nombre reservado con SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE AYSEN -SUPERINTENDENCIA SE SEGURIDAD SOCIAL-COMPIN

En Coyhaique, a veinticinco días del mes de junio del año dos mil veintiséis.

VISTOS:

En Rol de esta Corte Nº120-2026, el 21 de mayo de 2026, comparece doña Javiera Paz Faúndez Rojas, abogada, en representación de la recurrente, doña nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), domiciliada en domicilio reservado, Región Metropolitana, y en contra del SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE AYSÉN (SLEP AYSÉN), representado legalmente por don nombre reservado, o por quien lo suceda legalmente, ambos domiciliados en domicilio reservado, por cuanto estima que la recurrida ha cometido una acción ilegal y arbitraria, consistente en el rechazo infundado y sistemático de las nombre reservado continuas de salud mental de la recurrente y, por la otra, en la consecuente emisión de la Notificación de Deuda N°33, de fecha 17 de febrero de 2026, que ordena un descuento patrimonial forzoso y arbitrario de sus remuneraciones, lo que priva, perturba y amenaza sus garantías constitucionales resguardadas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19, de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva: “1. QUE SE DECLARE ILEGAL Y ARBITRARIA la Resolución Exenta N°R-01-DC-55868-2026 (Dictamen N°R-42798-2026), de fecha 24 de abril de 2026, emanada de la Jefatura del Departamento Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), que confirmó de forma infundada el rechazo de las nombre reservado de salud mental de mi representada, singularizadas con los folios: 4-21499604, 4-21691340, 4-21914948, 3-122625038, 3-124038869, 3-125149851, 3-126355992 y 3-126972791.

2. QUE SE DECLARE ILEGAL Y ARBITRARIA la Notificación de Deuda N°33, de fecha 17 de febrero de 2026, emitida por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Aysén, la cual, prescindiendo del procedimiento legal de restitución de haberes y actuando como una verdadera vía de hecho, pretende ejecutar un cobro y descuento forzoso de carácter unilateral sobre las remuneraciones actuales de la trabajadora.

3. QUE SE DEJEN SIN EFECTO las resoluciones de rechazo de las referidas nombre reservado, ordenando correlativamente a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) dictar los actos idóneos que dispongan la total y definitiva autorización de los 8 folios continuos de salud mental individualizados, reconociendo la plena justificación médica del reposo y validando la causa legítima de las remuneraciones percibidas por la actora.

4. QUE SE DEJE SIN EFECTO de forma definitiva y permanente la Notificación de Deuda N°33 emitida por el SLEP Aysén, ordenando expresamente a dicho organismo público abstenerse de realizar cualquier descuento, retención, rebaja patrimonial o cobro forzoso en las liquidaciones de sueldo actuales u ordinarias de doña nombre reservado por concepto de los montos asociados a los periodos de reposo médico objeto de esta acción.

5. QUE SE ADOPTE CUALQUIER OTRA MEDIDA REPARATORIA que V.S. Iltma. juzgue necesaria e idónea para restablecer el imperio del derecho, asegurando la debida protección de la integridad psíquica (Art. 19 N° 1) y el derecho de propiedad (Art. 19 N°24) de la afectada, con expresa condena en costas de ambas recurridas.’’ (sic).

Con fecha 11 de junio de 2026, don Cristian Porzio Sandoval, abogado, en representación de la recurrida, Servicio Local de Educación Pública de Aysén, incorporó el informe requerido.

El 12 de junio de 2026, doña Andrea Cisternas Tiemann, abogada, en nombre de la recurrida, Superintendencia de Seguridad Social, incorporó el informe requerido.

Con fecha 20 de junio de 2026, se ordenó traer los autos en relación, procediendo a la vista del recurso el día 23 del mismo mes y año, tras lo cual quedó ésta en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente señala que, se desempeña profesionalmente como Fonoaudióloga para el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Aysén, prestando funciones en la localidad rural de Río Ibáñez. Agrega que, a partir del mes de mayo del año 2025, comenzó a experimentar un cuadro psiquiátrico severo, consistente en un Trastorno Ansioso Moderado, Insomnio Crónico y un Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresión. Este cuadro clínico reviste un carácter marcadamente reactivo, gatillado por factores estresores de altísima gravedad y desgaste: el nacimiento de su primer hijo, nombre reservado (R.U.N. N°RUT reservado), quien fue diagnosticado con una plagiocefalia severa asociada a un retraso del desarrollo psicomotor. Inicialmente, el lactante requirió un tratamiento continuo, permanente y desgastante, consistente en el uso de órtesis craneal (casco ortopédico) y terapias kinésicas y osteopáticas semanales brindadas en centros especializados de la Región de Valparaíso (tales como el Hospital Carlos Van Buren y el Centro Pancurita).

Indica que, el menor recibió el alta médica formal por parte del especialista neurólogo del Hospital Carlos Van Buren, quien determinó que la patología remitirá paulatinamente con el tiempo y que la bóveda craneana continuará su conformación anatómica regular según los parámetros de medición formales. Por lo anterior, el lactante ya no se encuentra en tratamiento activo por plagiocefalia severa, manteniendo únicamente el seguimiento regular de sus controles de niño sano en la Posta local y apoyo complementario de fonoaudiología.

Expone que, la absoluta falta de redes de apoyo en la Región de Aysén durante el período crítico de la patología de su hijo, la imposibilidad logística y el desarraigo de otorgar dicho tratamiento médico vital en una zona rural extremadamente aislada, sumado a la concomitante vulnerabilidad psicológica del período posparto, provocaron un colapso severo en la salud mental de la recurrente que le impidió ejercer sus funciones laborales de forma temporal. Por tal motivo, sus médicos tratantes prescribieron un régimen de nombre reservado continuas y prolongadas para asegurar su estabilización sintomatológica, correspondiendo el objeto de este recurso a un período ininterrumpido que abarca, entre otras, las nombre reservado 4-21499604, 4-21691340, 4-21914948, 3-122625038 y 3-126355992, todas extendidas por 30 días de reposo continuo.

Precisa que, el actuar arbitrario de las recurridas al rechazar sistemáticamente el subsidio de incapacidad laboral ha provocado un impacto profundamente adverso en el tratamiento médico de la recurrente. Añade que, el hostigamiento administrativo, la desprotección económica y la incertidumbre laboral consecuente le han generado severos cuadros de ansiedad y estrés agudo, boicoteando materialmente el reposo prescrito e impidiéndole ejecutar de forma efectiva y pacífica el descanso médico durante todo el tiempo en que se encontró con licencia.

Aclara que, con fecha 29 de abril de 2026, ingresó de forma material y efectiva al Programa de Salud Mental (PSM) de la Posta de Salud Rural de Puerto Río Tranquilo, dependiente del Servicio de Salud Aysén. Agrega que, en dicha instancia, la médico- cirujano Dra. nombre reservado evaluó a la paciente, validó el diagnóstico de la esfera psiquiátrica y prescribió la continuidad inmediata de su tratamiento farmacológico de salud mental mediante la entrega de Escitalopram de 20 mg (Receta Externa N° 048300), encontrándose actualmente a la espera del inicio de las atenciones presenciales de la ronda periódica de psicólogos para su correspondiente ingreso psicoterapéutico complementario.

Del acto arbitrario e ilegal de la Superintendencia de Seguridad Social, menciona que, a pesar de la copiosa evidencia médica aportada en las instancias de reposición —que incluía informes psiquiátricos de los facultativos emisores, informes evolutivos del psicólogo clínico don nombre reservado (que daban cuenta de un cuadro ansioso-depresivo reactivo con remisión parcial pero persistencia de estresores económicos y habitacionales), recetas y carnet de farmacia con tratamientos farmacológicos (Escitalopram, Lasea, Rize, Somno)—, la COMPIN y, en último término, la SUSESO, procedieron a rechazar las nombre reservado.

En cuanto al acto arbitrario e ilegal del SLEP Aysén, refiere que éste emitió de forma automatizada y desprovista de prudencia la Notificación de Deuda N°33, de fecha 17 de febrero de 2026, suscrita por su Director Ejecutivo (s) de la época, don nombre reservado, en que comunica a la recurrente que registra una supuesta deuda con el servicio por la cuantiosa suma de $1.399.866, correspondiente a las remuneraciones percibidas durante los períodos de nombre reservado que la COMPIN ordenó re-dictaminar (especificando los folios 3-126355992 y 3-126972791). Agrega que, el SLEP Aysén conmina a la funcionaria a manifestar su voluntad de devolver los fondos o presentar un comprobante de apelación en el estrecho e irrisorio plazo de 5 días hábiles.

Aclara que, la SUSESO no ordenó nuevos peritajes, no rebatió los informes del psicólogo clínico ni de la psiquiatra tratante, y simplemente ignoró el ajuste de dosis de Escitalopram documentado en la historia clínica.

Expone que, el SLEP Aysén pretende realizar un descuento unilateral de las remuneraciones de la recurrente, amparándose en el dictamen de la SUSESO. Añade que, este acto es ilegal por partida doble: en primer lugar, se sustenta sobre un acto administrativo previo viciado (las resoluciones de rechazo de la SUSESO); en segundo lugar, vulnera las estrictas reglas de los descuentos permitidos por el Estatuto Docente y el Código del Trabajo, ya que las remuneraciones tienen carácter alimentario. Resalta que el SLEP Aysén no puede, mediante una mera "notificación" con un plazo de 5 días, arrogarse facultades de autotutela ejecutiva para mermar el sueldo de una funcionaria afectada por una enfermedad grave, sin que exista una resolución judicial firme o una autorización expresa, libre y sin vicios de la recurrente.

En cuanto a las garantías que estima infringidas, señala que los actos reclamados conculcan de manera directa e inmediata el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, establecido en el N°1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que obligar a una trabajadora con un cuadro ansioso-depresivo grave y reactivo a reintegrarse a sus funciones laborales en una zona aislada, sin el alta médica de sus facultativos y privándola concomitantemente de los medios económicos para subsistir y costear el tratamiento de su hijo lactante, constituye una agresión directa a su integridad psíquica y un atentado a su salud, que el Estado debe proteger.

Asimismo, indica que se infringe la igualdad ante la ley, del N°2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto al dictar una resolución carente de fundamentos reales, la SUSESO discrimina arbitrariamente a la recurrente en comparación con otros cotizantes a quienes sí se reconocen sus patologías sobre la base de criterios técnicos uniformes, dejándola en una total indefensión administrativa.

Finalmente, señala que se vulnera el derecho de propiedad del artículo 19 N°24, de la Carta Fundamental, ya que el subsidio por incapacidad laboral tiene por objeto sustituir la remuneración de la trabajadora enferma, por ende, el derecho a percibir dicho subsidio y las remuneraciones ya pagadas por el empleador se han incorporado válidamente al patrimonio de la recurrente. Agrega que, el rechazo arbitrario de las licencias y la orden de descuento forzoso por parte del SLEP Aysén constituyen una privación ilegal del derecho de propiedad sobre legítimas prestaciones alimentarias.

SEGUNDO: Que, don Cristian Porzio Sandoval, abogado, en representación de la recurrida, Servicio Local de Educación Pública de Aysén, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, fundado en que la actuación cuestionada por la recurrente consiste en la emisión de la Notificación de Deuda N°33, de fecha 13 de febrero de 2026, comunicada por correo electrónico el día 17 del mismo mes y año, mediante la cual se le informó la existencia de una suma a reintegrar ascendente a $1.399.866, derivada del rechazo de dos nombre reservado.

Expone que, sin embargo, dicha actuación no constituye una vía de hecho, no importa una decisión médica, no supone la revisión del mérito clínico de las licencias, no implica una privación patrimonial actual y tampoco configura autotutela ejecutiva ilegítima. Por el contrario, se trata de una comunicación administrativa dictada sobre la base de actos administrativos vigentes emitidos por los órganos competentes, y sujeta a las vías institucionales previstas por el ordenamiento jurídico, particularmente la intervención de la Contraloría General de la República conforme al artículo 67 de la Ley N°10.336.

Precisa que, posteriormente, mediante Oficio N°41060/2026, de fecha 27 de febrero de 2026, la Contraloría Regional de Aysén le solicitó informe respecto de la presentación efectuada por doña nombre reservado, quien pidió acogerse a lo previsto en el artículo 67 de la Ley N°10.336, precisamente en relación con la deuda generada por el rechazo de las nombre reservado antes singularizadas. Añade que, en dicho oficio, la Contraloría Regional pidió un informe detallado que explicara las circunstancias y motivos del pago indebido, su concepto, el detalle del cálculo, el monto líquido a reintegrar, los períodos comprendidos y los documentos de respaldo. Además, hizo presente expresamente que, mientras no se decidiera en definitiva al respecto, era improcedente exigir el reintegro de lo adeudado por este concepto.

Alega falta de legitimación pasiva material del SLEP Aysén respecto del rechazo de las nombre reservado, desde que el Servicio Local de Educación Pública de Aysén no tiene competencia para autorizar, rechazar, reducir, invalidar o reconsiderar nombre reservado. Su intervención se limita a tramitar, informar y registrar los antecedentes que le corresponden en su calidad de empleador, por tanto, el SLEP Aysén no puede ser considerado autor del acto administrativo que resolvió la improcedencia del reposo ni del rechazo de las licencias.

Refiere que existe presunción de legalidad de los actos administrativos que sirvieron de antecedente a la actuación del servicio, dado que las resoluciones dictadas por COMPIN y/o SUSESO, en cuanto actos administrativos emanados de órganos competentes, y conforme a lo establecido en el artículo 3° inciso final de la Ley N°19.880, se encuentran amparadas por la presunción de legalidad, imperio y exigibilidad contemplada en el ordenamiento jurídico administrativo.

Señala que, la actuación del SLEP Aysén se ajustó a la normativa aplicable ya que, al tomar conocimiento del rechazo de las nombre reservado, el Servicio actuó dentro del marco que impone la normativa sectorial: identificó los períodos involucrados, calculó el monto asociado y comunicó a la funcionaria la existencia de una suma a reintegrar, informándole además la posibilidad de acudir a la Contraloría General de la República.

Indica que, es improcedente calificar la actuación del SLEP Aysén como autotutela ejecutiva o descuento unilateral ilegal, toda vez que dicha alegación se construye sobre una premisa equivocada y sobre una caracterización abiertamente excesiva de los hechos, desde que el Servicio se limitó a obrar conforme al estado jurídico existente al momento de la actuación, esto es, la existencia de nombre reservado rechazadas respecto de períodos en que la funcionaria había percibido íntegramente sus remuneraciones, de modo que no es efectivo que la Notificación de Deuda N°33 constituya una vía de hecho o un mecanismo ilegítimo de autotutela. La comunicación efectuada a la recurrente tuvo por objeto poner en su conocimiento la existencia de una diferencia remuneracional asociada a nombre reservado rechazadas, individualizar el monto, señalar los períodos comprendidos y advertirle las vías administrativas disponibles, particularmente la posibilidad de recurrir ante la Contraloría General de la República, conforme al artículo 67 de la Ley N°10.336. Agrega que, el plazo de cinco días hábiles no puede ser presentado como una manifestación de arbitrariedad, sino como una instancia administrativa previa destinada a que la funcionaria pudiera informar, controvertir, aclarar o acreditar el ejercicio de las vías institucionales disponibles.

Aclara que, tampoco es correcto sostener que el Servicio solo podría actuar previa resolución judicial firme o autorización expresa de la funcionaria. Tal exigencia no se desprende de la normativa aplicable. Agrega que, no existe, por parte del SLEP Aysén, una conducta clandestina, abusiva, discriminatoria o carente de fundamento, sino una actuación administrativa fundada en actos vigentes de los órganos competentes y en normas expresas que regulan el reintegro de remuneraciones indebidamente percibidas.

Dispone que, no existe una privación patrimonial actual, consumada y atribuible al SLEP Aysén, que justifique la intervención cautelar de esta Corte, ya que en este caso la discusión sobre la procedencia, condonación, rebaja, facilidades o exigibilidad de la restitución se encuentra radicada ante la Contraloría General de la República, órgano competente para conocer solicitudes vinculadas al artículo 67 de la Ley N°10.336.

TERCERO: Que, doña Andrea Cisternas Tiemann, abogada, en representación de la recurrida, Superintendencia de Seguridad Social, alega primeramente la extemporaneidad de la acción de protección de autos, desde que constando de los antecedentes que obran en los expedientes administrativos electrónicos que se acompañan, que la recurrente Sra. nombre reservado tenía conocimiento cierto del rechazo de las nombre reservado por parte de la Superintendencia, a más tardar, el mismo día en que efectuó la tercera presentación, hecho que aconteció el 24 de febrero de 2026, en tanto la acción de protección fue interpuesta recién con fecha 25 de mayo del año 2026, por lo cual no puede prosperar la acción, debiendo computarse, en la tesis más extensiva del plazo, desde que tomó conocimiento cierto de la resolución de la Superintendencia y este conocimiento consta haberlo tenido el día en que reclamó por tercera vez de la reconsideración del dictamen ante la Superintendencia de Seguridad Social. En virtud de ello, resulta palmario que ha sido ejercida una vez vencido con creces el plazo fatal de 30 días corridos que se contempla para ello.

Precisa que, la acción de protección no es una vía de impugnación subsidiaria de otras que pueda contemplar el ordenamiento jurídico, sean estas administrativas o judiciales.

En segundo lugar, alega la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, desde que la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En cuanto al fondo del asunto, refiere que, no existe actuación ilegal o arbitraria de parte de la Superintendencia de Seguridad Social. Añade que, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados y preexistentes.

Refiere que, en el caso de la recurrente, ésta claramente no es titular del “derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral”, por cuanto no se han cumplido los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos, de tal forma que no reúne la condición de ser un derecho preexistente e indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo; por el contrario, tras las sucesivas revisiones y estudio, tanto de la COMPIN como de esa Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente autorizar las nombre reservado que se extendieron a la recurrente, por las razones legales expuestas. Manifiesta que los antecedentes clínicos y administrativos fueron analizados por distintos profesionales médicos del servicio, quienes varias veces efectuaron el correspondiente estudio técnico del caso de la Sra. nombre reservado.

Argumenta constar que las nombre reservado reclamadas fueron emitidas por médicos generales particulares, sin especialidad certificada en psiquiatría adulta, pese a tratarse de reposos psiquiátricos de larga duración, lo que resulta clínicamente insuficiente para sustentar una incapacidad laboral prolongada por patología de salud mental, especialmente considerando que, conforme al artículo 16 del D.S. N° 7, de 2013, del Ministerio de Salud, los médicos generales solo pueden emitir hasta 30 días de licencia médica por diagnóstico psiquiátrico. Agrega que, en la especie, la recurrente excedió ampliamente dicho límite, sin que conste evaluación o control por especialista en psiquiatría adulta que permita validar clínicamente la prolongación del reposo.

Señala que, por ende, no se acredita el rol terapéutico del reposo, ni proporcionalidad entre el cuadro clínico descrito, las medidas de tratamiento adoptadas y la duración del reposo solicitado. La ausencia de manejo psiquiátrico especializado, la emisión de licencias por médicos no especialistas, el exceso del límite aplicable a licencias psiquiátricas otorgadas por médicos generales, la falta de evidencia clínica objetiva y la inexistencia de un plan terapéutico orientado al reintegro laboral permiten concluir que las nombre reservado reclamadas carecen de justificación clínica suficiente y finalidad terapéutica. Por lo expuesto, y conforme a lo dispuesto en el D.S. N°3, de 1984, y en el D.S. N°7, de 2013, ambos del Ministerio de Salud, la Superintendencia concluyó que correspondía mantener el rechazo de las nombre reservado reclamadas.

Finalmente, expone que la actuación desarrollada por la Superintendencia se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que determinan sus atribuciones y facultades fiscalizadoras. En tal marco, se resolvió confirmar el rechazo de las nombre reservado reclamadas y pronunciarse respecto de las solicitudes relacionadas, actuando siempre dentro de las competencias que la ley le confiere, con estricto apego a su carácter técnico y a las funciones de fiscalización que le corresponden, dejando debida constancia de los fundamentos que se tuvieron a la vista al momento de adoptar la decisión. Agrega que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado dentro del ámbito de su competencia, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la igualdad ante la ley, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, este último reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, mal aplicado en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ha existido afectación de algún otro derecho garantido por la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

QUINTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEXTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo se afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión a adoptar por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

En cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso.

SÉPTIMO: Que, al efecto se debe tener presente que el numeral 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, establece que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

OCTAVO: Que, en esa línea y en lo referente a la solicitud de declaración de extemporaneidad del recurso, formulada por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, si bien se explicita que la parte recurrente tenía conocimiento cierto del rechazo de sus nombre reservado, a más tardar desde el mismo día en que reclamó de ello ante ese organismo, esto es, el 24 de febrero de 2026, por lo que ha debido computarse el plazo desde dicha data y, en su parecer, la acción de protección resulta a todas luces extemporánea; en este punto cabe tener a la vista que es la Resolución Exenta N°R-01-DC-55868-2026, de fecha 24 de abril de 2026, la que en definitiva confirma el rechazo de las nombre reservado: RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 122625038-3, 124038869-K, 125149851-9, 126355992-0 y 126972791-4.

En tal escenario, considerando que el presente recurso se interpuso el 21 de mayo de 2026, cabe concluir que no ha transcurrido el mentado plazo fatal consignado en la norma precitada, lo que llevará a rechazar la alegación de extemporaneidad formulada por la parte recurrida.

En cuanto a la alegación de improcedencia del recurso.

NOVENO: Que, ahora, en lo referente a la solicitud de improcedencia del recurso, formulada por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, ésta deberá también ser desestimada, debiendo estarse a lo resuelto a Folio 6, con fecha 29 de mayo de 2026, desde que en la referida resolución se decidió este aspecto de orden adjetivo y se declaró admisible la presente acción cautelar, toda vez que cumplía con los requisitos formales establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de la Excma. Corte Suprema, sin que se haya impugnado tal resolución, correspondiendo, entonces, pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido al conocimiento de esta Corte.

En cuanto al fondo del recurso.

DÉCIMO: Que, en síntesis, la parte recurrente ha hecho consistir la actuación arbitraria e ilegal de las recurridas en la Resolución Exenta R-01-DC-55868-2026, de fecha 24 de abril de 2026, emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, la cual confirmó el rechazo de las nombre reservado°: 4-21499604, 4-21691340, 4-21914948, 3-122625038, 3-124038869, 3-125149851, 3-126355992 y 3-126972791 y la Notificación de Deuda N°33, de fecha 17 de febrero de 2026, emitida por el Servicio Local de Educación Pública Aysén; infringiendo con ello, sus garantías constitucionales consagradas en los números 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile.

UNDÉCIMO: Que, a fin de despejar los aspectos a dirimir, apreciando los antecedentes reunidos de conformidad a las reglas de la sana crítica y teniendo presente las alegaciones efectuadas por las partes, es posible dar por asentados los siguientes hechos:

1.- Con fecha 24 de febrero de 2026, recurre doña nombre reservado, ante la Superintendencia, solicitando se reconsidere el dictamen R-01-DC-161160-2025, de fecha 23 de noviembre de 2025, mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN Región de Aysén, en orden de mantener el rechazo de las nombre reservado°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 90 días a contar del 23 de mayo de 2025, por reposo no justificado. Además, la recurrente reclamó por cuanto la citada Comisión Médica confirmó el rechazo de las nombre reservado°122625038-3, 124038869-K, 125149851-9, 126355992-0, 126972791-4, extendidas por un total de 133 días, bajo la misma causal de rechazo.

2.- Que, mediante Resolución Exenta N°R-01-DC-55868-2026, de fecha 24 de abril de 2026, de la SUSESO, se confirmó la resolución de la COMPIN, que rechaza las nombre reservado°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 122625038-3, 124038869-K, 125149851-9, 126355992-0, 126972791-4, por la causal de reposo no justificado, fundado en: “que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral.

Que, los antecedentes adjuntos, incluyendo informes médicos de agosto y diciembre de 2025, no describen de manera amplia y detallada la disfuncionalidad que limitaba el reintegro laboral durante el periodo mencionado. Los antecedentes médicos no señalan tampoco ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a la extensión de reposo, del que se pueda desprender el rol terapéutico y dirigido al reintegro del periodo reclamado.

Que, tampoco los antecedentes certifican el ingreso al programa GES, evaluación por especialista en Psiquiatría de Adultos ni derivación efectiva a dispositivos de mayor complejidad concordante con el tiempo en reposo médico.”.

3.- El 13 de febrero de 2026, el Servicio Local de Educación Pública de Aysén, emite la “Notificación de Deuda N°33”, remitida a doña nombre reservado, con el fin de informar una deuda derivada por conceptos de rechazo de nombre reservado a través de re-dictamen de COMPIN, respecto de las cuales no se registran otras instancias de apelación, tratándose de remuneraciones percibidas correspondientes a los meses que indica, teniendo que reintegrar la suma de: $1.399.866.

DUODÉCIMO: Que, para dilucidar la presente controversia, se debe tener presente la siguiente normativa al efecto:

El artículo 1 del Decreto Supremo Nº3, del año 1984, del Ministerio de Salud, el cual señala que: “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda”.

A su turno, el artículo 21 del referido Decreto, señala que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de nombre reservado o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías especificas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”.

Por su parte, el artículo 3 de la Ley N°16.395, indica que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia. La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones”.

El inciso 1 del artículo 29, de la Ley N°21.109, en tanto, que establece un estatuto de los asistentes de la educación pública, refiere que: “El personal asistente de la educación podrá hacer uso de nombre reservado, entendidas éstas como el derecho que tiene el asistente de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso, con el fin de atender al restablecimiento de su salud, en cumplimiento de una prescripción profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, según corresponda, autorizada por el competente Servicio de Salud o Institución de Salud Previsional, en su caso. Durante su vigencia el asistente continuará gozando del total de sus remuneraciones.”.

Finalmente, el artículo 63 del Decreto Supremo N°3, de 1984, que Aprueba Reglamento de Autorización de nombre reservado por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, dispone que: “La devolución o reintegro de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos por el beneficiario de una licencia no autorizada, rechazada o invalidada, es obligatorio.

Sin perjuicio de lo anterior, el empleador adoptará las medidas conducentes al inmediato reintegro, por parte del trabajador, de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos.”

DÉCIMO TERCERO: Que, de acuerdo a los hechos previamente asentados y considerando el marco normativo que regula la materia, a juicio de estos sentenciadores no se advierte el actuar ilegal o arbitrario que se ha imputado a la parte recurrida, consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°R-01-DC-55868-2026, de fecha 24 de abril de 2026, de la SUSESO, por la cual se confirma la resolución de la COMPIN que, a su vez, rechazó las nombre reservado°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 122625038-3, 124038869-K, 125149851-9, 126355992-0, 126972791-4, teniendo por fundamento un reposo no justificado, en atención a que, conforme al citado artículo 3° de la Ley N°16.395, la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, es la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, facultada por la ley para emitir el pronunciamiento en cuestión, razón por la cual se tiene que, desde un punto de vista formal, en el ámbito orgánico y funcional, ésta ha actuado dentro del ámbito de su competencia, no pudiéndose estimar como ilegal su proceder.

Por otra parte, el recurrido Servicio Local de Educación Pública, obró conforme a lo dispuesto en el artículo 63 del Decreto Supremo N°3, de 1984, en cuanto como empleador debió adoptar las medidas conducentes al inmediato reintegro, por parte de la trabajadora, de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos, de manera tal que la emisión de la “Notificación de Deuda N°33”, obedeció a dicho mandato legal, no pudiendo, asimismo, calificarse como ilegal su actuación.

DÉCIMO CUARTO: Que, de igual forma, no hay que perder de vista que los actos administrativos deben ser motivados, de conformidad al artículo 11, de la Ley N°19.880, debiendo contener los fundamentos de hecho y derecho en que éstos se basan; debiendo, además, seguir el estándar impuesto en el artículo 41, inciso cuarto, del mismo cuerpo legal, que exige que las resoluciones finales que contengan una decisión deben ser fundadas.

DÉCIMO QUINTO: Que, precisado lo anterior, se debe considerar que el rechazo de las nombre reservado aludidas, desde una perspectiva sustantiva, aparece también adecuadamente fundado, lo que aleja todo viso de arbitrariedad o mero capricho, desde que, en particular, la decisión de la Superintendencia se basó en el estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las nombre reservado no se encontraba justificado, por cuanto, en lo puntual, precisa: “Que, los antecedentes adjuntos, incluyendo informes médicos de agosto y diciembre de 2025, no describen de manera amplia y detallada la disfuncionalidad que limitaba el reintegro laboral durante el periodo mencionado. Los antecedentes médicos no señalan tampoco ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a la extensión de reposo, del que se pueda desprender el rol terapéutico y dirigido al reintegro del periodo reclamado.

Que, tampoco los antecedentes certifican el ingreso al programa GES, evaluación por especialista en Psiquiatría de Adultos ni derivación efectiva a dispositivos de mayor complejidad concordante con el tiempo en reposo médico.”.

En lo argumentado, además, no se aprecia distanciamiento alguno de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, necesariamente asociados a una fundamentación que satisfaga los estándares exigidos para todo acto administrativo por los artículos 3, 11 y 41 de la Ley N°19.880, como antes se indicó, a lo que se añade que el proceder del SLEP Aysén también deja en evidencia la sujeción a similares cánones a la hora de cumplir con sus deberes como empleador público.

DÉCIMO SEXTO: Que, conforme a lo sostenido en el motivo precedente, cabe concluir que, atendido el carácter de la controversia planteada, no es posible para estos sentenciadores tener por acreditada tampoco la existencia de un derecho indubitado, que se alce en favor de la recurrente frente a la situación expuesta, desde que la autorización de una licencia médica, en cualquiera de sus instancias administrativas, constituye una mera expectativa para todo paciente, la que se ve concretada únicamente cuando se satisfacen los presupuestos fácticos y normativos que le dan sustento.

Consecuencialmente, tampoco se advierte que, aquéllos que se han resaltado como derechos vulnerados, consagrados en el artículo 19 numerales 1, 2 y 24, de la Constitución Política de la República, hayan sido afectados antijurídicamente producto de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal proveniente de la Administración del Estado, al no haberse demostrado la concurrencia de una resolución revestida de tales caracteres, según lo apuntado, sino, por el contrario, se ha evidenciado que el rechazo del reposo médico reprochado se ha debido a que los antecedentes aportados no permitieron establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los días de reposo ya autorizados por la misma patología; razón por la que se deberá rechazar el recurso de protección que se conoce, como se dirá.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE DECLARA:

I.- Que, SE RECHAZA la petición de extemporaneidad, deducida por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social.

II.- Que, SE RECHAZA la petición de improcedencia, formulada también por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social.

III.- Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en lo principal de la presentación de fecha veintiuno de mayo de dos mil veintiséis, por doña Javiera Paz Faúndez Rojas, en representación de doña nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL y del SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE AYSÉN.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Señor Ministro Titular, don Luis Moisés Aedo Mora.

Rol N°120-2026. (Protección).-