Protección contra INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Coyhaique, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Con fecha 12 de agosto de 2022, doña Mildred Vasquinzay Tapia, abogada, en representación de doña nombre reservado, pensionada, con domicilio en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, representado por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana; SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana; POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, Departamento de Migraciones y Policía Internacional, representado por su Director General don Sergio Antonio Muñoz Yáñez, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana; DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE, representado por su General Director don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana; y; en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, representado por su Director Nacional don Luis Thayer Correa, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, por haber cometido un acto arbitrario e ilegal, que vulnera sus derechos establecidos en el artículo 19 N° 1, 2 y 24; y el artículo 20 de la Constitución Política de la República, consistente en la dictación de la Resolución Exenta SPS N° 162, de fecha 12 de julio de 2022, en que el recurrido rechaza beneficio de pensión solidaria de la recurrente; solicitando, que: “1° Se deje sin efecto la Resolución de Rechazo de Beneficios Exenta SPS N°162, de fecha 12 de julio de 2022, emitida por el Instituto de Previsión Social y se ordene a dicha institución acoger la solicitud del beneficio de APSV, hoy denominada PGU, de doña nombre reservado; 2° Disponga, en subsidio, cualquier otra medida que esta Ilma. Corte estime pertinente para restablecer el imperio del derecho y amparar las garantías constitucionales reseñadas; 3º Que se condena en costas a las recurridas.”

Con fecha 22 de septiembre de 2022, la parte recurrida, Instituto de Previsión Social, a través del abogado don Pablo Andrés Contreras Prieto, evacúa el informe requerido, solicitando el rechazo de la acción constitucional.

Con fecha 24 de septiembre de 2022, se agregó el informe evacuado por don nombre reservado, Jefe (S) de la Región Policial de Aysén, en representación de Policía de Investigaciones de Chile, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto.

Con fecha 08 de octubre de 2022, se ordenó traer los autos en relación.

Con fecha 19 de octubre de 2022, se procedió a la vista de la causa, en la que, a favor del recurso, alegó la abogada doña Mildred Vasquinzay Tapia; y, contra el recurso, se presentó y alegó, el abogado don Pablo Contreras Prieto.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente alega que, no obstante cumplir los requisitos para la obtención de la Pensión Garantizada Universal, contemplados en el artículo 10 de la Ley 21.419, por causa de una omisión o falta de diligencia, se le ha privado de su derecho a poder obtener la PGU del año 2019 a la fecha, por no cumplir el requisito de 20 años de residencia en el país, fundado en la información que le entrega el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Coyhaique de la Policía de Investigaciones de Chile.

Señala que, consta en certificado del Consultorio Víctor Domingo Silva de Coyhaique, de fecha 11 de marzo de 2020, que ha tenido atenciones continuas desde el año 1998 al 2019, y en el mismo sentido el certificado de cotizaciones previsionales, de fecha 20 de julio de 2022, acredita que la recurrente registra en su cuenta obligatoria, cotizaciones desde el año 1988 hasta el año 2014.

Agrega que, Policía de Investigaciones de Chile, Departamento de Migraciones y Policía Internacional Coyhaique, el día 09 de marzo del presente año, mediante el certificado de viaje N°7, indica que su representada, no obstante no registrar salida de Chile, ingresa al país, desde Argentina, el día 26 de abril de 2003, misma situación ocurre el día 24 de noviembre de 2011, día en que ingresa a Chile desde Argentina, nuevamente, sin registrar la salida hacia dicho país, y, por último el día 28 enero de 2012 registra solo salida desde Chile a Argentina, no registrando ingreso al país.

Estima que es físicamente imposible que su representada no se encuentre en territorio chileno y tenga atenciones en el consultorio Víctor Domingo Silva de Coyhaique, en las fechas indicadas por la Policía de Investigaciones de Chile, como tampoco es posible que, en estos mismos periodos, registre cotizaciones previsionales en AFP Plan Vital, si se encuentra viviendo fuera del País.

Posterior a invocar las normas pertinentes sobre la admisibilidad del recurso de protección, señala, en sus argumentos de derecho que, la conducta de los recurridos en torno a no conceder la Pensión Garantizada Universal, perturba el derecho a la integridad física y psíquica de la recurrente, sobre todo, con especial consideración a la etapa de vida en que se encuentra, persona mayor de 68 años.

Manifiesta que, el actuar de la recurrida priva y perturba el derecho a la igualdad ante la ley, toda vez que la recurrente cumple todos los requisitos legales para obtener la Pensión Garantizada Universal. En consonancia con el artículo 19 N°18 Constitución Política de la República “El derecho a la seguridad social”, derecho que sigue siendo obligación del Estado, respecto de todas las personas, sin distinción alguna, debiendo velar porque sus prestaciones sean uniformes, es decir, que todas las personas que se encuentran en las mismas condiciones, deben tener igual prestación de Seguridad Social.

Asimismo, estima vulnerado su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24, que también es un estatuto de protección de bienes incorporales, como lo es el derecho a pensionarse, esto debido a las particulares características de nuestro sistema previsional, pues estima que el sistema no formula distinción alguna o exclusión que impida la protección del derecho de propiedad sobre bienes incorporales a través de esta acción constitucional. Finalmente, sostiene que la naturaleza jurídica de la pensión de jubilación es un derecho adquirido (incorporal) del patrimonio de su representada, debido a que las leyes que contempla la PGU son de derecho público y rigen in actum, por lo que la garantía aludida es aplicable.

SEGUNDO: Que, con fecha 21 de septiembre de 2022, la recurrida Instituto de Previsión Social, informando el recurso de protección solicita su rechazo, porque la acción constitucional deducida no es el medio idóneo para la solución de un conflicto jurídico como el de autos, ya que, de la simple lectura del recurso, y en particular de su parte petitoria, se puede colegir, que lo que se pretende finalmente es que se le ordene el pago de la Pensión Garantizada Universal a doña nombre reservado, lo que excede con creces el ámbito de aplicación de una acción cautelar.

Señala que sin perjuicio de lo referido en el párrafo anterior, la recurrida ha actuado en todo momento ajustado a derecho, y no existe ningún acto ilegal o arbitrario imputable a mi representado, pues dichos actos se encuentran ajustados al principio de legalidad, y dentro de las competencias, que le han sido otorgadas por la Ley 20.255, DFL N°17, del año 1989, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, DFL 1340 bis de 1930, etc.

Así, indica que la causal del rechazo está debidamente fundada, por no cumplir la recurrente con el requisito de residencia exigido por el art.10 letra c), de la Ley 21.419. Más aún, dicha resolución se funda en lo informado a la recurrente, por la Policía de Investigaciones de Chile, por lo que la recurrente tiene la opción de reclamar, presentado los certificados de entradas y salidas a nuestro país, el cual contempla el período de 20 años hacia atrás desde la fecha de la presentación de solicitud, tal como lo señala el mencionado artículo 10 de la Ley 21.419 en su letra c).

Finalmente, alega la ausencia de vulneración de los derechos constitucionales, contenidos en el artículo 19 N°18 de la Constitución Política de la República, sobre el derecho a la Seguridad Social, la cual no se encuentra como garantía protegida por el Recurso de Protección. Del mismo modo, estima que no se ha infraccionado el derecho de propiedad de la recurrente, consagrado en el artículo 19 N°24 de la referida Carta Fundamental, desde que, el beneficio de la PGU, es un beneficio no contributivo, y como tal es financiado casi en un 100% por el Estado, lo que implica claramente que los beneficiarios, no son dueños de éste. Asimismo, sostiene la inexistencia de vulneración del derecho a la vida, contenida en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, toda vez que, dentro de su misión, se encuentra el ser el brazo ejecutor de las políticas públicas de seguridad social, y de bienestar de los más débiles, guiando su actuar a través de distintos principios rectores, teniendo como uno de sus principales, el Principio de Equidad y no discriminación, consiste en brindar un trato justo e igualitario, previsible y transparente sustentado en el respeto y dignidad hacia todas las personas, sobre la base del mérito o hechos objetivos, indistintamente de variables como situación socioeconómica, género, pertenencia a un grupo étnico, orientación sexual y/o capacidades diferentes.

TERCERO: Que, la Policía de Investigaciones de Chile, informando el recurso de protección solicita su rechazo, en atención a que, tal como lo señala la recurrente, se emitió el Certificado de Viajes Nro. 07, por el Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Coyhaique, respecto de doña nombre reservado, quien no indica de manera precisa la fecha de ingreso o salida del territorio nacional, paso fronterizo utilizado u otro antecedente que permita determinar de manera precisa un actuar arbitrario o ilegal por parte de la Policía de Investigaciones de Chile.

Así, la información que da cuenta el certificado es aquella “ingresada al registro general de viajes”, agregando que el certificado señala un ingreso al 26.ABR.003, por la Avanzada Huemules, sin registrar salida, al igual que la entrada no registrada en el sistema entre enero del año 2012 y marzo de 2014, indicando además que, el hecho de no existir en la base de datos registro de un ingreso o salida del territorio nacional puede deberse entre otros factores, a la no remisión o extravío desde un paso controlado ya por Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones, cuando dicho registro era ingresado manualmente, ya que se hace referencia a registros de casi 20 años atrás, sin que ello signifique un actuar arbitrario e ilegal.

Añade que, si la intención de la recurrente es acreditar su permanencia en el territorio nacional, no sólo debería valerse del registro ya citado, sino que de cualquier medio, ante el Servicio que solicita se acredite el cumplimiento del requisito de residencia por veinte años en el país, sin perjuicio de otras vías o acciones de lato conocimiento.

Manifiesta que, para efectos de oportunidad y conocimiento del presente recurso, debe estimarse arbitrario o ilegal, la Resolución Exenta SPS N°162, de fecha 12 de julio de 2022, que niega otorgar la Pensión Garantizada Universal a doña nombre reservado, emanada del Instituto de Previsión Social, desde que dicho acto administrativo terminal, ponderó los antecedentes expuestos por la solicitante del reconocimiento del beneficio, y sobre éste debe recaer el análisis y resolución.

Finalmente, estima que el actuar de la Policía de Investigaciones de Chile, se encuentra ajustado a la legalidad, sin haber incurrido en un acto arbitrario o ilegal, por lo que solicita el rechazo del recurso, en cuanto a la Institución se refiere.

CUARTO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”.

QUINTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEXTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SÉPTIMO: Que, según consta de lo expuesto y señalado por las partes, a fin de resolver el presente arbitrio planteado, el análisis se debe centrar en determinar si el acto recurrido, esto es, el rechazo de la solicitud de otorgar a la solicitante el beneficio de Pensión Básica Solidaria, a través de la Resolución de Rechazo de Beneficios Exenta SPS N°162, de fecha 12 de julio de 2022, emitida por el Instituto de Previsión Social, es ilegal y/o arbitrario, y analizar si dicho acto vulnera los derechos establecidos en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; para luego proceder a resolver si corresponde acceder a las pretensiones del recurso, consistentes en dejar sin efecto la Resolución referida, y ordenar al Instituto de Previsión Social acceda a la solicitud del beneficio de Pensión Básica Solidaria, en favor de doña nombre reservado; o, en subsidio, disponer cualquier otra medida pertinente, con costas.

OCTAVO: Que, cabe indicar que la materia en estudio se encuentra regulada en la Ley 20.255, la cual “Establece Reforma Previsional” contemplando una Pensión Básica Solidaria, y cuyos Títulos II y VIII, Párrafo Segundo, regulan la Nueva Institucionalidad Pública para el Sistema de Previsión Social y en la Ley 21.419 que “ Crea la Pensión Garantizada Universal y modifica los cuerpos legales que indica”, cuyo artículo 10 establece los requisitos para optar a este beneficio, entre los que se encuentra en la letra c):” Acreditar residencia en el territorio de la República de Chile por el lapso no inferior a veinte años continuos o discontinuos, contados desde que el peticionario haya cumplido veinte años de edad; y, en todo caso, por el lapso no inferior a cuatro años de residencia en los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acogerse al beneficio de esta ley.”

NOVENO: Que, el artículo precitado establece como requisito la residencia en el territorio nacional por el lapso indicado en la misma norma, lo que obliga a definir el concepto de residencia para dilucidar el cumplimiento de dicha exigencia.

Que, la norma citada no define dicho término como tampoco nuestro Código Civil, ya que sabido es, su artículo 59 al establecer la definición legal de domicilio, alude a la residencia como uno de sus elementos constitutivos pero no la define, por ende, careciendo de un concepto legal y conforme la norma de interpretación prevista en el artículo 20 del mismo cuerpo legal, habrá de entenderse de acuerdo a su sentido natural y obvio, según el uso general de las misma palabras.

Que, en este sentido, la RAE establece como definición General de residencia: “Acción y efecto de residir”; “ El lugar en que se reside” ; “Casa en que se vive”.

DÉCIMO: Que, según lo expuesto por la recurrente y por la recurrida, son hechos inconcusos de esta causa, que no se ha otorgado a la recurrente la PUG y que el rechazo de la solicitud de tal beneficio se funda en lo informado por la Policía de Investigaciones de Chile, en el Certificado de Viajes N°07, de fecha 09 de marzo de 2022, en la cual figura que la recurrente con fecha 26 de abril de 2003, ingresa al país, sin registrar salida de Chile; con fecha 24 de noviembre de 2011, ingresa a Chile desde Argentina, nuevamente, sin registrar la salida; y, con fecha 28 enero de 2012, registra solo salida desde Chile a Argentina, no registrando ingreso al país.

UNDÉCIMO: Que, así las cosas, corresponde a esta Corte dilucidar si el rechazo del beneficio solicitado por la recurrente por no cumplir con el requisito de residencia exigido por el artículo 10 letra c), de la Ley 21.419, se encuentra debidamente fundado y ajustado a los hechos y al derecho o si por el contrario y como sostiene la recurrente, cumple con dicho requisito conforme a los antecedentes acompañados por ella al IPS y en este recurso.

DUODÉCIMO: Que para la resolución del presente arbitrio, obligado resulta aplicar lo previsto en el artículo 14 inciso final de la Ley 21.419 que prescribe: “Se entenderá además cumplido el requisito de la letra c) del artículo 10, respecto de las personas que registren veinte años o más de cotizaciones en uno o más de los sistemas de pensiones en Chile.”

DÉCIMO TERCERO: Que de los antecedentes allegados al proceso, analizados a la luz del concepto de residencia, en orden a dar cuenta del lugar o casa en que vive doña nombre reservado, considerando lo previsto en la norma citada en el motivo precedente y apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, se concluye que la recurrente cumple con los requisitos previstos en el artículo 10 letra c) de la ley 21.419.

DÉCIMO CUARTO: Que, en efecto, la recurrente acompaña Certificado de Afiliación de la AFP Plan Vital emitido con fecha 20 de Julio de 2022, mediante el cual dicha entidad certifica que nombre reservado ingreso al nuevo sistema Previsional con fecha 4 de marzo de 1988 y se encuentra afiliada desde esa data.

Asimismo allega el Certificado de Cotizaciones de la misma entidad, de fecha 20 de julio de 2022, que registra cotizaciones previsionales desde el año 1988 hasta el año 2014, lo que permite acreditar que la recurrente registra en su cuenta obligatoria de la AFP, cotizaciones por más de 20 años, encontrándose por ende dentro de la hipótesis prevista en el artículo 14 inciso final de la Ley 21.419, por lo cual a su respecto debe entenderse cumplido el requisito previsto en el artículo 10 letra c) de este cuerpo normativo.

DÉCIMO QUINTO: Que, en consecuencia, establecido el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 10, el acto administrativo que se materializa en la dictación de la Resolución Exenta SPS N°162, de fecha 12 de julio de 2022, que rechaza la solicitud de doña nombre reservado, por no cumplir el requisito consistente en tener 20 años de residencia en el país, resulta arbitrario e ilegal, en cuanto la recurrida desconociendo la norma citada e incumpliendo el mandato legal de considerar cumplido el requisito de residencia cuando el solicitante estuviere afiliado a un sistema de pensiones chileno por más de 20 años, hizo caso omiso de los antecedentes que fundaban la petición de la recurrente y acreditaban su condición de afiliada a la AFP Plan Vital, dando valor en cambio al certificado de Viaje n° 7 de la PDI, que si bien registra entradas y salidas del país, no demuestra en caso alguno que la recurrente haya mutado su residencia al extranjero.

DÉCIMO SEXTO: Que, a mayor abundamiento, consta del Certificado del Consultorio Víctor Domingo Silva, de la comuna de Coyhaique, emitido con fecha 11 de marzo de 2020 y acompañado por la recurrente, que ésta ha recibido atenciones continuas desde el año 1998 al 2019, permitiendo establecer que durante dicho lapso de tiempo y en las fechas indicadas en el documento referido la recurrente ha permanecido en Chile.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, por lo razonado, resulta evidente la vulneración a las garantías constitucionales invocadas por la recurrente previstas en los artículos 1, 2 y 24 de la Constitución Política.

Que, en efecto, el solo hecho de haber sido privada de su derecho a obtener la PGU, hace presumir una afectación a su integridad física y psíquica, al pertenecer por su situación socio económica y rango etario, al segmento más vulnerable de la población, que debe ser protegido por el Estado, debiendo observarse los principios de equidad y no discriminación, habida consideración que la citada Ley N° 21.419, que crea la Pensión Garantizada Universal, tuvo por objeto ampliar, especialmente respecto de los hogares de clase media, que necesiten del apoyo del Estado para poder solventar sus necesidades durante la tercera edad, y brindar un efectivo aumento a las pensiones y evitar dilatar la entrega de ayudas fiscales a los pensionados, se propuso la creación de una Pensión Garantizada Universal para todos los adultos mayores de 65 años que no se encuentren en el 10% más rico de la población de 65 años o más.

Que, asimismo y según se viene razonando, el acto impugnado conculca directamente el derecho de la recurrente a merecer igualdad de trato, frente a todos aquellos que también cumplen con las exigencias legales para obtener el beneficio de la Pensión Universal Garantizada, situando a la recurrente en una posición de menoscabo y desmedro injustificado, frente a otros pensionados que sí obtuvieron dicho beneficio.

Que, en cuanto a la afectación del derecho de propiedad, se evidencia la amenaza en su ejercicio, al privar a la recurrente de un beneficio que le corresponde por mandato legal al reunir los requisitos exigidos para su concesión y que hubiese ingresado a su patrimonio de no haber existido la actuación arbitraria e ilegal de la recurrida, como se ha venido señalando.

DÉCIMO OCTAVO: Cabe precisar, que el acto recurrido emana exclusiva y directamente del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, en consecuencia, no es dable la inclusión que hace la recurrente de la POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE en calidad de recurrida, por cuanto esta entidad ha cumplido un rol netamente informativo y auxiliar, limitándose a comunicar el registro de salidas y entradas del territorio nacional de la recurrente, mediante el Certificado de Viajes n° 7, sin que haya adoptado decisión alguna respecto a la solicitud de la recurrente.

Que, en este mismo sentido, respecto de las recurridas SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE y SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, no se ha precisado suficientemente por la recurrente su participación o autoría en el acto recurrido y que afecta las garantías constitucionales que ha invocado.

Por estas consideraciones, mérito de autos y lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

I. Que, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección deducido por doña Mildred Vasquinzay Tapia, abogada, en representación de doña nombre reservado, en contra del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL; y en consecuencia, se declara que se deja sin efecto la Resolución de Rechazo de Beneficios Exenta SPS N°162, de fecha 12 de julio de 2022, emitida por el Instituto de Previsión Social y se ordena a dicha Institución que deberá acoger la solicitud del beneficio de APSV, hoy denominada Pensión Garantizada Universal, de doña nombre reservado;

II. Que, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto en contra de la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES; POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE; DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE y SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por la Ministra Titular, doña Natalia Marcela Rencoret Oliva, quien no firma por encontrarse haciendo uso de permiso administrativo.

Rol N°: 1197-2022.