecta N° 911 de fecha 07 de junio de 2017, que no expresa motivos ni razones para adoptar tal medida, remitida mediante correo electrónico el 27 de junio de 2017.

En cuanto al derecho y garantía constitucional conculcada, señala que como lo ha sostenido reiteradamente la Excelentísima Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Y, conforme a los antecedentes de hecho expuestos, los actos recurridos vulneran los Derechos Constitucionales consagrados en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, es decir, la igualdad ante la ley, que señala: "En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias" y, asimismo ésta actuación arbitraria e ilegal, al rebajar su jornada laboral de 44 horas a 22 horas, le impide seguir percibiendo en forma íntegra su remuneración que le correspondía hasta el término del contrato de manera inconsulta, razón por la cual, se le ha vulnerado la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies corporales e incorporales, desde que se le ha impedido percibir las remuneraciones pactadas y hasta el 31 de diciembre del año 2017.

Sostuvo, que los actos son arbitrarios e ilegales, toda vez que ese recurrente está afectado por actuaciones concretas y reales generadas por el recurrido que se pueden calificar de ilegales y arbitrarias. Ya que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes, protegidas.

ILEGAL, porque contraviene lo dispuesto en el artículo 11 de la ley de Procedimientos Administrativos, N° 19.880, que expresa literal; principio de imparcialidad: "La Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la sustanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte. Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sean que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos." Y, al carecer de razonabilidad y fundamentos suficientes, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley al ser, el recurrente, discriminado arbitrariamente en comparación a otros empleados que, desempeñándose en cargos a contrata, no son objeto de arbitrariedades hasta que sus servicios dejen de ser efectivamente necesarios por razones veraces que han de expresarse, como consecuencia del referido actuar arbitrario de la Administración, se ha vulnerado respecto del actor la garantía fundamental de la igualdad ante la ley, en tanto fue objeto de un trato discriminatorio en relación a aquellas personas que, contratadas en similares o iguales condiciones, no se vieron sometidas a una decisión como la que se consigna.

ARBITRARIA, toda vez que no hay fundamentos explicitados en la resolución impugnada, y las citas legales, resultan abiertamente insuficientes para justificar la disminución de horas y rebaja de remuneraciones, teniendo en especial consideración para ello, como ya indicó, el prolongado período por el cual se extendió la prestación de servicios bajo la citada modalidad, con calificaciones en Lista 1. Agrega, al efecto, que lo precedentemente expuesto, no se condice con el deber derivado del Principio de la Confianza Legítima de los órganos de la administración del Estado una actuación coherente, aplica venire contra factum proprium non valet, que es la proyección administrativa de la doctrina general aceptada, de que nadie puede ir válidamente en contra de sus propios actos y, en el caso de determinar una decisión distinta a la que ha venido adoptando, dar comunicación de dicho cambio de criterio a través de un acto de carácter positivo debidamente motivado a través del cual este se manifieste.

Agrega, que el principio de confianza legítima se deduce desde los principios constitucionales de Estado de Derecho (arts. 5, 6 y 7 CPR) y de seguridad jurídica (art. 19 N° 26 CPR) y, en virtud de él se entiende que existirá una permanencia en la regulación y aplicación del ordenamiento jurídico. Manifiesta, igualmente, que una comprensión amplia de los principios de legalidad y seguridad jurídica puede servir también, incluso bajo nuestro ordenamiento, de base posible para asentar la vigencia de este principio y, en virtud del principio de legalidad en su vertiente atributiva, le está vedado a la Administración Pública actuar en ejercicio de sus potestades de manera abusiva (arbitraria) o en exceso de poder. Y, agrega, que es, precisamente, en el primer caso, el del abuso en el ejercicio de potestades, el de la arbitrariedad, comprendidos dentro del principio de legalidad en sentido amplio, en que la Administración deberá motivar y señalar las razones para su actuación. Si tal actuación supone una alteración en la interpretación de la norma o un cambio en la manera de regular o de resolver, solo estará legítimamente autorizada para hacerlo, si respeta, entre otros, la confianza que los administrados tienen en su forma o dirección de la actuación.

En este sentido, hace presente que el artículo 11 de la Ley N° 19.880, dispone, en lo que importa, que: "Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares", razón por la cual resulta necesario que el acto que se dicte al efecto contenga el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta su decisión.

Por todo lo anteriormente expuesto, lo dispuesto en los artículos 7, 19 N° 2 y N° 24, 20 de la Constitución Política del Estado, artículo 11, 41, 46 y demás normas citadas de la Ley 19.880; 5, 53 de la Ley 18.575, y lo señalado en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, Jurisprudencia judicial y administrativa citada, pide el recurrente a ésta Corte, tener por deducida acción constitucional de protección en contra del Hospital Regional de Coyhaique, representado por su Director (s) nombre reservado, o quien lo subrogue o represente legalmente, o haga las veces de tal, por haber incurrido éste en una actuación arbitraria e ilegal, al disponer la rebaja de su jornada laboral y, como consecuencia de ello, la disminución de sus remuneraciones, hecho que se habría materializado al recibir su liquidación correspondiente al mes de junio del presente año, igualmente contra la Resolución Afecta N° 911 de fecha 07 de junio de 2017, enviada a su correo electrónico con fecha 27 de junio del presente, la que no expresa motivos ni razones para adoptar tal medida, hecho que afectaría sus garantías constitucionales contempladas en los artículos 19 N° 2 y 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, disponiendo, en definitiva, dejar sin efecto la rebaja de su jornada laboral y, consecuentemente, la disminución de sus remuneraciones, e igualmente la Resolución Afecta N° 911 de fecha 07 de junio de 2017, que resuelve en lo sucesivo rebajar de 44 horas a 22 horas su jornada laboral y remuneraciones, declarándose, en concreto, que:

1.- Que, se acoge el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Hospital Regional De Coyhaique y, en consecuencia, se deja sin efecto la actuación impugnada y la Resolución Afecta 911 de fecha 07 de junio de 2017, por ser arbitrarias e ilegales y que han conculcado los derechos consagrados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de República;

2.- Que, la recurrida deberá arbitrar las medidas conducentes a solucionar el pago íntegro de todas las remuneraciones devengadas en el tiempo que hasta el restablecimiento del imperio del derecho; y, 3.- Con costas del recurso, por carecer el acto administrativo impugnado de causa, y fundamentación.

SEGUNDO: Que, de fojas 32 a 37, informa el recurso en representación de la recurrida el señor nombre reservado, en su calidad de Director del Hospital de Coyhaique, quién pidió el rechazo de ésta acción cautelar, en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Al efecto y, como antecedentes del recurso, informó que se ha interpuesto recurso de protección ante este Tribunal de Alzada, por el funcionario don nombre reservado, médico con especialidad en dermatología en contra del Hospital Regional de Coyhaique, por la supuesta vulneración de las garantías constitucionales asociadas a la decisión de rebajar su contrato de 44 a 22 horas, situación que le fue comunicada mediante Resolución Afecta N° 911 fechada el 07 de junio de 2017. Agregó, que de acuerdo a lo expuesto en el recurso presentado, ese Hospital habría incurrido en la dictación de un acto, ilegal y arbitrario, que vulnera el numeral 2 y 24 del artículo 19, de la Constitución Política de la República. Que, asimismo, el recurrente, señala en su recurso que Ingresó a trabajar al Hospital Regional de Coyhaique en el año 2009 como médico dermatólogo, a contrata y con 44 horas de jornada laboral, prorrogándose el referido contrato, en los mismos términos, hasta el 31 de diciembre de 2017, según Resolución Exenta N° 8759 de fecha 30 de noviembre de 2016 y, así las cosas, con fecha 23 de junio del presente, al solicitar su liquidación de remuneraciones correspondiente al mes de junio, tomó conocimiento de la reducción de sus remuneraciones y jornada laboral, que esta actuación no le fue notificada formalmente con anterioridad a hacerse efectiva la rebaja horaria y de sus remuneraciones. Además, el recurrente, señaló que con fecha 27 de junio del presente nombre reservado Jefe de la Oficina de Personal, Subdirección Gestión de las Personas del Hospital de Coyhaique, remitió a su correo electrónico un archivo que contenía la Resolución Afecta N° 911 fechada el 07 de junio de 2017, que en lo pertinente refiere "REBAJA DE JORNADA LABORAL DE 44 HORAS A 22 HORAS, NOTIFICADO POR EL DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE COYHAIQUE EL 11/05/2017". Que, la resolución a que hace referencia en el párrafo anterior aún no habría sido notificada formalmente como en derecho corresponde, es más, dice que le llama profundamente la atención que refiera que el contenido de aquella haya sido notificada por el Director del Hospital el 11 de mayo de 2017, en circunstancias que la Resolución se encuentra fechada el día 07 de junio de 2017, es decir la supuesta notificación habría ocurrido semanas antes de la Resolución Afecta N° 911.

En cuanto al acto recurrido, informa, que la recurrente, interpone su acción constitucional contra la comunicación de la autoridad al rebajar su contrato de 44 a 22 horas, lo cual se ha plasmado a través de la Resolución Afecta N° 911 de fecha 07 de junio de 2017.

Y, a éste respecto, sostuvo, la recurrida, que sin perjuicio de lo anterior, el acto que fundamenta tal decisión emana de la comunicación que hizo personalmente, el informante, con él en reunión sostenida en dependencias de su oficina el 11 de mayo de este año, dónde se expuso latamente los motivos que llevaron a ese Director a tomar la decisión de rebajar su contrato de 44 a 22 horas, actuaciones, a saber, comunicación personal y resolución formal que tal como demostrará, no procede en caso alguno, ser calificadas como arbitrarias e ilegales.

En lo que respecta a los fundamentos del acto administrativo, informa que la decisión de rebajar el contrato del recurrente en su opinión, no constituye un acto ilegal ni arbitrario, como señala la recurrente, sino que corresponde a una decisión basada en razones de servicio, conforme pasa a exponer y que como facultades propias de un Director de Hospital Auto gestionado, emanan de la letra f) del artículo 37 del DFL N° 1 del año 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2763/79 y de las leyes N° 18.933 y 18.469.

A este mismo respecto, y como antecedentes de la modificación de la jornada laboral del recurrente, informa, la recurrida, que efectivamente, tal como señala el recurrente comienza a prestar servicios a ese Establecimiento en calidad jurídica de contrata el año 2009 como médico con especialidad en dermatología, quien fue sucesivamente renovado en su contratación, hasta la dictación del acto administrativo plasmado en la Resolución Afecta N° 911, de 07 de junio de 2017, que resuelve rebajar el contrato del recurrente y que fue debidamente fundado en reunión previa con él, el día 11 de mayo. En ese orden de ideas y, para contextualizar el proceso de rebaja de su contrato de 44 a 22 horas, hace presente que, efectivamente, el recurrente, es médico dermatólogo de ese Establecimiento, y hasta fines del año pasado era el único especialista dermatólogo de la Región. Que, bajo ese contexto, Mediante Ord. A16 / 291 del 30 de Enero de 2017 la Subsecretaría de redes asistenciales envía al Servicio de Salud Aysén Informe de Resultado de la Auditoria Ministerial realizada al Hospital Regional de Coyhaique, durante el mes de Noviembre de 2016, documento que acompaña, requiriendo la adopción de medidas correctivas y administrativas sobre los hallazgos de dicha evaluación.

Añade, en su informe, que en el numeral 2.4.4 de dicho informe, del acápite "Gestión y administración del Personal y Ejecución del Subtítulo 21'', en particular, sobre el profesional Dr. nombre reservado se establece que: a) "no presenta evidencia en el reloj control en 19 días hábiles del periodo evaluado", El informe considera como periodo de evaluación enero - octubre de 2016; b) Que, existen horas ociosas no justificadas en uso institucional para este profesional; c) Que, existe una lista de espera de atención de 115 pacientes en la especialidad del funcionario; d) "Que todo lo anterior contraviene gravemente los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y control señalados en el artículo 33 de la referida Ley N° 18.575. Señala, además, que lo anterior se consigna como "Hallazgo de Criticidad Alta en el mismo informe. Y, agrega, que habido conocimiento por parte de esa Jefatura de dicho informe, se solicitó al Jefe de Control de Producción del Hospital Regional Coyhaique, se elabore un informe de los rendimientos asistenciales del Dr. nombre reservado para el periodo año 2016 y Enero - Abril 2017, llegándose a la pobre estadística de 2.5, pacientes, por día laboral para el profesional en comento, en circunstancias que el rendimiento promedio, bajo los parámetros de programación de aplicación nacional debiera superar los 24 pacientes atendidos por día.

Señala, también, que lo anteriormente expuesto sumado a la llegada de dos nuevos especialistas dermatólogos a su establecimiento, con rendimientos de productividad normales, así como la necesidad de cubrir horas médicas falentes y críticas en neurocirugía y medicina intensiva, determinaron la decisión por parte de esa Dirección, de reducir la jornada laboral del funcionario nombre reservado a 22 horas, haciendo uso de las facultades de organización asistencial establecidas entre otras normas en el DS 161 del Ministerio de Salud de 1981, que regula las condiciones organizacionales y asistenciales básicas que deben sostener los prestadores institucionales de atención cerrada, cautelando la eficacia sanitaria y la eficiencia en la utilización de los recursos fiscales.

En cuanto a la legalidad del acto administrativo, informa, la recurrida, que por expresa disposición del Estatuto Administrativo, los empleados de la Administración del Estado se clasifican en "empleados de planta'' o "empleados a contrata", los primeros pueden ser titulares, suplentes o subrogantes. La diferencia esencial de estos contratados radica en la permanencia en las funciones de los primeros y en la transitoriedad de los segundos. En este último caso, el artículo 3 de la Ley 18.834 dispone que "Para los efectos de este Estatuto el significado legal de los términos que a continuación se indican serán los siguientes: c) Empleo a contrata: Es aquel de carácter transitorio que consulta la dotación de una institución". Y, agrega, que en este sentido, los funcionarios de la Administración del Estado se encuentran sometidos a un régimen de derecho público, de interpretación y alcance restrictivo, en virtud del cual tanto las autoridades públicas como los funcionarios públicos solo están facultados para hacer aquello que la ley expresamente permite, estatuto jurídico preestablecido, unilateral, objetivo e impersonal, fijado por el Estado. De esta manera, el vínculo contractual que nace entre el Estado y el funcionario no es de naturaleza contractual, sino legal y estatuario, y la incorporación que hace un ciudadano a este régimen, al ingresar a un servicio público en particular, lo hace de manera libre y voluntario, aceptando el régimen jurídico que le ha de vincular con este particular empleador, el Estado de Chile, incluyendo en este régimen las limitaciones, prohibiciones y, en el caso de los empleos a contrata, la precariedad del mismo. Sostiene, además, que esta aceptación, se manifiesta, en la práctica, en que cada año los funcionarios a contrata esperan el acto de autoridad mediante el cual sean prorrogados sus contratos, pues saben que si no es así, sus contratos han terminado, expirado, por el solo ministerio de la ley, además que están constantemente siendo evaluados en sus labores, teniendo el jefe superior del servicio la facultad, entre otras, para modificar sus jornadas de trabajo, Por otra parte, informa, que de acuerdo a los tiempos actuales y, en especial, a los dictámenes N° 85.700/ 2016, N° 22.766 y N° 25.518 de la Contraloría General de la República, que recoge con su interpretación el principio de la confianza legítima que existe entre los funcionarios y los Órganos de la Administración del Estado, respecto a las prórrogas sucesivas de un funcionario a contrata, se establece que sin afectar las facultades que tienen las respectivas autoridades en torno a las contratas y, en particular, en cuanto a la atribución de decidir o no su renovación y el término anticipado de aquellas, la decisión deben constar en un acto administrativo fundado, en los casos en que se configure una causal de confianza legítima conforme a los criterios del órgano contralor.

Informa, también, que este criterio de la confianza legítima, establecido por la Contraloría desde el año pasado está orientado exclusivamente a las no renovaciones de contratas y a los términos anticipados de las mismas, cuando sus servicios ya no son necesarios, pero no fue pensado para las modificaciones de jornadas laborales como sucede en este caso.

Señala, que lo anterior es refrendado en Dictamen N° 85.700 Fecha: 28-XI-2016 donde por motivo de la emisión de los dictámenes Nos 22.766 y 23.518, ambos de 2016, la Contraloría General, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, estimó necesario impartir instrucciones y fijar criterios complementarios en relación con tales pronunciamientos. Y, en este caso en particular hubo una actuación de carácter positivo y, debidamente, motivada a través del cual se comunicó la decisión, no solo con la dictación de la Resolución Afecta N° 911 del 07 de junio de 2017 sino, principalmente, de lo manifestado en reunión sostenida en dependencias de esa Dirección Hospitalaria, donde no solo se hace entrega de la carta que contiene los motivos fundantes de la decisión, sino que se exponen, abiertamente, dichos motivos indicando, además, la obligación que recae sobre ese Director de distribuir las horas medicas de manera eficaz y buscando la mayor satisfacción de la demanda usuaria de esta especialidad en particular.

Afirma, que el recurrente no puede considerarse vulnerado por la medida adoptada por la autoridad, a través del acto administrativo legal y legítimo correspondiente, ya que de aceptarse dicho planteamiento habría que concluir que cada vez que los organismos del Estado ejercen sus potestades relativas a la administración y organización interna de sus servicios, estarían realizando actos ilegales y arbitrarios en contra de los involucrados, atendido que todo individuo, como es propio del ser humano, sufrirá una alteración emocional al reubicarlos por razones de buen servicio, aun cuando esto, como ocurre en el caso en análisis, se ajuste plenamente a derecho.

Informa, que en efecto, no se observa de qué forma alega el recurrente que se ha conculcado, amenazado o privado por acción u omisión alguna garantía constitucional, toda vez que el hecho de que como autoridad del Establecimiento que representa, cumple con una obligación inherente al cargo de Director de un Hospital Autogestionado en Red, como es la señalada en el artículo 64° del Estatuto Administrativo; "Ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos y de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones, como así también la de velar permanentemente por el cumplimiento de los planes y de la aplicación de las normas dentro del ámbito de sus atribuciones, sin perjuicio de las obligaciones propias del personal de su dependencia." Por otra parte, informa que el cambiar de funciones a un funcionario por razones de buen servicio o distribuir de manera más eficaz su jornada laboral, es una facultad inherente a un Jefe de Servicio, y así se establece por lo demás en el artículo N° 36, letras c) y f) del D.F.L. N° 1, del año 2005 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2763/79 y de las leyes N° 18.933 y 18.469 al señalar: "En el Director estarán radicadas las funciones de dirección, organización y administración del correspondiente Establecimiento y, en especial, tendrá las siguientes atribuciones: c) Organizar internamente el Establecimiento y asignar las tareas correspondientes, conforme al presente Libro, el Código Sanitario y demás normativas vigentes; f) Ejercer las funciones de administración del personal destinado al Establecimiento, en tanto correspondan al ámbito del mismo: en materia de suplencias, capacitación, calificaciones, jornadas de trabajo, comisiones de servicio, cometidos funcionarios, reconocimiento de remuneraciones, incluyendo todas aquellas asignaciones y bonificaciones que son concedidas por el Director del Servicio, feriados, permisos, licencias médicas, prestaciones de sociales, responsabilidad administrativa y demás que establezca el reglamento.

Informó, también, que respecto del personal a contrata y al contratado sobre la base de honorarios, el Director del Establecimiento ejercerá las funciones propias de un jefe de servicio...." Concluyó, el informante, que en ese contexto, el cambio de la jornada laboral a través de una rebaja de las horas contratadas que denuncia la recurrente se ajusta a derecho y no es, por tanto, constitutivo del "atropello de sus derechos" que plantea, ya que esa decisión fue adoptada en el ejercicio de las prerrogativas que posee la superioridad y el recurrente seguirá cumpliendo tareas propias del estamento profesional al cual pertenece como médico dermatólogo, dentro del mismo recinto en que trabajaba.

De igual forma, expone que el cambio de contrato del que fue objeto el recurrente se encuentra ajustado a derecho, ya que, por una parte, dicha decisión fue adoptada en ejercicio de las facultades que en dicha materia posee la autoridad, cuyos motivos fueron comunicados al afectado, y por cuanto las tareas encomendadas en su nueva función son las propias de su especialidad. Además, puntualiza que entre las obligaciones que impone a los empleados públicos el artículo 61 de la Ley N° 18.834. del Estatuto Administrativo, sean éstos de planta o a contrata, se encuentra la de realizar las labores que les encomiende el superior jerárquico, por lo que solo cabe, entonces, concluir que la actuación del Director en la materia que nos convoca en orden rebajar el contrato de 44 a 22 horas del Sr. nombre reservado, se ajusta plenamente a derecho, no existiendo ningún atisbo de antijuricidad, lo cual conduciría inexorablemente a desestimar el recurso de protección interpuesto, en todas sus partes.

En cuanto a una ausencia de arbitrariedad, informa, la recurrida, que el recurrente ha señalado que se ha cometido en su contra una arbitrariedad, en cuanto, a su entender, no existen fundamentos en la resolución impugnada para justificar la rebaja de horas contratadas y, en este sentido, hace presente que se ha entendido por la Jurisprudencia que un acto es Arbitrario cuando: ”18(...) carece de basamento, sea de hecho o, tratándose de un acto público, también de derecho; el que teniéndolo, no desarrolla mediante argumentos comúnmente aceptables por la sana razón, la concatenación entre sus causas y sus efectos; el que exhibe vacíos causantes de incoherencia entre sus premisas y su conclusión; en fin, el puro fruto del capricho o la sinrazón;" (Corte de Apelaciones de Santiago, Protección N° 8595-2010).

Informa, que considerando las facultades consagradas en la letra f) del artículo 37 del DFL N° 1 del año 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2763/79 y de las leyes N° 18.933 y 18.469, y que lo facultan entre otras cosas a ejercer funciones de administración del personal destinado al Establecimiento y, particularmente, a ejercer funciones de administración de las jornadas de trabajo más el contenido de la Resolución Afecta N° 911 del 07 de junio de 2017 que se complementó con la reunión personal que sostuvo con el recurrente dónde no solo le informó verbalmente de los motivos que le llevaron a tomar esa decisión, sino que además le hizo entrega de una carta dónde igualmente se indicaban, el actuar de ese Director no puede ser calificado como arbitrario bajo ninguna circunstancia, menos considerando los resultados entregados por el informe de productividad de este médico, informe que demuestra la bajísima eficiencia en la atención de los usuarios, informe que acompaña.

En lo que respecta a la vulneración de garantías constitucionales, informa, el recurrido, que, por su parte, el recurrente, en autos, señala que la rebaja de su contrato vulneraría sus garantías establecidas en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, el cual señala que: "En Chile no hay persona ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.”.

Informa, que en el caso que nos incumbe, no han existido diferencias arbitrarias, respecto a Don nombre reservado y a otros médicos en similar situación, las razones que motivaron la decisión de rebajarle sus horas contratadas le fue comunicada previamente a través de Resolución Afecta N° 911 del 07 de junio de 2017 que se complementó con la reunión personal que, el informante, sostuvo con él, dónde no solo le informó verbalmente de los motivos que le llevaron a tomar esa decisión, sino que, además, le hizo entrega de una carta dónde, igualmente, se indicaban los motivos que le llevaron a tomar esta decisión. Añade, que el régimen jurídico a contrata por el cual se encuentra vinculado el recurrente a ese Hospital Público, rige para todos los funcionarios de contrata y no constituye un tratamiento especial discriminatorio para con el recurrente, pues todos los funcionarios a contrata, están sujetos por ley, a la expiración de sus funciones a más tardar el 31 de Diciembre de cada año, o mientras sean necesarios sus servicios y, además, sus contratos están permanentemente siendo evaluados existiendo la posibilidad de que sean modificados según su productividad pues, es de la esencia de este tipo de empleo, la transitoriedad de sus funciones.

Informa, también, que por todas las consideraciones anteriormente expuestas, resulta ser que el acto impugnado es legal, fundado en la misma normativa y realizado dentro de las competencias de la autoridad, no adolece de arbitrariedad y no ha podido violar las garantías constitucionales invocadas.

Por otro lado, sostiene, que el recurrente, en autos, señala que la rebaja de su contrato vulneraria, también, su garantía establecidas en el articule 19 N°24 de la Constitución Política de la República, esto es; "El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales..." y, señala, que en este sentido, la jurisprudencia judicial ha puntualizado que, en lo relativo a la garantía consagrada en el N° 24° del artículo 19 de la Constitución, no es posible concebir su privación, perturbación o amenaza, tratándose de derechos y deberes que vinculan a los servidores públicos con los organismos del Estado. La función pública proviene de una relación jurídica de naturaleza estatutaria y, en consecuencia, el cargo a través del cual se desempeña participa de tal carácter y constituye una clase de representación del Estado que no es posible incluir en el campo del derecho privado en el que el derecho de propiedad se inserta y respecto del cual se establece la respectiva garantía constitucional. (Corte de Apelaciones de Rancagua, sentencia de 17 de febrero de 2003, Rol N° 2.293. La Corte Suprema la confirmó el 12 de marzo de 2003, Rol N° 847-03).

Informa que, sostener un criterio contrario, importaría establecer que la aplicación de una sanción expulsiva implicaría una vulneración del derecho de propiedad, lo que, por cierto, haría inoperante la potestad sancionadora de los órganos del Estado y, además, a este respecto, su parte cumple con manifestar que si bien el artículo 19 N° 24, de la Carta Fundamental reconoce a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, y que esta acción cautelar no sólo tutela el derecho de propiedad propiamente tal, sino que también los atributos y facultades esenciales del dominio, no se aprecia cómo esa Dirección Hospitalaria habría privado, perturbado, amenazado o conculcado la propiedad que el recurrente tendría sobre el contrato de 44 horas que se le había sido asignado, o sobre la contrata de la planta profesional del Hospital. Pues, en efecto, podría hablarse de propiedad del cargo, pero el cargo para el cual el recurrente fue contratado es un cargo de la planta profesional, es médico, y se les asignó en su momento un contrato de 44 horas, tal como se asignan funciones a otros profesionales a quienes también se reubica y se cambia de funciones, siempre respetando que las funciones que realicen sean propias de su cargo, y respetando las jerarquías.

En efecto, sostiene que, cuando el legislador establece requisitos académicos específicos para ocupar determinados cargos, éstos deben cumplirse estrictamente, sin que sea dable sostener que han ingresado al patrimonio de la persona si ésta no satisface todas las condiciones que el propio ordenamiento jurídico dispone para tales efectos, es más, tales exigencias deben ser entendidas como una obligación impuesta a la autoridad encargada de efectuar el nombramiento, de proveer esas horas, precisamente, con funcionarios que cumplan dichas condiciones y productividad.

Por último, puntualizó, en su informe, que en este caso, el recurrente, no indica de qué manera se habría vulnerado el derecho constitucional que invoca, limitándose a efectuar imputaciones genéricas, imprecisas y carentes de razonabilidad, sobre cada una de las materias que reclama, debiendo en consecuencia desestimarse el recurso interpuesto, en todas sus partes.

Expone, en su informe, que ese Hospital, recurrido, ha estado lejos de actuar en forma ilegal y arbitraria, en este caso como lo sostiene el recurrente, sino que muy por el contrario, su nueva Dirección ha actuado dentro del marco de la legalidad y exenta de toda arbitrariedad en el cumplimiento de su deber de organizar el establecimiento Autogestionado en Red que dirige, ejerciendo su facultad de administrar, a fin de reubicar a los funcionarios conforme a sus potencialidades y expertices, de manera tal de utilizar con eficiencia y eficacia el escaso recurso humano con que se cuenta para el desarrollo de las múltiples labores y requerimientos a que debe responder el único centro de atención cerrada de salud que tenemos en la Región de Aysén, a objeto de dar la mejor atención de salud a sus usuarios.

Por todo lo anteriormente expuesto y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de protección, artículos 10 del Decreto con Fuerza Ley N° 29 de 2004 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto Administrativo, Ley N° 18.834, y demás normas pertinentes, pide al informante a ésta Corte, tener por evacuado el informe en los términos señalados y con el mérito de este, rechazar en todas sus partes el recurso de autos, por improcedente e infundado, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que, a la audiencia de la vista de la causa, realizada el día 21 de septiembre de 2017, concurrieron a alegar en estrados el abogado don Eugenio Canales Canales, en representación del recurrente, sosteniendo el recurso y por otra parte, el abogado don Rodrigo Solís Solís, en representación de la recurrida, quién estuvo por el rechazo del recurso, quienes reiteraron los fundamentos y pretensiones de su recurso y del informe, respectivamente.

CUARTO: Que, el recurso de protección fue concebido para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente cuando éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de algunas de las Garantías Constitucionales contempladas en el artículo 19, de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que la arbitrariedad necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de actuares u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

Por su parte la existencia de ilegalidad conjuga tanto la idea de lo contrario a derecho, o, más técnicamente, el no respetarse o infringirse una norma jurídica.

SEXTO: Que, el recurrente, en cuanto al acto u omisión que reprocha y cuyos efectos le afectarían sus derechos constitucionales, y que de acuerdo con la petitoria planteada en la acción de protección que se conoce, la pretensión de éste sería que se acoja el recurso deducido y se deje sin efecto la actuación impugnada y Resolución Afecta N° 911, de fecha 7 de Junio del año 2017, por ser arbitrarias e ilegales y haber conculcado los derechos, del recurrente, consagrados en los numerales 2 y 24, del artículo 19, de la Constitución Política de República. Que, la recurrida deberá arbitrar las medidas conducentes a solucionar el pago íntegro, al recurrente, de todas las remuneraciones devengadas en el tiempo hasta el restablecimiento del imperio del derecho y que, finalmente, se condene, a la recurrida, en costas del recurso, por carecer el acto administrativo impugnado de causa, y fundamentación.

SÉPTIMO: Que, previo a resolver el recurso que ha sido deducido, cabe señalar, que los empleos a contrata se encuentran reconocidos en el Estatuto Administrativo, Ley 18.834, cuyo artículo 3° señala que, empleados a contrata, son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución y cuya permanencia la señala el artículo 10° del mismo cuerpo legal, en el sentido de que el tiempo máximo de duración es hasta el 31 de Diciembre de cada año, fecha en que su cargo expira por el sólo ministerio de la ley, pudiéndose constatar que, en el caso que se conoce, y de acuerdo a los antecedentes aportados, el recurrente fue contratado el año 2009, hasta el día de hoy, como médico dermatólogo, a contrata, con 44 horas de jornada laboral, prorrogándose el referido contrato, en los mismos términos, hasta el 31 de Diciembre del año 2017, según Resolución Exenta 8759 de fecha 30 de Noviembre del año 2016 y que con fecha 27 de Junio del año 2017, habría sido noticiado o notificado, a través de su correo electrónico, de la decisión de la autoridad hospitalaria recurrida, en orden a rebajar su jornada laboral a consecuencia de lo cual se habría producido una disminución en sus remuneraciones, en virtud de la Resolución Afecta N° 911, de fecha 7 de Junio del año 2017, hecho que afectaría las garantías constitucionales, del recurrente, contempladas en los artículos 19 N° 2 y 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

OCTAVO: Que, de esta manera, analizada la situación planteada, y ponderados los antecedentes aportados por el recurrente y el recurrido, debe concluirse con que se materializó, a través de una actuación dispuesta por la autoridad hospitalaria, en orden a rebajar la jornada laboral del recurrente amparado en la Resolución Afecta N° 911, de fecha 7 de Junio del año 2017, resolución que, en su Sección II, cita normas legales y reglamentarias, que no reproduce, que individualiza al recurrente en sus funciones y grado, como tiempo de terminación del servicio, y que en la Sección VIII, bajo el Título de “Complemento”, establece que “Rebaja de Jornada Laboral de 44 horas a 22 horas, notificado por el Director del Hospital Regional Coyhaique el 11/05/2017.”.

En el caso sub lite, consta, además, lo que no fue controvertido por la recurrente, que con fecha 11 de Mayo del año 2017, que ésta, se reunió con su jefatura, la recurrida, Director del Hospital Regional de Coyhaique, y que se le advirtió de la decisión de rebajar su jornada de trabajo de 44 a 22 horas mensuales, atendido el informe de resultado de la Auditoría Ministerial realizada al Hospital regional de Coyhaique, del mes de Diciembre del año 2016, Informe Ejecutivo de Auditoría DAM N° 51/2016, y en el Informe Detallado de Auditoría DAM N° 51/2016, de la misma fecha, en cuyo numeral 2.4.4, relativo a la Gestión y Administración del Personal y Ejecución del Subtítulo 21, y en lo particular, sobre el profesional recurrente, se estableció que: “Fue posible evidenciar que durante los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2016 el funcionario médico HJMR, RUT RUT reservadoXXX-X (44 horas), de dependencia de la Subdirección médica del establecimiento, no presenta evidencia en el registro reloj control en 19 días hábiles del período evaluado. Contrastada dicha información con los registros de la Unidad de Agenda Médica, fue posible evidenciar que el funcionario antes señalado posee una programación de consultas de lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 11:35 y de 14:30 a 16:15. Los martes de 11:00 a 11:35 y de 15:00 a 16:15 y los jueves de 11:00 a 11:35 y de 16:00 a 17:00. Esta información fue corroborada por la Unidad de Gestión de Personas del HRC, no siéndoles posible explicar las funciones que desempeña el funcionario en la jornada laboral en la cual no tiene asignada atenciones o prestaciones. Lo que conllevaría a tener horas ociosas del profesional, sin disponer de actividades institucionales en el resto de la jornada en la cual no se tuvo evidencia de actividades propias de la función. De esta manera la Subdirección Médica no logró acreditar una eficiente supervisión de la jornada del profesional médico.” Agregándose, luego, que: “Practicadas las consultas al Jefe de Control de Producción indicó que no existe un trabajo de análisis de la resolución de la lista de espera con el funcionario médico. No obstante existir 135 pacientes en lista de espera, siendo la entrada más antigua del mes de nombre reservado de 2015. Lo anterior contraviene gravemente los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y control señalados en el artículo 3° de la referida ley N° 18.575.”.

Se determinó, como hallazgo de la auditoría, que: ”El funcionario médico HJMR (44 Horas), durante los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2016, registró ausencias en el reloj control en 19 días hábiles en el período antes señalado y mantiene una lista de espera que data del año 2015 (Criticidad Alta).”.

El precitado informe, agrega como “Recomendaciones”: que habría que: “Reformular la programación de consultas de especialidad de manera de tener cobertura del 100 % del horario institucional. Realizar un análisis de las justificación de data de la lista de espera que mantiene el funcionario médico HJMR e iniciar un procedimiento disciplinario a objeto de determinar eventuales responsabilidades administrativas respecto del cumplimiento de la jornada del funcionario médico en cuestión (44 Horas).”.

Finalmente, también consta que el recurrente durante el año 2016 tuvo programadas 4929 atenciones, se citaron a 1720, 434 no se presentaron y se realizaron 1137 atenciones, así el teórico realizado fue de un 23,1 % y del disponible, versus el teórico fue de un 34,9% y los que no se presentaron fue de un 25,2%; por su parte, en el año 2017, en los meses de Enero se realizaron 63 de un disponible de 448, que corresponde a un 14,1%; en febrero de 51 realizados, hubo 448 disponibles, que arroja un porcentaje de 11,4%; en Marzo, 86 realizados de un disponible de 448, con porcentaje de 19,2% y en Abril 84 realizados de 448, que significa un18,8 %, según se desprende de Memorándum N° 03, de Mayo del año 2017, del jefe de Control de Producción, del Servicio de Salud Aysén, Hospital Regional de Coyhaique, dirigido al Director del Hospital Regional de Coyhaique.

NOVENO: Que, en el contexto descrito precedentemente, y tal como lo planteó la recurrida, la decisión de rebajar la jornada laboral del recurrente fue adoptada por el Director del Hospital Regional de Coyhaique, a través de un acto administrativo como lo constituye la Resolución Afecta N° 911, de fecha 7 de Junio del año 2017, quien tiene las facultades y atribuciones legales y administrativas para contratar a los funcionarios y disponer su reubicación o rebaja de la jornada laboral, por lo que tal decisión no puede ser considerada como ilegal o arbitraria, al ejercer facultades propias y exclusivas, ello en conformidad con las necesidades del servicio.

DÉCIMO: Que, de otro lado, el artículo 5, inciso primero, de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, obliga a que: “Las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública.”.

Por su parte, el artículo 36, letra f), del D.F.L. número 1, del año 2005, que fijó texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. 2.763, de 1979 y de las Leyes 18.933 y 18.469, dispone que: “Ejercer las funciones de administrador del personal, destinado al establecimiento, en tanto corresponda al ámbito del mismo, en materia de suplencias, capacitación, calificaciones, jornadas de trabajo, comisiones de servicio, cometidos funcionarios, reconocimiento de remuneraciones, incluyendo todas aquellas asignaciones y bonificaciones que son concedidas por el Director del Servicio, feriados, permisos licencias médicas, prestaciones, prestaciones sociales, responsabilidad administrativa y demás que establezca el reglamento.”.

El artículo 65, del estatuto Administrativo, reza: “Serán obligaciones especiales de las autoridades y jefaturas las siguientes: a) Ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos y de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones.” El artículo 65, del mismo cuerpo legal, prescribe que: “La jornada ordinaria de trabajo de los funcionarios será de cuarenta y cuatro horas semanales distribuidas de Lunes a Viernes, no pudiendo exceder de nueve horas diarias.”, agregando en su inciso segundo, que: “La autoridad facultada para hacer el nombramiento podrá proveer cargos de la planta a jornada parcial de trabajo, cuando ello sea necesario por razones de buen servicio. En estos casos los funcionarios tendrán una remuneración proporcional al tiempo trabajado y de manera alguna podrán desempeñar trabajos extraordinarios remunerados.”, señalando, por último, el inciso final, que: “Los funcionarios deberán desempeñar su cargo en forma permanente durante la jornada ordinaria de trabajo.”.

UNDÉCIMO: Que, entonces, conforme las disposiciones legales citadas precedentemente debe concluirse, irrefutablemnente, que lo resuelto por el Director del Hospital Regional de Coyhaique, mediante la Resolución Afecta N° 911, del 7 de Junio del año 2017, no es sino el ejercicio de la administración interna del servicio, para el que se encuentra debidamente facultado, autorizado y obligado, por tanto, dicha resolución, desde este punto de vista no puede calificársela como ilegal.

DUODÉCIMO: Que, en cuanto a la arbitrariedad alegada, atendido el informe de auditoría, como informe de productividad, que arrojan como resultado evidente que el horario destinado a la atención de pacientes, por parte del recurrido, abarcaba un período de tiempo de siete horas y fracción, en la semana, siendo su jornada ordinaria de cuarenta y cuatro horas, lo que obviamente redundó en una exagerada lista de espera, de manera que su desempeño no era ni eficiente y menos eficaz, máxime si la recomendación del auditor implicaba la realización de un sumario administrativo al funcionario, hoy recurrente, en consecuencia, no puede decirse, estimarse o concluirse con que la resolución dictada por el recurrido e impugnada, obedeció a su sólo capricho, razones que motivaron la reunión del día 11 de Mayo del año 2017, reunión en la que se dieron a conocer dichos resultados, de manera que aparece revestida de suficientes y graves antecedentes que la justifican.

DÉCIMO TERCERO: Que, si bien es efectivo que la resolución recurrida, objeto del recurso, no hace mención a los hechos y antecedentes que se tuvieron por acreditados, ello por sí mismo no transforma en ilegal ni arbitraria la resolución, ya que, como se explicitó, existieron poderosas razones para resolver como se hizo.

DÉCIMO CUARTO: Que, en consecuencia, no existiendo acto u omisión, arbitraria ni ilegal, requisito sine qua non para la interposición de esta acción cautelar, huelga referirse a las garantías que se dicen afectadas, por lo que se omitirá su análisis.

DÉCIMO QUINTO: Que, en consecuencia, por los motivos señalados precedentemente y apareciendo que el acto impugnado mediante el presente recurso de protección, fue dictado por quien tiene la facultad e imperio para ello, actuando éste dentro del marco de sus atribuciones legales y no observándose que, con motivo de éstas, se haya incurrido en ilegalidad o arbitrariedad que le sea reprochable, sino que hubo un estricto apego al principio de legalidad que establece la Constitución Política de la República, en sus artículos 6 y 7, y demás normas legales citadas, no cabe sino desestimar el recurso de protección deducido, por no aparecer como vulnerado el artículo 19 de la Constitución Política en sus números 2 y 24, y así se declarará.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de junio de 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en lo principal del escrito de fojas 15 a 22 vuelta, por don nombre reservado, en contra del Hospital Regional de Coyhaique, representado por su Director (s) nombre reservado, o quien lo subrogue o represente legalmente, o haga las veces de tal.

Acordado lo anterior, con el voto en contra del señor Fiscal nombre reservado de esta Corte de Apelaciones de Coyhaique, don nombre reservado, quién fue del parecer de acoger la acción cautelar de protección deducida en estos autos, teniendo presente para ello lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880, en cuanto los actos administrativos de la autoridad deben ser fundados, cuya omisión implica arbitrariedad.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del voto de mayoría del señor Ministro Titular don Pedro Alejandro Castro Espinoza y del voto en contra, su propio autor.

Se deja constancia que no firma la presente sentencia el señor Fiscal nombre reservado de esta Corte de Apelaciones de Coyhaique, don nombre reservado, no obstante haber asistido a la vista de la causa, por encontrarse ausente.

Rol N° 121-2017.