nombre reservado con COMPAÑIA MINERA CERRO BAYO LIMITADA

En Coyhaique, a dieciséis de Septiembre del año dos mil diecisiete.

VISTOS:

Comparece el abogado don Francisco Paredes Adams, domiciliado en domicilio reservado, actuando en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Joni nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Compañía Minera Cerro Bayo Limitada, representada por su gerente general nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; en contra de don nombre reservado, nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, de Santiago; y en contra de doña Karina Acevedo Auad, nombre reservado Región, domiciliada en domicilio reservado, de Coyhaique, por la afectación de la garantía constitucional prevista en el artículo 19, números 1, de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva a este Ilustrísimo Tribunal, que: “1. Que se deje sin efecto el acto ilegal y/o arbitrario de las recurridas o de alguna de ellas, de paralización de las labores de búsqueda y rescate y esta I. Corte obligue a seguir efectuando las labores de búsqueda hasta tener certeza del estado de salud y del lugar en que se encuentran los trabajadores don nombre reservado y don nombre reservado. 2. Que se adopten las demás medidas pertinentes para restablecer el imperio del derecho, entre éstas: -Se ordene a las recurridas o a la recurrida que S.SI. determine a continuar con las labores de búsqueda y rescate de don nombre reservado y don nombre reservado. –Se aplique alguna de las sanciones del auto acordado pertinente a las o la recurrida si procede. –Se adopte por esta Ilustrísima Corte cualquier medida que sea necesaria para restablecer el imperio del derecho, según su elevado criterio.”.

Por la Intendente de la Región de Aysén, compareció informando la abogada doña Ximena Gutiérrez Jaramillo y termina solicitando el rechazo del recurso con expresa condenación en costas.

Asimismo, don Sergio de Amesti Cea, abogado, en representación de la Compañía Minera Cerro Bayo Limitada, evacúa el informe requerido, solicitando no dar lugar al recurso deducido.

Finalmente, el recurrido don nombre reservado, informa y solicita declarar sin lugar el recurso por inadmisible en la forma e improcedente en el fondo, con costas.

Con fecha 12 de Septiembre del año 2017, se dictó la providencia, Autos en Relación.

A estrado, comparece, por la recurrente, el abogado don Francisco Paredes Adams, por las recurridas, Minera Cerro Bayo Limitada, el abogado don Sergio de Amesti Cea, por don nombre reservado, el abogado don Walter Traub Ramos y por la señora nombre reservado, doña Ximena Gutiérrez Jaramillo.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente, funda la acción constitucional impetrada, en que con fecha 9 de Junio del año 2017, en horas de la madrugada, en la Minera Cerro Bayo, dos de sus trabajadores, don nombre reservado y don nombre reservado, familiares directos de sus demás representados, quedaron atrapados al interior de la faena minera, denominada Delia II, a raíz de una inundación de agua y sedimento que ingresó al interior de estas instalaciones, faena cercana a la Laguna Verde, en la comuna de Chile Chico; mineros que se encontraban trabajando en el nivel 55, a 200 metros de profundidad, sin medidas de seguridad, accidente previsible ya que efectuaban labores prácticamente bajo la Laguna Verde, habiendo la empresa realizado las labores de búsqueda iniciales que como empleador le corresponden de acuerdo al artículo 184 del Código del Trabajo, sin embargo no ha desplegado todos los recursos necesarios para poder rescatar a los mineros atrapados desde el 9 de Junio del año 2017, los que se encuentran vivos y su muerte no ha sido comprobada.

Así, sostuvo que la Compañía Minera Cerro Bayo Limitada el 27 de Junio del año 2017, emitió un comunicado en el que señaló que “dada la realidad y consecuencias que deja este evento, es prioritario resguardar recursos y tomar las medidas que permitan atender las obligaciones de la compañía, desde luego aquellas que derivan del accidente y también aquellas que existen con trabajadores y proveedores”, lo que habría repetido con fecha 10 de Julio del año 2017, de manera que la búsqueda se ha detenido en los hechos porque para la empresa aparece como costosa.

Indicó que la búsqueda se estaba realizando con sondajes y no se han efectuado más de 20 perforaciones, actividad insuficiente, dado el gran tamaño de la explotación minera inundada que abarca dos yacimientos, Delia I y Delia II, comunicados entre sí.

Agregó que se trata de un accidente laboral ya que los mineros atrapados trabajaban para la Minera Cerro Bayo Limitada, de manera que le imputa a dicha recurrida no perseverar en la búsqueda de sus trabajadores, lo que sería ilegal y arbitrario, ya que infringe el artículo 184 del Código del Trabajo y es arbitraria porque la recurrida se transforma en quien establece de facto la muerte de los mineros atrapados, quienes bien pudieron encontrarse refugiados en algún lugar de estas extensas instalaciones mineras.

Por su parte, respecto de los actos arbitrarios e ilegales de Sernageomin, que decidió poner fin a la búsqueda descartando la posibilidad de encontrar a los amparados con vida, ya que este servicio controla y fiscaliza el cumplimiento de la normativa sobre seguridad en las instalaciones mineras a fin de proteger la vida e integridad física de las personas que laboran y están ligadas a ellas y de las instalaciones e infraestructura que hacen posible las operaciones mineras, regulados por el D.L. 3.525, Ley Orgánica del Servicio Nacional de Geología y Minería, citando al efecto algunas de sus disposiciones en cuanto dicen relación con las funciones de este servicio, quien, con fecha 10 de Julio del año 2017, a través de un acta, el Subdirector don nombre reservado, habría señalado que no se continuará con los sondajes por parte de Sernageomín, de manera que con fecha 11 de Julio del año 2017, la Señora nombre reservado Karina Acevedo Auad, informó a los familiares de los mineros atrapados que Sernageomin dio por concluidos los procesos de sondaje ya que se han agotado las posibilidades geocientíficas, y con la misma fecha el M.O.P. explicó que comenzaron con el desmonte de bombas y elementos, ya que este organismo apoyaba a Sernageomin, según informó el SEREMI de Obras Públicas. Así, la decisión de Sernageomin es ilegal o arbitraria ya que no existe certeza de muerte de los 2 trabajadores actualmente extraviados, y la imposibilidad técnica de búsqueda no puede ser esgrimida sino hasta encontrar o tener certeza de muerte y entiende que no antes del plazo de estado de excepción constitucional impuesto por la máxima autoridad del país (tres meses); no existe evidencia ni de certeza de muerte; no existe declaración de los Tribunales en tal sentido y se ha invadido su competencia.

Por su parte, respecto de las actuaciones de la Intendente Regional, como autoridad civil a cargo de esta emergencia como coordinadora de la ejecución de las acciones, planes y programas de recuperación tanto de los bienes como de las personas afectadas por la emergencia, designada por los Decretos Supremos números 874 y 875, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por el plazo de 3 meses (del que sólo había transcurrido un mes), señaló que la búsqueda no continuaría, lo que aparece como prematuro, ilegal y arbitraria la medida ya que no existen antecedentes ciertos de muerte de los mineros desaparecidos, comprobado por autoridad competente o autoridad judicial, arrogándose facultades que no tiene y se desvía o anticipa el fin de una búsqueda respecto del cual existe todavía un plazo de dos meses para actuar, según el Decreto citado, que excede el marco de actuación de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política del Estado.

En atención a lo expuesto, estimó privada, perturbada y amenazada la garantía del derecho a la vida e integridad física y psíquica de los recurrentes y en el presente caso no existe declaración legal de muerte, reiterando luego, los antecedentes que constituirían la ilegalidad y arbitrariedad de los recurridos, en relación a la garantía del artículo 19, número 1, de la Constitución Política de la República, sosteniendo que los mineros atrapados en las instalaciones mineras de la recurrida están extraviados, se ignora el lugar donde están y no hay certeza de su muerte y estando legalmente vivos es obligación de la empresa deudora de la obligación de seguridad, buscarlos hasta encontrarlos, sin importar consideraciones de orden económico en tal proceso de búsqueda y es deber del Estado garantizar este derecho a la vida, existiendo un imperativo constitucional, legal y moral de continuar con la búsqueda hasta determinar con certeza el estado de estas personas desaparecidas de manera que la decisión de paralizar la búsqueda por parte de la empresa, Sernageomin e Intendencia, incurren en la conculcación de la garantía mencionada respecto de los mineros extraviados como de sus familiares directos en cuanto su derecho a la integridad física y psíquica, al tener noticias de dicha paralización de búsqueda, lo que constituye un sentencia de muerte para los mineros atrapados.

SEGUNDO: Que, la recurrida, nombre reservado Región de Aysén, representada como se ha dicho, precisó que el acto contra el cual se reclama y se califica como arbitrario e ilegal, sería la comunicación a las familias de los mineros atrapados del cese de las labores de búsqueda, en circunstancia que sólo había transcurrido un mes, de los tres que se decretaron como estado de emergencia, habiéndose arrogado facultades que no tiene al declarar la muerte de los mineros atrapados en la emergencia minera.

Indicó, además, que el 9 de Junio del año 2017 se produjo un accidente al interior de los túneles de la mina Delia II, correspondiente al grupo Cerro Bayo, en la comuna de Chile Chico, quedando dos personas atrapadas en dicho recinto, a 250 metros de profundidad, en línea recta, sin contacto con el exterior y bajo condiciones climáticas adversas, comenzando de inmediato las operaciones de rescate y el 15 de Junio del año 2017, la señora Presidente de la República, declaró estado de excepción constitucional de catástrofe para la comuna de Chile Chico, por el lapso de 90 días y se designó como Jefe de Defensa Nacional en la zona al General de Brigada del Ejército, don nombre reservado y el Decreto Supremo 875 designó como autoridad responsable de la coordinación y ejecución de los programas de recuperación a la Intendente Regional de Aysén, pudiendo dicha autoridad delegar la ejecución y coordinación, teniendo amplias facultades para adoptar y aplicar medidas tendientes a solucionar problemas que surjan o se planteen como consecuencia de la catástrofe a fin de procurar la atención expedita de las necesidades de los damnificados y obtener pronta normalización de las distintas actividades; así el día 16 de Junio del año 2017, se dictó el Decreto Supremo 878 donde se excepcionó al Ministerio de Obras Públicas del trámite de propuesta pública o privada para la contratación de estudios, consultorías asesorías y otros, a fin de facilitar el contar con equipos, traslado de equipos y maquinarias adicionales que colaboren en las labores de rescate de las personas atrapadas en el interior de los túneles de la Mina Delia II.

Al día 4 de Julio del año 2017, tras 25 días de búsqueda, Sernageomin, Onemi, Ministerio de Obras Públicas, Gobernación Provincial, Armada, Ejército, Carabineros, Fuerza Aérea, Ministerio de Salud, Dirección del Trabajo, Bomberos y Policía de Investigaciones de Chile, en labores coordinadas por la autoridad regional recurrida, indicando que el Gobernador Marítimo de Aysén, informó la imposibilidad de contar por personal experto en buceo naval para realizar los estudios de las capacidades para el ingreso en el sector inundado al interior de la Mina Delia II, ya que no existían condiciones adecuadas para realizar una inspección con buzos de manera segura sin poner en riesgo la vida de los mismos que pudieran efectuar las faenas, considerando que las minas Delia I y Delia II se encontraban inundadas en su totalidad, la temperatura del agua, las concentraciones químicas presentes en el agua, la nula visibilidad y el riesgo de desprendimiento estructurales de los accesos de las minas, sin perjuicio de ello se intentó incursión con buzos de la armada los que no pudieron avanzar mucho debido a la escasa o nula visibilidad y resultaron con evidencias, ya en sus trajes, de los efectos corrosivos del agua. Además, empresas privadas realizaron búsqueda con robots marinos, sin resultados positivos, perdiéndose dos de los equipos que quedaron sumergidos, atrapados en la mina sin posibilidad de recuperación; también se intensificaron trabajos de trasvasije de Laguna Verde 1 a Laguna Verde 2, que resultó poco viable por la naturaleza del terreno y la falta de capacidad de almacenamiento de la Laguna Verde 2.

La Gobernación provincial, por disposición de la Intendente Regional, tuvo por misión velar por la atención de los familiares de los mineros desaparecidos en cuanto apoyo social, psicológico y psiquiátrico, las que se mantienen con la Secretaría Ministerial de Salud y del Trabajo, hasta la fecha del informe.

De otra parte, indicó, que el nombre reservado, informó el término de las operaciones de su servicio en la zona del yacimiento Delia II, luego que después de múltiples trabajos técnicos y obtención de antecedentes se concluyera la inviabilidad para seguir las labores, informándose a la Intendente Regional que el sondaje número 16 marcaba el término de la etapa de las operaciones, debido a que ya se había establecido claramente el patrón de inundación que sufrió la mina Delia II, que el yacimiento se encuentra completamente inundado y que no existen, a ojos del Sernageomin, basados en aspectos técnicos, alternativas de cavidades con aire u oxígeno, en donde hubiera posibilidad de sobrevivencia, a través de sondajes que constataron que el nivel de agua es similar al nivel de la laguna verde, por lo tanto existe la teoría de vasos comunicantes, es decir, la laguna se encuentra conectada directamente con los caserones de la mina y los caserones comunicados con las rampas de acceso de Delia I y Delia II, adicionalmente los sondajes que se perforaron en profundidad, fueron cerca de los 200 metros, poseen evidencia de agua en la parte superficial y en el área profunda con barro, lodo y mucha agua con sedimento en suspensión, agregando este organismo técnico, que las operaciones de los equipos submarinos pequeños, así como la incursión que efectuaron buzos de la armada tuvieron una enorme cantidad de dificultad, precisamente por los elementos en suspensión, así, la conclusión de este organismo ha sido que, al ser un sistema hidrológico conectado laguna-mina, la probabilidad de drenar, son prácticamente nulas, haciendo que la única alternativa que existe para buscar o rescatar los cuerpos de los mineros, estén centrados en sacar el agua de la mina, lo que significa vaciar prácticamente la laguna y aun cuando esto se lograra, habría que remover alrededor de 160 mil metros cúbicos de agua, de los cuales 50 ó 60 mil corresponden a lodo-barro, por lo tanto, la tarea consistiría en sacar cierta cantidad de agua, para iniciar excavación de lodo, en un sistema que tiene PH9 a 10, que es altamente corrosivo para los equipos y corrosivo en las personas que tienen que trabajar en ese sistema. De esa manera, bajo el prisma de Sernageomin, desde los aspectos técnicos, ya no se puede hacer más, agotándose todas las posibilidades geo-científicas que están al alcance de dicho servicio para tratar de rescatar cuerpos o equipos.

Por los antecedentes técnicos y la decisión del servicio especializado, la Intendente Regional se reunió con familiares de los mineros atrapados en el interior de la mina Delia II, informando, entre otros, lo siguiente: -Que Sernageomin daba término a los sondajes luego de evaluar todas las alternativas técnicas; -con respecto al tema de las lagunas, el MOP y el Ejército de Chile han estado trabajando hasta el 11 de Julio (fecha de reunión con los familiares) dejando en claro que el Gobierno no ha abandonado esta labor y que hay que dar inicio a otra etapa de seguimiento. Lo difícil de la situación, ya que con los antecedentes técnicos que existen a la fecha, no hay forma de continuar con la búsqueda y e que el Gobierno lo que ha hecho es apoyar a los familiares para que la empresa agilice los procesos, indicándoles que existen responsabilidades por parte de la empresa y que Sernageomin informó que técnicamente no se pueden realizar más sondajes debido a que la mina está colapsada e inundada y no es factible continuar con el rescate.

Hizo presente que el Decreto Supremo 875, designó a la Intendente como autoridad responsable de la coordinación y ejecución de programas de recuperación, en tal carácter de coordinadora, cumplió su obligación con creces, verificando el despliegue de servicios interrelacionados y las actividades de particulares en las labores de búsqueda apoyados con recurso estatales y el despliegue de servicios con planes y programas de apoyo que van más allá de la propias labores de búsqueda y realizó todas y cada una de las acciones necesarias para que los servicios gubernamentales, los servicios especializados, los particulares y las fuerzas armadas y de orden hayan realizado las actividades mancomunadamente cubriendo espacios técnicos, científicos, legales como sociales de apoyo a las familias de los mineros atrapados.

De otra parte, a través de un análisis de las actividades que resumidamente se expresaron, se puede verificar que la comunicación de la Intendente Regional a los familiares de los mineros ha sido consecuencia de las actividades realizadas por Sernageomin y las conclusiones científico técnicas a las que éste arribó, por lo que su actuar no puede calificarse como arbitraria; tampoco ha sido ilegal su actuar, pese a que el recurso no explicita tal ilegalidad, ya que se obró en base a un informe de un organismo del Estado que por ley orgánica constitucional es asesor técnico especializado en materia de minería y geología para el Ejecutivo, manifestando, por último, que el establecimiento de la imposibilidad de sobrevida, en el interior de la mina Delia I y Delia II, es una conclusión científica técnico a la que arriba el Sernageomin, que pudiere ser base de un proceso ante Tribunales de Justicia para la declaración pertinente, pero en ningún caso ha sido declarada por la Intendente Regional.

Manifestó, también, que la autoridad recurrida no ha realizado ni omitido de realizar actividad que impliquen un atentado contra la vida de los mineros atrapados, más aun ha estado dirigido su actuar a garantizar que las actividades que tuvieren por objeto la recuperación de personas y bienes afectados, lo fueran de manera oportuna, eficiente y eficaz y no existiendo otros medios científicos técnicos aplicables y habiendo el Sernageomin paralizado dichas actividades, no resta más que dirigir los esfuerzos, ahora, en el acompañamiento y asesoría de las familias sobrevivientes a esta tragedia, los que se encuentran actualmente en ejecución.

TERCERO: Que, la recurrida Minera Cerro bayo Limitada, evacuando su informe manifestó que la compañía explota desde el año 2011 la denominada Mina Delia NW (en adelante la Mina), extrayendo plata y oro a través de la explotación subterránea con el método de minado de tiros largos, realizado en forma descendente, en el sector de Laguna Verde, comuna de Chile Chico, a una altura geográfica de 280 metros sobre el nivel del mar, a una distancia aproximada de 25 kilómetros de la ciudad de Chile Chico; una zona de la Mina está próxima a la orilla de la Laguna Verde y que en parte de la Mina, las labores se encuentran por debajo de dicha laguna.

Expresó que el día 9 de Junio, en la madrugada la Mina Delia NE sufrió la inundación total de sus labores mineras con un volumen de material de aproximadamente 350.000 m3 por el colapso de la ladera del cerro que circunda la Laguna Verde, donde se emplaza el yacimiento, colapso que generó una conexión hidráulica entre la Laguna Verde y las labores de la Mina Delia NW. A ese momento los trabajadores nombre reservado y nombre reservado trabajaban en carguío y transporte de mineral desde el nivel inferior hasta la superficie; alrededor de las 04:15 horas, el capataz de turno intentó comunicación con los mineros y al no tomar contacto con ellos ingresó a la mina en automóvil y se encontró con la rampa principal inundada con agua hasta aproximadamente unos 200 metros lineales desde el portal de ingreso, subiendo el nivel de agua a gran velocidad; se activaron protocolos de emergencia y con el equipo de rescate verificaron la inundación de agua tanto en la rampla principal como en las otras dos conexiones de la mina a superficie, es decir, chimenea de escape y chimenea de ventilación; se alertó a la Superintendencia de Seguridad Social y al Sernageomin.

Se suspendieron las faenas y enuncia las labores y gestiones que se realizaron, con entes privados y estatales; señalando que se efectuaron perforaciones que determinaron la totalidad de la inundación, en el sector donde los trabajadores se encontraban laborando y zona del refugio, Nivel 55, con presencia de lodo en todo el sector; realizándose 20 sondajes hasta el 12 de Julio –en su alegato en estrado informó que a la vista de la causa se habían practicado 29 sondajes; se realizaron obras civiles para aislar la Laguna Verde de la Mina Delia NW, se inició construcción de dique, que se deformó por la inestabilidad del suelo de la orilla y del fondo de la Laguna; se diseñó un nuevo dique que también terminó colapsando, diseños y obras realizados por personal privado y estatal y los estudios concluyeron con que la Mina y la Laguna Verde estaban conectadas y constituía un solo sistema hidrológico; se realizaron batimetrías (estudio de la profundidad de las aguas), en la laguna (en cuatro oportunidades); se realizaron bombeos desde el interior de la Mina que se suspendieron el día 18 de Junio ya que no estaban produciendo ningún efecto; se intentó desagüe desde Laguna Verde 1 a Laguna Verde 2, por medio de un canal y con 4 bombas de la empresa y 4 del MOP, y luego de tres semanas de trabajo se disminuyó en sólo 4 centímetros el nivel del agua de Laguna Verde 1 y el aumento de 30 centímetros de Laguna Verde 2, no teniendo ésta la capacidad para recibir la totalidad de agua que se precisaba extraer, lo que significa que el trabajo no era operativo; hubo ingreso de buzos tácticos de la Armada de Chile, que lograron avanzar en 50 metros lineales constatando altos niveles de sedimento suspendidos en el agua, determinándose la inviabilidad técnica de volver a ingresar por la calidad del agua y turbidez existente, lo que fue determinado por informe técnico del Gobernador Marítimo; ingresaron 2 robots a la Mina, que no cumplían su función por la turbiedad del agua, luego otros dos robots, con otras características lograron avanzar entre 180 y 200 metros lineales, quedando finalmente atrapados en el lugar.

La compañía estuvo participando en todas las decisiones que la Intendente y Sernageomin adoptaron, con sus recursos técnicos, económicos y de sus trabajadores, haciendo presente la dictación del decreto Supremo 874 y 875, que determinaron un estado de Excepción Constitucional, actividades que culminaron por el anuncio de la Intendente que Sernageomin agotadas todas las instancias técnicas y humanas, da por concluido el proceso de sondajes, ya que se han agotado todas las posibilidades geo científicas, declarándose, también, el término de la gestión de vaciamiento de la Laguna Verde en razón de haberse agotado todas las posibilidades técnicas y científicas en la mina, habiendo declarado el nombre reservado que desde un punto de vista técnico científico nosotros agotamos todas las posibilidades geocientíficas que están a nuestro alcance como para tratar de rescatar cuerpos o equipos.

Actualmente la empresa se encuentra monitoreando el nivel de agua y revisando periódicamente las otras dos conexiones de la mina con la superficie, la chimenea de escape y la chimenea de ventilación, sin perjuicio de que a petición de los familiares y sin justificación técnica el 21 de Julio aceptó realizar tres sondajes más, con igual resultado que los anteriores que constataron la inundación completa de la Mina Delia NW, la conexión hidráulica con la Laguna Verde y la imposibilidad de sobrevivencia ante el evento de tal magnitud.

A su parte, sostuvo, se le imputa la conducta de “no perseverar con la búsqueda de don nombre reservado y don nombre reservado ambos trabajadores mineros de la Compañía Minera Cerro Bayo Limitada”, ya que se habría infringido el mandato del artículo 184 del Código del Trabajo, que obliga a la empresa a proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores; y su conducta sería arbitraria en cuanto ésta recurrida “se transforma en quien establece de facto la muerte de los mineros atrapados”, lo que afectaría la garantía del artículo 19 número 1, de la Constitución Política, respecto de los recurrentes.

Indicó que la acción presentada carece de objeto puesto que se basa en un supuesto de hecho errado: aunque no ha sido declarada, la muerte de los mineros es un hecho irrefutable; la compañía realizó todos los esfuerzos en la búsqueda de los mineros, ha continuado con sondeos a pesar de la información empírica; de manera que el recurso debe ser rechazado puesto que es necesario para la procedencia de esta acción cautelar que exista la posibilidad de adoptar medidas de cautela para restablecer el imperio del derecho y la ausencia de las mismas determina, en consecuencia que el recurso debe ser rechazado.

Luego, este recurrido cita el artículo 184 del Código del Trabajo, en cuanto establece el deber de seguridad del empleador, de naturaleza contractual, como obligación de medios, no de resultados y al efecto cita jurisprudencia, de carácter preventivo; asimismo ser asila en el inciso cuarto del artículo 76 de la Ley 16.744, relativa a los accidentes del trabajo, asegurando que su representada ha cumplido con las circulares que al respecto emitió la Superintendencia de Seguridad Social; y artículo 54 del decreto número 132, del año 2004, del Ministerio de Minería que aprueba el reglamento de Seguridad Minera, habiendo la compañía cumplido con sus disposiciones, sosteniendo que la razonabilidad y factibilidad son los criterios que en definitiva deben seguir, tanto el estado como los empleadores al momento de elaborar y ejecutar acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, habiendo la compañía empleado todos los medios técnicos disponibles así como también ha cooperado con las autoridades responsables.

Expresó esta parte, que la empresa nunca ha pretendido establecer del modo regulado por nuestro ordenamiento jurídico, que ha ocurrido la muerte de los mineros, ni ha solicitado la declaración de muerte presunta o muerte cierta de los artículos 80 y 95, ambos del Código Civil, por lo que terminó solicitando el rechazo del recurso.

CUARTO: Que, por último, don nombre reservado, evacuando el informe solicitado hace una reseña de las imputaciones que el recurrente le profiere, como de las razones que presentó para considerar ilegal y arbitraria su conducta; asimismo relata parte de lo consignado en el acta del 11 de Julio del año 2017, que fuera suscrita por el delegado de la Defensa Nacional e Intendente de la Región de Aysén, documento acompañado por la contraria, cuyo contenido no constituye acto idóneo para privar, perturbar o amenazar el derecho del artículo 19 número 1 de la Constitución Política, y que su competencia está dada por el artículo 5 y 8, del decreto Ley N° 3.525, de 1980, que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería, que cita, concluyendo que no es legitimado pasivo de esta acción y debe rechazarse el recurso.

Argumento que debe existir una acción u omisión ilegal o arbitraria, y debe existir una relación de causalidad entre ellos y la garantía que se dice afectada; haciendo presente que su actuación se produjo a raíz de la información de un geólogo experto contratado transmitida por un funcionario que cumplía las tareas encomendadas por el Servicio al cual está adscrito.

Reiteró que la ilegalidad y arbitrariedad de sus actos reside en que “la decisión de abandonar los sondajes en consecuencia la búsqueda de los mineros es ilegal y/o arbitraria y que sería dicha opinión la declaración de certeza de muerte establecida por esta autoridad, materia que erradamente la recurrente señala afecta el derecho constitucional cuya protección invoca.

Hizo presente que en relación a las actividades de asistencia técnica desarrolladas por esta recurrida durante las faenas de búsqueda de los mineros que quedaron atrapados en las labores subterráneas de la mina Delia NW2 de Compañía Minera Cerro Bayo al producirse una inundación catastrófica de las galerías y rampas de acceso y a los sondajes practicados, agregando que en tales trabajos participaron distintas entidades, gubernamentales y privadas que se coordinaron a través de la Oficina Nacional de Emergencia, Onemi, la Intendencia de la Región de Aysén y el Puesto de Mando del Ejército de Chile, nominado por efecto de la Zona de Excepción y al Sernageomin le correspondió asesoría de la perforación en sondajes; estudio magnetométrico, asesoría en la operación de Robot sonda ROV. Sus trabajos de asistencia técnica estuvieron orientados a la perforación de sondajes para determinar la distribución de los niveles de inundación, labor desarrollada por el señor nombre reservado y trabajos de Magnetometría y revisión de modelo geológico a cargo de este recurrido, declarando que a virtud de todos los antecedentes compilados durante su estadía en Chile Chico, se pudo establecer que las minas Delia NW-01 y Delia NW-02 se encuentran completamente inundadas, con posibilidades técnicas casi nulas de contener zonas con presencia de aire suficiente y necesario para la supervivencia de personas, citando al efecto los antecedentes que justificarían esa conclusión, al efecto, -que el nivel de inundación de ambas minas tiene la misma cota o altitud que la Laguna Verde, o sea, el espejo de agua de la Laguna Verde y el de la entrada a la Rampa Delia NW, es la misma;-hubo 14 sondajes a distinta profundidad, desde 50 a 200 metros y en todas hubo presencia de agua, sedimento y lodo, es decir, todas las galerías y caserones a los cuales se accedió con sondaje están completamente inundados;- existe una cantidad significativa de barro o fango en el fondo de la mina hasta una altura de 50 metros, desde el fondo hacia arriba y luego agua turbia con sedimento en sus pensión de distinto grado de turbiedad y visibilidad;- los buzos de la Armada de Chile intentaron ingresar a través de la Bocamina inundada pero solamente pudieron bucear un tramo de 300 metros subhorizontal debido a que la turbiedad del agua les impidió continuar sus labores y la longitud de la rampa que debería llegar al lugar de faena de los mineros en cuestión es superior a 2.000 metros; los equipos robotizados detectaron igual situación que los buzos y los sondajes y dos equipos quedaron atrapados debido a la cantidad de escombros y material minero, lo que hace peligroso el ingreso de personas, por ello, antecedentes técnicos y geológicos se recomendó a la empresa y a las autoridades del estado de Excepción la suspensión de los trabajos de sondajes, puesto que el modelo de predicción indicaba que no existían zonas con oxígeno en profundidad y que todas las labores mineras de ambas minas estaban completamente inundadas.

Seguidamente el recurrido indica aspectos técnicos de los sondajes realizados, habiendo concluido el especialista que la inundación de la misma Delia ocurrió por una conjunción de factores motivado fundamentalmente por un no control de techos en las labores altas de explotación; -la inundación habría sido tan violenta que dañó irreparablemente cuanto tuvo a su paso, desde el punto de vista técnico, la mina en su interior, fue destruida producto de la inundación; - teniendo en consideración que el nivel de barro comprobado llegó hasta el nivel 116 y 131, si es que los trabajadores estaban en esa zona, era imposible rescatar sus cuerpos, si es que los trabajadores estaban en algún lugar de la rampa entre el 131 y 191 de la rampa, teniendo en consideración la profundidad y calidad del agua, habría sido imposible rescatar sus cuerpos; la magnetometría indicó claramente elementos metálicos por tanto si los trabajadores estaban en sus equipos en el nivel 191 de la rampa, estos equipos deberían verse reflejados en el estudio magnetométrico. Las anomalías magnéticas que arrojó el estudio fueron perforados o revisadas por el robot y los resultados fueron negativos; -respecto a la respuesta a la emergencia, se estimó que se reaccionó de manera adecuada, teniendo en consideración el lugar y la condición de aislamiento de la zona; -el PH del agua corroe y diluye materiales y cuerpos en un breve plazo; -si es que, de alguna manera fuera posible desaguar la mina y se pretendiera entrar a sus labores, el nivel de daño en la estructura de la mina hace inviable ingresar a ella.

Todo ello permite concluir, también, que no existió ilegalidad en la opinión emitida y tampoco arbitrario, toda vez los antecedentes tenidos a la vista e informados y acompañados; asimismo, sostuvo que no existe un fundamento lógico, antecedente alguno y además verificable, sobre la afectación del derecho, debido a que la esbozada conculcación que asevera la recurrente ocurrió con la emisión de la opinión de este recurrido, no ha sido claramente advertida y aquellas que la expresado, se basan exclusivamente en juicios de opinión sin fundamento técnico ni jurídico por parte de la recurrente.

Finalmente este recurrido discurre acerca del contenido de la garantía invocada, como asimismo acerca del petitorio del recurrente, manifestando que este recurrido no tiene atribuciones apra cumplir con lo peticionado por el recurrente, ya que su labor está relacionada con la verificación de aspectos técnicos que debe cumplir la empresa y los servicios operativos, no decidir sobre la detención de las labores de búsqueda y rescate.

QUINTO: Que, el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar a quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías preexistentes, que la misma Carta Fundamental enumera, mediante la adopción inmediata por parte de la Corte de Apelaciones, de providencias necesarias para restablecer el imperio de derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Que la arbitrariedad necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de actuares u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

Por su parte la existencia de ilegalidad conjuga tanto la idea de lo contrario a derecho, o, más técnicamente, el no respetarse o infringirse una norma jurídica.

SEXTO: Que, resulta menester, entonces, analizar previamente si existió o no un acto o una omisión, arbitrarios o ilegales que hubieren perturbado o amenazado las garantías constitucionales que el recurrente invoca.

De los antecedentes de autos, acompañados por la recurrente y por recurridos y de lo que se desprende de sus respectivas presentaciones, ponderados de conformidad al respectivo Auto Acordado, y sus modificaciones, esto es de conformidad a las reglas de la sana crítica, es que deben tenerse como hechos de la causa, que:

Con fecha 9 de Junio, en horas de la madrugada, la Mina Delia NW, ubicada en la comuna de Chile Chico, distante unos 25 kilómetros, en el sector de Laguna Verde, con labores extractivas de minerales, muy próxima a dicha Laguna Verde e incluso debajo de ella; mina que sufrió la inundación de toda ella, Delia I y Delia II, debido a un colapso del cerro que circunda la citada Laguna Verde, existiendo actualmente una conexión hidráulica entre la Laguna Verde y el interior de la mina, presentando una misma cota de altura de las aguas, entre el espejo de la Laguna y la entrada de la mina.

Al momento del colapso del cerro e inundación subsecuente de la mina por las aguas de la Laguna Verde, se encontraban en funciones los trabajadores de la Compañía Minera Cerro Bayo, don nombre reservado y don nombre reservado, quienes, hasta la fecha, se encuentran desaparecidos.

Que, inmediatamente se activaron los protocolos de emergencia y se dieron los avisos correspondientes a las autoridades que correspondían, decretándose el día 15 de Junio del año 2017, Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, a través del Decreto Supremo número 874, por el plazo de 90 días, designándose como Jefe de la Defensa Nacional en la zona, al General de Brigada del Ejército de Chile, señor nombre reservado, y a la Intendente de la Región de Aysén, doña Karina Acevedo Auad, quien sería la autoridad coordinadora de la ejecución de las acciones, planes y programas de recuperación, tanto de los bienes como de personas afectadas por la emergencia, lo que se reitera a través del Decreto Supremo número 875, de la misma fecha; complementado por el Decreto Supremo 876, del 16 de Junio del año 2017.

A partir del trágico suceso acaecido, primero en la Mina Delia II, que se extendió a la Mina Delia I, hasta llegar a la rampa de acceso, inundada con agua altamente corrosiva, sedimentos y lodo, comenzaron una serie de acciones destinados a la búsqueda de los mineros atrapados al interior de la Mina Delia II, producto de una violenta y rápida inundación de las aguas provenientes de la Laguna Verde 1, con intentos de desagüe de la Mina, construcción de diques en la Laguna Verde 1, desagüe de ésta hacia la Laguna Verde 2, labores que resultaron infructuosas y terminaron abandonándose ya que existe un solo sistema hidráulico entre la Mina y la Laguna Verde 1 y por la inestabilidad del lugar; asimismo, se intentaron, entre otras opciones, la exploración con buzos de la armada, que no pudieren actuar debidamente atendida la turbiedad del agua, sedimentos en suspensión y lodo acumulados como al alto efecto corrosivo del agua; se hicieron exploraciones con robots de alta complejidad técnica (4), quedando atrapados dos de ellos al interior de las galerías de la Mina. Se efectuaron sondajes (29), y estudios de batimetría, todos los cuales arrojaron el mismo resultado, la mina se encuentra totalmente inundada con nulas posibilidades de que exista un lugar con suficiente oxígeno que permita la sobrevida de los mineros atrapados.

A raíz de todos los estudios realizados, técnicos y geológicos, en los que intervino la empresa privada y entes públicos como la Intendencia Regional, el Jefe de la Defensa Nacional, la Gobernación de la Provincia del General Carrera, El Ministerio de Obras Públicas, Sernageomin, Onemi, Fuerzas Armadas y de Orden Público, Gobernación Marítima, Seremi de Salud, Dirección del Trabajo, entre otros; Sernageomin aconsejó suspender las labores de sondaje a la empresa y a las autoridades del Estado de Excepción, ya que el modelo de predicción así lo aconsejaba, lo que oficialmente se comunicó el día 11 de Julio del año 2017, en el sentido “que agotadas todas las instancias técnicas y humanas, se dio por concluido, con esa fecha, el proceso de sondajes ya que se habían agotado todas las posibilidades geocientíficas y no había forma de continuar con la búsqueda” (Acta de Reunión del 11 de Julio del año 2017. Sin perjuicio de ello, la empresa continúo en labores de sondajes, habiendo realizado 29 de ellos, a la fecha de la vista del recurso, satisfaciendo peticiones de los familiares de los mineros atrapados al interior de la mina.

Tales hechos, además, no han sido controvertidos ni por la recurrente ni por las recurridas.

SÉPTIMO: Que, de esta manera, la cuestión debatida se reduce a determinar si en el acto por el que se dispuso la no continuación de las labores de sondaje y búsqueda, en definitiva, de los mineros atrapados, se incurrió en alguna arbitrariedad o ilegalidad, de cuya conclusión dependerá el análisis acerca de la afectación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales de la parte recurrente.

OCTAVO: Que, la ilegalidad que el recurrente atribuye a la empresa, Compañía Minera Cerro Bayo, derivaría de la inobservancia a lo dispuesto en el artículo 184, del Código del Trabajo, cuestión que no puede ser materia y resolución de la presente acción cautelar, ya que la infracción, o no, a dicha norma, como a la Ley 16.744, relativa a Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, debe ser materia de un proceso de lato conocimiento y no de esta especial acción cautelar, que por su naturaleza no permite el debido y adecuado debido proceso, atendida su especial celeridad.

Asimismo, la ilegalidad impetrada a la nombre reservado Región de Aysén, doña Karina Acevedo Auad, como a don nombre reservado, nombre reservado, aparecen difusas y más bien como el resultado de apreciaciones e interpretaciones del recurrente, no habiéndose constatado la infracción a ningún precepto de orden Constitucional, Legal o Reglamentario al respecto, sino que sus actos obedecieron al ejercicio de las funciones propias que les competían y para los servicios en que actualmente se desempeñan, no apreciándose, de acuerdo a los antecedentes acompañados, que ninguno de los tres recurrentes hubiere declarado, oficialmente, la muerte de los mineros atrapados, sin que exista, en consecuencia, la arrogación de funciones de otros poderes del Estado, ya que, como se advirtió, de la documental acompañada, nadie expresó oficialmente la muerte de los mineros lamentablemente atrapados en este colapso de la Mina Delia II y consecuencialmente de Delia I, sin perjuicio de que las expectativas acerca de su supervivencia son prácticamente nulas.

NOVENO: Que, conforme lo explicitado precedentemente, cabe concluir, entonces, que los recurridos, nombre reservado Región de Aysén y el Subdirector del Servicio de Geología y Minería, han actuado dentro de la esfera del marco legal y reglamentario que les rige, ejerciendo las acciones necesarias e idóneas para cautelar y velar por la salud e integridad, física, psíquica y emocional de las personas afectadas por esta tragedia no observándose arbitrariedad ni ilegalidad, ya que sus opiniones y decisiones se encuentran debidamente justificadas y razonadas, atendiendo, además, a estudios empíricos realizados por múltiples organismos.

DÉCIMO: Que, de otra parte, esta acción cautelar, indudablemente, tiene por objeto restablecer el imperio del derecho de manera que este Ilustrísimo Tribunal debe adoptar las providencias que se juzguen necesarias para ello con el fin de asegurar la debida protección del o de los afectados; sin embargo, del análisis de los antecedentes acompañados por el recurrente y recurridos, no se observa qué acción o acciones este Tribunal de derecho pudiere determinar si los organismos técnicos han manifestado que los estudios técnicos y geológicos, con apoyo de las respectivas ciencias que los impulsaron, determinaron la imposibilidad siquiera, de rescatar los cuerpos, no pudiendo, aunque la Mina sea desaguada, acceder personal al interior de la mina, de manera que la petición del recurrente aparece como un imposible al que este Tribunal no puede acceder ni aun de oficio.

UNDÉCIMO: Que, al no existir acto u omisión, ilegal y/o arbitrario en la conducta y acciones de los recurridos, huelga referirse a la garantía que se dice afectada, por lo que se omitirá su análisis, toda vez que el presupuesto primigenio de la presente acción cautelar no concurre, debiendo rechazarse el recurso y así se declarará.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y sus modificaciones, SE DECLARA QUE:

SE RECHAZA, sin costas, al recurso de protección deducido por el abogado don Francisco Paredes Adams, domiciliado en domicilio reservado, actuando en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Joni nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Compañía Minera Cerro Bayo Limitada, representada por su gerente general nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; en contra de don nombre reservado, nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, de Santiago; y en contra de doña Karina Acevedo Auad, nombre reservado Región, domiciliada en domicilio reservado, de Coyhaique, Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por el Ministro Titular, don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Rol N°: 117-2017.-